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Justicia embarga a misionero que fabricaba causas de lesa humanidad

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La Justicia Federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero Adrián Martínez Moreira, acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

La resolución se cumplió luego de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, se involucrara en la causa contra el misionero señalado por fabricar causas de lesa humanidad para el cobro de las indemnizaciones.

La cartera de Baños está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, quien en abril pasado, al hablar sobre la lluvia de amparos por reparaciones reclamadas por víctimas de la dictadura, excusó la mora en una supuesta auditoría a una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas.

El ministro se refería a la causa contra Martínez Moreira y la alusión le valió una felicitación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”.

Sin embargo, el intento de estafa del misionero no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA), ya que las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos.

Incluso, el antecesor de Baños en Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recopiló casos e impulsó la causa como querellante.

Embargo

Según comentó  a La Voz de Misiones el abogado Javier Garín, víctima y uno de los primeros en denunciar a Martínez Moreira, desde el equipo jurídico de la Secretaría de Baños se pidió a la justicia que cumpla con el embargo y la inhibición de los acusados.

El juzgado ordenó un embargo y no lo cumplió, nos enteramos ahora”, afirmó Garín a LVM y agregó: “Ahora, lo tuvo que hacer”.

El misionero Martínez Moreira está procesado junto un abogado identificado como Omar García, y dos mujeres identificadas como Leticia G. y Nicole Carolina G.

La causa, está a cargo de la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, quien investiga a Moreira como líder de una organización criminal que, según la investigación, comenzó a operar en 2013 a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira, se presentaba como hijo de detenidos desaparecidos, y decía, además, ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Nada de esto era cierto.

El fabulador

Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.

Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.

Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.

En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.

En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.

Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.

Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de CUIT ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos,  sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

La historia que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.

Nombre real

El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.

Según la PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.

Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.

En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.

Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.

Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.

En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Renaper de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.

Desde entonces, según la base de datos del organismo estatal, renovó su DNI cinco veces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.


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Imputaron por homicidio simple a acusado de matar y enterrar a Priscila Díaz

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Carlos David Del Valle (21), el joven detenido por el asesinato de Priscila Cecilia Díaz (21), la muchacha de Jardín América que fue estrangulada y luego enterrada en un pinar de Jardín América, se abstuvo de declarar ante la Justicia y fue imputado por el delito de homicidio simple.

Tal como estaba previsto, el implicado fue trasladado ayer al mediodía al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Roberto Sena.

En esa instancia, señalaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el muchacho optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.

Las fuentes indicaron que en la misma audiencia Del Valle fue notificado del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

En la imputación, que es provisoria y puede modificarse conforme el avance de la pesquisa, las autoridades judiciales consideraron que no existen elementos como para incluir agravantes.

De esta manera, al menos por ahora Del Valle esquivó una acusación por femicidio, figura prevista en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal y que contempla la prisión perpetua como única pena.

priscila díaz femicidio

Del Valle está detenido y ayer se abstuvo de declarar.

El crimen

El asesinato de Priscila Díaz se descubrió el jueves de la semana pasada, cuando su cuerpo fue hallado semienterrado en un pinar del barrio Los Cedros, aunque el hecho se habría registrado el domingo previo.

Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, ese día la joven fue vista compartiendo una ronda de tragos con varios vecinos de la zona hasta que, en determinado momento, quedó a solas con Del Valle y en esas circunstancias se habría producido el ataque que terminó en muerte.

La autopsia estableció que Díaz murió como consecuencia de asfixia mecánica por comprensión, lo que equivale a decir que fue estrangulada. En su cuerpo también detectaron lesiones defensivas, lo que se condice además con los rasguños que el sospechoso presentaba al momento de ser detenido.

El cadáver de Díaz estaba desnudo al momento de su hallazgo, aunque en la necropsia no se detectaron signos ni evidencias de un abuso sexual, aunque los investigadores iban a aguardar el resultado de otros estudios complementarios y de mayor especificidad.

El caso de descubrió gracias a un testigo clave, quien la semana pasada se acercó a la comisaría local para contar que un conocido suyo había confesado el crimen de una joven y también agregó que su hermano había ayudado a enterrar el cuerpo.

