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Aborígenes del Cuñá Pirú denuncian nuevo avance sobre su territorio

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Comunidades mbya guaraní del Valle del Cuñá Pirú denuncian un nuevo avance sobre su territorio, con la tala ilegal de árboles nativos y movimiento del suelo.

Las aldeas se ubican sobre la ruta provincial 7, en inmediaciones del mirador del Cuñá Pirú, en la localidad de Aristóbulo del Valle.

En este sentido, se informó que el pasado lunes, miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) advirtieron la presencia de maquinarias en un sector de la propiedad.

Desde la entidad contaron además que, al acercarse al lugar e indagar a los trabajadores, estos adujeron tener permiso del municipio para preparar la tierra para ser cultivada.

Ya en el 2019, en el mismo predio, se registraron duros enfrentamientos, con un machetazo a un miembro de Emipa incluido, entre aborígenes y trabajadores rurales.

“Hoy es una topadora con lo que nos agreden amparados por las autoridades municipales”, dijeron sobre el último hecho en un comunicado.

“Un grupo de personas ha invadido nuestro territorio arrasando con los árboles que allí había”, continuaron, y agregaron: “Avanzaron en forma alevosa, aprovechando la cuarentena, sobre nuestro territorio, del que somos titulares registrales reales”.

Luego de esa situación, dieron aviso al Ministerio de Ecología, desde donde respondieron que agentes de la cartera conducida por Mario Vialey se harían presentes en el lugar para constatar la denuncia.

“En principio, no tenemos ningún permiso o autorización de plan de aprovechamiento en el área que indican las comunidades indígenas, por lo que se podría tratar de una infracción a las normativas vigentes. Agentes de control del ministerio recorrerán el territorio y se acercarán a las comunidades para verificar la denuncia en el territorio”, dijo Vialey a Misiones Online.

Desde Emipa confirmaron a La Voz de Misiones que un equipo de la cartera ecológica se encuentra en el lugar en estos momentos.

Asimismo, refirieron que se trata de un territorio reconocido y cedido en 2019 por la Universidad Nacional de La Plata, un litigio que significó 17 años de lucha para las comunidades.

Las tierra fueron entregadas a las comunidades tras un juicio que cerró con un acuerdo legal de partes el año pasado con la restitución a los aborígenes de unas 6.000 hectáreas, que tramitan actualmente la titularidad.

No es la primera

A principios de este año, la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande, protagonizó duros choques con los trabajadores de la empresa Carba, autorizada por el Ministerio de Ecología a llevar adelante un plan de manejo del bosque.

La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

La situación puso sobre la mesa la discusión sobre la extracción selectiva y la degradación paulatina del bosque. En aquella oportunidad, La Voz de Misiones recorrió la zona junto al cacique y miembros de la aldea.

Allí se pudo observar los grandes huecos dejados en la selva por el paso de las máquinas. En este sentido, desde Emipa informaron a este medio que, por el momento, esos trabajos están parados.

La zona afectada -un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160- corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.


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Misiones tendrá un observatorio ambiental con registro de delitos

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observatorio ambiental

En una entrevista con La Voz de Misiones, el ministro de Ecología Martín Recaman confirmó que, próximamente, lanzarán un observatorio ambiental que reunirá información sobre la gestión del territorio y un registro de delitos contra el medioambiente que permitirá conocer la mortandad de la fauna y flora regional, el índice de muertes por atropellamiento y cacería, entre otras problemáticas relevadas en el último tiempo. 

El observatorio consistirá en una oficina con sede física dentro de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, ubicada en Ayacucho 1569 de la capital provincial, y contará con técnicos informáticos, ingenieros forestales y profesionales de distintas disciplinas para la construcción de datos.

“En principio será algo cerrado, pero la idea es que también tenga datos abiertos como para que esa información pueda servir a un montón de actores que trabajan en el territorio, asociaciones, fundaciones. Queremos que ellos también nos aporten datos”, afirmó el titular de Ecología.

