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Pese al Código Penal y al fallo Fal, imponen restricciones para abortos no punibles

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BUENOS AIRES. La Justicia porteña restablece “restricciones” para los abortos no punibles en la Ciudad. El Tribunal Superior de Justicia decidió que vuelva a estar vigente el protocolo para la realización de abortos no punibles en los hospitales públicos. Dicho protocolo fue elaborado en 2012 por el entonces ministro de Salud, Jorge Lemus. El mismo había sido suspendido en varios de susartículos a raíz de la presentación de diversos amparos.

El Superior Tribunal de Justicia porteño por tres votos a uno, restableció el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires que reguló la atención de los abortos legales, dictado en 2012 por el Gobierno que encabezaba entonces Mauricio Macri, y que fijó fuertes restricciones para el acceso a las interrupciones legales de embarazo, apartándose de los estándares fijados por la Corte Suprema en el fallo FAL.

En su resolución, el alto tribunal rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 1251, firmada por quien era ministro de Salud del gobierno macrista, Jorge Lemus, que estableció un procedimiento “restrictivo” –el más restrictivo del país– frente a los pedidos de aborto previstos en el artículo 86 del Código Penal; y también rechazó el pedido de inconstitucionalidad del veto del jefe de Gobierno, respecto de la Ley 4318, sancionada por la Legislatura para regular los abortos legales. Esa norma, impulsada por el kirchnerismo, respetaba los lineamientos fijados por la Corte Suprema, en el fallo FAL, para eliminar los obstáculos arbitrarios históricamente impuestos en el país para el acceso a las interrupciones legales de embarazo, previstas desde 1921.

Lo cierto es que de aplicarse el protocolo de 2012 -la resolución 1251- una mujer violada no podría interrumpir su embarazo más allá de la semana 12. Además, en los centros de salud tendría que haber un comité interdisciplinario para que evalúe y autorice los abortos, que deben ser confirmados por la autoridad máxima del hospital. Las mayores de 14 años necesitarían la autorización de sus padres. Ese era el protocolo que armó el ministro de salud Jorge Lemus en 2012 cuando el jefe de gobierno porteño era Mauricio Macri.

“Es una sentencia claramente misógina”, cuestionó Gil Domínguez, en diálogo con Página12. Domínguez destacó que el protocolo que entrará en vigencia “es violatorio de la Constitución, de los tratados de Derechos Humanos y del fallo FAL”. Además, consideró que el fallo del STJ desconoce el carácter preventivo de los amparos colectivos y hace una interpretación errónea de los fallos de la Corte Suprema que regulan los requisitos de procedencia de las acciones colectivas. La idea es evitar el daño. Cualquier mujer puede estar en riesgo con ese protocolo restrictivo, explicó.

La sorpresiva sentencia de los jueces porteños se da en un contexto en el que el aborto legal fue rechazado por los senadores, y en una avanzada de grupos religiosos que ahora también se oponen a la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas y que se practiquen las interrupciones legales de los embarazos. Días atrás uno de esos grupos irrumpió en el Hospital Rivadavia para oponerse a este derecho que pedía una mujer.

Aborto no punible. Desde 1921, el Código Penal argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del Código).

En marzo de 2012, en el caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con contemplar una declaración jurada en que la mujer víctima e violación manifieste que l embarazo es producto de ese delito.

https://www.lavozdemisiones.com/2018/10/10/pese-a-presiones-providas-realizaron-aborto-no-punible-en-hospital-publico/


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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso

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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso

Los casos de abuso sexual seguidos de asesinato de las niñas Milagro Ayelén Prestes (10) en Colonia Aurora y de Fabiana Sirino (8) en 25 de Mayo, ocurrido recientemente, han conmocionado a la sociedad misionera y sobre todo a los habitantes de la zona del Alto Uruguay, donde un vecino ahora busca impulsar a través de los ediles de su ciudad un Registro Municipal de Condenados por Violencia Sexual.

“Esta gente tiene carta blanca para seguir a las niñas, violarlas y matarlas, cómo nosotros no vamos a poder tener un registro de ellos”, se planteó Walter Kesterke, vecino de El Soberbio, en diálogo con La Voz de Misiones.

