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Condenaron al cirujano Aníbal Lotocki a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación
Debido a las “lesiones graves” que les provocó a cuatro de sus pacientes, el cirujano plástico misionero Aníbal Lotocki fue condenado ayer a cuatro años de prisión y a cinco de inhabilitación para ejercer la medicina.
Los jueces del Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró penalmente responsable por las lesiones que les provocó a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.
El tribunal entendió que la pena se ajusta a los delitos cometidos, luego de que la fiscalía pidiera 7 años y 9 meses de prisión y las querellas de las víctimas 9 años.
Además de la condena a cuatro años de prisión, a Lotocki se le fijó una inhabilitación de cinco años para ejercer la medicina y la Justicia rechazó el pedido de la fiscalía para inhabilitarlo de manera provisoria hasta que quede firme la sentencia.
Como toda persona sometida a juicio, Lotocki tuvo oportunidad de expresar sus últimas palabras antes de conocer la decisión de los jueces, y dijo que había cumplido con todas las normativas y con lo que le permitía la práctica médica. Además, afirmó que durante el juicio “le habían faltado el respeto”.
En el juicio también se ventiló un reporte del Ministerio de Salud, en el que se señaló que Lotocki “no posee título de especialista en Cirugía General ni tampoco la especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora registradas ante esta cartera sanitaria”.
El cirujano, tas conocerse el fallo, aseguró en su redes sociales que la condena “es injusta” ya que “el producto que utilicé en esas cuatro pacientes esta autorizado por las autoridades sanitarias”.
Y refirió que las pericias “dicen que las enfermedades que padecen las denunciantes no tienen nexo causal con el procedimiento que les apliqué”, al tiempo que adelantó que apelará el fallo al Tribunal de Casación.
“El juez no hizo lugar al pedido de inhabilitación y la condena no esta firme, así que seguiré trabajando como siempre lo hice”, destacó Lotocki.
Lesiones graves
Según el fallo de la Justicia, “el cirujano de los famosos” Aníbal Lotocki causó lesiones en el cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.
Este material les produjo tumoraciones a estas mujeres, que se sometieron a una intervención en sus glúteos, pelvis y muslos, e inflamaciones crónicas, al punto que una de ellas, Pamela Sosa, confesó durante el juicio que la intervención le cambió la vida “por completo”.
De acuerdo a la acusación, el cirujano le causó lesiones en el cuerpo y en la salud a Sosa debido a la intervención médica que le practicó en noviembre de 2008 dentro de la clínica Full Esthetic.
“Aníbal Lotocki es un médico que ha sido violento con sus pacientes: en el marco de la confianza que estableció con las cuatro víctimas, las usó para sus propósitos personales y les estropeó la salud”, dijo durante su alegato el fiscal Sandro Abraldes.
En abril del año pasado, el cirujano fue demorado y luego liberado por “homicidio culposo” tras la muerte de un hombre de 50 años que se había operado en su consultorio, en el barrio de Caballito, dando lugar a una investigación que aún continúa paralela a este debate oral.
Por el juicio de las cuatro mujeres pasaron un número importante de testigos que dieron cuenta del padecimiento que sufrieron luego de que Lotocki les inyectara el metacrilato, y también la junta médica que evaluó los procedimientos del médico esteticista.
Al momento de dictar sentencia, el juez Carlos Rengel Mirat tuvo en cuenta que las consecuencias para las cuatro víctimas serán “irreversibles y progresivas”, y que dañaron la vida de las denunciantes, quienes tuvieron trastornos de todo tipo a raíz de las intervenciones.
“No atendía las más mínimas reglas de la práctica profesional: atendía en lugares sin habilitación, con productos que no podía usar, e incluso quiso hacer responsable a sus pacientes por las consecuencias nocivas de su propio accionar delictivo”, se explayó el fiscal al momento de solicitar la pena.
En el caso de Gabriela Trenchi, por ejemplo, la paciente había pactado una cirugía en la que le colocarían hilos tensores en los glúteos, además de una pequeña lipoaspiración en la zona, extrayéndole grasa para mezclarla con plasma de su sangre y volverla a inyectar para dar volumen. Pero el médico le colocó un producto de relleno que contenía “microesferas de polimetil metacrilato (PMMA)”, en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las recomendadas.
A raíz de ello, la mujer padeció la alteración del tejido celular de los glúteos mayores y los músculos de los muslos y piernas, “caracterizada por la aparición de granulomas o farmacomas, de difícil resolución quirúrgica”, según la acusación.
Luego de la operación, la mujer sufrió malestares y serios inconvenientes para movilizarse, por lo que debió ser internada el 17 de agosto de 2015 en el Sanatorio Los Arcos con un diagnóstico de “hipocalcemia sintomática, que evolucionó con parestesias generalizadas, trastorno deglutorio, cuadriparesia, paresia facial severa e insuficiencia respiratoria, que obligó a su traslado a terapia intensiva”.
El 28 de agosto Trenchi debió ser sometida a una traqueotomía y presentó neumonía, queratitis, úlcera y abscesos de córnea bilateral y recién el 25 de septiembre pudo comenzar su rehabilitación, que continúa bajo la modalidad ambulatoria.
