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Incalificable: los libros que enseñan “cómo matar un chorro y no ir en cana”
Escritos por un abogado e instructor de tiro, los volúmenes se convirtieron en un clásico de consumo irónico de Tribunales. “Ja, ja, ja. ¿En serio los tenés? Me estás jodiendo”, dice un poco incómodo un habitué de Tribunales sobre los últimos libros del abogado e instructor de tiro Marcelo Eduardo Soriano.
Su fama los precede: los libros son una cosa un poco shockeante para quienes visitan los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 en Retiro donde se encuentran los juzgados en lo penal económico, justo detrás de los tribunales de Comodoro Py. Están exhibidos uno al lado del otro en la vitrina del kiosko de revistas al pie de las escalinatas del palacio de justicia con sus tapas incendiarias, la pesadilla jurídica para cualquier garantista. La gente les saca fotos, algunos se indignan, otros se ríen como si fuese un chiste. No es para menos con títulos con escaso margen para la imaginación: Cómo Matar un Chorro, Cómo Matar Un Chorro Recargado y Doctrina de Seguridad – La Solución Final”.
No son un bestseller, tampoco se consiguen por doquier. Ninguna librería los presenta en sus catálogos online, ni siquiera están en los mayores portales de ventas online y subastas entre usuarios. El kiosko de Inmigrantes parece ser el único lugar que los ofrece. “No se venden mucho”, dice el joven que atiende allí, “la gente pasa, les saca fotos, pero tanto no los compran”. Los libros parecen autoeditados por el autor. Se menciona a “Dpto. Editorial” en sus tapas como el supuesto sello encargado de sacarlos a la calle, pero no hay ninguna casa registrada en sus fichas técnicas de ISBN de la Cámara Argentina del Libro: el sello editor según las fichas es Soriano mismo. Cuestan, en el kiosko, entre 500 y 400 pesos.
El abogado es un autor prolífico, escribió un total de catorce libros en los últimos 25 años, la gran mayoría dedicados a la capacitación de agentes y efectivos de seguridad tanto pública como privada, títulos poco llamativos. Estos últimos tres, editados entre 2016 y 2017, montados a la agenda de los tiempos entre la figura de la legítima defensa y la justicia por mano propia, fueron su despegue de fama, por así decirlo.
Los títulos sobre liquidar delincuentes y zafar de una condena están acompañados de diseños de tapa algo crudos con balas y manchas de sangre. Doctrina de Seguridad – La Solución Final, publicado el año pasado, va más allá de su alusión voluntaria o no a la decisión de la Alemania nazi de 1942 para avanzar definitivamente con el exterminio sistemático de judíos: la tapa está decorada con dos relámpagos curiosamente similares al logotipo de las runas de la SS, las Schutzstaffel del Tercer Reich.
Soriano tuvo un poco de exposición cuando salió su primer libro sobre asesinar delincuentes en 2016 luego de que el abogado hiciera algunos volantes para publicitarlo con frases como “a partir de ahora serán ellos”.
El abogado dice que el impacto sirve, que tiene un propósito. “Las tapas son adrede”, “Los títulos tienen que ser llamativos para el lector que no está habituado a leer libros de derecho. Traté de hacerlo entretenido para que el lego lo entienda y no se aburra, está lo doctrinario, está la jurisprudencia”. “No hay una apología del delito”, continúa. “No digo nada que no se deba hacer. Explico la correcta forma de actuar en una situación en donde se pueda encontrar en riesgo su integridad física y su patrimonio”, explica el abogado.
El aparente exceso de justicia por mano propia, matar a un delincuente y ser absuelto es un tema cíclico para la Argentina. El carnicero Daniel Oyarzún fue absuelto ayer por un jurado en Zárate tras atropellar y quitarle la vida a un delincuente que le había robado en septiembre de 2016: el médico Lino Villar Cataldo también enfrentará a un juicio por jurados por balear a un ladrón frente a su casa en San Martín.
“El caso del carnicero te lo simplifico así: el hombre estaba protegido por el Código Civil para recuperar lo que le robaron. Si tocó al delincuente con el vehículo equivale a un accidente de tránsito. No incurre en exceso de legítima defensa”, analiza Soriano: “Para que ocurra en exceso de legítima defensa debe ocurrir en el preciso instante del hecho, habiendo reducido ya al delincuente”.
Así, el libro perduró en el tiempo con su versión recargada, se convirtió en una suerte de clásico irónico para algunos, un texto jurídico aparentemente freak, una cosa preocupante para otros, en la vitrina de los tribunales de Inmigrantes. Pero nadie, al menos desde el periodismo, se tomó el trabajo de leerlos a ver qué dicen más allá del shock del título.
