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Luego de que el magistrado Roberto Andersson Frank, titular del Juzgado de Familia Dos de Posadas, ordenara la eliminación de una nota publicada por este medio, con apercibimiento de multa y acción penal por desobediencia judicial, La Voz de Misiones respondió con un recurso de revocatoria, alegando falta de fundamentos y defendiendo dos postulados claros: el derecho a informar y el derecho de la sociedad a recibir información.
Mediante su representante legal, el letrado Sebastián Noguera, La Voz de Misiones articuló un recurso de revocatoria in extremis con apelación en subsidio en el que solicita dejar sin efecto los puntos III, IV y V de la resolución en la que Andersson Frank ordena la eliminación de una nota que aborda el reclamo de una madre que mantiene una contienda judicial con su ex pareja por la tenencia de una hija en común.
En su fallo, el magistrado no solo ordena la despublicación de la nota, sino también el bloqueo de todos los contenidos relacionados, como el video de la entrevista publicado en Youtube y replicado en las redes sociales del medio, todo ello bajo apercibimiento de una multa diaria de $50.000 y la acción de una causa penal por desobediencia judicial.
En su escrito, de 15 carillas, LVM responde que la medida se tomó “sin que conste audiencia previa, sin individualización de los responsables obligados y con fundamentos que no demuestran el presupuesto fáctico ni la proporcionalidad de la medida”.
Además, resalta que la decisión de Su Señoría “afecta el derecho del medio a informar y el de la sociedad a recibir información vinculada con un proceso de restitución y con la actuación judicial en él”.
Sobre los cuestionamientos de la resolución del juez Andersson Frank, este medio alega en su recurso de revocatoria que “la resolución reconoce que no se utilizó el nombre completo en la entrevista” y sostiene que “su conclusión se apoya en la posibilidad de identificación indirecta a partir de un conjunto de datos contextuales”.
En esa línea, el fallo “no confronta individualmente cada dato con el contenido efectivo de la nota y del video, no distingue qué datos pertenecen a uno u otro soporte y no demuestra que, en concreto, una persona que accediera a la publicación pudiera identificar a la niña ni que se hubiera producido una lesión de su dignidad, reputación o intimidad”.
“En definitiva apoya la decisión en un peligro meramente hipotético y frente a ello decide limitar al derecho constitucional de informar”, contesta LVM.
En otro punto del escrito, se arguye que “tampoco se ha acreditado el daño futuro que la resolución describe como una “marca indeleble”. No consta evaluación alguna sobre la exposición concreta de la niña, su ámbito escolar, sus relaciones sociales o su situación personal. Se trata de una proyección hipotética, formulada en términos generales, que no puede por sí sola justificar la eliminación integral de la publicación”.
Entre otros argumentos, la respuesta judicial de este medio considera que eliminar por completo la publicación ya realizada “impide el acceso del público a un contenido vinculado con un proceso judicial y con la actuación de los órganos intervinientes”, además de lesionar la “posibilidad del medio de recibir y difundir información”.
LVM además entiende que “toda restricción a la libertad de expresión debe interpretarse restrictivamente” y apunta que “una medida que ordena el cese de publicaciones constituye censura previa inadmisible cuando no se ha demostrado el presupuesto que la justifica”.
En ese sentido, se argumenta que “la finalidad de proteger la identidad de una niña es legítima, pero no autoriza a eliminar toda información sobre el conflicto o sobre el proceso. Entre esa protección y el silencio absoluto existe un espacio de medidas proporcionales: preservar los datos personales, abstenerse de difundir identificadores concretos o suprimir el pasaje específico que, debidamente acreditado, identifique a la niña. La resolución no explica por qué esas alternativas serían insuficientes y derechamente elige el extremo más perjudicial para la libertad de prensa”.
Como cierre, se plantea que “el interés superior del niño debe ser una consideración primordial, pero su aplicación requiere examinar las circunstancias del caso, la necesidad de la medida y su proporcionalidad”.
Y se alega que “la perspectiva de género no significa que el medio pueda difundir datos que identifiquen a una niña, sino que la protección de su identidad no debe confundirse con la invisibilización de las manifestaciones de la progenitora ni con la eliminación de toda información sobre el conflicto. La resolución no analiza esa tensión ni explica por qué la medida adoptada resulta la más adecuada para resguardar simultáneamente los derechos de la niña, de la progenitora y el derecho del público a informarse”.
También se responde a los apercibimientos expuestos por el magistrado y se cuestiona que “la remisión inmediata a la justicia penal por presunto delito de desobediencia judicial agrava la irrazonabilidad de la medida”.
“La desobediencia presupone una orden válida, clara y notificada a la persona obligada (y firme). Aquí la obligación se dirige a sujetos indeterminados, su alcance técnico es ambiguo y la propia resolución se encuentra cuestionada por esta parte. La amenaza penal no puede utilizarse para compeler el cumplimiento de una orden cuya validez y proporcionalidad aún no han sido revisadas”, se desglosa de los argumentos esgrimidos en la respuesta judicial de este medio.
Por todo lo expuesto, La Voz de Misiones solicitó hacer lugar a la revocatoria y dejar sin efecto las medidas dictadas por el magistrado Andersson Frank o bien, en forma subsidiaria, se conceda la apelación con efecto suspensivo hasta que la cuestión sea dirimida por un tribunal de alzada.
La notificación del magistrado Roberto Andersson Frank, titular del Juzgado de Familia Dos de Posadas, tiene relación con una nota publicada el miércoles.