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Fue una nueva denuncia anónima por la salida de presos de cárceles misioneras sin la correspondiente autorización judicial la que causó el escándalo y que tuvo novedades en las últimas horas, con la remoción de los jefes de la Unidad Penal II de Oberá y su correspondiente pase a disponibilidad.
Se trata del alcaide mayor Martín Acosta, exdirector de ese complejo carcelario, y del alcaide principal José Cáceres, que cumplía funciones de subdirector. Ambos fueron relevados y quedaron bajo la investigación del sumario ordenado por el propio Marcelo Pérez, a cargo del Ministerio de Gobierno de la provincia. Habrían sido reemplazados por el alcaide mayor Walter Flores y el alcaide principal Raúl Meza, respectivamente.
Hasta el jueves, el primero cumplía funciones en la Unidad Penal VI, el Instituto de Procesados y Encausados de Miguel Lanús, mientras que el segundo se desempeñaba en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
La disposición trascendió el jueves después de que el Tribunal Penal 1 de Oberá, donde se recibieron las documentaciones que acreditaban las salidas irregulares de al menos tres presos considerados de extrema peligrosidad, remitiera esos papeles a la fiscalía de Instrucción 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la doctora Myriam Silke, que en principio habría solicitado al magistrado Horacio Heriberto Alarcón el inicio de una causa penal.