Tras esta denuncia, la Policía inició averiguaciones y al poco tiempo dio con ambos sospechosos. El otro detenido es hermano de Del Valle, tiene 16 años y quedó alojado en el Cemoas, a disposición del Juzgado Correccional y de Menores local.

Díaz era madre de una niña de 3 años y sus restos fueron despedidos en el cementerio local el sábado a la mañana. Sus familiares reclaman justicia y preparan una marcha para este jueves en Jardín América.

Femicidio en Jardín América: autopsia reveló que Priscila Díaz fue estrangulada


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Martínez, el primo de Rojas acusado de “traición” y detenido tras el juicio

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Martínez Negro Rojas

El juicio contra el narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48) no solo decretó un futuro de encierro para él, sino que también marcó el fin de los días en libertad para su primo Eduardo Javier Martínez (40), antiguo hombre de confianza en sus maniobras de narcotráfico y a quien en pleno debate oral acusó de “traidor”.

Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me trajo a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, lanzó Rojas, entre otras tantas revelaciones explosivas y muchas de ellas carentes de sustento, el pasado 2 de septiembre al momento de declarar por tercera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

No era la primera vez que la figura de Martínez tomaba un rol casi protagónico en el debate, dado que su nombre también fue mencionado en varias oportunidades durante la audiencia del 1 de agosto, cuando se reprodujo una de las escuchas telefónicas más esclarecedoras del expediente que investigaba a Rojas por el asesinato de su antiguo colaborador Aldo Andrés “Polaco” Canteros (33), perpetrado el 5 de agosto de 2018 en Gobernador Roca.

“El Polaco de la chacra … Te cuento, nos jugó sucio sucio… nos apretaron hoy entre 4 tipo ahí me mataron.… ¿entendé? Le di a él, le di al compinche, a otro, no sé a los que estaban ahí no sé, me cayeron corté gorra viste, ¿entendé?… le volé la cabeza….”, es parte de la transcripción de aquella llamada que Rojas hizo el 5 de agosto de 2018, a las 23.07, es decir, apenas unas horas después del crimen.

Quien esa noche estaba del otro lado del teléfono era, justamente, Martínez, su primo y mano derecha por aquel entonces en las operaciones de tráfico de estupefacientes que Rojas orquestaba desde la clandestinidad, ya que sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional, aunque la Prefectura ya lo tenía localizado, pero esperaba para agarrarlo in fraganti.

La que brindó más detalles de esa conversación clave fue una ex pareja de Martínez, quien estaba junto a él al momento de la llamada y al declarar como testigo ante el TOF también ahondó en la relación de extrema confianza que mantenían los primos.

El Negro Rojas -a la derecha, arriba- está preso en Marcos Paz y fue condenado a perpetua el viernes.

Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió la mujer, que en la continuidad de su relato brindado en esa misma audiencia del 1 de agosto también recordó haber participado de algunas maniobras de transporte de estupefacientes.

Por aquel entonces, Martínez también estaba marcado. Y bien marcado. Los investigadores no solo que tenían identificada su línea telefónica, sino que además conocían su rostro, dado que lo captaron junto a Rojas durante una de las tareas de vigilancia encubierta, pero el crimen de Canteros movió tanto el avispero que varios de los involucrados se dispersaron aprovechando que el sindicado narco-sicario se transformó en el objetivo más inmediato.

Fue así que Martínez logró mantenerse alejado de todo el escándalo que rodeó a Rojas, que a medida que pasaban los meses sumaba más y más fojas a su extenso prontuario, concitando además la atención de los medios porteños por su perfil de “capo narco” capaz de mandar a matar a jueces con mano de obra criminal brasileña.

Nombrado, buscado y detenido

Su primo, todo lo contrario. Procuró no llamar la atención y continuar como si nada hubiera ocurrido. Y así fue hasta ahora, que su nombre volvió a tomar protagonismo y nada pasó desapercibido para la fiscalía federal que encabeza Vivian Barbosa, que en medio del debate oral requirió una serie de medidas para conocer el estado de situación del implicado.