Debido al difícil contexto económico que atraviesa el país, situación que no es ajena a la provincia, Recaman detalló que el lanzamiento estará sujeto a lo presupuestario y la recepción de recursos.

Sin embargo, reconoció que “estamos cerca. Ya estamos en condiciones de comprar varios elementos para la infraestructura. Ha sido un año bastante difícil en lo económico y eso ha traído atrasos en las inversiones necesarias, pero es una herramienta fundamental porque permitirá planificar, tener claridad y tomar mejores decisiones”. 

Puede ser una imagen de 3 personas, césped, carretera y texto

El atropellamiento de animales es una de las grandes problemáticas de la provincia.

Cacería como problemática transfronteriza 

La cacería es uno de los flagelos más frecuentes en la provincia. Pese a su prohibición y control, sigue siendo una de las principales prácticas que atentan contra las especies de animales nativos, muchas de ellas en peligro de extinción. 

Para abordarla geográficamente, el funcionario describió a Misiones como una “península verde transfronteriza”, ubicada entre Paraguay y Brasil: “Nuestro vínculo más estrecho es con estos dos países, solamente nos une un 9% con la provincia de Corrientes y el resto es frontera con uno u otro país”.

Si bien en la frontera con Brasil existe un paso por tierra, entre Andresito y Bernardo de Irigoyen, el río Uruguay presenta la particularidad de contar con zonas por las que se puede transitar -a pie o en vehículos- por la baja altura del agua: “Eso hace a una cultura de paso y a que toda esta cuestión de frontera influya en el territorio”. 

Sobre esto, el ministro profundizó: “Misiones es el último reducto verde de la Selva Paranaense. Toda la región la visualiza como un atractivo, tanto desde el turismo, la cuestión paisajística, pero también es atractivo para los cazadores porque saben que en su biodiversidad conviven determinadas especies que se reconocen y están acá”. 

En ese sentido, enfatizó: “Esa es la complejidad de nuestro territorio y el abordaje de la caza. No puede ser un abordaje únicamente vinculado al guardaparque y sus áreas de trabajo, sino que también se debe diseñar una política vinculada a lo internacional y otra vinculada a lo nacional. Esa es la parte más compleja: alinear políticas para interactuar con otros países y provincias, y encontrar estrategias comunes para evitar el flagelo”.

La cacería es otro flagelo que afecta a la fauna misionera.

Actualmente, desde la cartera trabajan en conjunto con la Policía Ambiental y el Cuerpo de Guardaparques en el control de la caza, mediante capacitaciones, concientización sobre esta actividad ilegal y operativos a través de los que proceden a la destrucción de trampas que suelen encontrarse habitualmente en áreas protegidas.

Para finalizar, agregó: “Hay que trabajar algo que es fundamental porque puede generar cambios muy importantes y es el cambio cultural. Venimos hablando mucho de trabajar en un consenso ambiental; involucrar a la sociedad, la educación con los niños, la articulación con actores territoriales importantes, intendentes, municipios, provincias y países. En Brasil, la problemática de la caza y la pérdida de bosques nativos, que también tenemos, debe abordarse con una política internacional y eso es el Corredor Biológico Internacional que estamos proponiendo”.

El Corredor Biológico Internacional es un proyecto iniciado este año y apunta a “unificar una gestión ambiental” junto con Brasil y los municipios lindantes a Misiones, a fin de “establecer leyes y políticas en conjunto”.

A su vez, la cacería se divide en diferentes ramas, desde lo deportivo, el consumo personal y lo comercial: “Algunos van por el mercado de la carne en el rubro gastronómico, para determinados restaurantes. Otros desde el mercado de la salud buscan piezas dentales. Existe un amplio abanico”.

Próximamente, Ecología pondrá en marcha una campaña contra la caza en localidades como San Antonio, Andresito y la zona del Alto Uruguay, donde existe mayor vinculación a esta práctica.

