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Fallo a favor del lenguaje inclusivo: Jueces podrán escribir sus sentencias con la “e”
El Consejo de la Magistratura habilitó a jueces a escribir con “e” y anunció la creación de un manual para el uso de lenguaje no sexista.
BUENOS AIRES. En un fallo contra el Gobierno porteño una jueza incluyó las palabras “niñes”, “todes” y “representades”. Organizaciones “provida” la denunciaron. Ahora el Consejo de la Magistratura habilitó a los jueces a escribir con “e” y anunció la creación de un manual para el uso de lenguaje no sexista.
Todo empezó cuando Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió incluir en el fallo de un recurso de amparo las palabras “niñes”, “todes” y “representades”.
El abogado Elias Natanael Badalassi y un grupo de defensores pertenecientes a los colectivos Comisión Federal de Abogados Provida, Abogados Por la Vida e UBA Derecho x La Vida la denunciaron por “dañar y atacar” la identidad cultural de la Argentina.
Ante esta denuncia, el jueves de la semana pasada, el Comité de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Ciudad planteó que el lenguaje inclusivo no ataca ni pervierte a nadie y es válido usarlo en la Justicia. También anunciaron la creación de un “Manual para el uso de lenguaje no sexista para el Poder Judicial de la CABA” según publicó Cosecha Roja.
“La identidad cultural es una construcción, no se fuerza desde una policía del lenguaje. Un idioma es como un organismo vivo, dinámico, que se va modificando permanentemente. No me parece que haya que poner normas estrictas de cómo usar el lenguaje, sino hoy estaríamos hablando en castellano antiguo”, dijo Cristina Montserrat Hendrickse, abogada de Liberatori.
Denuncia de los “providas”
Fines de septiembre la jueza Libertori hizo lugar a una acción de amparo impulsada contra el Gobierno de la ciudad para que adopte medidas necesarias e inmediatas para “asegurar y financiar el acceso a la educación pública, laica y gratuita de niñes y adolescentes de la CABA”. En ese fallo, usó la “e”, y despertó la bronca de las organizaciones autodenominadas “provida”, quienes la denunciaron con una lista de argumentos que apelan a la moral y al buen uso de la lengua según la Real Academia Española.
“El idioma hace parte de la identidad cultural de toda sociedad y autoriza hacer aplicación del derecho a la identidad y el derecho a la diferencia. Nuestra lengua castellana nos identifica, en comunión con las sociedades a las que también ésta pertenece, y es por ello que, en idéntica defensa de un bien jurídico colectivo de dimensión cultural, debemos los actores e intérpretes de la ley no dañar ni debilitar nuestro derecho a la identidad y a la diferencia con las demás culturas de carácter imperialista”, dice la denuncia contra liberatori.
Respuesta del Observatorio de Género del Poder Judicial de CABA
Vanesa Ferrazzuolo, Presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación, recibió la denuncia de los abogados “providas” y dio intervención al Observatorio de Género del Poder Judicial de CABA. La respuesta de Diana Maffia, Directora del Observatorio fue que “la utilización de una de las formas de lenguaje inclusivo que la denuncia pone en cuestión no socaba la lengua como bien colectivo ni pone en peligro la administración de justicia sino que se encuentra en línea con diversas iniciativas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encaminadas a fortalecer el acceso a la justicia de grupos sociales subalternizados y responde a una estrategia de inclusión de sujetos diversos al ámbito de la ciudadanía que busca cumplir las promesas constitucionales sobre igualdad y no discriminación”.
Por su parte, para la abogada de Liberatori habría que agraderle a Badalassi por denunciar a la jueza: “Gracias a su denuncia vamos a tener un manual de lenguaje no sexista, habría que llamarlo Badalassi en su honor”.
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Aumentan peajes sobre ruta 12 y la tarifa mínima será $1300 desde el domingo
El gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), oficializó nuevos aumentos en los peajes de rutas nacionales y autopistas, cuyas tarifas comenzarán a regir a partir de este fin de semana.
En las estaciones misioneras de Santa Ana y Colonia Victoria, los precios oscilarán entre $1300 para los coches y $4700 en el caso de los camiones de mayor porte.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial en tres resoluciones firmadas por Marcelo Campoy, titular de la dirección que depende del Ministerio de Economía.
Los demás aumentos alcanzarán Panamericana, el Acceso Oeste, el Corredor Vial Nacional N° 18 y del Corredor Vial Nacional – Tramos I a X cuyos montos oscilarán entre $337,60 a $6000 dependiendo la zona y la categoría del vehículo.
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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso
Los casos de abuso sexual seguidos de asesinato de las niñas Milagro Ayelén Prestes (10) en Colonia Aurora y de Fabiana Sirino (8) en 25 de Mayo, ocurrido recientemente, han conmocionado a la sociedad misionera y sobre todo a los habitantes de la zona del Alto Uruguay, donde un vecino ahora busca impulsar a través de los ediles de su ciudad un Registro Municipal de Condenados por Violencia Sexual.