Por otra parte, a Silvina Luna, que fue intervenida en octubre y noviembre de 2011, también se le colocaron microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) que le provocaron alteraciones anatómicas en glúteos y muslos, lo que fue advertido y documentado por otro médico en junio de 2013.
Durante la investigación, la Fiscalía solicitó informes a la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, a la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora y a la Sociedad Médica Argentina, obteniendo como respuesta que Aníbal Lotocki no estaba registrado ni como miembro ni como socio.
Mientras la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad del Ministerio de Salud comunicó que en Argentina no se reconoce la cirugía cosmética como especialidad, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que el metacrill está indicado para tratamiento específico de arrugas frontales, contorno y relleno de labios, dorso de manos, contorno facial, surco nasogeneano, dorso y punta de nariz, y que se debe comercializar bajo prescripción, ya que los implantes sólo resultan seguros si los hace un profesional habilitado para utilizarlo.
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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso
Los casos de abuso sexual seguidos de asesinato de las niñas Milagro Ayelén Prestes (10) en Colonia Aurora y de Fabiana Sirino (8) en 25 de Mayo, ocurrido recientemente, han conmocionado a la sociedad misionera y sobre todo a los habitantes de la zona del Alto Uruguay, donde un vecino ahora busca impulsar a través de los ediles de su ciudad un Registro Municipal de Condenados por Violencia Sexual.
“Esta gente tiene carta blanca para seguir a las niñas, violarlas y matarlas, cómo nosotros no vamos a poder tener un registro de ellos”, se planteó Walter Kesterke, vecino de El Soberbio, en diálogo con La Voz de Misiones.
El cruento femicidio de Fabiana Sirino, la niña que murió a causa de 13 puñaladas luego de ser abusada sexualmente el último fin de semana, caso que tienen como único sospechoso a Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34), conmocionó a Kesterke y lo motivó a armar un prototipo de proyecto para crear un listado de los ex convictos que fueron condenados por el delito de abuso sexual y que, al recuperar su libertad, residan en la localidad.
La iniciativa además motivada en virtud de que, según trascendidos entre los vecinos de las localidades del Alto Uruguay, el detenido por el crimen de Sirino tenía antecedentes por delitos sexuales, igual que Daniel Alberto Nacimiento (62), quien permanece detenido con prisión preventiva por el femicidio de Prestes.
“Yo creo que algo hay que hacer. Esto está pasando, esa gente que violó tenía antecedentes”, argumentó el vecino y ahondó: “Hablo de los que fueron condenados, que cumplieron su condena y que cuando recuperan la libertad vienen y se instalan en pueblitos como El Soberbio”.
Prevención
Durante la conversación con LVM, Kesterke reconoció que si bien las personas que cumplieron una condena están amparadas judicialmente para reinsertarse socialmente, los habitantes de las ciudades en las que decidan asentarse para “comenzar de nuevo” también tienen el derecho de saber quiénes son los que “vienen de afuera” y si han cometido un delito como abuso sexual, ya que “en mi opinión personal, el violador de niñas, niños, o de mujeres, no tiene solución, es triste, pero real”.
“Esto nos toca tan cerca, porque son gente que vinieron de otro lado, se instalaron y terminaron violando”, añadió el vecino, interpelado por la problemática que se cobró la vida de dos niñas en 2024 y por la cual busca que se implementen mecanismos de prevención para cuidar “a nuestras gurisadas”.
“La idea es que algún concejal se haga eco del proyecto que armé o impulsarlo con los vecinos, que no tengan paz los violadores. Porque la verdad que acá en el Alto Uruguay ya son dos las niñas víctimas de estos tipos, por no tener un tipo de registro o algo para prevenir estos casos”, precisó.
Y por último, añadió: “Entiendo que pagaron su condena y salieron, que la Justicia actuó y capaz hay muchos que quieren cambiar su vida. Todo bien, pero que sepamos quiénes son, porque si ellos tienen carta blanca para seguir a nuestras gurisadas, cómo es posible que nosotros no podamos seguirle los pasos a ellos, qué hacen, si están alrededor de una institución pública, una escuela, un jardín de infantes, es algo casi lógico diría”.
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Posadas reunió a universitarios de toda la región en defensa de la educación
Hoy desde las 17, docentes, no docentes, graduados, estudiantes y jubilados provenientes de las distintas sedes de universidades públicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, partieron del Mástil de avenida Mitre hacia la Plaza 9 de Julio de la capital provincial para reclamar mejoras salariales y presupuestarias en una tercera marcha en defensa de la educación pública.
Pese a que en esta oportunidad la columna albergó una menor cantidad de manifestantes, en comparación a la primera y segunda marcha desarrolladas los días 23 de abril y el 2 de octubre del corriente año, referentes universitarios y gremiales volvieron a visibilizar un reclamo nacional apuntando a los legisladores que votaron a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Vamos a pedir a nuestros legisladores nacionales, a nuestros legisladores de la región y a nuestros diputados nacionales de la provincia de Misiones, que a la hora de votar el presupuesto 2025 tengan en cuenta las necesidades de las universidades nacionales”, afirmó un docente frente a los presentes.
