La diputada provincial por el PRO, Miky González Coria, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Misiones para derogar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley XIV – Nº 16, que regula la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos. 

La creación de dicha dependencia judicial fue impulsada por el ex gobernador y conductor político Carlos Eduardo Rovira y aprobada por la legislatura con 27 votos afirmativos contra 11 negativos a finales de septiembre pasado.

A partir de ahí, fue blanco de críticas por parte del arco opositor, quienes cuestionan que algunos artículos contemplados con la ley podrían representar un riesgo para la libertad de expresión.

En palabras de González Coria, las disposiciones mencionadas “podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso”. 

En esa línea, también argumentó que la normativa sancionada “otorga amplias facultades al fiscal especializado en ciberdelitos, lo que podría traducirse en interpretaciones arbitrarias y persecuciones a opiniones críticas sobre funcionarios públicos o instituciones”. 

Los artículos

Recientemente, la legisladora del PRO emitió un comunicado señalando que “los artículos 5, 6 y 7 son inconstitucionales y contradictorios con el Código Penal de la Nación, al exceder las competencias provinciales en materia legislativa”.

En ese sentido, puntualizó los cuestionamientos a cada uno de los artículos mencionados, afirmando que, el artículo 5, por ejemplo, “establece agravantes para delitos de defraudación”, lo que, según la diputada, “invade competencias del Código Penal Nacional, una norma de fondo que debe prevalecer sobre legislaciones provinciales”.

En cuanto al artículo 6, refirió que: “Permite el secuestro de dispositivos electrónicos sin orden judicial previa”. En ese punto, González Coria señaló que “esta medida afecta gravemente la privacidad y podría ser utilizada para censurar las redes sociales, limitando la libertad de expresión y el control ciudadano sobre los actos gubernamentales”.

En el documento de la ley, se puede leer que: “El Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, en cuanto la premura del caso lo requiera, queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas”.

Finalmente, la diputada afirma que el artículo 7 “autoriza al fiscal a actuar contra “noticias falsas” o “fake news” generadas mediante plataformas digitales”.

Según la normativa en cuestión, este último apartado sostiene que: “En el caso de los delitos previstos por los artículos 109 (injurias), 110 (calumnias), 211 (intimidación pública) y 212 (incitación a la violencia) del Código Penal de la Nación, cuando el medio utilizado para la realización de aquellos actos típicos sean medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte; el Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos podrá disponer de las medidas dispuestas en el artículo 6 de la presente ley”.

Fake news

A través del mismo comunicado que detalla los argumentos de su proyecto de ley, la funcionaria provincial cuestionó “la falta de criterios claros para definir qué constituye una noticia falsa, lo que podría dar lugar a un uso discrecional de esta norma para silenciar voces opositoras y restringir el debate público”.

Finalmente, advirtió sobre “el riesgo de autocensura entre los ciudadanos, quienes podrían evitar expresarse por temor a represalias legales” y al respecto profundizó: “La ley, tal como está redactada, crea un ambiente de intimidación que pone en jaque derechos fundamentales de los misioneros”.

El texto del proyecto fue firmado por todos los diputados del bloque PRO con el objetivo de “resguardar las garantías constitucionales y el respeto por los derechos civiles en la provincia” y remitido al Poder Ejecutivo Provincial para su análisis y debate.

La Fiscalía

Desde el oficialismo, el diputado Carlos Rovira, aseguró -en los fundamentos del proyecto- que la ley sancionada a finales de septiembre busca “enfrentar los crecientes desafíos que plantea la ciberdelincuencia en un mundo altamente mediatizado por la tecnología”.

A lo que agregó: “La fiscalía creada no solo protegerá a los ciudadanos, sino que también fortalecerá la infraestructura de seguridad digital de la provincia, creando un entorno más seguro y confiable para todos”.

La normativa fue elevada a pocos meses luego de que un área de ciberdelitos internacional detectara la tenencia de 913 archivos de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi) en diferentes dispositivos portátiles del por entonces diputado, hoy expulsado, Germán Kiczka, motivo por el que permanece preso junto a su hermano Sebastián en el penal de Cerro Azul.

En ese marco, el diputado oficialista observó la medida como herramienta útil para el combate de delitos como ser: estafas digitales, robo o sustitución de identidad, trata de personas, tráfico de pornografía infantil y narcotráfico.

