El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) hizo pública este miércoles una acusación contra el Estado paraguayo por la violación de los derechos y territorios ancestrales de la comunidad indígena ava guaraní de Campo Agua’ẽ, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil.

Ubicada en una de las zonas de mayor expansión del agronegocio, Campo Agua’ẽ es una isla en medio de interminables cultivos de soja transgénica, fumigados con poderosos químicos agrícolas, algunos de los cuales figuran entre la denominada “docena sucia”, propiedad de dos hacendados de origen brasileño.

Los indígenas llevaban denunciando esta situación hace 12 años, cuando empezaron a ver diezmados sus animales,  sus propios cultivos, y sus prácticas tradicionales.

En octubre de 2009, presentaron el caso a la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, del Ministerio Público, pero la causa nunca avanzó, pese a que la fiscalía consideró probado el hecho punible de contaminación, y que incluso los mismos sojeros brasileños reconocieron. Ambos fueron sobreseídos, finalmente, en septiembre de 2013.

Entonces, con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y la organización Base Investigaciones Sociales (Base IS), la comunidad presentó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este miércoles dio a conocer sus conclusiones.

El organismo multilateral concluyó que Paraguay “violó los derechos de una comunidad indígena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevención y control de la contaminación tóxica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agrícolas vecinas”.

“El Comité declaró al Estado paraguayo responsable de violaciones de sus obligaciones asumidas mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Determinó que las fumigaciones indiscriminadas menoscabaron la diversidad biológica del territorio indígena, destruyendo los recursos naturales que no solamente son la fuente de subsistencia alimentaria sino también de prácticas culturales ancestrales asociadas a la caza, pesca, recolección en el bosque y agroecología del pueblo guaraní”, señaló Codehupy en su sitio web.

“El Estado, a 12 años de la denuncia, no tomó medida alguna para proteger los derechos de la comunidad a preservar su hábitat y a mantener su propia vida cultural”, agregó.

Soja y después

Las fumigaciones de cultivos en Paraguay se ha vuelto un verdadero problema ambiental y sanitario desde la espectacular expansión de la agricultura extensiva, basada casi exclusivamente en el monocultivo de soja genéticamente modificada.

En febrero pasado, la campaña “No fumiguen la educación, Anive Pefumiga Escuela”, impulsada por la Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), denunciaba que en el país hay 99 escuelas rurales expuestas directamente a la fumigación con agroquímicos.

La página web de la Campaña recoge los diversos estudios de campo sobre los riesgos y las consecuencias para la salud humana de la exposición a los químicos agrícolas utilizados en el país; además de testimonios de la población afectada.

El caso testigo de una de esas investigaciones se registró en Itapúa en enero de 2003, señalado como la primera muerte por exposición a los agroquímicos, el niño Silvino Talavera, del distrito de Pirapey, que falleció a los pocos días de ser alcanzado por la fumigación de cultivos de soja cuando regresaba de la escuela.

En su investigación “Escuelas Rurales fumigadas en Paraguay (Estudio de tres casos distintos)”, la antropóloga Regina Kretschmer, el abogado Abel Areco, y la socióloga Marielle Palau, sostienen que desde 2007 el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Desc) ha señalado su preocupación por la incontrolada aplicación de químicos agrícolas en el país, y que en 2019 el el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya había fallado, en casos presentados por otras comunidades, en la misma dirección que hoy sobre Campo Agua’ẽ.

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