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“Providas” inician campaña de fake news contra los protocolos de la ILE
ENTRE RÍOS. La campaña con información falsa de los sectores conservadores comenzó en Entre Ríos luego que una niña de 13 años accediera a un aborto no punible tras haber sido violada. Ayer en Posadas un grupo llamado Unidad Pro Vida de Misiones realizó un ‘pañuelazo celeste’ por pedido de Justicia por el feto abortado de 22 semanas en Concordia. El Ministerio de Salud desmintió que el feto haya sobrevivido como confirmaron los providas de Entre Ríos.
Luego que saliera a la luz el caso de la menor de 13 años violada que accedió a una interrupción legal del embarazo en un hospital público en Concordia, los sectores conservadores de Entre Ríos comenzaron una campaña con fake news en las redes que llegó hasta los medios nacionales. Los ‘providas’ y medios locales difundieron detalles falaces sobre que el feto de 22 semanas había sobrevivido y que lo habían dejado morir.
Lo cierto fue que hace 20 días llegó una menor de 13 años con 20 semanas de embarazo tras una violación al Hospital Delicia Masvernat, de Concordia en Entre Ríos. Sin embargo los médicos que la atendieron se negaron a practicarle el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (ILE), haciendo caso omiso al protocolo que adhirió aquella provincia el 29 de agosto de 2017 y sobretodo negando lo que el mismo Código Penal argentino considera un aborto legal por causales desde 1921.
Según publicó TN la jueza de familia de Concordia Belén Estéves, que recibió entonces un pedido de audiencia de los padres de la nena, citó a todas las partes y les recordó la vigencia del protocolo para la aplicación del aborto no punible. “Se trata de un caso no judiciable por existir normativa que regula el aborto no punible. No hubo solicitud de autorización judicial sino un pedido de audiencia por parte de los padres de la menor para ser escuchados respecto a esta cuestión”, sostuvo en un comunicado.
En esa línea hasta el mismo Ministerio de Salud aclaró que la provincia adhirió al protocolo en el 2017, negó que el feto sobrevivió y murió diez horas después, y señaló que analiza denunciar a los profesionales de la salud que violaron el secreto médico y el derecho a la intimidad de la menor. Esto último a raíz que un portal de Concordia difundió fake news donde afirmaba que el feto abortado no murió de inmediato, todo esto basado en supuestos testimonios de médicos del hospital. Además el Ministerio admitió que en un primer momento los médicos del hospital público se negaron a efectuar el aborto no punible.
Por otro lado, la familia de la menor confirmó que tras el aborto se retiró de inmediato el material genético. Además pese a que la práctica estaba enmarcada en lo que dice la ley, la jueza interviniente fue atacada con una campaña de desprestigio en las redes sociales, donde se la acusa de “matar un niño de cinco meses” que fue “abandonado en una chata” sin que nadie se animara a intervenir porque “se había dado la orden de su muerte”.
Ante esto último, especialistas como la ginecóloga Stella Maris Manzano que concretó en Chubut la interrupción del embarazo que motivó el fallo F.A.L. de la Corte Suprema y trabaja en el Hospital Zonal de Trelew dijo en Entre Ríos Ahora que “sabemos que esa sobrevida fue falsa. El feto nació muerto, por un lado, porque si no, habría figurado que se lo internó. Nadie deja un feto 10 horas tirado, o a un recién nacido. Se hace una internación en Neonatología, se lo pone en el respirador, intentando que viva. Quienes hacemos abortos no somos asesinos de bebés”. Asimismo expresa que el feto:”no vivió 10 horas, fue un aborto. Difundir información falsa es un delito que perjudica a todas las mujeres y niñas que precisan abortar”.
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La empresa Etce pidió aumentar el boleto con Sube a $1.500 en Eldorado
La empresa Etce, concesionaria del servicio de transporte urbano de la ciudad de Eldorado, solicitó a los ediles un aumento en las tarifas de un 100%, que elevarían el costo del boleto con la Sube a $1.500, a $1.800 en efectivo y a $900 el pasaje escolar.
En una nota formal que ingresó al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la localidad el 14 de noviembre, la compañía argumentó el pedido principalmente en la eliminación del Fondo Compensador del Interior a principio del año por parte del gobierno nacional, subsidio que recibían las prestadoras del servicio en el interior país y que a raíz de la medida generó “una crisis en el sector del transporte público de pasajeros”.
“Esta quita fue catastrófica para todas y cada una de las empresas de transporte de pasajeros por automotor del interior del país en tanto y en cuanto con la recepción de los mismos podíamos hacer frente a algunos de los tantos y elevados costos de explotación, el daño causado a la economía de la empresa resulta incalculable en tanto y en cuanto a la mencionada quita debemos sumarles los efectos desbastadores que causo el proceso inflacionario algo también analizado en profundidad en su oportunidad”, sostuvieron desde la empresa Etce.
Otro de los puntos que abordaron en la solicitud al HCD, fue que durante los primeros meses del año se aumentaron las tarifas del boleto, pero que este incremento no cubría “para nada el total los costos de explotación”.
Además, advirtieron que Etce no cuenta con los fondos para abonar los haberes de los trabajadores correspondientes al mes de octubre y que cuyo plazo para depositarles venció el 6 de noviembre: “Lo cual habilito al personal a ejecutar medidas de acción directa con lo cual la ciudad quedaría sin servicio por causas no imputables a la empresa”.