Juan Pablo Espeche fue propuesto para asumir en la Fiscalía de Ciberdelitos

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El vicegobernador de la provincia Lucas Romero Spinelli apuntó contra los cuestionamientos a la ley de bioinsumos, y por extensión a la campaña opositora contra la Renovación, e invitó a la oposición a “dejarse de joder con el metaverso”.

Romero Spinelli habló, puntualmente, de la arremetida contra el desarrollo en la provincia de herbicidas inocuos para el ambiente y la salud pública, que reemplacen a los agroquímicos de la multinacional Monsanto, como el glifosato, que están prohibidos en muchos países del denominado ‘primer mundo’.

“Hay que dejar de joder con el metaverso y con estas versiones que solo buscan ir en contra de una decisión política que se ha tomado para el bien de la salud de la gente”, opinó el vicegobernador, entrevistado por el programa El ciudadano se rebela, en su edición del lunes pasado.

“Una persona con cáncer es cierto costo para el Estado, que encima nos hacemos cargo de todo y de todos los casos complejos”, ilustró.

Romero Spinelli expuso los resultados de los bioinsumos que el gobierno provincial está entregando gratuitamente a los agricultores misioneros y que fueron puestos en duda por la oposición que, incluso, fogoneó una denuncia en los tribunales porteños de Comodoro Py, que formalizó el diputado del PRO Misiones Miguel Orlando Núñez, que fue desestimada por el juez Ariel Lijo y le valió al legislador macrista un apercibimiento de la Cámara de Representantes de Misiones.

“Yo veo los resultados, nadie me cuenta nada, es espectacular”, aseguró el vicegobernador y calificó de “tremenda decisión” la disposición del oficialismo provincial de impulsar la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos, sancionada por la Legislatura en julio de 2023.

“Los productores vienen solos a las reuniones y piden los productos, nadie le obliga a venir a la gente”, apuntó Romero Spinelli y disparó: “Si fueran ciertas todas las versiones que dicen que esto mata en vez de hacer crecer las hojas, no vendría nadie”.

“Lo del tabaco es increíble”, valoró el vicegobernador y comentó: “La primera novedad de la aplicación en tabaco fue el año pasado, que me acuerdo que se llegó a cosechar la planta de ese productor testigo, como se le llama, treinta días antes”.

“Es una herramienta que es una recontra inversión para el Estado y gratuita para la gente, para que produzca más en virtud de la soberanía alimentaria y la independencia de la economía familiar de cada uno”, argumentó.

“Qué nos importa a nosotros Monsanto. No le mueve la aguja que Misiones no aplique sus productos. Ni les calienta”, lanzó Romero Spinelli y retrucó: “Pero, a nosotros sí nos calienta todo lo que conlleva un ciudadano que no está sano”.

Real Malicia

En la misma línea se expresó el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac), Roque Gervasoni, quien ubicó la cuestión de los bioinsumos como la punta de lanza de una avanzada opositora contra el oficialismo, que escaló a la par del escándalo por pedofilia del legislador Germán Kiczka que salpicó muy de cerca a otro de los suyos y estrella en ascenso del armado opositor misionero: el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del ex gobernador menemista Ramón Puerta y líder de Activar, el partido de la familia.

“Esto comenzó con la nota en la revista Bichos de Campo, después siguió en las redes con los tiktokeros y desde hace dos semanas se canaliza a través del diario La Nación”, afirmó Gervasoni a La Voz de Misiones, estableciendo una suerte de secuencia de lo que consideró “un ataque programado”.

“Todo lo que se dijo de los bioinsumos es una gran mentira”, aseguró el funcionario y circunscribió los artículos que viene publicando el diario porteño contra la Renovación y sus principales referentes políticos, en los términos de la doctrina de la “real malicia”, incorporada en la jurisprudencia estadounidense en 1960, a raíz de un fallo de la Corte Suprema de ese país contra el New York Times (NYT).

“Estoy hablando de algo que en su momento le valió al NYT un fallo en contra, la real malicia”, señaló Gervasoni y explicó: “Es una doctrina que habla de cuando uno dice algo, emite una noticia, da una opinión, con  la sola idea de hacer daño”.

“Es punible lo que está haciendo La Nación”, opinó el titular del Imac sobre las notas del diario porteño que tiene entre sus principales accionistas al ex presidente Mauricio Macri, donde se desnudan aspectos de la vida privada de los hijos del conductor del Frente Renovador de la Concordia, ex gobernador de Misiones y actual diputado provincial, Carlos Rovira.

