O firman o van presos, la estrategia del macrismo / por Tito Lobato

Con la convicción que le otorgaron las urnas en octubre pasado, el Gobierno Nacional dio muestras de salir a la caza de los objetivos que la alianza Cambiemos había negado a rajatablas, en 2015, tal vez temerosa del resurgimiento del kirchnerismo

Ahora, con la espada en un puño y el escudo de defensa en el otro brazo, el presidente Mauricio Macri lanzó al ruedo su proyecto de reforma laboral, de reforma fiscal y de redistribución de fondos con las provincias para que sea conocido, en un gesto aperturista pero que de tal no tiene nada.

No es casualidad que ambas iniciativas hayan sido instaladas por el gobierno en el escenario "findeañero" de los trabajadores, los empresarios y de los gobernadores como un elemento de presión, casi extorsivo, para avanzar en su aprobación.

A poco de interiorizarse del contenido, comenzaron a llover las críticas de los mismos destinatarios de los proyectos en cuestión, aunque las observaciones más tibias se conocieron del lado del empresariado, sin dudas el sector más beneficiado con lo que el gobierno pretende.

Frente a las críticas, es vox populi que el gobierno fue desandando distintas tácticas de convencimiento con el sindicalismo y con los gobernadores, preferentemente. Hubo reuniones públicas, secretas y de las otras, casi conspirativas por el nivel del reserva.

Y lo que comenzó como un intercambio de opiniones fue subiendo de tono hasta transformarse en discusión, áspera en casos, para llegar a un clímax insostenible, según los comentarios que se conocieron en estos círculos y que suelen ser un privilegio para la prensa centralista.

Fue en ese contexto en que habría sonado con fuerza la frase: "o firman o van presos", dirigida a los gremialistas a los que se estampó en el rostro un abanico de carpetas con supuestas irregularidades por varios millones de pesos, entre los cuales el "Pata" Medina sería un infante.

A partir de ello, que fue negado sistemáticamente por las partes involucradas, comenzaron a circular fuertes rumores de un acuerdo inminente entre la CGT y el gobierno para convertir en ley la reforma laboral, que en principio se asentaría en el régimen de licencias, blanqueo, instancias de formación, fomento al empleo joven y la negociación colectiva para el sistema de prácticas formativas o pasantías universitarias.

En el caso de los gobernadores, están enfrascados en la preparación de una contraoferta a la decisión de la administración nacional de modificar el sistema fiscal a través de un nuevo pacto con  eje en Ingresos Brutos, compensación a la provincia de Buenos Aires y Ganancias.

Más allá de los detalles, que son motivo de negociaciones febriles, con llamativo desparpajo el mismo gobierno salió a advertir que habrá "penas" para los mandatarios provinciales reacios, aunque también una última oportunidad de adherir en el futuro a lo que se pueda acordar.

En ese contexto, el llamado "Consenso Fiscal" establece para los rebeldes que dejarán de recibir los recursos del Fondo Solidario, conocido como Fondo Sojero, y en cambio sus provincias quedarán encuadradas en el Pacto Fiscal II, de 1993, que conlleva una fuerte disminución de Ingresos Brutos y del impuesto a los Sellos.

Así planteadas las posturas en el debate del momento, cuyos resultados se convertirán en bisagra de las relaciones futuras de las partes, es evidente que el Gobierno Nacional está dispuesto a hacer sentir el peso del poder que concentra a quien se oponga a sus objetivos.

Y no se trata del poder de las urnas, de por sí imprescindible en la vida republicana, sino de la fuerza conjunta de un sector político, los empresarios, los banqueros, los industriales, el campo, de un lado, frente un debilitado sistema federal, los sindicatos y la oposición política cuestionada por actos de corrupción. El futuro dirá.