Martín Anselmo Cabañas y Joaquín Alejandro Dorrego, los dos primeros policías citados a declarar ante la Justicia en el marco de las acciones realizadas durante la protesta salarial realizada entre el 17 y el 29 de mayo en Posadas, se abstuvieron de declarar hoy y la comparecencia de uniformados continuará hasta el 8 de julio ya que en total son 17 los implicados identificados.

Cabañas presta servicios en la comisaría Segunda de San Vicente, mientras que Dorrego integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América. Ambos designaron al ex juez penal Ramón Grinhauz como abogado defensor y muy posiblemente el mismo letrado represente a la totalidad de los involucrados.

En la audiencia de hoy, los dos agentes se abstuvieron de declarar y fueron notificados de los hechos que se investigan en su contra. En resumen, están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas por el propio reglamente disciplinario policial ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.

Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.

Según la acusación, durante la protesta los uniformados no prestaron servicios de manera adecuada, usurparon oficinas públicas, sustrajeron y utilizaron móviles para uso particular, como así también otras herramientas de trabajo como armas de fuego, chalecos antibalas, escudos, etcétera.

La indagatoria de hoy fue realizada ante el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, y el fiscal René Casals, de la Fiscalía de Instrucción Seis, este último quien impulsa las acciones judiciales.

Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados referentes o voceros de los uniformados durante la protesta, los policías retirados Ramón Amarilla y Germán Palavaccino.

Las indagatorias continuarán hasta el 8 de julio. Se harán dos por día, hasta completar el listado de 17 imputados, aunque el número de involucrados podría aumentar conforme avance el expediente.

La protesta se realizó desde el 17 hasta el 29 de mayo frente al Comando Radioeléctrico.

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Un hombre de 49 años denunció anoche que su hija de 15 fue interceptada a la salida de una escuela de Ñu Porá y fue trasladada a un galpón donde delincuentes con acento portugués le extrajeron sangre. De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, en su denuncia el vecino de Garupá indicó que ayer a las 19.10 su hija llegó a casa llorando y allí contó lo que había sufrido horas antes.

Según lo relatado por la adolescente y luego retransmitido por su padre en la denuncia, ella salió al mediodía de su escuela y allí fue interceptada por un sujeto calvo, de entre 40 y 45 años, con ropa blanca y azul, que le preguntó la hora y luego le tapó la boca con un trapo.

Consecuencia de ello, la joven comenzó a experimentar mareos y en esas circunstancias afirmó ser subida a un vehículo utilitario que podría ser una Kangoo o una Partner que tenía cartones en las ventanas y su conductor utilizaba una máscara de jabalí.

La denuncia señala que dentro del rodado había una camilla, en la cual fue acostada y desde allí, con los ojos vendados, fue trasladada hacia un galpón donde los atacantes le extrajeron sangre de su brazo izquierdo.

La muchacha indicó que al menos uno de los delincuentes tenía acento portugués y que después de todo lo sucedido fue abandonada sobre calle Los Yerbales, entre Claveles y Azalea del mismo barrio Ñu Porá.

Tras la denuncia, los efectivos policiales trasladaron tanto al padre como a la adolescente hacia el hospital para las correspondientes revisiones médicas e informó de lo sucedido al Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos.

La presentación fue radicada en la comisaría Quinta de Garupá y desde el juzgado se activaron las medidas necesarias para corroborar los hechos denunciados y dar con los presuntos responsables.

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Exactamente cuatro semanas después de culminada la protesta policial llevada adelante durante doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas en reclamo por mejoras salariales, al menos 17 agentes, tanto activos como retirados, identificados como impulsores y partícipes de las medidas de fuerzas, comenzarán mañana a responder ante la Justicia por hechos que encuadrarían bajo las figuras de sedición, hurto y peculado, entre otros delitos.

Las indagatorias fueron solicitadas por René Casals, titular de la Fiscalía de Instrucción Seis, quien tras analizar una gran cantidad de elementos de prueba, entre ellas cámaras de vigilancia, informes periciales y el testimonio de denunciantes y testigos, estableció un listado de involucrados y de delitos presuntamente cometidos.

El pedido fue elevado al magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, quien dio lugar al planteo y libró las notificaciones correspondientes a un total de 17 uniformados, quienes deberán comparecer ante sus estrados para prestar declaración indagatoria desde mañana hasta el lunes 8 julio.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, se realizarán dos indagatorias por día y los primeros serán un agente con prestación de servicios en la comisaría Segunda de San Vicente y otro que integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América.

Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados “referentes” o “voceros” de la manifestación, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla (57) y su camarada también retirado Germán Palaveccino (46).

Ramón Amarilla y Germán Palaveccino, referentes o voceros de la protesta, fueron citados a declarar el 2 de julio.

El listado inicial apuntaba a 15 efectivos, pero a última hora el fiscal Casals también requirió la comparecencia ante la Justicia de dos bomberos y con ello el número de implicados se elevó a 17. Se solicitó, además, informes al Servicio Penitenciario Provincial (SPP), por lo que el número de citados podría aumentar aún más de acá en adelante.

Las fuentes consultadas señalaron que, en principio, los uniformados están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.

Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.

De igual manera, las imputaciones en esta etapa revisten carácter de provisorias y todo dependerá el avance del expediente.

El acampe llegó a concentrar más de 4.000 personas frente al Comando Radioeléctrico I sobre la avenida Uruguay.

El acampe de 12 días

La protesta policial comenzó el 17 de mayo pasado. Eran las 3 de la madrugada cuando policías encapuchados cruzaron los primeros patrulleros frente al comando ubicado sobre la avenida Uruguay de Posadas e iniciaron una quema de cubiertas que en pocas horas se transformó en un acampe que se extendió durante doce días, cuando finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno provincial.

Fueron doce días de extrema tensión, con reuniones permanentes, acusaciones cruzadas y amenazas de aplicación del famoso protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich con uniformados federales.

Durante todos esos días de protesta, el fiscal Casals insistió una y otra vez con el uso de patrulleros para la medida de fuerza, solicitando la devolución de los rodados, aunque nunca obtuvo resultados. En los días de mayor asistencia en el acampe se alcanzaron a identificar cerca de 30 vehículos oficiales, entre ellos una autobomba.

“Robaron un patrullero y, con la cara tapada, arrojaron gomas para luego incendiarlas. Más que policías son piqueteros. Esto deslegitima cualquier tipo de reclamo. Ahora pusieron música. La situación es casi circense”, fue el resumen de la manifestación efectuado apenas iniciado el conflicto por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, en diálogo con Infobae, lo cual fue la antesala al anuncio de la denuncias radicadas.

El fiscal René Casals pidió en varias ocasiones la devolución de los rodados identificados en la protesta.

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