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Madres Víctimas de Trata: “Esto es terrorismo de Estado”

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La organización se encarga de rescatar, asistir y acompañar a victimas de trata sexual. Margarita Meira, su fundadora, cuenta cuáles son sus principales reclamos al Estado y cómo fue crear la asociación.

 

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata con el objetivo de visibilizar que el tráfico de personas es un delito y una grave violación de los derechos humanos. En Argentina, hace 30 años se fundó una organización que a pulmón se encarga de rescatar, asistir y acompañar a víctimas de trata sexual.

Grupos de madres, abogados y voluntarios se reunieron en el dolor y, bajo el liderazgo de Margarita Meira, se conformó Madres Víctimas de Trata.

“Somos como el Estado porque el Estado está ausente”, aseguró Margarita Meira, fundadora de la organización a El Destape.

Según cifras oficiales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX),  entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, recibieron un total de 1.346 denuncias por trata a la línea 145 y se destaca la existencia de circunstancias especiales de vulnerabilidad para las mujeres y niñas debido a la precarización laboral, la feminización de la pobreza y el mayor riesgo de ser víctimas de ataques sexuales, de acoso laboral o de extorsión sexual.

Desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y hasta el 31 de marzo de 2021, se rescataron y asistieron un total de 1.276 víctimas, según datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

Qué hace Madres Víctimas de Trata

“El pedido que más nos hacen es que rescatemos y atendamos a las pibas. Llevar las causas a la Justicia no es fácil”, expresó Margarita Meira, fundadora de la organización a El Destape.

Madres Víctimas de Trata es una organización autogestionada y autónoma que busca combatir la trata con fines de explotación sexual en Argentina.

Día tras día, y con un equipo legal de abogados y estudiantes de derecho, psicólogos y trabajadores de campo, se encargan de brindar contención y acompañamiento psicológico y social al momento de realizar la denuncia y búsqueda de las jóvenes, así como el trabajo de investigación y seguimiento de las causas en todo su proceso. Actualmente, tienen 16 causas en la Justicia, en todo el país.

Además, se encargan de ver las necesidades de las víctimas una vez que escapan o que se acercan a Madres para pedir ayuda: ven si hay que llevarlas al psiquiatra, psicólogo, médico, hacer un tramite para pedirles el plan del Gobierno o incluso darles ropa o comida.

“Todas son chicas que se pudieron escapar o que pudimos rescatarlas desde Madres. Otras vienen llorando porque después de escapar las dejaron tiradas. Quieren justicia y llevar presos a los responsables”, admitió Margarita.

Este año, lograron comprar su casa en Constitución, la sede en donde brindan acompañamiento, gracias a la ayuda del influencer Santiago Maratea y la politóloga Florencia Freijo, que iniciaron una campaña para recaudar 8 millones de pesos.

Desde ese momento, creció notablemente la cantidad de personas que se acerca a Madres: “Vino mucha gente a pedir ayuda y no damos abasto”.

“Nuestro objetivo principal es encontrarnos con otras madres y familias que están con el mismo dolor y la misma búsqueda para luchar juntas, salir de la soledad del problema personal y pensar alternativas, caminos a seguir y acciones a realizar”, dicen desde Madres Víctimas de Trata.

La historia de Margarita Meira

A Margarita Meira le mataron a su hija, Graciela Susana Bekter, de 17 años. La secuestraron y luego fue encontrada sin vida en un departamento. La muerte fue calificada como dudosa y nunca hubo responsables ni justicia.

Desde ese día, en 1991, Margarita quiso entender el porqué, conoció lo que era la trata de personas y comenzó su lucha que mantiene hasta el día de hoy para que a nadie le ocurra lo que a ella le pasó con Susi.

Ella afirma que toda su búsqueda fue con el Estado y la Justicia dándole la espalda. “Yo dije ‘tengo que conseguir justicia de alguna manera’. No puede ser que la Justicia se burle de nosotros. La asesora tutelar de Susi me decía que tenía 17 años y que sabía lo que hacía, que ellos no estaban para cuidarla”, recordó Margarita a este medio.