No son una colección de trucos sucios tribunalicios, cómo arreglar con un juez o conseguirse un buen abogado defensor. Para empezar, Soriano cita la ley: la Constitución bonaerense, el Código Civil y Comercial nacional, el Código Penal, las diferentes clases de error e ignorancia de hecho no imputables. Explica, por ejemplo, el inciso sexto del artículo 34 del Código Penal. “El primer elemento a considerar es que se debe ser víctima de una agresión ilegítima”, establece, con situaciones prototípicas y jurisprudencia citada.
El capítulo “Consejos” parte con el delincuente ya con una bala en el cuerpo y un plan de cinco pasos. “No cometa el gravísimo error de efectuarles uno o varios disparos mientras escapan y les ofrecen como blanco sus espaldas”, apunta Soriano sobre posibles “cacos”, como los llama él, ya en fuga. Si disparan al aire “permanezca dentro del inmueble y no responda con su arma.” Con un delincuente moribundo o herido, el abogado aconseja llamar a un servicio de emergencias médicas como el SAME, hasta da un guión prolijo para anoticiar al 911. Con “caco fallecido”, un término de lunfardo policial que emplea con cierta soltura, aconseja lo mismo, reiterando el llamado cada cinco minutos.
Si no hay arma del delincuente en la escena del crimen, si sus cómplices la recuperaron, el tirador debe conseguir testigos para validar su versión. Si hay arma, fotografiarla con el teléfono. Hasta aconseja cómo redactar para un acta y firmarla, interponer un pedido de eximición de prisión, las preguntas previsibles en una declaración indagatoria, el derecho de negarse a declarar, las posibilidades al finalizar la declaración, una suerte de coaching para un momento crítico para un imputado.
El capítulo “Falta de Provocación” traza una línea elemental: “No puede considerarse víctima de agresión ilegítima quien la haya provocado para luego victimizarse.” Es decir, empezarla no vale.
Soriano también establece la necesidad de ser un legítimo usuario de armas registrado ante el ANMAC, el ex RENAR: da detalles sobre el registro, tenencia y transportes de arma de fuego. La versión recargada del libro se centra en técnicas de tiro y defensa personal.
Soriano no dejó entrever del todo su programa sociopolítico en sus libros sobre cómo matar un delincuente, o cualquier persona para ese caso. Hay algunas ideas sobre control del delito y sociedad, no muchas.
Lo realmente tajante llega en 2017 con Doctrina de Seguridad – La Solución Final, con sus posibles relámpagos de la SS en la portada.
Soriano justificó el título inflamatorio en la introducción al decir que “la mejor forma de publicitar” es “aprovechándonos de la idiocia que padecen algunos periodistas” y que la portada le traería “comentarios descalificantes” y “alguna denuncia por cualquier causa rídicula e infundada” de parte de “algún afiebrado”. También cree que será criticado sin que nadie lo lea, nomás por la portada.
“Los relámpagos son los del logotipo de Kiss”, dice a Infobae. “Como buen viejo rockero que soy, los usé. Recordemos que Gene Simmons es israelí”, se ataja. Los colores rojo, blanco y negro, típicos de la iconografía del Tercer Reich, asegura, “son los del glorioso Club Atlético River Plate”.
El abogado se toma algunas páginas para intentar definiciones de seguridad y castigo desde la metafísica hindú o la psicología, también algo de Michel Foucault tras criticar fuertemente a Patricia Bullrich -Soriano no entiende cómo siempre “cae parada” mientras recuerda su pasado en Montoneros.-
Pero lo realmente fuerte llega en la página 65, el capítulo “Eje Social”, donde habla del “estado de bienestar magnificado” de la era kirchhnerista y de los más de 2 mil extranjeros detenidos en penales federales a fines de 2016. El abogado considera la inmigración ilegal “desmedida” y les pide a los tres poderes del Estado que aplique “tolerancia cero” y “mano dura”, se desilusiona al decir que Cambiemos realizaría “operativos destinados a legalizar y documentar a extranjeros ilegales”.
Eso es algo liviano en comparación con lo que sigue. Soriano propone que la educación pública “debe dejar de ser gratuita” para extranjeros “sea cual fuere, que si quieren estudiar dentro del sistema público “deberán abonar matrícula, reserva de vacante, mensualidades y derecho a exámenes y recuperatorios”.
Lo mismo para la salud pública: “No podrá ingresar al país un extranjero que no tenga contratado previamente un seguro de salud”, dice el abogado.
