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Periodista revivió su detención y torturas en la dictadura ante la condena de los verdugos
Es Patricio Downes, quien se desempeñó en varios medios de Misiones y en el diario porteño Clarín. Calificó como “histórico” un fallo reciente contra un grupo de represores que lo detuvieron y torturaron hace “42 años, 8 meses y 27 días”, en Rosario.
POSADAS. En una columna, el periodista santafesino Patricio Downes, de amplia trayectoria en medios de Misiones y en el diario porteño Clarín, revivió sus vivencias como víctima de la detención ilegal y torturas a las fue sometido en la dictadura cívico militar de 1976.
“Histórica condena en videconferencia por delitos de lesa humanidad y abuso sexual en un centro clandestino”, es el título del trabajo publicado en el portal Misiones on Line, referido al fallo judicial que se conoció el pasado jueves en Santa Fe.
El trabajo periodístico relata:
“Pasaron 42 años, 8 meses y 27 días desde que la “patota” del represor Agustín Feced entró a mi casa en el centro de Rosario, rompió y robó lo que encontró a su paso y me hundió en la sangrienta catacumba del Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe.
Antes lastimaron a tres de mis hermanos que vivían conmigo y que luego fueron liberados. De mi hogar también se llevaron a Esther Cristina Bernal, luego dirigente de CTERA y diputada provincial por el PJ en Misiones. Y a su hija, entonces de 3 años.
Compartí con otros secuestrados días de dolor, de solidaridad y también de angustia. Esta se acentuaba cuando veíamos a exmilitantes que se pasaron de bando, como José “El Pollo” Baravalle, quien en 2008 se quitó la vida en Italia al ser rodeado por la policía ante un pedido argentino de extradición.
Por el SI pasaron 2.000 detenidos-desaparecidos. Fue entonces una gracia de Dios estar vivo este jueves 14 de mayo para presenciar el fallo de prisión perpetua para integrantes de esa “patota” cobarde, perversa y asesina.
Veredicto histórico, por dos razones. El tribunal falló en sesión virtual, por videoconferencia. Y porque por primera vez en la Argentina, además de la condena por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario tuvo en cuenta el abuso sexual contra detenidas durante la dictadura cívico-militar.
En la jerga tribunalicia fue el final de la causa Feced III y IV, por la que estos asesinos ya habían recibido condenas anteriores. Se hilo conductor fue Agustín Feced, el comandante de Gendarmería de quien aseguran que murió y fue enterrado en Formosa en 1986.
Para los represores José Rubén Lofiego y Mario Alfredo Marcote, el tribunal dictó prisión perpetua por homicidio, torturas y abuso sexual. Es la primera vez que ocurre.
A prisión perpetua también fueron condenados Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos. La justicia federal los encontró culpables, como a Lofiego y Marcote, de los delitos contra 188 víctimas.
Además recibieron condenas Héctor Gianola y Eduardo Dugour, a 22 años; Julio Héctor Fermoselle, a 18 años y Lucio Nast a 16 años de prisión. El único que no contaba con ninguna condena previa era Gianola.
Agradezco a Dios que me dio vida suficiente para dar testimonio de sus crímenes. Y a los valientes jueces que enjuiciaron a estos asesinos y a los abogados y familiares que nunca dejaron de luchar.
Sin odio ni rencor
No me mueven el rencor ni el odio, pero no puedo olvidar que son culpables entre otros crímenes del asesinato a sangre fría de mi amigo Eduardo Bracaccini cuyo cuerpo arrojaron al costado de la Autopista Rosario-Santa Fe. Lo destrozaron en la tortura y lo balearon en las afueras de la ciudad.
Debo también mi vida a compañeros y amigos que lograron sacarme de Rosario luego de ser liberado. Entre ellos el periodista y dirigente del gremio docente santafesino Santiago Serrati, el entrerriano de Paraná, Rubén Graf, y mi compañero de la secundaria Miguel Angel “Tucho” Aguirre, arquitecto, músico, cantante y exprimera voz de Los Trovadores.