Entre la frustración y la angustia, Margarita y su familia tomaron fuerzas y se dispusieron a encontrar respuestas por su cuenta. “Margarita, Argentina no tiene abogados para la trata. Yo me voy a poner a estudiar”, le dijo su marido. Y así fue como se recibió de abogado y juntos pudieron entender el contexto y aprendieron a defenderse frente a las injusticias.

“Las madres que buscan a sus hijas están decepcionadas porque ven que la Justicia es muy lenta. Yo no tuve justicia ni derechos humanos y tuve a mi hija muerta, me la mataron. Si me quedo llorando en mi casa no es mi estilo. Eso no me enseñó mi papá. Él me enseñó que tenía que luchar. Creo que podemos tener un gran movimiento que se ponga de pie en contra de la trata” – Margarita Meira

Sus reclamos

“Nosotras decimos que esto es terrorismo de Estado porque a las chicas las secuestran para explotarlas sexualmente cuando ya su cuerpo no da más, las matan. Los fiscales parece que no saben hacer su trabajo y las entierran como NN y no localizan a sus padres”, afirmó Margarita Meira.

El principal reclamo de Madres Víctimas de Trata es que el Gobierno escuche a la organización y brinde una asistencia real a las víctimas.

“No vamos a terminar con la trata mientras el Estado sea cómplice”, afirmó Margarita. Exigen que funcione la Ley de Trata y que el delito de trata sea de lesa humanidad. También que se cree un registro de huellas dactilares para los entierros NN, “no solamente para la trata sino para cualquier persona que fallece en un lugar para que haya un registro en donde se pueda buscar si está fallecido o no”.

En abril de 2008 se sancionó la Ley 26.364 de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas que tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. Fue modificada en el 2012  por medio de la ley 26.842: no se acepta el “consentimiento” de la víctima -incluso, pese a su mayoría de edad-, y además exigir que las penas sean de cumplimiento efectivo sin importar el caso.

En Argentina existe el Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022, que fue elaborado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el marco de la  Ley N° 26.842.

Son 100 acciones divididas en cuatro ejes: prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento institucional, destinadas a definir las políticas públicas contra la trata de personas y asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías.

La 145 es la línea de asistencia y denuncias por trata de personas. Es gratuita, anónima y nacional .Está disponible las 24 horas todo el año.

Fuente: El Destape


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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso

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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso

Los casos de abuso sexual seguidos de asesinato de las niñas Milagro Ayelén Prestes (10) en Colonia Aurora y de Fabiana Sirino (8) en 25 de Mayo, ocurrido recientemente, han conmocionado a la sociedad misionera y sobre todo a los habitantes de la zona del Alto Uruguay, donde un vecino ahora busca impulsar a través de los ediles de su ciudad un Registro Municipal de Condenados por Violencia Sexual.

“Esta gente tiene carta blanca para seguir a las niñas, violarlas y matarlas, cómo nosotros no vamos a poder tener un registro de ellos”, se planteó Walter Kesterke, vecino de El Soberbio, en diálogo con La Voz de Misiones.

El cruento femicidio de Fabiana Sirino, la niña que murió a causa de 13 puñaladas luego de ser abusada sexualmente el último fin de semana, caso que tienen como único sospechoso a Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34), conmocionó a Kesterke y lo motivó a armar un prototipo de proyecto para crear un listado de los ex convictos que fueron condenados por el delito de abuso sexual y que, al recuperar su libertad, residan en la localidad.

La iniciativa además motivada en virtud de que, según trascendidos entre los vecinos de las localidades del Alto Uruguay, el detenido por el crimen de Sirino tenía antecedentes por delitos sexuales, igual que Daniel Alberto Nacimiento (62), quien permanece detenido con prisión preventiva por el femicidio de Prestes.

