Prorrogaron el congelamiento de bienes a miembros del Clan Barakat
Finalmente, en la tarde-noche de ayer, al límite del vencimiento de los plazos establecidos, se firmó la resolución que dispone una nueva prórroga del congelamiento de bienes sobre los integrantes del denominado Clan Barakat, sindicado grupo de comerciantes libaneses acusados de efectuar maniobras de lavado de dinero en casinos de Puerto Iguazú para luego financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y se dio sobre el filo del vencimiento del último plazo establecido. De esta manera, la medida cautelar continuará en vigencia, al menos, por un año más.
El acercamiento de la fecha límite había sido alertado con preocupación por la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante en el expediente, cuyos representantes legales interpusieron un recurso de queja por retardo de justicia como llamado de atención y para pedir avances en la causa, tal como publicó La Voz de Misiones.
Es que, de vencerse los plazos, las medidas cautelares perderían vigencia y permitiría que la decena de extranjeros puestos bajo la lupa pudieran volver a hacer uso de sus bienes inhibidos, como así también quedaban habilitados a operar en el sistema financiero argentino.
El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y también concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos.
La investigación comenzó en 2015. Allí la UIF dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibición finalmente se judicializó en 2018. Desde ese momento la disposición se prorroga año a año.
Por el momento hay más de decena de sospechosos, aunque ninguno alcanzó a ser indagado.
Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.