Roque Gervasoni, titular del Imac y espada del oficialismo.

“Salen de su rol de medio y periodistas, y escriben con saña, como en Bichos de Campo, donde un supuesto especialista de temas del agro que cuenta con una mala leche increíble, sin informarse, ni tener precisiones”, señaló.

“Está lleno de información maliciosa”, afirmó Gervasoni y comparó: “Es algo parecido a lo que hizo Núñez en Comodoro Py, que llevó a los tribunales un panfleto, solo para hacer daño”.

Vendetta

El funcionario, que funge de espada del oficialismo y no le escapa a la controversia política, no dudó en ubicar detrás de toda la trama, con el caso de la tiktokera Florencia Aguirre incluido, al patriarca yerbatero de Apóstoles, en su afán por desmarcar a su hijo Pedro del escándalo Kiczka, un caso que podría terminar convertido en una caja de pandora de imprevisibles derivaciones.

“Hay una frase que me contaron que dijo Ramón Puerta en off, antes de entrar a una entrevista en un canal porteño: ‘Si le tocan a mi hijo yo le prendo fuego a la provincia’”, contó Gervasoni que le refirió uno de los productores del canal donde estuvo invitado el apostoleño.

“Me quedó muy presente, lo charlaba con productores de medios nacionales que conozco”, agregó y reflexionó: “Hoy, sí evaluó y analizo eso, es claro que lo que esta haciendo es una suerte de vendetta”.

“Macri es uno de los dueños del diario, y Mauricio y Ramón siguen siendo amigos y socios; solo hay que sumar uno más uno”, apuntó Gervasoni y sentenció: “No es noticia, es malicia”.

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Juan Pablo Espeche es el elegido para asumir en la flamante Fiscalía Especializa en Ciberdelitos y se fijó para el 6 de diciembre la audiencia pública para tratar la propuesta remitida por el gobernador Hugo Passalacqua.

La elección se conoce apenas 24 horas después de que el Consejo de la Magistratura de la provincia comunicara la terna de los tres postulantes que seguían en carrera por el cargo.

Espeche, de 34 años, es abogado desde 2019 y actualmente se desempeña como secretario en la Fiscalía del Tribunal Penal Dos de Posadas. Llegó a esta la última instancia junto a Juan Pablo Vedoya Recio (38), subjefe interior de la Secretaria de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), y Liliana Emilse Zapponi, letrada particular y directora de Análisis Técnico, Legal y Económico en la Secretaria de Cambio Climático.

La audiencia pública para tratar la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo fue fijada para el próximo 6 de diciembre, a partir de las 8, en en Salón Auditorio del segundo piso del edificio Anexo de la Cámara de Representantes.

Como marca el procedimiento para este tipo de situaciones, las impugnaciones deben ser fundadas y presentadas por escrito en formato papel ante la comisión interviniente, en este caso de la Poderes, Peticiones, Reglamentos, Acuerdos y Biblioteca.

La selección

La flamante Fiscalía Especializada en Ciberdelitos fue creada mediante una ley provincial sancionada el pasado 26 de septiembre y el llamado a concurso para ocupar dicho cargo fue desde el 8 de octubre hasta el 1 de noviembre.

El proceso de selección comenzó inmediatamente después. Con más de 30 inscriptos, fue el llamado a concurso con más postulantes del año y el 90% de los aspirantes fueron profesionales jóvenes, de entre 30 y 40 años, según detalló el Leonardo Villafañe, secretario del Consejo de la Magistratura provincial.

“El perfil que se buscó fue una combinación entre la capacidad técnica-jurídica, que es lo que evalúan los profesores externos, y otras características relacionadas con los planes de gestión, las propuestas de trabajo, el conocimiento de la realidad de la provincia y la capacidad de innovar”, sostuvo Villafañe en diálogo con La Voz de Misiones.

Sobre los tres profesionales que seleccionados en la terna final Villafañe resaltó que “los tres fueron seleccionados por unanimidad del Consejo. Llegaron hasta allí por una sumatoria de puntos, pero fueron unánimes los puntajes escritos, orales, de antecedentes y de entrevista personal”.

Un día después de esa selección, finalmente se conoció que es Espeche el elegido por el Poder Ejecutivo y ahora su pliego debe ser tratado en la Cámara de Representantes.

Se definió la terna final para ocupar la Fiscalía de Ciberdelitos

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