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El quiebre del banco Ueno, donde el Estado paraguayo tenía depositados salarios y recursos del sistema previsional, amenaza con llevarse puesto al gobierno del presidente Santiago Peña y su vice, Pedro Alliana, de prosperar los pedidos de juicio político a ambos ventilados este martes por la oposición y parte del oficialismo.
La jornada fue calificada como un “martes negro” para los más de 3 millones de ahorristas que vieron sus depósitos bloqueados, tras la intervención ordenada por el presidente del Banco Central (BCP), que se materializó desde la madrugada con el despliegue de 120 interventores en todas las sucursales de la entidad, acusada de presentar una “insuficiencia en su índice de solvencia”.
La noticia derivó en un aluvión de ahorristas en las sucursales de la entidad financiera y registró escenas de violencia en filiales como la de Ñemby, en el departamento Central, donde un hombre, que fue detenido, derribó por completo la fachada de blindex del local.
A la par, en el ámbito político se comenzó a hablar inmediatamente de la destitución de Peña y Aliana, y el senador Rafael Filizzola, en contacto con Radio Monumental, adelantó que “se está trabajando en un borrador de juicio político y conversando con todos los sectores para presentarlo eventualmente”.
“Hay muchísima gente afectada, el IPS (la previsional estatal) está afectado, pero millones de personas, porque este banco tiene millones de clientes”, señaló el parlamentario paraguayo.
La senadora de izquierda, Esperanza Martínez, habló de “robo” de dinero público, pero no solo apuntó a Peña y Alliana, sino también al presidente del IPS, Jorge Brítez, y al directorio del BCP.
Para que el juicio político avance, la oposición requiere de al menos 53 votos en la Cámara de Diputados antes de que el Senado tome la posta.
Peña y Alliana quedaron en el ojo de la tormenta, no solamente por la responsabilidad política que pudiera caberles como cabeza del gobierno, sino porque el primero se desempeño como miembro del directorio del holding Ueno hasta abril del año pasado, y el segundo figura como uno de los mayores deudores de la entidad, con cerca de U$S1.000.000.
Además, el titular del BCP, Carlos Carvallo, cuya destitución fue anunciada hace pocas horas por el gobierno, fue presidente del banco Ueno entre junio de 2021 y julio de 2023, antes de asumir como titular de la banca matriz, nombrado por Peña, en septiembre de 2023.
Según medios de Asunción, la destitución de Carvallo, junto a la detención de tres directivos del banco, se produjo por presión del ex presidente Cartes, padrino del gobierno que encabezan Peña y Alliana, quien apuntó a una barrida de todo el directorio del BCP “por haber mentido en sus informes al número uno del Ejecutivo”.
La maniobra de Cartes busca descomprimir la agitación política derivada del quiebre de una entidad que se vendía como la más moderna y solvente del mercado financiero guaraní, y a la que el Estado paraguayo le confió, prácticamente, todos sus recursos.
La situación remite a una crisis similar de 1995, bajo el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, cuando el IPS inyectó y convirtió depósitos públicos en capital de los bancos que estaban en problemas para intentar rescatarlos de una quiebra que, finalmente, se produjo y que dejó a miles de personas sin poder recuperar nunca sus ahorros.
En la crisis actual, el epicentro del escándalo de Ueno Bank gira, precisamente, en torno a unos U$S380 millones de fondos previsionales que quedaron atrapados tras el cierre de operaciones decretado por el BCP.