El cuerpo sin vida de un peón rural fue hallado en la laguna ubicada dentro de la propiedad donde se trabajaba y la Justicia investiga las causales del deceso. Una primera revisión descartó lesiones externas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hallazgo se produjo esta tarde, minutos después de las 14, en una propiedad ubicada en el kilómetro 44 de la ruta provincial 221, en la localidad de San Vicente.

Efectivos de la comisaría Segunda acudieron al lugar y constataron la escena, logrando determinar que el fallecido se trataba de Silvio Leiro (37), quien hace aproximadamente tres años trabajaba en la misma propiedad.

El aviso a la Policía fue dado por el propietario del lugar, quien aseguró que su empleado estaba desaparecido desde el lunes a la tarde, cuando salió de casa para ir al kiosco y nunca regresó.

El cuerpo fue revisado por un médico policial quien certificó que ya presentaba rigidez cadavérica y no presentaba lesiones físicas externas visibles, aunque de igual manera solicitó un examen de autopsia para esclarecer las circunstancias del deceso.

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, cuyas autoridades dispusieron el envío de los restos a la Morgue Judicial de Posadas para el examen forense.

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Martín Anselmo Cabañas y Joaquín Alejandro Dorrego, los dos primeros policías citados a declarar ante la Justicia en el marco de las acciones realizadas durante la protesta salarial realizada entre el 17 y el 29 de mayo en Posadas, se abstuvieron de declarar hoy y la comparecencia de uniformados continuará hasta el 8 de julio ya que en total son 17 los implicados identificados.

Cabañas presta servicios en la comisaría Segunda de San Vicente, mientras que Dorrego integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América. Ambos designaron al ex juez penal Ramón Grinhauz como abogado defensor y muy posiblemente el mismo letrado represente a la totalidad de los involucrados.

En la audiencia de hoy, los dos agentes se abstuvieron de declarar y fueron notificados de los hechos que se investigan en su contra. En resumen, están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas por el propio reglamente disciplinario policial ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.

Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.

Según la acusación, durante la protesta los uniformados no prestaron servicios de manera adecuada, usurparon oficinas públicas, sustrajeron y utilizaron móviles para uso particular, como así también otras herramientas de trabajo como armas de fuego, chalecos antibalas, escudos, etcétera.

La indagatoria de hoy fue realizada ante el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, y el fiscal René Casals, de la Fiscalía de Instrucción Seis, este último quien impulsa las acciones judiciales.

Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados referentes o voceros de los uniformados durante la protesta, los policías retirados Ramón Amarilla y Germán Palavaccino.

Las indagatorias continuarán hasta el 8 de julio. Se harán dos por día, hasta completar el listado de 17 imputados, aunque el número de involucrados podría aumentar conforme avance el expediente.

La protesta se realizó desde el 17 hasta el 29 de mayo frente al Comando Radioeléctrico.

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Un hombre de 49 años denunció anoche que su hija de 15 fue interceptada a la salida de una escuela de Ñu Porá y fue trasladada a un galpón donde delincuentes con acento portugués le extrajeron sangre. De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, en su denuncia el vecino de Garupá indicó que ayer a las 19.10 su hija llegó a casa llorando y allí contó lo que había sufrido horas antes.

Según lo relatado por la adolescente y luego retransmitido por su padre en la denuncia, ella salió al mediodía de su escuela y allí fue interceptada por un sujeto calvo, de entre 40 y 45 años, con ropa blanca y azul, que le preguntó la hora y luego le tapó la boca con un trapo.

Consecuencia de ello, la joven comenzó a experimentar mareos y en esas circunstancias afirmó ser subida a un vehículo utilitario que podría ser una Kangoo o una Partner que tenía cartones en las ventanas y su conductor utilizaba una máscara de jabalí.

La denuncia señala que dentro del rodado había una camilla, en la cual fue acostada y desde allí, con los ojos vendados, fue trasladada hacia un galpón donde los atacantes le extrajeron sangre de su brazo izquierdo.

La muchacha indicó que al menos uno de los delincuentes tenía acento portugués y que después de todo lo sucedido fue abandonada sobre calle Los Yerbales, entre Claveles y Azalea del mismo barrio Ñu Porá.

Tras la denuncia, los efectivos policiales trasladaron tanto al padre como a la adolescente hacia el hospital para las correspondientes revisiones médicas e informó de lo sucedido al Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos.

La presentación fue radicada en la comisaría Quinta de Garupá y desde el juzgado se activaron las medidas necesarias para corroborar los hechos denunciados y dar con los presuntos responsables.

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