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La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el máximo órgano judicial del país, desestimó defensivo presentado por el ex prefecto Jorge Daniel Barceló (40) y dejó firma la condena de 15 años impuesta en su contra por una serie de delitos perpetrados contra una subalterna, entre ellos violaciones reiteradas.
En su resolución, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el planteo de la defensa por “falencias formales en la presentación” y, en consecuencia, la sentencia impartida a fines de agosto de 2025 por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas quedó firme.
Dicha sentencia fue dictada por los jueces Gustavo Cardozo, Manuel Alberto Jesús Moreira (hoy jubilado) y Enrique Bosch (subrogante), quienes declararon al ex prefecto penalmente responsable por los delitos de “abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público, un hecho, abuso sexual simple dos hechos y uno en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal dos hechos y uno en grado de tentativa, todo agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad en el ámbito de su función, todo en concurso real”.
La condena fue de 15 años de prisión y el imputado escuchó el veredicto desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra alojado desde 2023, aunque la investigación comenzó un año antes, tras la denuncia de la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo de la PNA en Posadas, quien acusó a su jefe por varios hechos que se venían sucediendo desde 2020.
En su denuncia la prefecturiana expuso un verdadero calvario que iban desde maltrato laboral, hostigamiento, acoso y al menos tres violaciones perpetradas en horario laboral.
El juicio contra Barceló comenzó el 8 de mayo del año pasado, instancia en la que se leyó el requerimiento de elevación a juicio de la extensa causa instruida en su momento por el Juzgado Federal de Posadas y a partir de ahí se sucedieron más de diez audiencias con declaración de testigos, entre ellos la denunciante.
Todas esas audiencias fueron realizadas a puertas cerradas para preservar la integridad de la denunciante y evitar su revictimización.