Policiales
Cárcel común para Sidders, protegido del obispo de Iguazú, acusado de abuso
La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata revocó el pedido de prisión domiciliaria a Raúl Anatoly Sidders. El cura deberá cumplir prisión preventiva mientras dure el proceso legal.
Esta mañana, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata negó la prisión domiciliaria a beneficio Raúl Anatoly Sidders, el cura denunciado por abuso sexual y quien desde principios de mayo de 2020 fue trasladado a la Diócesis de Puerto Iguazú.
La Justicia consideró que el religioso “goza de buena salud”, por lo cual le confirmó la prisión preventiva en cárcel común, mientras se lleven adelante el proceso legal.
Los representantes de la víctima, una ex alumna del religioso cuando éste ejercía como capellán de un colegio platense, manifestaron en un comunicado: “Tras constatar que Sidders goza de excelente salud”, la Cámara confirmó su “prisión lisa y llana”.
Asimismo, solicitan que cesen las presiones que imponen los allegados al acusado: “La querella exhortó asimismo al Arzobispado y demás allegados de Sidders a hacer cesar las presiones sobre la Justicia que originaron este innecesario incidente y llevaron al extremo de que el fiscal mutara en pocas horas su firme solicitud de prisión efectiva por el de un beneficio absurdo, ahora abortado”, reza el comunicado.
Pedido de prisión domiciliaria
En el 2020, el juez de Garantías Carlos Agustín Crispó hizo lugar al pedido de prisión preventiva para el cura destinado en Puerto Iguazú, Raúl Anatoly Sidders, acusado por abusar sexualmente de una menor de edad.
El fiscal Álvaro Garganta, quien en primera instancia había acompañado el pedido de detención efectiva de la querella encabezada por Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, en diciembre pasado propuso se beneficie al religioso con una domiciliaria.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Garantías de La Plata no hizo lugar al pedido de Garganta y, tras constatar que Sidders goza de excelente salud, confirmó su prisión lisa y llana en una cárcel común.
Entre algodones
Luego de una serie de denuncias públicas que salieron a la luz en La Plata, el ex capellán del Colegio San Vicente de Paul recaló en julio del año pasado en Puerto Iguazú.
En la Ciudad de las Cataratas, compartió el calor del hogar, ubicado en la calle Guatambú, con el obispo Nicolás Baisi. Allí se refugió el presbítero a la espera de lo que parecía inevitable, una denuncia formal por abuso de menores, que finalmente llegó a mediados de agosto de 2020.
El señalamiento de Sidders por parte de una ex alumna obligó al Obispado de Iguazú a romper el silencio y defender al presbítero, al calificar la denuncia como una “fake news”.
Allí también aseguraron que el cura desempeñaba “labores pastorales con adultos” y que “no hay ningún antecedente de acusaciones que comprometieran el comportamiento sacerdotal del padre Raúl en los 32 años que lleva de sacerdote, más allá de las diferencias con respecto a su modo de expresarse”.
Ahora, la decisión de la Justicia de La Plata no sólo significa un revés para la libertad de Sidders, sino para la acérrima defensa ejercida por el Obispado de Puerto Iguazú.
En la mañana de hoy, familiares de los ocho policías detenidos, acusados por “intento de sedición y conspiración”, se apostaron frente al Juzgado de Instrucción Tres de Posadas a la espera de respuestas por parte del juez Fernando Verón ante detenciones que llevan casi siete meses “sin avances” en la causa.
“Vinimos al juzgado y nos enteramos que el juez sigue de licencia. Ahora nos dijeron que el expediente que necesitamos que salga de la Cámara de Apelaciones fue enviado al juzgado, pero que todavía no lo recibió, ni el digital ni el físico. Queremos respuestas”, detalló Matías Orrego en diálogo con La Voz de Misiones.
“Creemos que para el lunes o martes de la semana que viene el juez debería tener en su despacho el expediente para poder empezar a resolver. Al parecer lo que nos dijo fue pura zaraza, todo esto da a entender que no le interesa mucho esta situación”, concluyó el familiar de uno de los detenidos sobre el estado del expediente.
Por su parte, Solmaira lamentó la falta de respuestas y sentenció: “Algo raro hay detrás de todo esto. Siendo un caso tan público, que esto quede trancado y pausado es raro. No puede desaparecer el expediente”.
Quienes permanecen detenidos desde octubre pasado son Diego Hernán Correa, Horacio Ezequiel Coutto, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Joaquín Alejandro Orrego, Adolfo Basilio Guirula y Ramón Oscar Amarilla.
En este marco, hace dos semanas atrás los agentes Iván y Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula y Diego Correa iniciaron una huelga de hambre en el penal de Loreto, con el objetivo de visibilizar la situación y acelerar los trámites burocráticos.
Según confirmaron los familiares presentes frente al juzgado ubicado sobre calle Santa Fe, entre Buenos Aires y Rivadavia, la medida continúa vigente.
La situación se agrava considerando que dos de los detenidos que se encuentran realizando la huelga de hambre contrajeron enfermedades producto del estrés por encierro y las “malas condiciones de salubridad” que presenta una de las celdas conocida internamente como “La Pelada”.
Madre de policías presos por sedición: “Están en condiciones inhumanas”
En la madrugada de hoy, un Chevrolet Meriva transitaba sobre la ruta 12, kilómetro 1574, de Puerto Esperanza cuando, por causas que son materia de investigación, impactó contra un camión Mercedes Benz.
El rodado menor era conducido por Francisco Héctor Ramírez (67), quien perdió la vida en el acto, mientras que los acompañantes, una mujer de 52 y un hombre de 32 años, fueron llevados al hospital Samic de Eldorado.
Según las primeras averiguaciones policiales el hecho habría ocurrido alrededor de las 5, cuando Francisco iba al mando de su vehículo y por circunatancias que se investigan impactó contra el Mercedes Benz conducido por un hombre de 59 años.
En el lugar trabajaron la Policía Científica junto con la Comisaría jurisdiccional. También estuvieron presentes un médico y un bioquímico policial para realizar las diligencias correspondientes.
El diputado provincial de Activar, Pedro Puerta, notificó que declarará por escrito en el juicio contra su ex compañero de banca Germán Kiczka, proceso al cual fue convocado en calidad de testigo por la fiscalía.
El empresario yerbatero hará usos de sus facultades como legislador y declarará por escrito, evitando así comparecer en forma presencial al debate oral que desde el lunes se lleva adelante contra su ex socio político y su hermano Sebastián Kiczka (47).
La decisión fue notificada hoy, a través de un escrito dirigido a los integrantes del Tribunal Penal Uno de Posadas, conformado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya.
De esta manera, ahora las partes deberán confeccionar un documento con las preguntas que consideren pertinentes al caso y ese cuestionario llegará a manos de Puerta para que responda.
En declaraciones a la prensa, los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka indicaron que la citación del hijo del ex gobernador Ramón Puerta como testigo se sostenía en “una serie de mensajes con algunos de los imputados”.
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