Si se atiende en un hospital público la tarifa será diferenciada, la misma que en un centro privado de medicina. Tampoco tendrá un permiso de residencia aquel inmigrante que “no demuestre” capacidad económica para “adquirir una vivienda o asumir el pago por alquiler”. Si quieren desarrollar una actividad económica podrán contratar “únicamente” mano de obra argentina.
Las villas porteñas son un particular problema para el abogado: “Cualquier extranjero que usurpe el espacio público… deberá ser sometido a proceso, encarcelado y, como seguramente no cuenta con recursos suficientes para asumir el pago de costas y costos, deberá ser expulsado de manera inmediata, con prohibición permanente de volver al país”. Si vuelve a cruzar la frontera sin papeles, Soriano propone “condena no menor a diez años”. A la primera condena por un delito penal, propone el abogado, el inmigrante deberá también ser expulsado con todos sus bienes subastados para cubrir el proceso legal.
Para las travestis de origen extranjero que se prostituyan, expulsión inmediata también. “No tenemos ninguna duda respecto a que éstos no son los ‘hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino'”, escribe Soriano recordando el Preámbulo de la Constitución. El autor cita más tarde al Leviatán de Hobbes: “De la igualdad procede la desconfianza”.
El problema dejan de ser los extranjeros poco después. El capítulo “Chicos de la Calle” propone que los menores en situación de calle “serán devueltos a sus hogares por única vez bajo advertencia de ser incluidos en un sistema de internado con régimen de academia militar hasta la mayoría de edad para el caso de nueva fuga”.
Las mujeres que cobran la Asignación Universal por Hijo se llevan quizás la peor parte: la que tenga dos o más hijos “para continuar percibiendo dichos planes deberá someterse a una ligadura de trompas”.
Hay también un nuevo libro con fecha de registro de junio de 2018 de acuerdo a la Cámara Argentina del Libro, que no estaba disponible esta semana en el kiosko de los tribunales de Inmigrantes, otra remake hecha aparentemente a medida para la era de la doctrina Chocobar: Cómo Matar un Chorro y no ir en Cana Siendo Policía.
El abogado considera “encomiable” la vocación de servicio del policía. Sin embargo, no lo defiende. “Va a recibir una condena”, asegura: “Se le salió la cadena y empezó a los tiros”.
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La empresa Etce pidió aumentar el boleto con Sube a $1.500 en Eldorado
La empresa Etce, concesionaria del servicio de transporte urbano de la ciudad de Eldorado, solicitó a los ediles un aumento en las tarifas de un 100%, que elevarían el costo del boleto con la Sube a $1.500, a $1.800 en efectivo y a $900 el pasaje escolar.
En una nota formal que ingresó al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la localidad el 14 de noviembre, la compañía argumentó el pedido principalmente en la eliminación del Fondo Compensador del Interior a principio del año por parte del gobierno nacional, subsidio que recibían las prestadoras del servicio en el interior país y que a raíz de la medida generó “una crisis en el sector del transporte público de pasajeros”.
“Esta quita fue catastrófica para todas y cada una de las empresas de transporte de pasajeros por automotor del interior del país en tanto y en cuanto con la recepción de los mismos podíamos hacer frente a algunos de los tantos y elevados costos de explotación, el daño causado a la economía de la empresa resulta incalculable en tanto y en cuanto a la mencionada quita debemos sumarles los efectos desbastadores que causo el proceso inflacionario algo también analizado en profundidad en su oportunidad”, sostuvieron desde la empresa Etce.
Otro de los puntos que abordaron en la solicitud al HCD, fue que durante los primeros meses del año se aumentaron las tarifas del boleto, pero que este incremento no cubría “para nada el total los costos de explotación”.
Además, advirtieron que Etce no cuenta con los fondos para abonar los haberes de los trabajadores correspondientes al mes de octubre y que cuyo plazo para depositarles venció el 6 de noviembre: “Lo cual habilito al personal a ejecutar medidas de acción directa con lo cual la ciudad quedaría sin servicio por causas no imputables a la empresa”.
Debate en comisión
La solicitud de la empresa fue debatida entre los concejales de Eldorado en la Comisión de Tránsito y Trasporte.
Allí, los funcionarios locales elaboraron un dictamen rechazando el pedido de aumento en las tarifas de colectivo que será sometido a votación en la sesión ordinaria del próximo miércoles.
“Teniendo en cuenta el pésimo servicio y las quejas recurrentes de los vecinos de la ciudad es que, desde el Concejo Deliberante, decimos rechazar el pedido”, adelantó el edil Sebastián Tiozzo, del Partido Agrario y Social (Pays), en un video que difundió a través de sus redes.
