La Asociación Civil Orembaé presentó un recurso de amparo ambiental contra el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, encabezado por el ministro
Martín Recamán, para que la cartera informe sobre los trabajos de refulado llevados a cabo en los últimos meses de 2025 en la Isla del Medio, en el río Paraná.
La medida de la ONG surgió a partir de la viralización en redes de imágenes aéreas que mostraban la utilización de neumáticos en desuso como método de contención para el vertido de arena en la Isla, sumando a la falta de una respuesta formal por parte de la cartera ante el pedido de informe ambiental presentado el pasado 10 de diciembre sobre la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habilitaron la obra en el lugar.
“Nosotros no tenemos certeza de que esto sea así o no; por eso es que estamos pidiendo a Ecología que nos informe sobre los estudios de impacto ambiental que se deberían haber hecho para este trabajo”, sostuvo el apoderado de la asociación Orembaé,
Martín Ferroni, en conversación con
La Voz de Misiones sobre el posible daño ambiental en la Isla del Medio.
Pedido de informes
El abogado comentó a
LVM que la solicitud de informes a Ecología se concretó a principios de diciembre del año pasado. La cartera tenía 15 días para responder el planteo y, cumplido el plazo, la ONG procedió a requerir la información judicialmente.
"Ahí debería constar la cuestión de los materiales que se están usando, su origen, los responsables del proyecto y si en el estudio de impacto hay recomendaciones para la
mitigación de los impactos negativos, quiénes están monitoreando esos impactos y si se han hecho inspecciones de parte de Ecología respecto al cumplimiento del plan establecido”, detalló Ferroni.
En esa línea, el abogado explicó que en el derecho ambiental argentino rige el
principio precautorio. Este establece que la falta de certeza científica no es obstáculo para no actuar; por el contrario, ante la duda o la falta de información, se debe intervenir.
"Por eso rige el principio precautorio. Primero, porque tiene rango constitucional al haber sido sancionado tras la
Convención de Río 92; y por otro lado, porque también se establece en el
Acuerdo de Escazú, que es mucho más reciente e involucra a los países latinoamericanos y del Caribe. Allí se consagra
el acceso a la información pública ambiental como un derecho humano y, en base a eso, es que le estamos haciendo el planteo a Ecología", argumentó Ferroni en relación al amparo ambiental interpuesto contra la cartera provincial.
La presentación de la Asociación Orembaé se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas, a cargo del magistrado
.
En un comunicado de prensa, la ONG describió el riesgo “crítico” para el ecosistema hídrico que podría ocasionar la utilización de neumáticos en desuso, los cuales se habrían usado para la contención del refulado realizado por la
(EBY) en la Isla del Medio.
"Toxemia hídrica: la inmersión de caucho libera
el agua y afectan a la fauna del río", puntualizó la organización en primer lugar.
En segundo término, explicó el daño por los
causado por la "degradación del material, que genera partículas imposibles de remover que ingresan en la cadena alimentaria".
Además, como tercer punto, Orembaé afirmó que la utilización de neumáticos ocasionarían un
, debido a que "acumulados en los márgenes son criaderos potenciales de vectores de enfermedades como el dengue".
"La falta de transparencia del Ministerio de Ecología ante la evidencia de estas prácticas es alarmante. La justicia debe garantizar que el Estado
supuestamente
sobre el río Paraná", cierra el comunicado de la organización.