La Región
Lula será llevado a una cárcel común y convivirá con narcos y homicidas

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018 en una celda policial en la ciudad de Curitiba, será trasladado a una cárcel común, donde hay homicidas famosos, en el interior del estado de Sao Paulo, según determinó hoy la justicia de ejecución penal.
BRASIL. La decisión se enmarca en medio del escándalo por las filtraciones de las conversaciones por chat que revelaron una articulación clandestina entre los fiscales de la Operación Lava jato y el ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, de quien depende la Policía Federal.
Lula será enviado a la cárcel de Tremembé, en el interior del estado de San Pablo, un presidio común con homicidas famosos en la crónica policial brasileña, lo que levantó el alerta sobre su seguridad y reclamos de sus aliados sobre la legalidad de su detención.
La decisión de la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, que no establece fecha de traslado, fue tomada con la oposición de la fiscalía y la defensa a pedido de la Policía Federal, fuerza a cargo del ex juez Moro.
Lula está preso desde el 7 de abril de 2018 por corrupción en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná.
Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.
Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada pero que ella no ha tenido en cuenta.
Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.
Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.
Sin embargo, filtraciones de conversaciones vedadas por ley entre Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo habilitan la acusación de la existencia de maniobras para condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación.
Lula sostiene que es un preso político y su defensa había pedido su liberación a la Corte Suprema, que aún debe juzgar un recurso para permitirle una prisión domicilaria.
La defensa del líder opositor pidió esperar a que el Supremo Tribunal Federal termine de juzgar un habeas corpus que pide anular la sentencia por imparcialidad de Moro cuando era el juez de la megaoperación.
El abogado Cristiano Zanin Martins dijo en un comunicado que la jueza Lebbos negó que Lula, en cuanto ex presidente, pueda cumplir pena en un predio militar o policial.
La orden de la jueza de Curitiba, por un pedido de la Policía Federal, determina que Lula puede ser enviado a un presidio común, a una celda colectiva que sea determinada por un juez de Sao Paulo.
El habeas corpus para suspender la decisión apunta a la supuesta falta de imparcialidad de Moro cuando era juez y a la anulación de la condena confirmada en tres instancias.
El Partido de los Trabajadores acusó a la jueza Lebbos de actuar ilegalmente al negarle a Lula una sede diferenciada por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas durante su presidencia, tal como lo establece el código penal.
“Lula ni debería estar preso porque es inocente y fue condenado por una farsa, ya que en la sentencia el propio Moro dijo que no hubo desvíos de Petrobras en el caso”, dice el comunicado del PT.
Dos horas después del fallo de Lebos, el juez paulista Paulo Sorci falló que Lula debe ir al presidio de la ciudad de Tremembé, en el interior del estado de Sao Paulo, conocido por albergar allí a presos de homicidio de casos famosos.
Le preparó una celda con baño y con un régimen para tener contacto con los presos comunes en el patio y en los comedores.
Telam
Frontera
Se derrumba un edificio en Encarnación y mueren dos mujeres

Un edificio de ocho pisos, que estaba en construcción, se derrumbó anoche en Encarnación, provocando la muerte de dos mujeres, cuyos cuerpos fueron rescatados esta mañana de entre los escombros por una unidad de bomberos voluntarios.
El siniestro ocurrió en el barrio encarnaceno San Roque, muy próximo al centro y la costanera de la ciudad, y fue captado por cámaras de seguridad que registraron el instante preciso en que la estructura colapsa y se viene abajo como un castillo de naipes.
Según confirmaron las autoridades policiales y municipales, al momento del desastre se encontraban en el lugar una mujer de 55 años, identificada como Hermelinda Báez, y su nieta, Montserrat Brítez, una adolescente de 15 años, a quienes el sereno del edificio les había acondicionado una de las habitaciones en construcción para que pasaran la noche.
Finalmente, y tras largas de horas de trabajo, con ayuda de perros y maquinarias, los rescatistas pudieron dar con los cuerpos sin vida de ambas mujeres, oriundas de Capitán Miranda, un distrito ubicado a unos 15 kilómetros al Este de Encarnación.
Esta mañana, en una rueda de prensa, el intendente Luis Yd y el director de Obras de la Municipalidad, René Miglio, lamentaron el fallecimiento de la abuela y su nieta, y aseguraron que la construcción contaba con todos los permisos correspondientes.
Sin embargo, aclararon que luego de una fiscalización constataron que los responsables de la obra agregaron más pisos a la estructura y que por ello se les impuso una multa que pagaron para regularizar la situación ante la comuna.
Miglio enfatizó que el edificio no estaba habilitado para el uso y tampoco para que personas extrañas a la obra se quedaran a dormir en el sitio.
La Región
Sacerdote expuso estado de madres de niñas misioneras asesinadas en Paraguay

