Estancias usadas por avionetas narco en Santo Tomé serán entregadas al Inta
Las más de 8.000 hectáreas de tierras correspondientes a dos estancias que eran utilizadas por una banda transnacional dedicada al tráfico de cocaína en avionetas en la localidad de correntina de Santo Tomé serán entregadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), tras un fallo de la Justicia Federal.
Los inmuebles rurales que ahora pasarán a manos del Inta son las fincas Santa María del Aguapey y Santa Úrsula, de 7.000 y 1.889 hectáreas respectivamente, las cuales fueron decomisadas en el marco de la mega causa conocida como “narcoavionetas”, donde se juzgó a una decena de involucrados en operaciones de ingreso al país de aeronaves de pequeño porte repletas de cocaína.
La resolución fue firmada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, conformado por los magistrados Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (subrogante), quienes de esta forma hicieron lugar a un pedido presentado por el director del Inta-Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, el ingeniero agrónomo Jacques Kraemer y por el director del Centro Regional Corrientes del Inta, el médico veterinario José Rafart Anton.
Según informaron desde el portal web del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la presentación realizada los representantes del organismo agropecuario habían solicitado “gestionar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la transferencia definitiva de los inmuebles debido a que el INTA logró ‘poner en orden’ estos establecimientos y expresaron que los destinarán a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales”.
En el expediente también intervinieron el titular de la Fiscalía General de esa provincia, Carlos Schaefer; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; el fiscal auxiliar de la procuraduría, Martin Uriona y la responsable de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DGRDBA), María del Carmen Chena.
En la resolución dictada, los magistrados intervinientes destacaron que los inmuebles fueron administrados desde su entrega en depósito judicial por el Inta y valoraron la recuperación y puesta en valor de los predios que los encargados del organismo llevaron adelante.
En esa línea, el fallo también dispone que en el lugar se acondicione un sector de al menos 10 hectáreas para que quede a disposición del Estado provincial o nacional para la puesta en marcha de una institución dedicada a la rehabilitación de afectados por el consumo de estupefacientes.