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Ecología reconoce daño de empresas de cerámica en el arroyo Garuhapé

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Ecología reconoce daño de empresas de cerámica en el arroyo Garuhapé

Ambientalistas denuncian que imágenes aéreas revelan un daño irreversible en el suelo, ocasionado por la extracción de arcilla autorizada por el Ministerio de Industria. El ministro de Ecología dijo a LVM: “Hubo una pequeña intervención de monte nativo”. Se reunirán esta semana.

 

Un grupo de ambientalistas viene denunciando desde octubre del 2020 el daño ambiental causado por la industrias de la cerámica de la zona de Garuhapé, que extraen de forma indiscriminada recursos mineros del lecho del arroyo homónimo.

En este sentido, miembros del Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera reclamaron públicamente que el problema se profundizó durante la pandemia y el daño ambiental es grave en lo que se conoce como selva en galería, es decir, la biodiversidad que bordea los lechos fluviales.

Así lo confirman imágenes aéreas que revelan nuevas explotaciones de extracción de arcilla y arenisca que generan un cambio en la vida natural que habita en el arroyo, indicaron a La Voz de Misiones desde el movimiento.

Daño por leyes incumplidas

Según explicó el guardaparque Diego Ciarmiello a LVM, la Dirección de Minas y Geología, que depende del Ministerio de Industria, es la encargada de autorizar los planes de explotación de estos recursos.

Sin embargo, la ley provincial 105 de Ordenamiento Territorial protege la selva en galería, con lo cual “indudablemente hay una ilegalidad por parte del Ministerio de Industria, que no puede autorizar actividad minera en bordes de arroyos porque está prohibido por leyes provinciales y nacionales”, aseguró el guardaparque, miembro del Frente Kaapuera.

Asimismo, Ciarmiello sostuvo que “exigimos al gobierno que nos diga quiénes son los que están explotando esa zona, porque alguna gestión habrán hecho ante Minería para hacer el trabajo”, indicó.

La actividad minera en Misiones se rige por el Código Minero Nacional, que establece un registro de productores y uno de consultores ambientales, donde las empresas recurren para presentar sus planes de explotación: “Lo que le pedimos al gobierno es que nos dé información de si esto se hizo”, dijo el ecologista.

Además, la ley 105 le da la autoridad de aplicación al Ministerio de Ecología y a la vez establece para la categoría 2 -bordes de arroyo- la preservación del triple del ancho del cauce de agua, donde no se puede explotar.

“El Ministerio de Industria no puede autorizar explotación minera en un lugar que está protegido por ley, no tiene autoridad para hacerlo”, lanzó Ciarmiello y agregó: “En pandemia se devastó, recrudeció absolutamente durante todo este tiempo; las imágenes revelan explotaciones nuevas”.

“La gran pregunta es si existe una evaluación de impacto ambiental, que es muy compleja, no es una reunión de amigos”, cuestionó quien también es dirigente de ATE.

La respuesta de Ecología

Como autoridad responsable de la aplicación de la ley de Ordenamiento Territorial -que protege los arroyos y ríos de Misiones- el Ministerio de Ecología confirmó a La Voz de Misiones que “esta semana vamos a hacer una reunión con los ambientalistas”, dijo Mario Vialey, titular de la cartera.

El ministro contó que, tras las denuncias de finales del año pasado, un equipo de técnicos se hizo presente en el lugar, donde constató el daño ambiental provocado, aunque advirtieron que no es de gravedad: “Hubo una pequeña intervención de monte nativo”, reconoció el ex intendente de Apóstoles.

Sobre las medidas tomadas por su cartera, el funcionario aseguró que, en ese momento, “se les indicó que debían restaurar el daño. Esa parte nos toca”, y deslindó la habilitación de las canteras al Ministerio de Industria, donde hace menos de una semana asumió Nicolás Trevisán: “Ellos constatan hasta dónde se puede realizar la extracción”.

Por su parte, Ciarmiello planteó que “la ley establece que hay que recomponer el ambiente en su estado original”.

En el caso concreto del arroyo Garuhapé, el mayor daño se produjo sobre el suelo, con lo cual “queremos que nos digan cómo van a hacer, porque cumplir la ley sería que esa zona devastada vuelva a estar como estaba, eso es muy difícil de lograr”.

No obstante, “hay alternativas que se pueden evaluar como formas de compensación por el daño ambiental causado”, dijo el guardaparque y cerró: “Vamos por eso, no nos vamos a quedar con la denuncia”.

En tanto, Mario Vialey sostuvo que “quiero escuchar la problemática y tratar otros temas que preocupan al grupo”, aseguró y prometió que, de constatarse la ilegalidad, tomarán cartas en el asunto.

Selva Paranaense, en peligro

La porción de naturaleza que habría sufrido el daño pertenece a la ecorregión de selva paranaense, dentro del Bosque Atlántico interior, cuyo último 5% conserva Misiones en su totalidad.

