Una mamá denunció a Servicios Urbanos S.A (SUSA) por negarse a renovarle la tarjeta Sube a su hija de 4 años con discapacidad y por “maltrato” durante la atención en la oficina de la empresa ubicada en el primer piso del shopping de Posadas.

Con la implementación de la aplicación de celulares para abonar el boleto en el área metropolitana, que dejó atrás el plástico y la emisión de las tarjetas, la compañía lanzó en 2023 una Sube diferenciada con un QR estático a renovarse anualmente para adultos mayores, menores de 12 años y personas con discapacidad, por las dificultades que representaba el nuevo sistema para estos usuarios.

Yésica Quintana (39), vecina del barrio Itambé Guazú, tiene tres hijos menores de edad, dos de ellos con discapacidad, y el último martes 15 de abril acudió a la sede céntrica de SUSA a las 17.30 para renovar el beneficio de gratuidad del pasaje para los dos pequeños de 4 y 10 años.

Nueva normativa

Luego de concretar el trámite para el niño de 10 años con autismo, la mujer solicitó renovar la tarjeta de la niña de 4 con síndrome de down, la cual venció en noviembre del año pasado.

Sin embargo, la trabajadora que la atendió le informó que por una “nueva normativa” de la compañía ya no se emitía más la Sube diferenciada a menores de 5 debido a que no abonan pasaje.

Al no poder emitirle el plástico, el personal de la empresa le informó a Quintana que para poder hacer uso del beneficio del boleto gratuito para ella como acompañante de su hija debía exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al chofer del colectivo “y que quedaría a criterio del chofer si me dejaba subir o no”, contó la mamá a La Voz de Misiones.

En esa línea, Quintana explicó: “No me pueden obligar a exhibir el CUD, están todos los datos personales de mi hija, ¿si se pierde?, no es como una Sube que pagas $10.000 y te lo dan. Es un documento, por ejemplo, yo saqué turno en septiembre para renovar el CUD y me dieron recién para mayo. Es un documento, no puedo andar con ese papel encima, porque se llega a perder, mojar o algo ¿qué hago?”.

Y continuó: “Además, es un papel grande, no podés hacer un cuadradito y guardar en el bolsillo, tampoco puedo colgarle en el cuello a mi hija su CUD. Otra cosa no te cubre el seguro. Ellos te tienen que dar al menos un boleto en blanco que consté que uno estuvo en colectivo en caso de accidentes”.

Al tramitar el CUD, en el documento queda especificado si la persona con discapacidad depende de un acompañante o tutor por razones de que no pueda desenvolverse sin ayuda.

En caso de que la persona dependa de un acompañante para movilizarse, en la Ley X-1 (antes decreto Ley 2554/57) de la subsecretaría de Transporte, en su artículo 18, inciso K, establece la gratuidad del boleto para quienes cumplen el rol de ayudar.

La mujer hizo hincapié en todo momento de la necesidad del plástico para poder movilizarse con facilidad junto a su pequeña de 10 años, ya que, debido a su discapacidad, no camina.

“Disturbios”

Debido a la negativa de emitirle una Sube diferenciada, la mamá solicitó que le dieran precisiones acerca de la nueva normativa que implementa la empresa para poder hacer el reclamo correspondiente a la Municipalidad de Posadas y a la subsecretaría de Trasporte, Puerto, Aeropuertos y Redes de Comunicación de la provincia.

“Yo les pedí un papel o la circular de la empresa, o si hay una normativa tendría que estar pegada en sus oficinas para avisar a los usuarios, así uno puede hacer el reclamo y me dijeron: ‘No, no te podemos dar’, y por supuesto que no porque la medida es ilegal”, apuntó Quintana.

Fue entonces que la vecina de Itaembé Guazú decidió no retirarse de la oficina hasta que le entregaran un papel que comunique la nueva decisión de la empresa.

“Me amenazaron con llamar a la Policía y lo hicieron, porque al toque aparecieron cinco uniformados, porque supuestamente yo me encontraba haciendo disturbios y molestando con mi presencia adentro de la oficina de SUSA”, relató la mujer a LVM.

En ese momento, los agentes de la Policía de Misiones solicitaron a la mujer hablar con ella y “yo salí afuera y mi cuñada se quedó con mis hijos adentro. Ahí, les expliqué lo que estaba pasando y que no estaba haciendo ningún disturbio, solo estaba exigiendo un papel para poder reclamar porque a mi nena le corresponde la Sube”.

