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Piden al IPS agilizar reintegros para niños con discapacidad

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Piden al IPS agilizar reintegros para niños con discapacidad

Un grupo de mamás de niños con discapacidad pidió al Instituto de Prevención Social (IPS) la digitalización de los expedientes para percibir los reintegros de las prestaciones, debido a que el ente de salud les solicita todos los meses la misma documentación.

Ayer a la mañana, la responsable del área de Discapacidad del IPS, Ana Zamora, recibió en su oficina a la abogada María Benítez, una de las 40 madres de Posadas y del interior de la provincia, quienes tomaron la decisión de agruparse para elevar su reclamo, a través de una nota, al presidente de la prestataria de salud, Lisandro Benmaor.

En diálogo con La Voz de Misiones, María relató que la solicitud de las familias surgió “desde el hartazgo de los pedidos innecesarios que nos hacen constantemente, por la demora que hay en el proceso de reintegro, que actualmente llega hasta cuatro meses, y por el maltrato que sufrimos de parte del personal de la obra social”.

Vulneración sistemática

En la misiva, las madres sostienen que resultan “incoherentes y arbitrarios los requerimientos que actualmente” pide el IPS, al tiempo que manifiestan que se ven en la obligación de “informarles” que los niños y niñas con discapacidad “gozan de tutela especial en razón de su situación de doble vulnerabilidad”.

Seguidamente, el texto puntualiza que uno de los requerimientos del área de reintegros es que, en la documentación que deben presentar cada mes, “adjuntemos el Certificado Único de Discapacidad (CUD), no constancia, como se menciona en los requisitos”.

Y continúa señalando que “evidentemente” el área desconoce “el alcance del CUD y que contiene información sensible de los niños como ser su déficit físico, visceral, sensorial, cognitivo o intelectual y/o mental para la realización de determinadas actividades diarias”.

Asimismo, expresan en la nota que el requerimiento mensual del CUD “vulnera de forma sistemática el derecho de nuestros hijos”.

De acuerdo a lo que explicó la letrada a LVM, los papeles con los datos y diagnósticos de sus hijos recaen en catorce áreas del ente de salud social, es decir, catorce trabajadores de IPS tienen acceso a la información sensible de los pacientes con discapacidad.

Además, contó que, cada vez que preparan los requisitos para presentar en las oficinas de la obra social, utilizan unas 50 hojas para copias, “siendo que la historia clínica de nuestros hijos tienen una validez de un año”, dijo la abogada.

Y continuó: “En cada expediente de reintegros debemos adjuntar una lista interminable, cosas que no se renuevan de manera mensual, como los títulos de los profesionales, CBU, historia clínica, nota de cobertura 100%, entre otras cosas”.

Áreas del IPS por las que pasan los expedientes de los chicos.

Pedido obsoleto

Otros de los puntos con respecto al CUD que las madres manifestaron en su nota al presidente Benmaor, refiere a que el certificado dejó de tener fecha de vencimiento, por lo que resulta obsoleto que sea un requisito mensual.

“La mayoría de diagnósticos de discapacidad, sobre todo los genéticos, y aquellos que se posee desde nacimiento, son inmutables a través del tiempo, solo se puede brindar mejorías en el déficit que presenta la persona con discapacidad, pero no representa cambios significativos mes a mes”, explicaron en el documento.

Por esta razón, sostienen quienes reclaman que el gobierno nacional anunció “el cese de renovación del CUD”, y añaden: “Anuncio que ustedes replicaron también en sus redes sociales en fecha 10/03/2023, es por ello que solicitamos con suma urgencia dejen de solicitar este requisito”.

Publicación de la obra social.

Coberturas y profesionales

También, las afiliadas solicitaron que la obra social garantice la cobertura total de las prestaciones básicas a sus niños con discapacidad, tal como lo establece obligatoriamente la Ley 24.901, en su artículo 2, la cual se encuentra vigente en toda la provincia.