Se trata de selva pura en buen estado de conservación donde habitan especies en peligro de extinción y que, por su condición de cauce fluvial, tiene una fauna asociada a la selva en galería.

A su vez, esas especies se relacionan con la selva alta y toda su diversidad, a la cual se le suma la que se desarrolla en los márgenes de agua, “y cuando les sacas la selva en galería, los matás”, contó Ciarmiello.

En el caso de Garuhapé, el impacto es sobre la selva pura porque la deformación del río modifica el cauce o forma piletones que atrapan a los peces y genera mortandad, entre otros daños al hábitat.


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Misiones tendrá un observatorio ambiental con registro de delitos

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observatorio ambiental

En una entrevista con La Voz de Misiones, el ministro de Ecología Martín Recaman confirmó que, próximamente, lanzarán un observatorio ambiental que reunirá información sobre la gestión del territorio y un registro de delitos contra el medioambiente que permitirá conocer la mortandad de la fauna y flora regional, el índice de muertes por atropellamiento y cacería, entre otras problemáticas relevadas en el último tiempo. 

El observatorio consistirá en una oficina con sede física dentro de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, ubicada en Ayacucho 1569 de la capital provincial, y contará con técnicos informáticos, ingenieros forestales y profesionales de distintas disciplinas para la construcción de datos.

“En principio será algo cerrado, pero la idea es que también tenga datos abiertos como para que esa información pueda servir a un montón de actores que trabajan en el territorio, asociaciones, fundaciones. Queremos que ellos también nos aporten datos”, afirmó el titular de Ecología.

Debido al difícil contexto económico que atraviesa el país, situación que no es ajena a la provincia, Recaman detalló que el lanzamiento estará sujeto a lo presupuestario y la recepción de recursos.

Sin embargo, reconoció que “estamos cerca. Ya estamos en condiciones de comprar varios elementos para la infraestructura. Ha sido un año bastante difícil en lo económico y eso ha traído atrasos en las inversiones necesarias, pero es una herramienta fundamental porque permitirá planificar, tener claridad y tomar mejores decisiones”. 

Puede ser una imagen de 3 personas, césped, carretera y texto

El atropellamiento de animales es una de las grandes problemáticas de la provincia.

Cacería como problemática transfronteriza 

La cacería es uno de los flagelos más frecuentes en la provincia. Pese a su prohibición y control, sigue siendo una de las principales prácticas que atentan contra las especies de animales nativos, muchas de ellas en peligro de extinción. 

Para abordarla geográficamente, el funcionario describió a Misiones como una “península verde transfronteriza”, ubicada entre Paraguay y Brasil: “Nuestro vínculo más estrecho es con estos dos países, solamente nos une un 9% con la provincia de Corrientes y el resto es frontera con uno u otro país”.

Si bien en la frontera con Brasil existe un paso por tierra, entre Andresito y Bernardo de Irigoyen, el río Uruguay presenta la particularidad de contar con zonas por las que se puede transitar -a pie o en vehículos- por la baja altura del agua: “Eso hace a una cultura de paso y a que toda esta cuestión de frontera influya en el territorio”. 

Sobre esto, el ministro profundizó: “Misiones es el último reducto verde de la Selva Paranaense. Toda la región la visualiza como un atractivo, tanto desde el turismo, la cuestión paisajística, pero también es atractivo para los cazadores porque saben que en su biodiversidad conviven determinadas especies que se reconocen y están acá”. 

En ese sentido, enfatizó: “Esa es la complejidad de nuestro territorio y el abordaje de la caza. No puede ser un abordaje únicamente vinculado al guardaparque y sus áreas de trabajo, sino que también se debe diseñar una política vinculada a lo internacional y otra vinculada a lo nacional. Esa es la parte más compleja: alinear políticas para interactuar con otros países y provincias, y encontrar estrategias comunes para evitar el flagelo”.

La cacería es otro flagelo que afecta a la fauna misionera.

Actualmente, desde la cartera trabajan en conjunto con la Policía Ambiental y el Cuerpo de Guardaparques en el control de la caza, mediante capacitaciones, concientización sobre esta actividad ilegal y operativos a través de los que proceden a la destrucción de trampas que suelen encontrarse habitualmente en áreas protegidas.

Para finalizar, agregó: “Hay que trabajar algo que es fundamental porque puede generar cambios muy importantes y es el cambio cultural. Venimos hablando mucho de trabajar en un consenso ambiental; involucrar a la sociedad, la educación con los niños, la articulación con actores territoriales importantes, intendentes, municipios, provincias y países. En Brasil, la problemática de la caza y la pérdida de bosques nativos, que también tenemos, debe abordarse con una política internacional y eso es el Corredor Biológico Internacional que estamos proponiendo”.

