El Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Toto Caputo, decidió invertir más de $20.000 millones al mes en subsidios a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), lo que se traducirá en transferencias por $180.000 millones mensuales a las empresas de transporte, por parte de la Nación (40%), la Ciudad (10%) y la provincia (50%), con el objetivo de mantener el costo del boleto.

El boleto de colectivos en esa zona se mantiene congelado en $270 desde febrero, pese a las especulaciones realizadas entre la cartera económica y la Secretaría de Transporte, de aumentar la tarifa en un 37% a mediados de julio, lo que se habría expresado en un boleto de $370, cifra considerablemente menor a lo que ya se abona en otras provincias como, particularmente Misiones, donde el pasaje vale $690 con sube y $900 en efectivo. 

Considerando la inflación acumulada en el primer semestre de 2024, si la Nación avanza sin audiencia pública con una actualización de hasta el 79,8%, podría llevar el boleto mínimo hasta un tope de $485,46, precisó el diario Clarín. 

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advierte sobre reducción en las frecuencias y un recorte del personal que alcanzaría a unos 1.000 trabajadores, lo que mantiene en alerta al sindicato, al no poder cubrir los costos reales de operación.

De acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en la que está representado el grupo Metropol, el Gobierno reconoció entre tarifas y subsidios un total de $863 por pasajero en junio.

En tanto, el costo “real” que contabilizaría correctamente los precios del gasoil, insumos y otras variables- fue el mes pasado de $1.192 sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o $1.317 con el IVA de 10,5% incluido.

En este sentido, la Secretaría de Transporte reconoce $205.569,35 millones por mes sobre un costo real de $259.936,44 millones, por lo que hay una “pérdida para la calidad del servicio, frecuencias, seguridad y renovación de unidades” equivalente a $54.367,09 millones mensuales.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, creó una unidad ciber patrullaje de redes sociales y sitios de internet que utilizará inteligencia artificial para “identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública”.

El área se denominará Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad y su creación se oficializó mediante la resolución 710 firmada por Bullrich y publicada en el Boletín Oficial de este lunes.

La flamante unidad se encargará de monitorear redes sociales, apps, sitios de internet e incluso en la “dark web”, que consiste en espacios de internet de permite que los usuarios oculten tanto su identidad como su ubicación.

La Inteligencia Artificial revolucionará la seguridad, agilizando las respuestas ante amenazas y emergencias y optimizando los procesos en todo el Ministerio y las Fuerzas Federales. pic.twitter.com/EQlLAKgNOy

— Ministerio de Seguridad (@MinSeguridad_Ar) July 29, 2024

“El objetivo de esta unidad será prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones mediante el uso de inteligencia artificial (IA)”, explicaron fuentes del gobierno nacional consultadas por el diario La Nación.

Del ciber patrullaje participarán especialistas de todas las fuerzas federales y su coordinación estará a cargo del director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri, bajo la Unidad de Gabinete de Asesores (UFA) de la cartera de Seguridad.

Según se especificó en el decreto, la funciones de la unidad serán:

• Monitoreo de redes sociales, apps y webs: La unidad patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública.
• Análisis de actividades en redes sociales: Se analizarán actividades en redes sociales para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prevenir disturbios.
• Detección de “transacciones” sospechosas: La unidad también se encargará de identificar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.
• Desactivación de explosivos: utilizarán robots para la desactivación de explosivos.

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El gobierno le puso un bozal a la información sobre los perros del presidente Javier Milei, que viven en la Quinta de Olivos en una serie de caniles especialmente ambientados.

Un reciente dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del ministro Rodolfo Barra, estableció límites para las solicitudes de acceso a la información sobre el tema y los extendió a cualquier dato que pueda ser considerado parte de la “vida privada” de Milei.

Barra, contestó así un pedido de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ante los requerimientos sobre los clones de cuatro patas de su hermano, amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275, y dictaminó que las consultas deben rechazarse por “banales”.

Los perros, a quien Milei llama “mis hijitos de cuatro patas”, fueron desde el día después del triunfo electoral un tema de interés que, incluso, en un determinado momento fue abordado como una cuestión de Estado.

En mayo pasado, un informe de CNN Español mostró cómo fue la clonación de Conan, por la que Milei pagó US$50.000 y de la que resultaron los cinco mastines ingleses que lo acompañan en Olivos.

Banalidades

El dictamen de Barra se ocupó en primer término de aclarar que, según la información que recibió de Karina Milei, los gastos que generaron los perros del presidente no corrieron por cuenta del Tesoro Nacional, y además afirmó que la naturaleza de la información que se solicita corresponde a la “vida privada” del mandatario y no afecta al interés público.

“La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca”, escribió.

“En todos los casos las áreas competentes de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación informaron que los gastos vinculados con el acondicionamiento del Sector Casa sustentable, para ser utilizado para caniles y/o los relacionados con el cuidado y manutención de las mascotas, no fueron abonados con fondos del Tesoro Nacional”, indicó.

Barra, reconoció el rango constitucional del acceso a la información pública, ya que promueve la “participación ciudadana” y la “transparencia” en la gestión, aunque más adelante indicó que las consultas ciudadanas recibidas por la oficina de Karina Milei no se corresponden con el espíritu de la ley.

“La consulta que motiva esta intervención -explicó Barra- tiene como antecedente las numerosas peticiones dirigidas a conocer ciertos aspectos vinculados a las mascotas del Presidente de la Nación, tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento; información vinculada a su estadía en la residencia Presidencial -fecha de ingreso, profesionales afectados a su cuidado pasado y presente, entre otros-, y al origen de los fondos con los que se solventaron las obras destinadas a su alojamiento (caniles)”.

“Admitir este tipo de solicitudes -sostuvo Barra- importaría un notorio apartamiento del espíritu y la letra de la Ley, con consecuencias no deseables a la luz del objetivo que persigue el régimen, llevando al absurdo de procesar por dicho procedimiento, pedidos que no involucran cuestiones públicas ligadas a la actividad estatal.”

“La información a la que se hace referencia en el objeto de la consulta no califica como pública, no se justifica su divulgación”, escribió.

“La información que se solicita se refiere a un aspecto de la vida privada y familiar del Señor Presidente de la Nación”, dictaminó Barra y explicó: “Si bien, la Residencia Presidencial de Olivos es una instalación pública, también es el hogar temporal del Presidente y la privacidad de este espacio debe ser respetada”.

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