“Yo creo que algo hay que hacer. Esto está pasando, esa gente que violó tenía antecedentes”, argumentó el vecino y ahondó: “Hablo de los que fueron condenados, que cumplieron su condena y que cuando recuperan la libertad vienen y se instalan en pueblitos como El Soberbio”.

Prevención

Durante la conversación con LVM, Kesterke reconoció que si bien las personas que cumplieron una condena están amparadas judicialmente para reinsertarse socialmente, los habitantes de las ciudades en las que decidan asentarse para “comenzar de nuevo” también tienen el derecho de saber quiénes son los que “vienen de afuera” y si han cometido un delito como abuso sexual, ya que “en mi opinión personal, el violador de niñas, niños, o de mujeres, no tiene solución, es triste, pero real”.

“Esto nos toca tan cerca, porque son gente que vinieron de otro lado, se instalaron y terminaron violando”, añadió el vecino, interpelado por la problemática que se cobró la vida de dos niñas en 2024 y por la cual busca que se implementen mecanismos de prevención para cuidar “a nuestras gurisadas”.

“La idea es que algún concejal se haga eco del proyecto que armé o impulsarlo con los vecinos, que no tengan paz los violadores. Porque la verdad que acá en el Alto Uruguay ya son dos las niñas víctimas de estos tipos, por no tener un tipo de registro o algo para prevenir estos casos”, precisó.

Y por último, añadió: “Entiendo que pagaron su condena y salieron, que la Justicia actuó y capaz hay muchos que quieren cambiar su vida. Todo bien, pero que sepamos quiénes son, porque si ellos tienen carta blanca para seguir a nuestras gurisadas, cómo es posible que nosotros no podamos seguirle los pasos a ellos, qué hacen, si están alrededor de una institución pública, una escuela, un jardín de infantes, es algo casi lógico diría”.


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Posadas reunió a universitarios de toda la región en defensa de la educación

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Hoy desde las 17, docentes, no docentes, graduados, estudiantes y jubilados provenientes de las distintas sedes de universidades públicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, partieron del Mástil de avenida Mitre hacia la Plaza 9 de Julio de la capital provincial para reclamar mejoras salariales y presupuestarias en una tercera marcha en defensa de la educación pública. 

Pese a que en esta oportunidad la columna albergó una menor cantidad de manifestantes, en comparación a la primera y segunda marcha desarrolladas los días 23 de abril y el 2 de octubre del corriente año, referentes universitarios y gremiales volvieron a visibilizar un reclamo nacional apuntando a los legisladores que votaron a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Vamos a pedir a nuestros legisladores nacionales, a nuestros legisladores de la región y a nuestros diputados nacionales de la provincia de Misiones, que a la hora de votar el presupuesto 2025 tengan en cuenta las necesidades de las universidades nacionales”, afirmó un docente frente a los presentes.

Tercera marcha universitaria rumbo a la plaza 9 de Julio

Voces en defensa de la educación

El reclamo no se limita solamente a mejoras salariales para docentes y no docentes, sino a los fondos que son destinados al regular funcionamiento de becas de estudio, insumos académicos, comedores, albergues, servicios básicos y mantenimiento de infraestructura edilicia que, de no tomarse las medidas pertinentes, podrían ser afectados durante el próximo año.

Por su parte, el docente e integrante de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, Hernán Cazzaniga, resaltó: “El camino es el de la unidad que nos permitió avanzar en el proceso de instalar la cuestión educativa en general, de todos los sectores de la educación, particularmente de la universidad pública, que está siendo atacada a través del estrangulamiento financiero”. 

En ese sentido, enfatizó: “Ratificamos desde las organizaciones sindicales, junto con los movimientos sociales, las federaciones sindicales del país, el movimiento estudiantil, este camino de la unidad para continuar construyendo los pasos necesarios de articulación para dar la gran lucha política que es la lucha por cambiar este modelo de país que no incluye a los compañeros tareferos y otros sectores de la economía argentina, y mucho menos a los sectores de la ciencia y la educación que han sido duramente golpeados”. 