El Corredor Biológico Internacional es un proyecto iniciado este año y apunta a “unificar una gestión ambiental” junto con Brasil y los municipios lindantes a Misiones, a fin de “establecer leyes y políticas en conjunto”.

A su vez, la cacería se divide en diferentes ramas, desde lo deportivo, el consumo personal y lo comercial: “Algunos van por el mercado de la carne en el rubro gastronómico, para determinados restaurantes. Otros desde el mercado de la salud buscan piezas dentales. Existe un amplio abanico”.

Próximamente, Ecología pondrá en marcha una campaña contra la caza en localidades como San Antonio, Andresito y la zona del Alto Uruguay, donde existe mayor vinculación a esta práctica.

Demoraron a dos jóvenes denunciados por cazar tucanes en El Soberbio


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Demoraron a dos jóvenes denunciados por cazar tucanes en El Soberbio

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A última hora de este lunes, la Dirección de Defensa del Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Ecología, junto a la Unidad Regional VIII de El Soberbio, procedieron a la demora de dos jóvenes denunciados por matar y exhibir tucanes a través de sus redes sociales. También secuestraron armas y otros elementos.

El accionar se dio luego de que vecinos de la comunidad alertaran sobre la viralización de una serie de fotografías de los acusados exhibiendo rifles junto a dos tucanes muertos, lo que rápidamente fue denunciado a través de un grupo vecinal de WhatsApp, donde advirtieron que no sería la primera vez que efectúan esta práctica ilegal.

Según fuentes policiales consultadas, uno de los acusados fue identificado como Alejandro S quien expuso una foto portando un rifle de aire comprimido con dos aves (tucanes) muertas, evidenciando haberlas cazado.

Tras las correspondientes averiguaciones, los efectivos policiales procedieron a la demora de Maximiliano P de 16 años y Agustín S de 28.

Además, secuestraron dos aires comprimidos marca Impa, varias municiones (balines), vainas servidas de calibre 38, 22mm, tres cabezas de tucán (dos especies pico verde y un Asarí Fajado), una mira, un cuchillo y una motocicleta marca Motomel Blitz 110cc.

La actuación fue realizada por infracción de la Ley 1279 que establece la protección, conservación, propagación, repoblación, población y aprovechamiento racional de la fauna presente dentro del territorio provincial.

 


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Vuelven a denunciar apeo ilegal dentro de la Reserva Biósfera Yabotí

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A través de un comunicado titulado “La destrucción continúa con la complicidad oficial”, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen alertó sobre la extracción ilegal de madera por parte de una empresa privada en el predio de la comunidad Yaboti Mirĩ, ubicada dentro de la Reserva Biósfera Yabotí en San Pedro.

En el documento, afirman que años atrás atravesaron por la misma situación ilegalmente “Con autorización del Ministerio de Ecología, pasando por alto todas las normas que debieran impedirlo”.

Respecto al último saqueo de especies nativas, el cacique Catalino Medina, relató: “Hace cuatro semanas, a dos kilómetros de donde está asentada la comunidad y 500 metros hacia adentro de nuestro territorio relevado, entró la empresa de Roberto Isidro a extraer madera. Entraron con motosierra y tractores y están cortando una gran cantidad de árboles nativos.

A esto, sumó: “Me molesta porque no me gusta que tiren árboles, se van a secar los arroyitos y esto afectará nuestra alimentación. No quiero escuchar movimientos y ruidos de motosierras. Los bichitos se van a ir muy lejos, afectarán las lluvias para regar la tierra y además los mismos obreros matan la fauna”. 

Rollos de madera extraídos de reserva Biósfera Yabotí

En el comunicado afirman que la comunidad cuenta con carpeta técnica tras ser relevada por Ley 26160 y que los reiterados hechos habrían ocurrido sin la debida consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que estarían “violando las leyes de protección ambiental nacionales y provinciales”.

“La industria forestal y la ambición no tienen límites. La selva Guaraní está sufriendo los más duros castigos para que empresarios como el señor Isidro se llenen los bolsillos, mientras que con los árboles caídos se intenta también tumbar a los dueños ancestrales de esos territorios: el Pueblo Mbya, que está de pie, para mala fortuna de estos señores del poder”, culminó la misiva.

Denuncia presentada por las comunidades Alecrin y Yaboti Mirí ante el Ministerio de Ecología

Antecedentes

Cabe recordar que en julio pasado, el Ministerio de Ecología estuvo en la mira de “cobros irregulares” tras imponer una multa valuada en 34 millones de pesos en concepto de “extracción y comercialización de maderas nativas” a la comunidad Miri Marangatú, ubicada en la Reserva de las 2.000 hectáreas de Puerto Iguazú, la cual, tras el reclamo de la comunidad y la intervención de Asuntos Guaraníes, fue suspendida a través de la disposición 107/24. 


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