Como respuesta, según afirmó Quintana, los agentes le comunicaron que se tenía que retirar de la oficina porque el personal de SUSA no podía trabajar. “En todo momento fui amable, solo les pedí un papel, y me dijeron que ellos -por los trabajadores- llamaron porque les molestaba mi presencia. Entonces le dije que la chica que me atendió me habló re mal”, expuso la mujer.

Sin embargo, los uniformados insistieron en que se tenía que retirar del shopping, que no podía esperar adentro de la oficina, ni afuera porque “estaba haciendo disturbios según los de SUSA”, manifestó la mujer.

“Tengo mi nena que tiene síndrome de down, que no quiere caminar, mi otro hijo de 10 con autismo severo y otro niño escolarizado. Se me re complica, no puedo estar yendo y viniendo desde Itaembé Miní las veces que se le ocurre a la empresa”, manifestó la mamá por la negativa de los trabajadores a darle un documento que certifique la normativa.

Denuncia

La tensa situación empeoró cuando los efectivos advirtieron a la mamá de que si no se retiraba del edificio “la metemos presa”, contó Quintana a LVM y relató que sus dos hijos escucharon la orden policial y “entraron en pánico y el mayor comenzó a pegarse”.

Finalmente, Yésica Quintana decidió salir de la oficina ubicada en el shopping y denunciar formalmente a la empresa Servicios Urbanos S. A. en la Comisaría de la Mujer zona Centro por negarse a emitirle una Sube diferenciada y “maltrato” en la atención del personal.

Además, la mujer elevó un reclamo a la Municipalidad de Posadas y a la subsecretaría de Transporte de la provincia.

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Una vecina del paraje La Corita manifestó su preocupación sobre el costo semanal que implica enviar a su hijo a la secundaria ubicada en Concepción de la Sierra, debido a que la empresa de colectivos Río Uruguay “todavía no habilitó” el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito (BEEG).

En diálogo con La Voz de Misiones, Carmen Campagnac contó que su hijo de 16 años cursa el nivel secundario en la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) 23, localizada a unos 20 kilómetros del paraje donde viven.

A casi un mes del inicio de las clases, la madre expuso que la compañía no cuenta con el beneficio para los estudiantes, que el gobernador Hugo Passalacqua anunció en febrero que comenzaría con el ciclo lectivo 2025 para la primaria y secundaria en toda la provincia.

“Presentamos la planilla completa, el recorrido que hace para ir a la escuela, firmado por la institución y la policía, además de la fotocopia del alumno y los padres”, dijo Carmen Campagnac a LVM.

En esa línea, la vecina reveló que: “Teóricamente, el 5 de marzo arrancaba el BEEG. Este año nos dijeron en la oficina de la empresa que todavía no tenían novedades del boleto estudiantil, mientras tanto nos cobran como pasaje único”.

De acuerdo a lo que explicó la vecina a este medio, el adolescente que cursa el 4 año abona $1.900 para hacer el recorrido desde La Corita hasta Concepción de la Sierra, lo que representa un costo por día de $3.800, mientras que por semana sumaría $19.000 en total.

“Nos acercamos a la oficina de Río Uruguay de Apóstoles y no nos dieron una respuesta. Fuimos a la oficina de Posadas y nos dijeron que raro porque ya tendría que estar funcionando“, relató la mujer.

Y continuó: “En eso nos dicen que volvamos a Apóstoles a decirle que ya debería funcionar el BEEG y ahí nos dijeron que hasta que no tengan una orden de arriba no van a habilitar“.

Carmen afirmó que esta situación no solamente complica a su familia, sino que también a conocidos y vecinos de la zona: “Imagínate, una persona que viaja de La Corita a Apóstoles está pagando $5.000 por día, $10.000 en total“.

Por último, la vecina apuntó: “Afectan económicamente a muchas familias que mandan sus hijos a estudiar primario, secundario y terciario en las distintas localidades del recorrido de San Javier, Apóstoles y viceversa. Están jugando con los chicos, no puede ser que no tengan el pasaje a esta altura del año”.

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Una docena de familias del “Barrio Nuevo” de Garupá, residentes de las manzanas Nº 365, 366, 367 y 139 del sector semirural que fuera conocido como “El Eucaliptal” y más recientemente también con el nombre “Altos de Garupá”, denunciaron a un efectivo policial y su pareja por un emprendimiento clandestino de alquiler de quincho y pileta para fiestas privadas.

