La Región
Jueza dio en adopción a un bebé antes de su nacimiento

“No quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza”. Con esa frase, y ahogada en angustia, una adolescente de 17 años le pidió a una jueza de familia de Paso de los Libres, Corrientes, que hiciera algo con ese embarazo.
CORRIENTES. La chica llegó con su tía sin cita previa y allí, en el despacho de la jueza, recostada sobre los codos, en el escritorio, vomitó su tragedia: su padrastro la viola desde que tiene 13 años.
La golpea si se niega a estar con él y la amenaza para que no cuente. La jueza escuchó el relato. La madre nunca intervino, ni siquiera hace casi tres años, cuando quedó embarazada y tuvo a su primera hija.
Esta vez, cuando se dio cuenta que otra vez estaba embarazada, se fugó a la casa de su tía, que vive en Yaguarí, a 80 kilómetros de Paso de los Libres, para pedir ayuda. Ahora, las dos mujeres le pedían una solución a la jueza.
Así comenzó esta historia que derivó en la decisión de la jueza de familia Marta Legarreta, de iniciar el proceso de adopción de esa beba, antes de que nazca. El fallo se firmó el 12 de julio y la beba nació el sábado 13.
Es decir, que sentó jurisprudencia como el primer caso de adopción prenatal, tal como destaca el portal judiciales ElDial.com, figura que no está legislada en el país.
Adopción prenatal
Los proyectos de adopción prenatal, que se impulsaron el año pasado por los sectores contrarios al aborto, en medio del debate por el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, generaron fuerte polémica.
Según se advertía, podían significar la apertura al mercado negro de las adopciones, ya que justamente son muy pocos los bebes que hay en el sistema de adopciones y mayoría las parejas que quieren adoptar menores de un año.
En realidad, la adolescente llegó al juzgado para pedir una autorización legal para interrumpir el embarazo. No quería tenerlo.
La jueza escuchó su relato y ordenó que, de forma inmediata, la chica quedara en custodia de su tía, mientras se dio intervención a la justicia penal para denunciar el abuso contra el padrastro, al que se le prohibió tomar contacto con la adolescente.
Además, Legarreta le explicó que no necesitaba un permiso legal, que existía unprotocolo a nivel nacional que la autorizaba a interrumpir ese embarazo. (La chica todavía no había ido a un hospital).
Pero, como en la provincia algunos hospitales se escudan en un decreto provincial que dejaría sin efecto el protocolo de interrupción legal del embarazo, le extendió un certificado en el hacía constar que la adolescente contaba con ese derecho, que regía a nivel nacional, para interrumpir ese embarazo.
Se lo dio para que lo presentara en el hospital San José, de esa localidad, para que no hubiera demoras ni dilaciones. También le explicó que podía arrepentirse hasta último momento. Que era su decisión.
La chica fue al hospital, donde la evaluaron y le dijeron que estaba de 23 o 24 semanas de gestación. Según consta en el expediente, los médicos le explicaron los riesgos de realizar un legrado a esa altura del embarazo, y la adolescente desistió del aborto y volvió al juzgado con la idea de dar en adopción al bebé.
Presiones
Consultada sobre si en el hospital si se la había presionado para redirigir su decisión, la jueza asegura que los informes psicológicos del forense indican que fue la adolescente la que eligió al conocer los riesgos. Y también que se constató que la chica evidenciaba entendimiento de sus decisiones.
La tía, que la acompañó en todo el proceso no denunció que hubieran querido manipularla, ni tampoco hacerle perder tiempo para condicionar su decisión.
“En este momento yo quiero dar en adopción a mi bebé, a la familia que se va a hacer cargo de él”, le dijo, según consta en el fallo.
La jueza, en presencia de la asesora de menores y de la tía le preguntó si estaba segura. La chica lo ratificó. Lo mismo que después, en una entrevista con el psicólogo. “Sí, estoy segura. Y no quiero ver al bebe al momento del nacimiento. Quiero que esté la familia que la va a adoptar para evitar que el bebe quede conmigo”, dijo.
La chica estaba conmocionada pero segura, apunta la jueza. Le preguntaron si cuando naciera lo quería amamantar y la chica dijo que no. Después, habló con la tía y le dijo que ella le dijera todo a la jueza. “Quiere que la atiendan bien, y que no le pregunten el por qué de la adopción, ni las enfermeras, ni los médicos del hospital.
Que la internen en una pieza privada, donde pueda estar sola así nadie le pregunta nada. Y que nadie sepa quién es ella, ni de su decisión”, apuntó la tía, tal como figura en el expediente.