Durante años no pude conciliar el sueño a horario. Temía el secuestro, la tortura, la agresión, en plena madrugada. Se inauguró un tiempo de inestabilidad. Solo la compañía de los amigos misioneros, luego de mi mudanza aquí, amortiguó tanta angustia.
Entre los querellantes se contaron María Inés Luchetti, esposa del asesinado exdiputado nacional Leonardo Bettanin, Juan José Gollán, hermano de Daniel Gollán, actual ministro de Salud en el gobierno bonaerense, y la mamá de Eduardo, Gladys Bonafede de Braccacini.
Y el apellido Bracaccini, de una familia de Casilda, me lleva al otro responsable, el presbítero católico Eugenio Zitelli. Este era capellán policial y me interpeló cuando yo estaba torturado y vendado. Me agregó más sufrimiento ver allí al capellán policial, el de la misma fe católica que yo mantengo.
Pude constatar que era Zitelli, porque a principios de los ’60 había sido teniente cura de mi tío, el padre Juan Ignacio Downes. Sacerdote de gran fe y compromiso con los fieles, mi tío fue secretario del cardenal Antonio Caggiano, y luego párroco de las ciudades santafesinas de Peyrano, Melincué, Weelright y Rufino, antes de fallecer en 1962 víctima de leucemia.
Marcas y protagonistas
Tenía grabado el rostro de Zitelli, quien me levantó la venda para ver mi rostro, porque conocía sus anteojos de gruesa armazón. Esto me permitió testimoniar cómo recorría el área del centro clandestino de detención e interrogaba a los presos como hizo con la esposa de Bettanin y su suegra.
Actuó como un torturador más, cuando alentó esperanzas a los familiares de Eduardo Bracaccini, sus vecinos de Casilda. Nunca les dio verdad ni consuelo sabiendo que atravesaba el infierno de la tortura y se encaminaba a la muerte.
Zitelli fue procesado como partícipe necesario de torturas, secuestros y desapariciones.Por chicanas judiciales, en especial del juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, su vida se extinguió en 2018 antes de ser condenado por la justicia humana.
Este jueves 14 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario fue calificar los delitos que allí se juzgaron como “crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un genocidio”. Lo integraron los jueces de Cámara Subrogantes, doctores Lilia Graciela Carnero, Eugenio Martínez Ferrero y y Aníbal Pineda.
La misma jueza recordó antes de dar el veredicto que “las fuerzas de seguridad, iglesias, poder judicial, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, etc.” habían formado parte del entramado de “una de las etapas más oscuras” de la historia de la República”.
(*) Los subtítulos fueron agregados como complemento del escrito original.
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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso
Los casos de abuso sexual seguidos de asesinato de las niñas Milagro Ayelén Prestes (10) en Colonia Aurora y de Fabiana Sirino (8) en 25 de Mayo, ocurrido recientemente, han conmocionado a la sociedad misionera y sobre todo a los habitantes de la zona del Alto Uruguay, donde un vecino ahora busca impulsar a través de los ediles de su ciudad un Registro Municipal de Condenados por Violencia Sexual.
“Esta gente tiene carta blanca para seguir a las niñas, violarlas y matarlas, cómo nosotros no vamos a poder tener un registro de ellos”, se planteó Walter Kesterke, vecino de El Soberbio, en diálogo con La Voz de Misiones.
El cruento femicidio de Fabiana Sirino, la niña que murió a causa de 13 puñaladas luego de ser abusada sexualmente el último fin de semana, caso que tienen como único sospechoso a Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34), conmocionó a Kesterke y lo motivó a armar un prototipo de proyecto para crear un listado de los ex convictos que fueron condenados por el delito de abuso sexual y que, al recuperar su libertad, residan en la localidad.
La iniciativa además motivada en virtud de que, según trascendidos entre los vecinos de las localidades del Alto Uruguay, el detenido por el crimen de Sirino tenía antecedentes por delitos sexuales, igual que Daniel Alberto Nacimiento (62), quien permanece detenido con prisión preventiva por el femicidio de Prestes.