El cruento femicidio de Fabiana Sirino, la niña que murió a causa de 13 puñaladas luego de ser abusada sexualmente el último fin de semana, caso que tienen como único sospechoso a Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34), conmocionó a Kesterke y lo motivó a armar un prototipo de proyecto para crear un listado de los ex convictos que fueron condenados por el delito de abuso sexual y que, al recuperar su libertad, residan en la localidad.

La iniciativa además motivada en virtud de que, según trascendidos entre los vecinos de las localidades del Alto Uruguay, el detenido por el crimen de Sirino tenía antecedentes por delitos sexuales, igual que Daniel Alberto Nacimiento (62), quien permanece detenido con prisión preventiva por el femicidio de Prestes.

“Yo creo que algo hay que hacer. Esto está pasando, esa gente que violó tenía antecedentes”, argumentó el vecino y ahondó: “Hablo de los que fueron condenados, que cumplieron su condena y que cuando recuperan la libertad vienen y se instalan en pueblitos como El Soberbio”.

Prevención

Durante la conversación con LVM, Kesterke reconoció que si bien las personas que cumplieron una condena están amparadas judicialmente para reinsertarse socialmente, los habitantes de las ciudades en las que decidan asentarse para “comenzar de nuevo” también tienen el derecho de saber quiénes son los que “vienen de afuera” y si han cometido un delito como abuso sexual, ya que “en mi opinión personal, el violador de niñas, niños, o de mujeres, no tiene solución, es triste, pero real”.

“Esto nos toca tan cerca, porque son gente que vinieron de otro lado, se instalaron y terminaron violando”, añadió el vecino, interpelado por la problemática que se cobró la vida de dos niñas en 2024 y por la cual busca que se implementen mecanismos de prevención para cuidar “a nuestras gurisadas”.

“La idea es que algún concejal se haga eco del proyecto que armé o impulsarlo con los vecinos, que no tengan paz los violadores. Porque la verdad que acá en el Alto Uruguay ya son dos las niñas víctimas de estos tipos, por no tener un tipo de registro o algo para prevenir estos casos”, precisó.

Y por último, añadió: “Entiendo que pagaron su condena y salieron, que la Justicia actuó y capaz hay muchos que quieren cambiar su vida. Todo bien, pero que sepamos quiénes son, porque si ellos tienen carta blanca para seguir a nuestras gurisadas, cómo es posible que nosotros no podamos seguirle los pasos a ellos, qué hacen, si están alrededor de una institución pública, una escuela, un jardín de infantes, es algo casi lógico diría”.


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Posadas reunió a universitarios de toda la región en defensa de la educación

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Hoy desde las 17, docentes, no docentes, graduados, estudiantes y jubilados provenientes de las distintas sedes de universidades públicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, partieron del Mástil de avenida Mitre hacia la Plaza 9 de Julio de la capital provincial para reclamar mejoras salariales y presupuestarias en una tercera marcha en defensa de la educación pública. 

Pese a que en esta oportunidad la columna albergó una menor cantidad de manifestantes, en comparación a la primera y segunda marcha desarrolladas los días 23 de abril y el 2 de octubre del corriente año, referentes universitarios y gremiales volvieron a visibilizar un reclamo nacional apuntando a los legisladores que votaron a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Vamos a pedir a nuestros legisladores nacionales, a nuestros legisladores de la región y a nuestros diputados nacionales de la provincia de Misiones, que a la hora de votar el presupuesto 2025 tengan en cuenta las necesidades de las universidades nacionales”, afirmó un docente frente a los presentes.

Tercera marcha universitaria rumbo a la plaza 9 de Julio

Voces en defensa de la educación

El reclamo no se limita solamente a mejoras salariales para docentes y no docentes, sino a los fondos que son destinados al regular funcionamiento de becas de estudio, insumos académicos, comedores, albergues, servicios básicos y mantenimiento de infraestructura edilicia que, de no tomarse las medidas pertinentes, podrían ser afectados durante el próximo año.

Por su parte, el docente e integrante de la Unión de Docentes Universitarios de Misiones, Hernán Cazzaniga, resaltó: “El camino es el de la unidad que nos permitió avanzar en el proceso de instalar la cuestión educativa en general, de todos los sectores de la educación, particularmente de la universidad pública, que está siendo atacada a través del estrangulamiento financiero”. 