Una y otra vez la adolescente pidió, rogó que no la obliguen a tener otro hijo a la fuerza. Que ya había tenido una hija así y que con dos no iba a poder.
“Nos encontramos en presencia de una joven vulnerable, en conflicto con su maternidad no deseada, que exterioriza nada más ni nada menos que la decisión de dar a un hijo en adopción, inmediatamente al nacimiento.
Situación que requiere un tratamiento especial por parte de la juricatura, a modo de proceso judicial preliminar y urgente”, dice la jueza en el fallo.
Legislación
La legislación vigente no contempla la adopción prenatal. Una vez que un chico nace, existe un plazo de 45 días, que coinciden con el puerperio, en los que la madre puede arrepentirse de su decisión de darlo en adopción.
Además, la búsqueda de padres se realiza entre los inscriptos en el Registro Único de Aspirantes (RUA) a guarda con fines adoptivos, después del nacimiento.
En cambio, en este caso, la jueza Legarreta decidió iniciar el proceso de adopción de forma prenatal. Se buscó a los aspirantes que vivieran más cerca y que calificaran para ser padres y se eligió a una pareja de esa ciudad, que no tenía otros hijos. La adolescente los conoció en el juzgado, mientras estaba embarazada.
Les pidió que cuidaran mucho al bebe y les prometió que “no los iba a molestar nunca, quédense tranquilos”, les dijo.. La jueza les explicó la situación a todos: había evaluado la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la espera de los 45 días para otorgarles la guarda preadoptiva. Sin embargo, había resuelto no hacerlo.
Una vez que naciera, la pareja recibiría la guarda provisoria y a los 45 días, la preadoptiva, para que unos seis a nueve meses después, si todo iba bien, se les otorgara la adopción plena.
“Después de esos 45 días no vas a poder arrepentirte”, le dejó en claro. La adolescente estuvo de acuerdo. Así, su hija se convirtió en la primera beba en recibir el estado de adoptabilidad, antes de nacer.
“Se trata de una medida urgente tendiente a evitar los riesgos que acarrearía la permanencia del niño junto a su madre, contra su voluntad, sumido al peligro de un posible abandono o entrega ilícita a terceros”, apunta la jueza.
La beba nació el sábado 13 de julio, un día después de que se firmara el fallo que decretaba su estado de adoptabilidad. Desde ese día, la beba está con la pareja que designó el juzgado. Tiene 18 días y cuando cumpla los 45 días se iniciará la adopción.
Nació por parto natural. La adolescente estuvo sola en una habitación, y se respetó su voluntad de que nadie le preguntara nada. Cuando salieron del hospital, ella y su tía se fueron caminando a la parada para tomar el colectivo y volver a Yaguarí. El padre adoptivo las vio irse y se ofreció a llevarlas esos 80 km hasta su casa.
Fuente: Nación
Frontera
Se derrumba un edificio en Encarnación y mueren dos mujeres

Un edificio de ocho pisos, que estaba en construcción, se derrumbó anoche en Encarnación, provocando la muerte de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron rescatados esta mañana de entre los escombros por una unidad de bomberos voluntarios.
El siniestro ocurrió en el barrio encarnaceno San Roque, muy próximo al centro y la costanera de la ciudad, y fue captado por cámaras de seguridad que registraron el instante preciso en que la estructura colapsa y se viene abajo como un castillo de naipes.
Según confirmaron las autoridades policiales y municipales, al momento del desastre se encontraban en el lugar una mujer de 55 años, identificada como Hermelinda Báez, y su nieta, Montserrat Brítez, una adolescente de 15 años, a quienes el sereno del edificio les había acondicionado una de las habitaciones en construcción para que pasaran la noche.
Finalmente, y tras largas de horas de trabajo, con ayuda de perros y maquinarias, los rescatistas pudieron dar con los cuerpos sin vida de ambas mujeres, oriundas de Capitán Miranda, un distrito ubicado a unos 15 kilómetros al Este de Encarnación.
Esta mañana, en una rueda de prensa, el intendente Luis Yd y el director de Obras de la Municipalidad, René Miglio, lamentaron el fallecimiento de la abuela y su nieta, y aseguraron que la construcción contaba con todos los permisos correspondientes.
Sin embargo, aclararon que luego de una fiscalización constataron que los responsables de la obra agregaron más pisos a la estructura y que por ello se les impuso una multa que pagaron para regularizar la situación ante la comuna.
Miglio enfatizó que el edificio no estaba habilitado para el uso y tampoco para que personas extrañas a la obra se quedaran a dormir en el sitio.