Marcha regional con presencia de la Universidad Nacional del Nordeste

Por su parte, distintos gremios como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron comunicados reivindicando la “importancia de sostener la universidad pública, gratuita y de calidad como única vía para lograr el ascenso social en la provincia, la región y el país“.

De la marcha participaron referentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Universidad Nacional de Formosa (UNF), Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y la Universidad Tecnológica Nacional (Utn).

Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad

 


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Posadas se sumará a la marcha nacional de la marihuana este viernes en El Brete

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El viernes 15 de noviembre, desde las 18, usuarios del cannabis medicinal se darán cita en el anfiteatro El Brete de Posadas para visibilizar las problemáticas que afectan al sector y proponer soluciones a nivel provincial, en el marco de la decimoquinta Marcha Nacional de la Marihuana. 

En nuestra provincia, la convocatoria es impulsada por la Mesa Cannábica Misiones, conformada por pacientes, cultivadores, emprendedores y representantes del sector público y privado en respuesta a las limitaciones y restricciones que está teniendo el cannabis, tanto medicinal como el cáñamo industrial, a raíz de las nuevas medidas y restricciones nacionales. 

Las dificultades que atraviesan los usuarios se centran principalmente en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann), destinado a regular el uso de principios activos derivados de la planta con fines terapéuticos. En ese sentido, aseguran que algunos pacientes inscriptos en el Reprocann, que ya iniciaron tratamientos, no están pudiendo renovar la licencia para poder seguir cultivando o recibiendo la medicina.

Por ese motivo, el viernes evaluarán la posibiliad de presentar un amparo colectivo, para quienes lleven más de 90 dias esperando la autorización o la renovación del Reprocann.

A través de un comunicado, los organizadores dieron a conocer los cuatro ejes principales de la convocatoria: libertad, salud, paz y trabajo. Al respecto, enfatizaron que “frente a un gobierno que se apropia de la palabra ‘Libertad’, venimos a exigir su verdadero significado: la libertad de vivir sin persecución ni criminalización”. 

Y añadieron: “¡No más presos por marihuana!. Luchamos por la liberación de todas las personas injustamente detenidas por cultivar o usar cannabis y otras sustancias, víctimas de políticas que castigan derechos individuales. Exigimos el respeto al Artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sin interferencia del Estado en lo que no afecta a terceros”.

Principales ejes

En cuanto a la salud, aseguraron que “el uso de sustancias psicoactivas y los tratamientos terapéuticos con cannabis deben abordarse desde una perspectiva sanitaria, no criminal. La prohibición ha limitado el acceso a tratamientos y frenado la investigación sobre sus beneficios. Desde nuestro movimiento, promovemos saberes y prácticas que cuidan la salud de nuestro pueblo, desde la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos”.

Por ese motivo, también instan a marchar por la paz, en oposición a todo tipo de violencia y en rechazo a la “Guerra contra las Drogas”. Finalmente, hicieron hincapié en la generación de empleo del sector, tanto en salud como en ciencia, comercio, turismo, agricultura y cosmética, entre otros rubros afines. 

“A pesar de la informalidad, falta de reconocimiento y trabas burocráticas, nuestra cultura y movimiento tienen un enorme potencial para el desarrollo económico y la generación de trabajo para nuestro pueblo”, concluyó la misiva.

Antecedentes

En agosto pasado, a nivel nacional se emitió una resolución ministerial que modificó el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann). A su vez, varios usuarios mostraron descontento ante la demora de la cartera de Salud de la Nación al otorgar la renovación del carnet.

En ese marco, el apostoleño Juan Potocki sugirió que Misiones implemente un certificado provincial propio con el objetivo de que los pacientes eviten conflictos legales y puedan continuar con sus diversos tratamientos médicos.

Por su parte, el Ministerio del Agro de Misiones convocó a referentes del sector para trabajar en un proyecto que garantice el acceso al cannabis medicinal y promueva el industrial, aunque no registra avances significativos hasta el momento.

Usuario de cannabis medicinal propone que Misiones tenga su propio Reprocann

 


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