En ese mismo audiovisual, el edil también contó que desde el HCD solicitaron al Ejecutivo municipal, es decir, al intendente Rodrigo “Pipo” Duran, que “cumpla su rol de controlador de la empresa de servicio de transporte urbano de la ciudad”.
Y por último añadió: “Recordemos que la Municipalidad es el único que tiene la facultad y la obligación de controlar, fiscalizar y sancionar si corresponde todo lo que tenga que ver con el servicio de colectivo de la ciudad”.
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Aumentan peajes sobre ruta 12 y la tarifa mínima será $1300 desde el domingo
El gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), oficializó nuevos aumentos en los peajes de rutas nacionales y autopistas, cuyas tarifas comenzarán a regir a partir de este fin de semana.
En las estaciones misioneras de Santa Ana y Colonia Victoria, los precios oscilarán entre $1300 para los coches y $4700 en el caso de los camiones de mayor porte.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial en tres resoluciones firmadas por Marcelo Campoy, titular de la dirección que depende del Ministerio de Economía.
Los demás aumentos alcanzarán Panamericana, el Acceso Oeste, el Corredor Vial Nacional N° 18 y del Corredor Vial Nacional – Tramos I a X cuyos montos oscilarán entre $337,60 a $6000 dependiendo la zona y la categoría del vehículo.
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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso
Los casos de abuso sexual seguidos de asesinato de las niñas Milagro Ayelén Prestes (10) en Colonia Aurora y de Fabiana Sirino (8) en 25 de Mayo, ocurrido recientemente, han conmocionado a la sociedad misionera y sobre todo a los habitantes de la zona del Alto Uruguay, donde un vecino ahora busca impulsar a través de los ediles de su ciudad un Registro Municipal de Condenados por Violencia Sexual.
“Esta gente tiene carta blanca para seguir a las niñas, violarlas y matarlas, cómo nosotros no vamos a poder tener un registro de ellos”, se planteó Walter Kesterke, vecino de El Soberbio, en diálogo con La Voz de Misiones.
El cruento femicidio de Fabiana Sirino, la niña que murió a causa de 13 puñaladas luego de ser abusada sexualmente el último fin de semana, caso que tienen como único sospechoso a Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34), conmocionó a Kesterke y lo motivó a armar un prototipo de proyecto para crear un listado de los ex convictos que fueron condenados por el delito de abuso sexual y que, al recuperar su libertad, residan en la localidad.
La iniciativa además motivada en virtud de que, según trascendidos entre los vecinos de las localidades del Alto Uruguay, el detenido por el crimen de Sirino tenía antecedentes por delitos sexuales, igual que Daniel Alberto Nacimiento (62), quien permanece detenido con prisión preventiva por el femicidio de Prestes.
“Yo creo que algo hay que hacer. Esto está pasando, esa gente que violó tenía antecedentes”, argumentó el vecino y ahondó: “Hablo de los que fueron condenados, que cumplieron su condena y que cuando recuperan la libertad vienen y se instalan en pueblitos como El Soberbio”.
Prevención
Durante la conversación con LVM, Kesterke reconoció que si bien las personas que cumplieron una condena están amparadas judicialmente para reinsertarse socialmente, los habitantes de las ciudades en las que decidan asentarse para “comenzar de nuevo” también tienen el derecho de saber quiénes son los que “vienen de afuera” y si han cometido un delito como abuso sexual, ya que “en mi opinión personal, el violador de niñas, niños, o de mujeres, no tiene solución, es triste, pero real”.
“Esto nos toca tan cerca, porque son gente que vinieron de otro lado, se instalaron y terminaron violando”, añadió el vecino, interpelado por la problemática que se cobró la vida de dos niñas en 2024 y por la cual busca que se implementen mecanismos de prevención para cuidar “a nuestras gurisadas”.
“La idea es que algún concejal se haga eco del proyecto que armé o impulsarlo con los vecinos, que no tengan paz los violadores. Porque la verdad que acá en el Alto Uruguay ya son dos las niñas víctimas de estos tipos, por no tener un tipo de registro o algo para prevenir estos casos”, precisó.
Y por último, añadió: “Entiendo que pagaron su condena y salieron, que la Justicia actuó y capaz hay muchos que quieren cambiar su vida. Todo bien, pero que sepamos quiénes son, porque si ellos tienen carta blanca para seguir a nuestras gurisadas, cómo es posible que nosotros no podamos seguirle los pasos a ellos, qué hacen, si están alrededor de una institución pública, una escuela, un jardín de infantes, es algo casi lógico diría”.
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