La Región
Sacerdote expuso estado de madres de niñas misioneras asesinadas en Paraguay

El sacerdote franciscano de Bahía Blanca, Rodolfo Viano, denunció en sus redes, en un texto que fue levantado, este miércoles, por el diario porteño Página/12, que las madres de María Carmen y Lilian Mariana, las niñas misioneras asesinadas el 2 de setiembre de 2020 por fuerzas militares paraguayas, Laura y Cármen Villalba, están recluidas en ese país en “condiciones inhumanas”.
El cura Viano relata en su escrito la reciente visita que hizo a Laura y su hermana Carmen en la cárcel de Minga Guazú, un penal de máxima seguridad ubicado a 13 kilómetros de Ciudad del Este, donde están recluidas bajo un régimen estricto y aisladas entre ellas.
“Lesa humanidad contra tres mujeres en Paraguay”, tituló el diario porteño el texto del sacerdote de Bahía Blanca, que entrevistó, también, en el penal a Francisca Andino, otra de las presas alojadas en la misma unidad que las hermanas Villalba.
Encapuchadas
“El miércoles 26 de marzo pasado tuve la oportunidad de conversar con tres mujeres de Paraguay encerradas y aisladas, por orden del Ministerio de Justicia del actual gobierno nacional de ese país, dada su presunta pero injustificada peligrosidad, desde mediados de octubre pasado, en la cárcel de varones de Minga Guazú, que alardea de ser un ‘centro de reinserción social’ por el camino –imposible– del punitivismo extremo”, escribe Viano y denuncia: Carmen Villalba, Laura Villalba (su hermana) y Francisca Andino padecen condiciones inhumanas dentro de un régimen especial improvisado para ellas, al que fueron sumando otras diez mujeres excluidas de una vida digna casi desde sus nacimientos, con no pocas irregularidades que aparecen detectadas e informadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del mismo Estado Paraguayo”.
“Cada una de las tres fueron llegando al locutorio esposadas y tabicadas con una capucha negra, que las hace respirar con dificultad por su grosor y hediondez, conducidas por guardiacárceles mujeres, que las llevaron descendiendo por empinadas escaleras desde el piso superior del penal, escaleras por las que podrían caer y golpearse al no poder contar con un mínimo de autonomía visual”, cuenta el cura.
Revela que las presas “solo están libres de capucha cuando están en su reducida celda, jaula casi sin pertenencias personales, donde está su duro lecho de descanso, su letrina maloliente, un grifo de agua salada, y donde intentan llevar una rutina de gimnasia y lectura, cuando no llegan para amedrentarlas con innecesarias e imprevistas requisas”.
Auriculares
Viano cuenta que entrevistó a las presas, “una por una”, a través de un “grueso vidrio” y que conversó con ellas, por espacio de no más de una hora, mediante “auriculares”.
“La primera que llega es Carmen, privada de libertad desde 2003, los últimos años en la cárcel de mujeres del Buen Pastor (en Asunción), donde terminó sus estudios universitarios de sicología, con una institución privada, de modo virtual, que se pudo pagar vendiendo comidas y artesanías desde el penal, trasladada a Minga Guazú sin explicaciones, habiendo cumplido en Asunción su condena más de dos años antes, pero prolongada amañadamente, ella cuidándose de hacer buena letra para salir y colaborar en la búsqueda de su hija Lichita –como hace tiempo le indicó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU al gobierno paraguayo-, desaparecida el 30 de noviembre del 2020, a manos de las impunes Fuerzas de Tarea Conjunta del Estado Paraguayo”, relata el cura.
En otro tramo del escrito, Viano afirma que las guardias del penal “se roban” las encomiendas que él y otros allegados envían regularmente a las presas, y que, incluso, éstas tienen dificultades hasta para conseguir elementos básicos de higiene personal y agua para beber.
“Quienes tratamos de acercarles alguna encomienda con frecuencia quincenal o mensual notamos un ‘agujero negro’ que se traga, digamos sin eufemismos, se roba, lo que está destinado para ellas”, asegura. “Escoba, escurridor y palangana ellas tienen que pedirlos vez por vez, también el agua para beber –imaginemos días de mucho calor y por tanto mucha sed-, primero con paciencia, al cabo de un rato insistiendo, y luego de horas, a los gritos y golpeando los barrotes”, reseña.