A través de una nota dirigida al intendente Luis Ripoll y fechada el 30 de enero, los vecinos manifestaron su preocupación y malestar por la problemática que los aqueja desde hace un tiempo.

Según detallan en el documento, firmado por un total de 22 vecinas y vecinos, el conflicto surgió semanas atrás, a partir de la puesta en funcionamiento de un espacio de alquiler temporal de quincho y pileta, administrado por Gustavo Ariel Engel, a quien identificaron como sargento ayudante de la Policía de Misiones, y su pareja, Yenifer Paola Rejala.

En su escrito, los denunciantes aclaran que la pareja no reside en el lugar y el arrendamiento del lugar ha generado durante todo enero reiterados episodios de ruidos molestos en el vecindario e invasión a la intimidad por parte de visitantes desconocidos, hacia una familia con hijos pequeños que reside en el lote lindante.

Estos ruidos molestos, que se producen con música a alto volumen ininterrumpida y bullicio durante jornadas enteras, así como también la invasión de la privacidad, representan para los vecinos una amenaza a la seguridad de las familias por la permanente presencia de personas desconocidas ajenas al barrio.

En el mismo documento sostienen que los propietarios del lugar “niegan la explotación comercial del espacio”, aunque los vecinos afirman haber “constatado”, en comunicaciones directas con los visitantes, que el quincho era alquilado para eventos y uso recreativo. Además, en internet encontraron el anuncio que promociona el lugar bajo el nombre de “Quincho El Paso” y lo adjuntaron como prueba en la nota dirigida al intendente Ripoll.

Clandestino

La labor de los vecinos ante la problemática fue tal que también se interiorizaron respecto a la situación legal del lugar e indicaron que mediante información obtenida desde la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Garupá constataron que hasta la fecha “no se observan expedientes de obra en dicha dependencia”, lo que significa que los planos de obras aprobados y/o registrados no han sido presentados. Por ello, según han precisado desde dicha área municipal, se trata de “obras clandestinas”.

Por su parte, también confirmaron a partir de la Dirección de Comercio e Industria de la Municipalidad de Garupá que el lugar tampoco cuenta con la habilitación respectiva para la explotación comercial.

De acuerdo con lo informado, la Ordenanza vigente que regula este tipo de actividades en el municipio de Garupá es la Nº 265/2013. “Nada de lo que allí se contempla se cumple en el caso de este emprendimiento ilegal. Por ejemplo, citamos a continuación el artículo 10 ‘Alcance sonoro’, del capítulo 2 ‘Ámbito edilicio’ de la norma, que es muy claro cuando advierte que los locales habilitados no deberán dejar trascender en ningún caso al exterior la música o sonidos relativos a la misma”, expresaron los vecinos del Barrio Nuevo.

“Queremos aclarar que nuestra primera medida fue dialogar e intentar alcanzar un acuerdo amistoso y razonable con Engel y Rejala, pero lamentablemente no fue posible un entendimiento. La situación se torna aún más lamentable debido a que el Sr. Engel es agente de las fuerzas públicas de seguridad de la provincia y ha mostrado una actitud prepotente ante los planteos que le formulamos, de resguardar el orden y la concordia”, manifestaron las familias damnificadas en la nota formal que también enviaron a La Voz de Misiones para exponer el caso.

Y agregaron: “Para nosotros la tranquilidad, el respeto y la paz son valores fundamentales. Hacen a nuestra identidad como barrio: todos buscamos armonía con el entorno natural, en una pacífica y respetuosa convivencia vecinal. La llegada de este emprendimiento ilegal amenaza esas condiciones de vida, consensuadas por la mayoría de las y los vecinos del barrio”.

Por todo ello, solicitaron al intendente Ripoll que autorice inspecciones inmediatas de rigor, para constatar la existencia de las obras clandestinas y la explotación comercial del predio y emitir las sanciones correspondientes.

Además de la nota, los vecinos radicaron este lunes una denuncia policial en la comisaría de Garupá, que será elevada al Juzgado de Paz local. En la misma se consigna, además del problema de los ruidos molestos, que ante los más recientes reclamos, los propietarios del quincho clandestino amenazaron que “si los vecinos siguen molestando empezarán a organizar fiestas nocturnas”.

Nota vecinos

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