El sacerdote franciscano de Bahía Blanca, Rodolfo Viano, denunció en sus redes, en un texto que fue levantado, este miércoles, por el diario porteño Página/12, que las madres de María Carmen y Lilian Mariana, las niñas misioneras asesinadas el 2 de setiembre de 2020 por fuerzas militares paraguayas, Laura y Cármen Villalba, están recluidas en ese país en “condiciones inhumanas”.
El cura Viano relata en su escrito la reciente visita que hizo a Laura y su hermana Carmen en la cárcel de Minga Guazú, un penal de máxima seguridad ubicado a 13 kilómetros de Ciudad del Este, donde están recluidas bajo un régimen estricto y aisladas entre ellas.
“Lesa humanidad contra tres mujeres en Paraguay”, tituló el diario porteño el texto del sacerdote de Bahía Blanca, que entrevistó, también, en el penal a Francisca Andino, otra de las presas alojadas en la misma unidad que las hermanas Villalba.
Encapuchadas
“El miércoles 26 de marzo pasado tuve la oportunidad de conversar con tres mujeres de Paraguay encerradas y aisladas, por orden del Ministerio de Justicia del actual gobierno nacional de ese país, dada su presunta pero injustificada peligrosidad, desde mediados de octubre pasado, en la cárcel de varones de Minga Guazú, que alardea de ser un ‘centro de reinserción social’ por el camino –imposible– del punitivismo extremo”, escribe Viano y denuncia: Carmen Villalba, Laura Villalba (su hermana) y Francisca Andino padecen condiciones inhumanas dentro de un régimen especial improvisado para ellas, al que fueron sumando otras diez mujeres excluidas de una vida digna casi desde sus nacimientos, con no pocas irregularidades que aparecen detectadas e informadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del mismo Estado Paraguayo”.
“Cada una de las tres fueron llegando al locutorio esposadas y tabicadas con una capucha negra, que las hace respirar con dificultad por su grosor y hediondez, conducidas por guardiacárceles mujeres, que las llevaron descendiendo por empinadas escaleras desde el piso superior del penal, escaleras por las que podrían caer y golpearse al no poder contar con un mínimo de autonomía visual”, cuenta el cura.
Revela que las presas “solo están libres de capucha cuando están en su reducida celda, jaula casi sin pertenencias personales, donde está su duro lecho de descanso, su letrina maloliente, un grifo de agua salada, y donde intentan llevar una rutina de gimnasia y lectura, cuando no llegan para amedrentarlas con innecesarias e imprevistas requisas”.
Auriculares
Viano cuenta que entrevistó a las presas, “una por una”, a través de un “grueso vidrio” y que conversó con ellas, por espacio de no más de una hora, mediante “auriculares”.
“La primera que llega es Carmen, privada de libertad desde 2003, los últimos años en la cárcel de mujeres del Buen Pastor (en Asunción), donde terminó sus estudios universitarios de sicología, con una institución privada, de modo virtual, que se pudo pagar vendiendo comidas y artesanías desde el penal, trasladada a Minga Guazú sin explicaciones, habiendo cumplido en Asunción su condena más de dos años antes, pero prolongada amañadamente, ella cuidándose de hacer buena letra para salir y colaborar en la búsqueda de su hija Lichita –como hace tiempo le indicó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU al gobierno paraguayo-, desaparecida el 30 de noviembre del 2020, a manos de las impunes Fuerzas de Tarea Conjunta del Estado Paraguayo”, relata el cura.
En otro tramo del escrito, Viano afirma que las guardias del penal “se roban” las encomiendas que él y otros allegados envían regularmente a las presas, y que, incluso, éstas tienen dificultades hasta para conseguir elementos básicos de higiene personal y agua para beber.
“Quienes tratamos de acercarles alguna encomienda con frecuencia quincenal o mensual notamos un ‘agujero negro’ que se traga, digamos sin eufemismos, se roba, lo que está destinado para ellas”, asegura. “Escoba, escurridor y palangana ellas tienen que pedirlos vez por vez, también el agua para beber –imaginemos días de mucho calor y por tanto mucha sed-, primero con paciencia, al cabo de un rato insistiendo, y luego de horas, a los gritos y golpeando los barrotes”, reseña.
Sobre Laura, que trabajó en una clínica privada en Puerto Rico hasta diciembre de 2019, en que cruzó a Paraguay, junto a su hija María Carmen y su sobrina Lilian Mariana, y ya no pudo regresar por las restricciones fronterizas de la pandemia, Viano afirma que la mujer le pidió que le enviara “alguna encomienda con leche, yerba mate, alguna proteína bajo forma de paté o fiambre aunque no sean alimentos saludables”, ya que “sospecha que, aunque rechazan la atención psiquiátrica que les prescribe sicofármacos, algo les estén mezclando en los alimentos y en el agua”.
Persecución
A diferencia de Carmen, Laura está recluida desde 2020. Fue capturada por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del gobierno paraguayo, luego de ser testigo del ataque al campamento donde murieron las niñas, y de donde alcanzó a escapar junto a otra de las hijas de su hermana, Lichita, de 14 años, que había sido herida en una pierna y desapareció ese mismo día, presumiblemente, secuestrada por las fuerzas militares.
La ex enfermera de Puerto Rico fue condenada a 30 años de prisión en diciembre del año pasado, por los delitos de terrorismo, asociación terrorista y violación de la Ley de Armas, y al igual que Carmen estaba acusada de pertenecer al grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Lo cierto es que, al momento del ataque de la FTC al campamento guerrillero en el Departamento de Concepción, en el norte del país, Laura Villalba y las niñas se encontraban visitando a los padres de éstas, que sí son integrantes del grupo armado.
El caso de las niñas asesinadas y de la adolescente Villalba desaparecida, provocó, enseguida la repercusión internacional e involucró al gobierno argentino de entonces, que exigió a su par paraguayo un pronto esclarecimiento de los hechos, que hasta el día de hoy no se ha producido.
Laura y el resto de su familia venían denunciando, por años, al Estado paraguayo por “persecución y hostigamiento”, por lo que se habían mudado al interior misionero, de donde partieron a Paraguay unos meses antes de la pandemia de covid para ya no volver.