Voces en defensa de la educación
El reclamo no se limita solamente a mejoras salariales para docentes y no docentes, sino a los fondos que son destinados al regular funcionamiento de becas de estudio, insumos académicos, comedores, albergues, servicios básicos y mantenimiento de infraestructura edilicia que, de no tomarse las medidas pertinentes, podrían ser afectados durante el próximo año.
Por su parte, el docente e integrante de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, Hernán Cazzaniga, resaltó: “El camino es el de la unidad que nos permitió avanzar en el proceso de instalar la cuestión educativa en general, de todos los sectores de la educación, particularmente de la universidad pública, que está siendo atacada a través del estrangulamiento financiero”.
En ese sentido, enfatizó: “Ratificamos desde las organizaciones sindicales, junto con los movimientos sociales, las federaciones sindicales del país, el movimiento estudiantil, este camino de la unidad para continuar construyendo los pasos necesarios de articulación para dar la gran lucha política que es la lucha por cambiar este modelo de país que no incluye a los compañeros tareferos y otros sectores de la economía argentina, y mucho menos a los sectores de la ciencia y la educación que han sido duramente golpeados”.
Por su parte, distintos gremios como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron comunicados reivindicando la “importancia de sostener la universidad pública, gratuita y de calidad como única vía para lograr el ascenso social en la provincia, la región y el país“.
De la marcha participaron referentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Universidad Nacional de Formosa (UNF), Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y la Universidad Tecnológica Nacional (Utn).
Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad
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Posadas se sumará a la marcha nacional de la marihuana este viernes en El Brete
El viernes 15 de noviembre, desde las 18, usuarios del cannabis medicinal se darán cita en el anfiteatro El Brete de Posadas para visibilizar las problemáticas que afectan al sector y proponer soluciones a nivel provincial, en el marco de la decimoquinta Marcha Nacional de la Marihuana.
En nuestra provincia, la convocatoria es impulsada por la Mesa Cannábica Misiones, conformada por pacientes, cultivadores, emprendedores y representantes del sector público y privado en respuesta a las limitaciones y restricciones que está teniendo el cannabis, tanto medicinal como el cáñamo industrial, a raíz de las nuevas medidas y restricciones nacionales.
Las dificultades que atraviesan los usuarios se centran principalmente en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann), destinado a regular el uso de principios activos derivados de la planta con fines terapéuticos. En ese sentido, aseguran que algunos pacientes inscriptos en el Reprocann, que ya iniciaron tratamientos, no están pudiendo renovar la licencia para poder seguir cultivando o recibiendo la medicina.
Por ese motivo, el viernes evaluarán la posibiliad de presentar un amparo colectivo, para quienes lleven más de 90 dias esperando la autorización o la renovación del Reprocann.
A través de un comunicado, los organizadores dieron a conocer los cuatro ejes principales de la convocatoria: libertad, salud, paz y trabajo. Al respecto, enfatizaron que “frente a un gobierno que se apropia de la palabra ‘Libertad’, venimos a exigir su verdadero significado: la libertad de vivir sin persecución ni criminalización”.
Y añadieron: “¡No más presos por marihuana!. Luchamos por la liberación de todas las personas injustamente detenidas por cultivar o usar cannabis y otras sustancias, víctimas de políticas que castigan derechos individuales. Exigimos el respeto al Artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sin interferencia del Estado en lo que no afecta a terceros”.
Principales ejes
En cuanto a la salud, aseguraron que “el uso de sustancias psicoactivas y los tratamientos terapéuticos con cannabis deben abordarse desde una perspectiva sanitaria, no criminal. La prohibición ha limitado el acceso a tratamientos y frenado la investigación sobre sus beneficios. Desde nuestro movimiento, promovemos saberes y prácticas que cuidan la salud de nuestro pueblo, desde la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos”.
Por ese motivo, también instan a marchar por la paz, en oposición a todo tipo de violencia y en rechazo a la “Guerra contra las Drogas”. Finalmente, hicieron hincapié en la generación de empleo del sector, tanto en salud como en ciencia, comercio, turismo, agricultura y cosmética, entre otros rubros afines.
“A pesar de la informalidad, falta de reconocimiento y trabas burocráticas, nuestra cultura y movimiento tienen un enorme potencial para el desarrollo económico y la generación de trabajo para nuestro pueblo”, concluyó la misiva.
Antecedentes
En agosto pasado, a nivel nacional se emitió una resolución ministerial que modificó el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann). A su vez, varios usuarios mostraron descontento ante la demora de la cartera de Salud de la Nación al otorgar la renovación del carnet.
En ese marco, el apostoleño Juan Potocki sugirió que Misiones implemente un certificado provincial propio con el objetivo de que los pacientes eviten conflictos legales y puedan continuar con sus diversos tratamientos médicos.
Por su parte, el Ministerio del Agro de Misiones convocó a referentes del sector para trabajar en un proyecto que garantice el acceso al cannabis medicinal y promueva el industrial, aunque no registra avances significativos hasta el momento.
Usuario de cannabis medicinal propone que Misiones tenga su propio Reprocann
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