En ese sentido, enfatizó: “Ratificamos desde las organizaciones sindicales, junto con los movimientos sociales, las federaciones sindicales del país, el movimiento estudiantil, este camino de la unidad para continuar construyendo los pasos necesarios de articulación para dar la gran lucha política que es la lucha por cambiar este modelo de país que no incluye a los compañeros tareferos y otros sectores de la economía argentina, y mucho menos a los sectores de la ciencia y la educación que han sido duramente golpeados”. 

Marcha regional con presencia de la Universidad Nacional del Nordeste

Por su parte, distintos gremios como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) emitieron comunicados reivindicando la “importancia de sostener la universidad pública, gratuita y de calidad como única vía para lograr el ascenso social en la provincia, la región y el país“.

De la marcha participaron referentes de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Universidad Nacional de Formosa (UNF), Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y la Universidad Tecnológica Nacional (Utn).

Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad

 


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Posadas se sumará a la marcha nacional de la marihuana este viernes en El Brete

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El viernes 15 de noviembre, desde las 18, usuarios del cannabis medicinal se darán cita en el anfiteatro El Brete de Posadas para visibilizar las problemáticas que afectan al sector y proponer soluciones a nivel provincial, en el marco de la decimoquinta Marcha Nacional de la Marihuana. 

En nuestra provincia, la convocatoria es impulsada por la Mesa Cannábica Misiones, conformada por pacientes, cultivadores, emprendedores y representantes del sector público y privado en respuesta a las limitaciones y restricciones que está teniendo el cannabis, tanto medicinal como el cáñamo industrial, a raíz de las nuevas medidas y restricciones nacionales. 

Las dificultades que atraviesan los usuarios se centran principalmente en el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann), destinado a regular el uso de principios activos derivados de la planta con fines terapéuticos. En ese sentido, aseguran que algunos pacientes inscriptos en el Reprocann, que ya iniciaron tratamientos, no están pudiendo renovar la licencia para poder seguir cultivando o recibiendo la medicina.

Por ese motivo, el viernes evaluarán la posibiliad de presentar un amparo colectivo, para quienes lleven más de 90 dias esperando la autorización o la renovación del Reprocann.

A través de un comunicado, los organizadores dieron a conocer los cuatro ejes principales de la convocatoria: libertad, salud, paz y trabajo. Al respecto, enfatizaron que “frente a un gobierno que se apropia de la palabra ‘Libertad’, venimos a exigir su verdadero significado: la libertad de vivir sin persecución ni criminalización”. 

Y añadieron: “¡No más presos por marihuana!. Luchamos por la liberación de todas las personas injustamente detenidas por cultivar o usar cannabis y otras sustancias, víctimas de políticas que castigan derechos individuales. Exigimos el respeto al Artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, sin interferencia del Estado en lo que no afecta a terceros”.

Principales ejes

En cuanto a la salud, aseguraron que “el uso de sustancias psicoactivas y los tratamientos terapéuticos con cannabis deben abordarse desde una perspectiva sanitaria, no criminal. La prohibición ha limitado el acceso a tratamientos y frenado la investigación sobre sus beneficios. Desde nuestro movimiento, promovemos saberes y prácticas que cuidan la salud de nuestro pueblo, desde la reducción de daños y el respeto por los derechos humanos”.

Por ese motivo, también instan a marchar por la paz, en oposición a todo tipo de violencia y en rechazo a la “Guerra contra las Drogas”. Finalmente, hicieron hincapié en la generación de empleo del sector, tanto en salud como en ciencia, comercio, turismo, agricultura y cosmética, entre otros rubros afines. 

“A pesar de la informalidad, falta de reconocimiento y trabas burocráticas, nuestra cultura y movimiento tienen un enorme potencial para el desarrollo económico y la generación de trabajo para nuestro pueblo”, concluyó la misiva.

Antecedentes

En agosto pasado, a nivel nacional se emitió una resolución ministerial que modificó el Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann). A su vez, varios usuarios mostraron descontento ante la demora de la cartera de Salud de la Nación al otorgar la renovación del carnet.

En ese marco, el apostoleño Juan Potocki sugirió que Misiones implemente un certificado provincial propio con el objetivo de que los pacientes eviten conflictos legales y puedan continuar con sus diversos tratamientos médicos.

Por su parte, el Ministerio del Agro de Misiones convocó a referentes del sector para trabajar en un proyecto que garantice el acceso al cannabis medicinal y promueva el industrial, aunque no registra avances significativos hasta el momento.

Usuario de cannabis medicinal propone que Misiones tenga su propio Reprocann

 


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