Sobre Laura, que trabajó en una clínica privada en Puerto Rico hasta diciembre de 2019, en que cruzó a Paraguay, junto a su hija María Carmen y su sobrina Lilian Mariana, y ya no pudo regresar por las restricciones fronterizas de la pandemia, Viano afirma que la mujer le pidió que le enviara “alguna encomienda con leche, yerba mate, alguna proteína bajo forma de paté o fiambre aunque no sean alimentos saludables”, ya que “sospecha que, aunque rechazan la atención psiquiátrica que les prescribe sicofármacos, algo les estén mezclando en los alimentos y en el agua”.
Persecución
A diferencia de Carmen, Laura está recluida desde 2020. Fue capturada por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del gobierno paraguayo, luego de ser testigo del ataque al campamento donde murieron las niñas, y de donde alcanzó a escapar junto a otra de las hijas de su hermana, Lichita, de 14 años, que había sido herida en una pierna y desapareció ese mismo día, presumiblemente, secuestrada por las fuerzas militares.
La ex enfermera de Puerto Rico fue condenada a 30 años de prisión en diciembre del año pasado, por los delitos de terrorismo, asociación terrorista y violación de la Ley de Armas, y al igual que Carmen estaba acusada de pertenecer al grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Lo cierto es que, al momento del ataque de la FTC al campamento guerrillero en el Departamento de Concepción, en el norte del país, Laura Villalba y las niñas se encontraban visitando a los padres de éstas, que sí son integrantes del grupo armado.
El caso de las niñas asesinadas y de la adolescente Villalba desaparecida, provocó, enseguida la repercusión internacional e involucró al gobierno argentino de entonces, que exigió a su par paraguayo un pronto esclarecimiento de los hechos, que hasta el día de hoy no se ha producido.
Laura y el resto de su familia venían denunciando, por años, al Estado paraguayo por “persecución y hostigamiento”, por lo que se habían mudado al interior misionero, de donde partieron a Paraguay unos meses antes de la pandemia de covid para ya no volver.

El cura párroco Rodolfo Viano.
Frontera
Bullrich sobre balaceras contra gendarmes en Irigoyen: “No nos amedrentan”

“No nos amedrentan, ni nos van a detener”, afirmó hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación a las balaceras cometidas esta madrugada en contra de inmuebles pertenecientes a dos agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en Bernardo de Irigoyen.
La funcionaria resaltó que el hecho se haya producido en el mismo lugar “donde pusimos en marcha el Plan Guacurarí”, iniciativa que busca reforzar la seguridad en la frontera con Brasil con un lógica similar al Plan Güemes, implementado en diciembre pasado en Salta.
El denominado Plan Guacurarí iba a ser lanzado en Irigoyen el pasado 9 de marzo con la presencia de la propia de Bullrich en territorio, pero la presentación finalmente fue suspendida por la trágica inundación en Bahía Blanca y desde ahí no hubo ningún otro anuncio oficial al respecto.
“Está claro que intentan intimidarnos porque metimos el dedo en la llaga y tocamos intereses poderosos”, especuló Bullrich en la publicación realizada en su cuenta X sobre el ataque sufrido por dos gendarmes de la localidad misionera ubicada en frontera seca con Brasil.
“No nos amedrentan, ni nos vamos a detener. Cada ataque es una señal de que estamos en el camino correcto. Ni un paso atrás”, cerró Bullrich.
12 DISPAROS: AUNQUE NOS ATAQUEN, SEGUIMOS FIRMES
En Bernardo de Irigoyen, Misiones, el mismo lugar donde pusimos en marcha el Plan Guaçurari para frenar los delitos en la frontera, atacaron a tiros la casa de un gendarme.
Está claro que intentan intimidarnos porque metimos el… pic.twitter.com/41gyFlnoV4
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 28, 2025
Balaceras
Las balaceras se registraron esta madrugada. El primer ataque ocurrió a las 3 de la madrugada, cuando dos motociclistas se detuvieron frente a un galpón donde el segundo comandante del Escuadrón 12 de GNA tenía su Volkswagen Vento guardado e iniciaron una ráfaga de doce disparos contra el lugar.
Una hora y media más tarde, el blanco fue la casa de un cabo del mismo escuadrón, en el barrio Martín Fierro. Allí los disparos fueron cerca de 30, los cuales impactaron contra el inmueble y contra los dos vehículos del uniformados: una Ford Ranger y una camioneta Jeep.
Afortunadamente, en ninguno de los casos se registraron personas heridas y la primera hipótesis apunta a que los ataques se dieron a modo de respuesta por un reciente procedimiento contra cigarrilleros, operativo en el cual se incautaron mercadería y rodados.
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