Debate en comisión
La solicitud de la empresa fue debatida entre los concejales de Eldorado en la Comisión de Tránsito y Trasporte.
Allí, los funcionarios locales elaboraron un dictamen rechazando el pedido de aumento en las tarifas de colectivo que será sometido a votación en la sesión ordinaria del próximo miércoles.
“Teniendo en cuenta el pésimo servicio y las quejas recurrentes de los vecinos de la ciudad es que, desde el Concejo Deliberante, decimos rechazar el pedido”, adelantó el edil Sebastián Tiozzo, del Partido Agrario y Social (Pays), en un video que difundió a través de sus redes.
En ese mismo audiovisual, el edil también contó que desde el HCD solicitaron al Ejecutivo municipal, es decir, al intendente Rodrigo “Pipo” Duran, que “cumpla su rol de controlador de la empresa de servicio de transporte urbano de la ciudad”.
Y por último añadió: “Recordemos que la Municipalidad es el único que tiene la facultad y la obligación de controlar, fiscalizar y sancionar si corresponde todo lo que tenga que ver con el servicio de colectivo de la ciudad”.
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Aumentan peajes sobre ruta 12 y la tarifa mínima será $1300 desde el domingo
El gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), oficializó nuevos aumentos en los peajes de rutas nacionales y autopistas, cuyas tarifas comenzarán a regir a partir de este fin de semana.
En las estaciones misioneras de Santa Ana y Colonia Victoria, los precios oscilarán entre $1300 para los coches y $4700 en el caso de los camiones de mayor porte.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial en tres resoluciones firmadas por Marcelo Campoy, titular de la dirección que depende del Ministerio de Economía.
Los demás aumentos alcanzarán Panamericana, el Acceso Oeste, el Corredor Vial Nacional N° 18 y del Corredor Vial Nacional – Tramos I a X cuyos montos oscilarán entre $337,60 a $6000 dependiendo la zona y la categoría del vehículo.
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El Soberbio: vecino busca crear un registro municipal de condenados por abuso
Los casos de abuso sexual seguidos de asesinato de las niñas Milagro Ayelén Prestes (10) en Colonia Aurora y de Fabiana Sirino (8) en 25 de Mayo, ocurrido recientemente, han conmocionado a la sociedad misionera y sobre todo a los habitantes de la zona del Alto Uruguay, donde un vecino ahora busca impulsar a través de los ediles de su ciudad un Registro Municipal de Condenados por Violencia Sexual.
“Esta gente tiene carta blanca para seguir a las niñas, violarlas y matarlas, cómo nosotros no vamos a poder tener un registro de ellos”, se planteó Walter Kesterke, vecino de El Soberbio, en diálogo con La Voz de Misiones.
El cruento femicidio de Fabiana Sirino, la niña que murió a causa de 13 puñaladas luego de ser abusada sexualmente el último fin de semana, caso que tienen como único sospechoso a Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34), conmocionó a Kesterke y lo motivó a armar un prototipo de proyecto para crear un listado de los ex convictos que fueron condenados por el delito de abuso sexual y que, al recuperar su libertad, residan en la localidad.
La iniciativa además motivada en virtud de que, según trascendidos entre los vecinos de las localidades del Alto Uruguay, el detenido por el crimen de Sirino tenía antecedentes por delitos sexuales, igual que Daniel Alberto Nacimiento (62), quien permanece detenido con prisión preventiva por el femicidio de Prestes.
“Yo creo que algo hay que hacer. Esto está pasando, esa gente que violó tenía antecedentes”, argumentó el vecino y ahondó: “Hablo de los que fueron condenados, que cumplieron su condena y que cuando recuperan la libertad vienen y se instalan en pueblitos como El Soberbio”.
Prevención
Durante la conversación con LVM, Kesterke reconoció que si bien las personas que cumplieron una condena están amparadas judicialmente para reinsertarse socialmente, los habitantes de las ciudades en las que decidan asentarse para “comenzar de nuevo” también tienen el derecho de saber quiénes son los que “vienen de afuera” y si han cometido un delito como abuso sexual, ya que “en mi opinión personal, el violador de niñas, niños, o de mujeres, no tiene solución, es triste, pero real”.
“Esto nos toca tan cerca, porque son gente que vinieron de otro lado, se instalaron y terminaron violando”, añadió el vecino, interpelado por la problemática que se cobró la vida de dos niñas en 2024 y por la cual busca que se implementen mecanismos de prevención para cuidar “a nuestras gurisadas”.
“La idea es que algún concejal se haga eco del proyecto que armé o impulsarlo con los vecinos, que no tengan paz los violadores. Porque la verdad que acá en el Alto Uruguay ya son dos las niñas víctimas de estos tipos, por no tener un tipo de registro o algo para prevenir estos casos”, precisó.
Y por último, añadió: “Entiendo que pagaron su condena y salieron, que la Justicia actuó y capaz hay muchos que quieren cambiar su vida. Todo bien, pero que sepamos quiénes son, porque si ellos tienen carta blanca para seguir a nuestras gurisadas, cómo es posible que nosotros no podamos seguirle los pasos a ellos, qué hacen, si están alrededor de una institución pública, una escuela, un jardín de infantes, es algo casi lógico diría”.
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