Benefician con arresto domiciliario a casi 1.000 presos de Buenos Aires
El fallo también establece que "deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo" por la pandemia.
El Tribunal de Casación bonaerense dispuso este miércoles ordenar el arresto domiciliario de todos los presos "en riesgo de contagio por coronavirus" alojados en las cárceles de la Provincia.
Según pudo averiguar Clarín, la medida alcanzaría a casi 800 procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas, con enfermedades pulmonares graves o madres que viven tras las rejas con hijos menores.
La resolución lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, pero -según expresa- fue consensuada con el resto de los jueces de casación de la Provincia.
Se trata de un hábeas corpus colectivo, presentado en principio por la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, pero que luego acompañaron sus colegas de los 17 departamentos judiciales que trabajan en Buenos Aires.
En el fallo, al que tuvo acceso este diario, se reconoce "la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención".
Y sostiene que "a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo".
El sistema penitenciario provincial tiene una superpoblación del 120%: cuenta con capacidad para alojar a 24 mil detenidos, pero en sus celdas se apiñan casi 52 mil personas.
Desde que comenzó la pandemia, las autoridades del Ministerio de Justicia aceleraron las medidas preventivas y dispusieron recursos sanitarios. El ingreso del coronavirus al otro lado de los muros sería una tragedia, coinciden los especialistas.
Por eso, hace tres semanas, los propios presos decidieron no recibir visitas. El contacto con familiares e íntimos está suspendido para el 90% de los reclusos.
Violini fue el juez que también ordenó al Ministerio que habilite el ingreso de teléfonos celulares para los internos. Se redactó un protocolo y desde el fin de semana pasado, los detenidos tienen permiso para hablar desde líneas autorizadas.
El comienzo de ese régimen coincidió con un caso de amenazas desde una celda. Lo denunció Carolina Píparo, la mujer que embarazada de ocho meses fue atacada por motochorros. Carlos Moreno -el presunto autor del disparo que mató a su bebé en ese asalto- fue quien le escribió desde su cuenta de facebook posteos amenazantes.
Carolina Píparo denunció amenazas del asesino de su hijo luego de que la Justicia autorizara el uso de celulares en las cárceles La nueva decisión de Violini recomienda, además, "que deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo".
Cuando termine la pandemia y la Argentina quede fuera de riesgo por coronavirus, este beneficio se revocará en forma automática.