BRASIL. El ex presidente brasileño nunca fue informado sobre las reformas realizadas en la casa de su amigo que él usaba con frecuencia. Tampoco existen pruebas de que Lula haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el Gobierno.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el ex magistrado pasó a ser parte del gabinete del ultraderechista Jair Bolsonaro, en la cartera de Justicia.

Según Hardt el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según la investigación, fueron dichas empresas quienes pagaron por las obras de la propiedad, que equivalían a una suma de 1,26 millones de reales, según la denuncia, con recursos desviados de contratos con la estatal petrolera Petrobras.

Los fiscales argumentaron que el ex presidente se benefició ilegalmente de las reformas por parte de las empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera.

“Es posible concluir encima de cualquier duda razonable que los valores para costear la reforma fueron oriundos de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht-OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto al garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores – PT), como recibiendo parte de dichos valores en beneficio propio”, afirmó la jueza, citada por el diario brasileño Folha de San Pablo.

“Tales sumas de dinero fueron solicitadas y recibidas indebidamente en razón de la función pública por él (Lula) ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”, señaló la jueza. El pasado noviembre, Hardt interrogó al ex mandatario por este caso, en la única salida que le permitieron hacer desde que fue encarcelado hace 10 meses.

La defensa de Lula, sin embargo, alega que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él haya pedido realizar esas obras a cambio de negocios con el gobierno. Además, los abogados del líder petista rechazaron que Lula sea el propietario oculto de la casa, sino que la razón por la que la frecuentaba era que era muy amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños oficiales de la propiedad.

En la fundamentación de la sentencia, la jueza citó las irregularidades recolectadas en los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobrás en auditorias internas de la empresa estatal, además de las confesiones de los propios ejecutivos delatores, como prueba de que había un esquema de recaudación de coimas de la estatal. No obstante, Hardt admite que no hay pruebas de que los pagos que aparecen en los contratos hayan sido utilizados para pagar campañas o gastos personales de dirigentes del PT. Pero, para ella, ese rastreo específico es imposible de realizar.

Por su parte, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, rechazó la decisión de la jueza. “La persecución a Lula no para. Una segunda condena fue proferida exactamente cuando crece la posibilidad de que Lula sea Nobel de la Paz. En la memoria del pueblo y en la historia, Lula será siempre mayor que sus verdugos”, tuiteó la senadora.

Además de Lula, según publica Página 12, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención). También dictó su sentencia en contra de Bittar, uno de los propietarios.

Página 12.

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