El cura párroco Rodolfo Viano.
Frontera
Bullrich sobre balaceras contra gendarmes en Irigoyen: “No nos amedrentan”

“No nos amedrentan, ni nos van a detener”, afirmó hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en relación a las balaceras cometidas esta madrugada en contra de inmuebles pertenecientes a dos agentes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en Bernardo de Irigoyen.
La funcionaria resaltó que el hecho se haya producido en el mismo lugar “donde pusimos en marcha el Plan Guacurarí”, iniciativa que busca reforzar la seguridad en la frontera con Brasil con un lógica similar al Plan Güemes, implementado en diciembre pasado en Salta.
El denominado Plan Guacurarí iba a ser lanzado en Irigoyen el pasado 9 de marzo con la presencia de la propia de Bullrich en territorio, pero la presentación finalmente fue suspendida por la trágica inundación en Bahía Blanca y desde ahí no hubo ningún otro anuncio oficial al respecto.
“Está claro que intentan intimidarnos porque metimos el dedo en la llaga y tocamos intereses poderosos”, especuló Bullrich en la publicación realizada en su cuenta X sobre el ataque sufrido por dos gendarmes de la localidad misionera ubicada en frontera seca con Brasil.
“No nos amedrentan, ni nos vamos a detener. Cada ataque es una señal de que estamos en el camino correcto. Ni un paso atrás”, cerró Bullrich.
12 DISPAROS: AUNQUE NOS ATAQUEN, SEGUIMOS FIRMES
En Bernardo de Irigoyen, Misiones, el mismo lugar donde pusimos en marcha el Plan Guaçurari para frenar los delitos en la frontera, atacaron a tiros la casa de un gendarme.
Está claro que intentan intimidarnos porque metimos el… pic.twitter.com/41gyFlnoV4
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 28, 2025
Balaceras
Las balaceras se registraron esta madrugada. El primer ataque ocurrió a las 3 de la madrugada, cuando dos motociclistas se detuvieron frente a un galpón donde el segundo comandante del Escuadrón 12 de GNA tenía su Volkswagen Vento guardado e iniciaron una ráfaga de doce disparos contra el lugar.
Una hora y media más tarde, el blanco fue la casa de un cabo del mismo escuadrón, en el barrio Martín Fierro. Allí los disparos fueron cerca de 30, los cuales impactaron contra el inmueble y contra los dos vehículos del uniformados: una Ford Ranger y una camioneta Jeep.
Afortunadamente, en ninguno de los casos se registraron personas heridas y la primera hipótesis apunta a que los ataques se dieron a modo de respuesta por un reciente procedimiento contra cigarrilleros, operativo en el cual se incautaron mercadería y rodados.
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