“Esta gente tiene carta blanca para seguir a las niñas, violarlas y matarlas, cómo nosotros no vamos a poder tener un registro de ellos”, se planteó Walter Kesterke, vecino de El Soberbio, en diálogo con La Voz de Misiones.
El cruento femicidio de Fabiana Sirino, la niña que murió a causa de 13 puñaladas luego de ser abusada sexualmente el último fin de semana, caso que tienen como único sospechoso a Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34), conmocionó a Kesterke y lo motivó a armar un prototipo de proyecto para crear un listado de los ex convictos que fueron condenados por el delito de abuso sexual y que, al recuperar su libertad, residan en la localidad.
La iniciativa además motivada en virtud de que, según trascendidos entre los vecinos de las localidades del Alto Uruguay, el detenido por el crimen de Sirino tenía antecedentes por delitos sexuales, igual que Daniel Alberto Nacimiento (62), quien permanece detenido con prisión preventiva por el femicidio de Prestes.
“Yo creo que algo hay que hacer. Esto está pasando, esa gente que violó tenía antecedentes”, argumentó el vecino y ahondó: “Hablo de los que fueron condenados, que cumplieron su condena y que cuando recuperan la libertad vienen y se instalan en pueblitos como El Soberbio”.
Prevención
Durante la conversación con LVM, Kesterke reconoció que si bien las personas que cumplieron una condena están amparadas judicialmente para reinsertarse socialmente, los habitantes de las ciudades en las que decidan asentarse para “comenzar de nuevo” también tienen el derecho de saber quiénes son los que “vienen de afuera” y si han cometido un delito como abuso sexual, ya que “en mi opinión personal, el violador de niñas, niños, o de mujeres, no tiene solución, es triste, pero real”.
“Esto nos toca tan cerca, porque son gente que vinieron de otro lado, se instalaron y terminaron violando”, añadió el vecino, interpelado por la problemática que se cobró la vida de dos niñas en 2024 y por la cual busca que se implementen mecanismos de prevención para cuidar “a nuestras gurisadas”.
“La idea es que algún concejal se haga eco del proyecto que armé o impulsarlo con los vecinos, que no tengan paz los violadores. Porque la verdad que acá en el Alto Uruguay ya son dos las niñas víctimas de estos tipos, por no tener un tipo de registro o algo para prevenir estos casos”, precisó.
Y por último, añadió: “Entiendo que pagaron su condena y salieron, que la Justicia actuó y capaz hay muchos que quieren cambiar su vida. Todo bien, pero que sepamos quiénes son, porque si ellos tienen carta blanca para seguir a nuestras gurisadas, cómo es posible que nosotros no podamos seguirle los pasos a ellos, qué hacen, si están alrededor de una institución pública, una escuela, un jardín de infantes, es algo casi lógico diría”.
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Posadas reunió a universitarios de toda la región en defensa de la educación
Hoy desde las 17, docentes, no docentes, graduados, estudiantes y jubilados provenientes de las distintas sedes de universidades públicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, partieron del Mástil de avenida Mitre hacia la Plaza 9 de Julio de la capital provincial para reclamar mejoras salariales y presupuestarias en una tercera marcha en defensa de la educación pública.
Pese a que en esta oportunidad la columna albergó una menor cantidad de manifestantes, en comparación a la primera y segunda marcha desarrolladas los días 23 de abril y el 2 de octubre del corriente año, referentes universitarios y gremiales volvieron a visibilizar un reclamo nacional apuntando a los legisladores que votaron a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Vamos a pedir a nuestros legisladores nacionales, a nuestros legisladores de la región y a nuestros diputados nacionales de la provincia de Misiones, que a la hora de votar el presupuesto 2025 tengan en cuenta las necesidades de las universidades nacionales”, afirmó un docente frente a los presentes.
Voces en defensa de la educación
El reclamo no se limita solamente a mejoras salariales para docentes y no docentes, sino a los fondos que son destinados al regular funcionamiento de becas de estudio, insumos académicos, comedores, albergues, servicios básicos y mantenimiento de infraestructura edilicia que, de no tomarse las medidas pertinentes, podrían ser afectados durante el próximo año.
Por su parte, el docente e integrante de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, Hernán Cazzaniga, resaltó: “El camino es el de la unidad que nos permitió avanzar en el proceso de instalar la cuestión educativa en general, de todos los sectores de la educación, particularmente de la universidad pública, que está siendo atacada a través del estrangulamiento financiero”.
En ese sentido, enfatizó: “Ratificamos desde las organizaciones sindicales, junto con los movimientos sociales, las federaciones sindicales del país, el movimiento estudiantil, este camino de la unidad para continuar construyendo los pasos necesarios de articulación para dar la gran lucha política que es la lucha por cambiar este modelo de país que no incluye a los compañeros tareferos y otros sectores de la economía argentina, y mucho menos a los sectores de la ciencia y la educación que han sido duramente golpeados”.
Por su parte, distintos gremios como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron comunicados reivindicando la “importancia de sostener la universidad pública, gratuita y de calidad como única vía para lograr el ascenso social en la provincia, la región y el país“.
De la marcha participaron referentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Universidad Nacional de Formosa (UNF), Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y la Universidad Tecnológica Nacional (Utn).
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