“Yo creo que algo hay que hacer. Esto está pasando, esa gente que violó tenía antecedentes”, argumentó el vecino y ahondó: “Hablo de los que fueron condenados, que cumplieron su condena y que cuando recuperan la libertad vienen y se instalan en pueblitos como El Soberbio”.
Prevención
Durante la conversación con LVM, Kesterke reconoció que si bien las personas que cumplieron una condena están amparadas judicialmente para reinsertarse socialmente, los habitantes de las ciudades en las que decidan asentarse para “comenzar de nuevo” también tienen el derecho de saber quiénes son los que “vienen de afuera” y si han cometido un delito como abuso sexual, ya que “en mi opinión personal, el violador de niñas, niños, o de mujeres, no tiene solución, es triste, pero real”.
“Esto nos toca tan cerca, porque son gente que vinieron de otro lado, se instalaron y terminaron violando”, añadió el vecino, interpelado por la problemática que se cobró la vida de dos niñas en 2024 y por la cual busca que se implementen mecanismos de prevención para cuidar “a nuestras gurisadas”.
“La idea es que algún concejal se haga eco del proyecto que armé o impulsarlo con los vecinos, que no tengan paz los violadores. Porque la verdad que acá en el Alto Uruguay ya son dos las niñas víctimas de estos tipos, por no tener un tipo de registro o algo para prevenir estos casos”, precisó.
Y por último, añadió: “Entiendo que pagaron su condena y salieron, que la Justicia actuó y capaz hay muchos que quieren cambiar su vida. Todo bien, pero que sepamos quiénes son, porque si ellos tienen carta blanca para seguir a nuestras gurisadas, cómo es posible que nosotros no podamos seguirle los pasos a ellos, qué hacen, si están alrededor de una institución pública, una escuela, un jardín de infantes, es algo casi lógico diría”.
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Posadas reunió a universitarios de toda la región en defensa de la educación
Hoy desde las 17, docentes, no docentes, graduados, estudiantes y jubilados provenientes de las distintas sedes de universidades públicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, partieron del Mástil de avenida Mitre hacia la Plaza 9 de Julio de la capital provincial para reclamar mejoras salariales y presupuestarias en una tercera marcha en defensa de la educación pública.
Pese a que en esta oportunidad la columna albergó una menor cantidad de manifestantes, en comparación a la primera y segunda marcha desarrolladas los días 23 de abril y el 2 de octubre del corriente año, referentes universitarios y gremiales volvieron a visibilizar un reclamo nacional apuntando a los legisladores que votaron a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Vamos a pedir a nuestros legisladores nacionales, a nuestros legisladores de la región y a nuestros diputados nacionales de la provincia de Misiones, que a la hora de votar el presupuesto 2025 tengan en cuenta las necesidades de las universidades nacionales”, afirmó un docente frente a los presentes.
Voces en defensa de la educación
El reclamo no se limita solamente a mejoras salariales para docentes y no docentes, sino a los fondos que son destinados al regular funcionamiento de becas de estudio, insumos académicos, comedores, albergues, servicios básicos y mantenimiento de infraestructura edilicia que, de no tomarse las medidas pertinentes, podrían ser afectados durante el próximo año.
Por su parte, el docente e integrante de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, Hernán Cazzaniga, resaltó: “El camino es el de la unidad que nos permitió avanzar en el proceso de instalar la cuestión educativa en general, de todos los sectores de la educación, particularmente de la universidad pública, que está siendo atacada a través del estrangulamiento financiero”.
En ese sentido, enfatizó: “Ratificamos desde las organizaciones sindicales, junto con los movimientos sociales, las federaciones sindicales del país, el movimiento estudiantil, este camino de la unidad para continuar construyendo los pasos necesarios de articulación para dar la gran lucha política que es la lucha por cambiar este modelo de país que no incluye a los compañeros tareferos y otros sectores de la economía argentina, y mucho menos a los sectores de la ciencia y la educación que han sido duramente golpeados”.