Demoraron a dos jóvenes denunciados por cazar tucanes en El Soberbio


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Demoraron a dos jóvenes denunciados por cazar tucanes en El Soberbio

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A última hora de este lunes, la Dirección de Defensa del Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Ecología, junto a la Unidad Regional VIII de El Soberbio, procedieron a la demora de dos jóvenes denunciados por matar y exhibir tucanes a través de sus redes sociales. También secuestraron armas y otros elementos.

El accionar se dio luego de que vecinos de la comunidad alertaran sobre la viralización de una serie de fotografías de los acusados exhibiendo rifles junto a dos tucanes muertos, lo que rápidamente fue denunciado a través de un grupo vecinal de WhatsApp, donde advirtieron que no sería la primera vez que efectúan esta práctica ilegal.

Según fuentes policiales consultadas, uno de los acusados fue identificado como Alejandro S quien expuso una foto portando un rifle de aire comprimido con dos aves (tucanes) muertas, evidenciando haberlas cazado.

Tras las correspondientes averiguaciones, los efectivos policiales procedieron a la demora de Maximiliano P de 16 años y Agustín S de 28.

Además, secuestraron dos aires comprimidos marca Impa, varias municiones (balines), vainas servidas de calibre 38, 22mm, tres cabezas de tucán (dos especies pico verde y un Asarí Fajado), una mira, un cuchillo y una motocicleta marca Motomel Blitz 110cc.

La actuación fue realizada por infracción de la Ley 1279 que establece la protección, conservación, propagación, repoblación, población y aprovechamiento racional de la fauna presente dentro del territorio provincial.

 


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Vuelven a denunciar apeo ilegal dentro de la Reserva Biósfera Yabotí

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A través de un comunicado titulado “La destrucción continúa con la complicidad oficial”, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen alertó sobre la extracción ilegal de madera por parte de una empresa privada en el predio de la comunidad Yaboti Mirĩ, ubicada dentro de la Reserva Biósfera Yabotí en San Pedro.

En el documento, afirman que años atrás atravesaron por la misma situación ilegalmente “Con autorización del Ministerio de Ecología, pasando por alto todas las normas que debieran impedirlo”.

Respecto al último saqueo de especies nativas, el cacique Catalino Medina, relató: “Hace cuatro semanas, a dos kilómetros de donde está asentada la comunidad y 500 metros hacia adentro de nuestro territorio relevado, entró la empresa de Roberto Isidro a extraer madera. Entraron con motosierra y tractores y están cortando una gran cantidad de árboles nativos.

A esto, sumó: “Me molesta porque no me gusta que tiren árboles, se van a secar los arroyitos y esto afectará nuestra alimentación. No quiero escuchar movimientos y ruidos de motosierras. Los bichitos se van a ir muy lejos, afectarán las lluvias para regar la tierra y además los mismos obreros matan la fauna”. 

Rollos de madera extraídos de reserva Biósfera Yabotí

En el comunicado afirman que la comunidad cuenta con carpeta técnica tras ser relevada por Ley 26160 y que los reiterados hechos habrían ocurrido sin la debida consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que estarían “violando las leyes de protección ambiental nacionales y provinciales”.

“La industria forestal y la ambición no tienen límites. La selva Guaraní está sufriendo los más duros castigos para que empresarios como el señor Isidro se llenen los bolsillos, mientras que con los árboles caídos se intenta también tumbar a los dueños ancestrales de esos territorios: el Pueblo Mbya, que está de pie, para mala fortuna de estos señores del poder”, culminó la misiva.

Denuncia presentada por las comunidades Alecrin y Yaboti Mirí ante el Ministerio de Ecología

Antecedentes

Cabe recordar que en julio pasado, el Ministerio de Ecología estuvo en la mira de “cobros irregulares” tras imponer una multa valuada en 34 millones de pesos en concepto de “extracción y comercialización de maderas nativas” a la comunidad Miri Marangatú, ubicada en la Reserva de las 2.000 hectáreas de Puerto Iguazú, la cual, tras el reclamo de la comunidad y la intervención de Asuntos Guaraníes, fue suspendida a través de la disposición 107/24. 


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