La investigación preliminar estableció, entonces, que Martínez residía en Puerto Iguazú, que trabajaba en un taller mecánico y que incluso registraba reiterados cruces migratorios, principalmente a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, lo cual terminó siendo clave para que el TOF posadeño ejecute una orden de detención que estaba vigente en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.

Fue así que el martes pasado -tres días antes de la condena a perpetua dictada contra Rojas- una comisión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) golpeó la puerta de su casa y lo detuvo sin más. Martínez no se la esperaba y tampoco podía hacer mucho: desde febrero se encuentra en silla ruedas como consecuencia de un accidente de tránsito protagonizado mientras circulaba en moto por las calles de Foz de Iguazú.

Ahora, Martínez se encuentra alojado en una celda del Escuadrón 13 de GNA, a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y será investigado por su presunta participación en actividades narco junto a Rojas, quien lo delató y lo acusó de “traidor” en pleno juicio.

Martínez, ubicado en Puerto Iguazú y detenido el martes pasado.

Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”


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Piden elevar a juicio causa contra conductor que atropelló y mató a Dana Sánchez

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Piden elevar a juicio causa contra conductor que atropelló y mató a Dana Sánchez

La titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Inés Clereci, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Estanilao Salvador Barreiro (65), el automovilista que atropelló y mató a Dana Anabel Sánchez (24), al considerar que la etapa procesal se encuentra agotada y dictaminó que el imputado debe responder ante la Justicia como autor del delito de “homicidio culposo y lesiones graves culposas”.

Dana perdió la vida en el hospital Madariaga en la mañana del 12 de enero, horas después de ser atropellada por un auto que iba al mando de Barreiro mientras ella caminaba por el cordón cuneta de la vereda de la avenida Leandro N. Alem de la capital misionera.

Por el siniestro, también resultó con heridas de gravedad Rosalina Olivera, quien esa noche caminaba unos metros delante de la víctima fatal, aunque en sentido contrario, al tiempo que otros dos transeúntes resultaron ilesos “de milagro”, según se desprende del documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones.

La investigación trazada por la fiscalía en el requerimiento recientemente formulado pudo establecer que Barreiro conducía su automóvil marca Mazda 626 sobre la arteria Alem, en dirección este-oeste, a unos 80 kilómetros por hora, hasta que a unos metros de llegar a la avenida Las Heras cruzó un badén sin disminuir la velocidad, perdiendo el control del auto sobre el carril opuesto y impactando desde atrás a Dana Sánchez y de frente a Rosalía Oliveira.

“Como consecuencia de los impactos consecutivos, Dana Anabel Sánchez falleció en las primeras horas de la mañana siguiente, 12 de enero de 2024, y Rosalina Olivera sufrió lesiones graves consistentes en fractura de radio distal derecho de rama ilio e izquiopubiana bilateral fractura bilateral de sacro y trauma cerrado de abdomen que demandarían un tiempo de curación de 90 días y 120 de incapacidad laboral”, detalló en su resolución la fiscal Clerici respecto a las lesiones diagnosticadas en las víctimas del hecho.

Entre los elementos probatorios tenidos en cuenta, la funcionaria judicial citó la declaración indagatoria al imputado, instancia en la cual Barreiro asumió la responsabilidad del hecho, argumentando que circulaba a 50 o 60 kilómetros por hora y que desconocía el badén que traspasó sin disminuir la velocidad que le costó la vida a Dana.

La fiscal, además, contrapuso esa declaración con la inspección ocular del lugar del siniestro, pericia que concluyó en que Barreiro circulaba a una velocidad mayor a la permitida en las avenidas de zonas urbanas.

Además, el expediente cuenta con declaraciones de los testigos presenciales del hecho, así como también la de Rosalía Oliveira, los informes periciales en el lugar del hecho y las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

El requerimiento ahora debe ser analizado por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, quien de no encontrar irregularidades y de considerar correspondiente, deberá estampar la firma para la elevación a juicio del expediente.

El automóvil marca Mazda 626 que conducía el imputado la noche que atropelló y mató a Dana Sánchez.


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