Por su parte, distintos gremios como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron comunicados reivindicando la “importancia de sostener la universidad pública, gratuita y de calidad como única vía para lograr el ascenso social en la provincia, la región y el país“.
De la marcha participaron referentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Universidad Nacional de Formosa (UNF), Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y la Universidad Tecnológica Nacional (Utn).
Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad
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Posadas se sumará a la marcha nacional de la marihuana este viernes en El Brete
El viernes 15 de noviembre, desde las 18, usuarios del cannabis medicinal se darán cita en el anfiteatro El Brete de Posadas para visibilizar las problemáticas que afectan al sector y proponer soluciones a nivel provincial, en el marco de la decimoquinta Marcha Nacional de la Marihuana.
En nuestra provincia, la convocatoria es impulsada por la Mesa Cannábica Misiones, conformada por pacientes, cultivadores, emprendedores y representantes del sector público y privado en respuesta a las limitaciones y restricciones que está teniendo el cannabis, tanto medicinal como el cáñamo industrial, a raíz de las nuevas medidas y restricciones nacionales.
Las dificultades que atraviesan los usuarios se centran principalmente en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann), destinado a regular el uso de principios activos derivados de la planta con fines terapéuticos. En ese sentido, aseguran que algunos pacientes inscriptos en el Reprocann, que ya iniciaron tratamientos, no están pudiendo renovar la licencia para poder seguir cultivando o recibiendo la medicina.
Por ese motivo, el viernes evaluarán la posibiliad de presentar un amparo colectivo, para quienes lleven más de 90 dias esperando la autorización o la renovación del Reprocann.
A través de un comunicado, los organizadores dieron a conocer los cuatro ejes principales de la convocatoria: libertad, salud, paz y trabajo. Al respecto, enfatizaron que “frente a un gobierno que se apropia de la palabra ‘Libertad’, venimos a exigir su verdadero significado: la libertad de vivir sin persecución ni criminalización”.
Y añadieron: “¡No más presos por marihuana!. Luchamos por la liberación de todas las personas injustamente detenidas por cultivar o usar cannabis y otras sustancias, víctimas de políticas que castigan derechos individuales. Exigimos el respeto al Artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sin interferencia del Estado en lo que no afecta a terceros”.
Principales ejes
En cuanto a la salud, aseguraron que “el uso de sustancias psicoactivas y los tratamientos terapéuticos con cannabis deben abordarse desde una perspectiva sanitaria, no criminal. La prohibición ha limitado el acceso a tratamientos y frenado la investigación sobre sus beneficios. Desde nuestro movimiento, promovemos saberes y prácticas que cuidan la salud de nuestro pueblo, desde la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos”.
Por ese motivo, también instan a marchar por la paz, en oposición a todo tipo de violencia y en rechazo a la “Guerra contra las Drogas”. Finalmente, hicieron hincapié en la generación de empleo del sector, tanto en salud como en ciencia, comercio, turismo, agricultura y cosmética, entre otros rubros afines.
“A pesar de la informalidad, falta de reconocimiento y trabas burocráticas, nuestra cultura y movimiento tienen un enorme potencial para el desarrollo económico y la generación de trabajo para nuestro pueblo”, concluyó la misiva.
Antecedentes
En agosto pasado, a nivel nacional se emitió una resolución ministerial que modificó el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann). A su vez, varios usuarios mostraron descontento ante la demora de la cartera de Salud de la Nación al otorgar la renovación del carnet.
En ese marco, el apostoleño Juan Potocki sugirió que Misiones implemente un certificado provincial propio con el objetivo de que los pacientes eviten conflictos legales y puedan continuar con sus diversos tratamientos médicos.
Por su parte, el Ministerio del Agro de Misiones convocó a referentes del sector para trabajar en un proyecto que garantice el acceso al cannabis medicinal y promueva el industrial, aunque no registra avances significativos hasta el momento.
Usuario de cannabis medicinal propone que Misiones tenga su propio Reprocann
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