Consecuentemente, consideran “arbitraria” que la prestadora de salud fije topes de reintegro o que, para tener mayor cobertura, soliciten una nota “aclarando o fundamentando” el motivo de la solicitud.

Por último, piden que dejen de exigir mensualmente el título de las profesionales que “brindan terapias a nuestros hijos”, debido a que la mayoría se encuentran matriculadas, “ya que saben que el hecho de tener el título no es suficiente”.

Con los pedidos y argumentos, las mamás sostienen que la “informatización” sería de “gran ayuda, sobre todo para las familias del interior”, para encontrar una solución a las problemáticas del pago de los reintegros y prestaciones esenciales de los niños con discapacidad.

Acciones del IPS

Consultado por La Voz de Misiones, el presidente de la obra social, Lisandro Benmaor, sostuvo que está al tanto de la solicitud presentada en el área de Discapacidad y que actuaron en consecuencia, disminuyendo “una cantidad importante de pasos administrativos para los reintegros”.

En esa línea, el titular del ente de salud contó que están prontos a inaugurar un centro de discapacidad, que estará destinado “a lo administrativo, no a lo asistencial, porque desde lo asistencial inauguramos el año pasado un centro de discapacidad infantil, que funciona realmente bárbaro”.

Asimismo, explicó que el lugar contará con “auditores preparados, o formados en la temática de discapacidad, y gente capacitada en informática, para continuar el proceso de digitalización”, ya que buscan “disminuir todo lo que se pueda la burocracia, eso es a lo que apuntamos”.

En cuanto a la solicitud de documentación mensual que hacen a las familias con niños con discapacidad, Benmaor sostuvo: “Es un tema heterogéneo, hay papeles que sí o sí hay que pedirlos mensuales, hay otros que no, hay cuestiones que son legales, por eso justamente lo que no sea indispensable, tratamos de disminuir”.

Y continuó: “Estamos en tratativas de seguir disminuyendo todo lo que sea, desde oficinas, papeleríos, solicitudes. Siguen habiendo cuestiones que se pueden seguir perfeccionando y estamos trabajando para hacerlo”.

Sobre los reintegros, el presidente del IPS sostuvo que las demoras se deben a “múltiples” causas.

“Los reintegros son millones y millones de trámites, tanto cuánticos como cualitativos, a veces, es responsabilidad de los pacientes, a veces de la obra social, o de los profesionales, por ejemplo, un profesional se olvidan de un sello, o los padres traen tarde los papeles, entonces entran en los meses subsiguientes, muchas veces es responsabilidad de la obra social”, expresó.

Al mismo tiempo, reforzó que el nuevo centro de discapacidad, que estará ubicado frente al Cementerio La Piedad, traerá solución a la problemática, ya que el objetivo es que “sistematizar, formar un circuito que sea mucho más ágil, más fluido y para que esto no suceda y que no se demoren los reintegros”.

Por último, manifestó que como funcionario está abierto a “dar la cara” y hablar con los afiliados para “buscar soluciones al problema” que los aqueje.

Requisitos mensuales.

ips

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Vecina de Concepción de la Sierra reclama que Río Uruguay no habilitó el BEEG

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Vecina de Concepción de la Sierra reclama que Río Uruguay no habilitó el BEEG

Una vecina del paraje La Corita manifestó su preocupación sobre el costo semanal que implica enviar a su hijo a la secundaria ubicada en Concepción de la Sierra, debido a que la empresa de colectivos Río Uruguay “todavía no habilitó” el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito (BEEG).

En diálogo con La Voz de Misiones, Carmen Campagnac contó que su hijo de 16 años cursa el nivel secundario en la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) 23, localizada a unos 20 kilómetros del paraje donde viven.

A casi un mes del inicio de las clases, la madre expuso que la compañía no cuenta con el beneficio para los estudiantes, que el gobernador Hugo Passalacqua anunció en febrero que comenzaría con el ciclo lectivo 2025 para la primaria y secundaria en toda la provincia.

