En una audiencia, las partes llegaron a un acuerdo por un régimen de tenencia compartida, por lo cual Fátima González podrá volver con su hijo a la comunidad Tekoa Ysyry.
ELDORADO. En una audiencia realizada el martes último, el juez de Familia de la Capital del Trabajo resolvió restituir a la joven mbya Fátima González la tenencia de su bebé.
Asimismo, se indicó que la mamá acordó un régimen compartido de tenencia.
El niño había sido entregado a su abuela en una audiencia previa, de la cual se pidió la nulidad, ya que la mujer no contó con un intérprete, como marca la ley. Esta vez, estuvieron garantizados los derechos de la joven a un intérprete intercultural.
La joven madre mbya estuvo asistida por defensores y se pudo aportar una mirada interdisciplinaria para la resolución de un conflicto que atentó contra derechos del niño y de su madre.
El juez Juan José Palacio requirió la presencia de Dalmacio Ramos, mburuvichá de la comunidad Tekoa Ysyry, en la cual reside Fátima González.
Además, estuvieron presentes la promotora sanitaria de la comunidad, Susana Benítez y la antropóloga Ana María Gorosito Kramer actuó como perito.
La abuela del niño, María Villalba, y José María Aguiar, padre del niño, también participaron de la audiencia.
Asimismo, el juez requirió informes de la Dirección de Acción Social de Mado Delicia, de la Dirección de Asuntos Guaraníes y de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
Las múltiples voces que se expresaron en la audiencia aportaron a la concreción de un acuerdo que permitió que Fátima pudiera volver a la comunidad con su hijo, retomando así una etapa de revinculación del niño con su madre en el ámbito de su comunidad Tekoa Ysyry y de la cultura a la que ambos pertenecen.
El acuerdo prevé un régimen de tenencia compartida, al que pudo llegarse a través del diálogo entre las partes, cuyo objetivo principal -según planteó el juez- es garantizar el bienestar del niño.
Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, ámbito desde el cual se ejerció la defensa de Fátima González, ponderaron el camino del diálogo intercultural y la necesidad de que las instituciones del Estado generen los ámbitos de consulta y escucha que sean pertinentes para abordar casos que impliquen a miembros de los pueblos originarios a los fines de preservar sus derechos culturales.
“El diálogo es la forma de resolución de conflictos, es la vía privilegiada por los miembros del pueblo guaraní”, destacó José Luis Fuentes, parte del equipo de defensa de Fátima.
“El Juzgado debió abrir la mirada a la interculturalidad que atraviesa el caso y nuestro equipo puso a su disposición el conocimiento interdisciplinario que debe requerirse cada vez que se comprometan derechos indígenas”, agregó Roxana Rivas, otra de las abogadas.
“En una provincia como la nuestra, la obligación del Estado y en este caso del Poder Judicial es incorporar la perspectiva indígena en todas las decisiones que se tome y estén afectados derechos de los integrantes de las comunidades originarias. Si la perspectiva y el derecho vigente indígena hubieran sido considerados desde el primer momento, todo el daño se hubiera evitado”, advirtieron desde el espacio de derechos humanos.
Por su, parte, la antropóloga Ana María Gorosito Kramer destacó: “Una vez más, estos lamentables conflictos se producen ante la ausencia total del organismo específico que debería haber intervenido en cada caso. La Dirección de Asuntos Guaraníes, cuyo informe fuera requerido oportunamente por su señoría ya desde el momento de la primera audiencia en el mes de noviembre, no ha contestado ni se ha hecho presente de alguna manera. A la extrema vulnerabilidad de los miembros del pueblo guaraní, agravada en este caso por la situación de niñez y género, se suma la repetida y alarmante inacción el Poder Ejecutivo de Misiones, con una dependencia cuya existencia absorbe parte del presupuesto provincial anual pero que, en los hechos, tiene una existencia meramente ornamental y simbólica”.
Foto: ilustrativa.