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Se tratan de Ladislao Chomín, condenado en 2012 a 4 años de prisión por abuso sexual de una niña; Miguel Ángel Santurio, condenado en 2013 en un juicio canónico por abuso fue liberado por falta de pruebas; y Aníbal Valenzuela, obispo de Puerto Iguazú en 2007, nunca fue investigado. Una investigación de la Agencia Télam –de las periodistas Lucía Toninello y Mariana García–, deja al descubierto que la denuncia contra el pedófilo padre Grassi no es un hecho aislado, desde entonces cuatro nuevas denuncias se sumaron por año y sólo tres casos fueron sancionados con la máxima pena prevista por el derecho canónico: la expulsión del sacerdocio.
Siguiendo las notas publicadas en medios nacionales y regionales, informes de agencias y consultando fuentes propias, Télam reconstruyó un mapa de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica en nuestro país, utilizando el mismo mecanismo de La Casa del Encuentro, la ONG que lleva adelante el único registro nacional que existe sobre femicidio. Este mapa muestra que en la mayoría de los casos la Iglesia no acompañó a las víctimas, que los abusadores ya tenían antecedentes y que los traslados son la respuesta más frecuente ante una denuncia.
La mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso. Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta”,
explicó Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y uno de los pocos especialistas en derecho canónico del país que no pertenece a la Iglesia.
En Misiones también contamos con casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes a indefensos niños. Ladislao Chomín fue condenado en 2012 a 4 años de prisión por abuso sexual de una niña en nuestra provincia. El abusador cumplió solamente prisión domiciliaria. El Padre Miguel Ángel Santurio fue condenado en 2013 en un juicio canónico por abuso en Misiones pero fue liberado por falta de pruebas. Aníbal Valenzuela fue en 2007 el obispo de Puerto Iguazú (Misiones), Marcelo Martorell, decidió suspenderlo como párroco por denuncias de abusos. Tuvo el apoyo del obispos misioneros y nunca fue investigado.
En estos 15 años, sólo tres curas fueron sancionados con la expulsión del estado clerical, que implica que ya no pueden ejercer más el sacerdocio: Miguel Ángel Santurio (2013, condenado a 14 años por abuso sexual agravado contra 5 chicos), José Mercau y Cristian Gramlich (el papa Francisco fue quien ordenó la sanción contra ambos sacerdotes de San Isidro, pero la denuncia nunca fue llevada a la Justicia).
Imagen de portada ilustrativa.
Se tratan de Ladislao Chomín, condenado en 2012 a 4 años de prisión por abuso sexual de una niña; Miguel Ángel Santurio, condenado en 2013 en un juicio canónico por abuso fue liberado por falta de pruebas; y Aníbal Valenzuela, obispo de Puerto Iguazú en 2007, nunca fue investigado. Una investigación de la Agencia Télam –de las periodistas Lucía Toninello y Mariana García–, deja al descubierto que la denuncia contra el pedófilo padre Grassi no es un hecho aislado, desde entonces cuatro nuevas denuncias se sumaron por año y sólo tres casos fueron sancionados con la máxima pena prevista por el derecho canónico: la expulsión del sacerdocio.
Siguiendo las notas publicadas en medios nacionales y regionales, informes de agencias y consultando fuentes propias, Télam reconstruyó un mapa de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica en nuestro país, utilizando el mismo mecanismo de La Casa del Encuentro, la ONG que lleva adelante el único registro nacional que existe sobre femicidio. Este mapa muestra que en la mayoría de los casos la Iglesia no acompañó a las víctimas, que los abusadores ya tenían antecedentes y que los traslados son la respuesta más frecuente ante una denuncia.
La mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso. Estos números muestran la arbitrariedad del juicio canónico, porque salvo en casos que son indefendibles o han tenido mucha trascendencia pública, la expulsión no se concreta”,
explicó Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y uno de los pocos especialistas en derecho canónico del país que no pertenece a la Iglesia.
En Misiones también contamos con casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes a indefensos niños. Ladislao Chomín fue condenado en 2012 a 4 años de prisión por abuso sexual de una niña en nuestra provincia. El abusador cumplió solamente prisión domiciliaria. El Padre Miguel Ángel Santurio fue condenado en 2013 en un juicio canónico por abuso en Misiones pero fue liberado por falta de pruebas. Aníbal Valenzuela fue en 2007 el obispo de Puerto Iguazú (Misiones), Marcelo Martorell, decidió suspenderlo como párroco por denuncias de abusos. Tuvo el apoyo del obispos misioneros y nunca fue investigado.
En estos 15 años, sólo tres curas fueron sancionados con la expulsión del estado clerical, que implica que ya no pueden ejercer más el sacerdocio: Miguel Ángel Santurio (2013, condenado a 14 años por abuso sexual agravado contra 5 chicos), José Mercau y Cristian Gramlich (el papa Francisco fue quien ordenó la sanción contra ambos sacerdotes de San Isidro, pero la denuncia nunca fue llevada a la Justicia).
Imagen de portada ilustrativa.