Judiciales
Rechazaron excarcelar a un policía retirado imputado en el caso Mario Golemba
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Redacción
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El policía retirado Mario Eduardo Pellizzer, uno de los 17 imputados en la causa que investiga el caso Mario Fabián Golemba como desaparición forzada, continuará detenido bajo arresto domiciliario luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara el rechazo a su pedido de excarcelación.
El planteo fue denegado en primera instancia por el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada María Verónica Skanata, tras lo cual la defensa del uniformado presentó un recurso de apelación que debió ser analizado por el tribunal de alzada.
En su presentación, la defensa de Pellizzer cuestionó “falta de fundamentación concreta e individualizada de los riesgos procesales”, “insuficiencia de la gravedad del delito y la pena en expectativa” y una “errónea valoración de la prueba nueva”.
Entre sus argumentos, expusieron que el policía retirado cuenta con “arraigo domiciliario y laboral” y consideraron que “transferirle riesgos vinculados a otros procesados o a su antigua pertenencia a la fuerza contraviene el carácter estrictamente personal e individual de toda medida de coerción”.
El escrito fue corrido a vista de la fiscalía, cuyo titular opinó contrariamente al pedido y entre sus consideraciones recalcó que el implicado ya obtuvo el arresto domiciliario como medida de morigeración y resaltó que el peligro de entorpecimiento de la causa aún es “concreto” dada las características del delito en investigación y el carácter de sus involucrados como miembros o ex miembros de una fuerza de seguridad.
Casi en idéntico sentido opinó la querella que representa al hermano de Mario Golemba y con todas las opiniones vertidas sobre la mesa, los magistrados de la Cámara de Apelaciones resolvieron rechazar el recurso y ratificar el rechazo de la excarcelación.
“La pretensión de neutralizar los riesgos procesales mediante el mero arraigo domiciliario y laboral deviene infundada”, respondió la Cámara y en otro tramo de la resolución plantearon que “con la jurisprudencia sobre estructuras criminales enquistadas en el Estado, los ex integrantes de fuerzas de seguridad conservan un saber especializado en técnicas de ocultamiento, circuitos de información clandestina y lazos de camaradería corporativa que facilitan la elusión o la presión sobre testigos. Es precisamente el riesgo real de una maniobra coordinada lo que justifica la cautela, de modo plenamente compatible con un análisis individualizado del perfil del imputado”.
La resolución firmada por los magistrados y , también resalta que “ máxime cuando los medios electrónicos no impiden que el encartado, valiéndose de sus vínculos residuales, ejerza influencias indirectas sobre el proceso”.
Por último, remarcaron que “este Tribunal no puede ignorar el impacto sobre la psiquis de los testigos y las víctimas, dado que en procesos como los que aquí se investigan de violencia institucional, la sola percepción de libertad -aun domiciliaria- por parte de un ex miembro de fuerzas de seguridad con capacidad de influencia genera un efecto amedrentador sobre posibles testigos reticentes, comprometiendo gravemente la espontaneidad y veracidad de futuras declaraciones testimoniales”.
De esta manera, los magistrados intervinientes resolvieron rechazar el planteo y ratificar la medida de cautelar de prisión preventiva, por lo que Pellizzer continuará con arresto domiciliario en su casa de Aristóbulo del Valle, donde además debe cumplir restricciones tales como: prohibición de salida del país; prohibición de contacto entre coimputados; prohibición de contacto con testigos y víctimas; y prohibición de acercamiento a la sede policial donde se desarrolle sus actividades.
Golemba tenía 27 años cuando desapareció, el 27 de marzo de 2008, luego de trasladarse desde Dos de Mayo hasta Oberá por una consulta médica. Desde entonces, se desconoce su paradero.
La investigación inicial estuvo a cargo de la Justicia provincial, pero en junio de 2021 el expediente pasó al fuero federal, donde comenzó a investigarse como una posible desaparición forzada de persona.
En agosto de este año, la causa tuvo un nuevo impulso con la detención de efectivos policiales en actividad y retirados. La fiscalía atribuye a 17 funcionarios y ex funcionarios distintos grados de participación en una presunta maniobra destinada a encubrir lo sucedido, mediante un supuesto pacto de silencio institucional.
Entre las hipótesis investigadas se encuentra la posibilidad de que Golemba haya permanecido bajo custodia policial en la comisaría de Dos de Mayo y haya sido víctima de violencia. Estas circunstancias forman parte de la acusación y deberán ser esclarecidas durante el proceso judicial.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, jefe de la comisaría de Dos de Mayo al momento de los hechos y uno de los principales apuntados por la querella encabezada por los letrados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles en representación de la familia Golemba.
El resto de los involucrados forma parte del personal que, de manera permanente o transitoria, cumplió funciones en esa dependencia al momento en que sucedieron los hechos investigados.
Ellos son: los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce -con causa por transporte de estupefacientes- y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; el radioperador Cristian Andrés Silva, retirado; Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado); y el radioperador Alfredo Lorenzo Ortiz.
La Cámara Federal de Apelaciones rechazó un recurso presentado por Carmelo Cerdán Cruz, ex jefe de guardia de la comisaría de Dos de Mayo. La causa se investiga como desaparición forzada de persona.