“Presentamos la planilla completa, el recorrido que hace para ir a la escuela, firmado por la institución y la policía, además de la fotocopia del alumno y los padres”, dijo Carmen Campagnac a LVM.

En esa línea, la vecina reveló que: “Teóricamente, el 5 de marzo arrancaba el BEEG. Este año nos dijeron en la oficina de la empresa que todavía no tenían novedades del boleto estudiantil, mientras tanto nos cobran como pasaje único”.

De acuerdo a lo que explicó la vecina a este medio, el adolescente que cursa el 4 año abona $1.900 para hacer el recorrido desde La Corita hasta Concepción de la Sierra, lo que representa un costo por día de $3.800, mientras que por semana sumaría $19.000 en total.

“Nos acercamos a la oficina de Río Uruguay de Apóstoles y no nos dieron una respuesta. Fuimos a la oficina de Posadas y nos dijeron que raro porque ya tendría que estar funcionando“, relató la mujer.

Y continuó: “En eso nos dicen que volvamos a Apóstoles a decirle que ya debería funcionar el BEEG y ahí nos dijeron que hasta que no tengan una orden de arriba no van a habilitar“.

Carmen afirmó que esta situación no solamente complica a su familia, sino que también a conocidos y vecinos de la zona: “Imagínate, una persona que viaja de La Corita a Apóstoles está pagando $5.000 por día, $10.000 en total“.

Por último, la vecina apuntó: “Afectan económicamente a muchas familias que mandan sus hijos a estudiar primario, secundario y terciario en las distintas localidades del recorrido de San Javier, Apóstoles y viceversa. Están jugando con los chicos, no puede ser que no tengan el pasaje a esta altura del año”.


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Garupá: denuncian a policía por quincho clandestino para fiestas privadas

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garupá quincho

Una docena de familias del “Barrio Nuevo” de Garupá, residentes de las manzanas Nº 365, 366, 367 y 139 del sector semirural que fuera conocido como “El Eucaliptal” y más recientemente también con el nombre “Altos de Garupá”, denunciaron a un efectivo policial y su pareja por un emprendimiento clandestino de alquiler de quincho y pileta para fiestas privadas.

A través de una nota dirigida al intendente Luis Ripoll y fechada el 30 de enero, los vecinos manifestaron su preocupación y malestar por la problemática que los aqueja desde hace un tiempo.

Según detallan en el documento, firmado por un total de 22 vecinas y vecinos, el conflicto surgió semanas atrás, a partir de la puesta en funcionamiento de un espacio de alquiler temporal de quincho y pileta, administrado por Gustavo Ariel Engel, a quien identificaron como sargento ayudante de la Policía de Misiones, y su pareja, Yenifer Paola Rejala.

En su escrito, los denunciantes aclaran que la pareja no reside en el lugar y el arrendamiento del lugar ha generado durante todo enero reiterados episodios de ruidos molestos en el vecindario e invasión a la intimidad por parte de visitantes desconocidos, hacia una familia con hijos pequeños que reside en el lote lindante.

Estos ruidos molestos, que se producen con música a alto volumen ininterrumpida y bullicio durante jornadas enteras, así como también la invasión de la privacidad, representan para los vecinos una amenaza a la seguridad de las familias por la permanente presencia de personas desconocidas ajenas al barrio.

En el mismo documento sostienen que los propietarios del lugar “niegan la explotación comercial del espacio”, aunque los vecinos afirman haber “constatado”, en comunicaciones directas con los visitantes, que el quincho era alquilado para eventos y uso recreativo. Además, en internet encontraron el anuncio que promociona el lugar bajo el nombre de “Quincho El Paso” y lo adjuntaron como prueba en la nota dirigida al intendente Ripoll.

Clandestino

La labor de los vecinos ante la problemática fue tal que también se interiorizaron respecto a la situación legal del lugar e indicaron que mediante información obtenida desde la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Garupá constataron que hasta la fecha “no se observan expedientes de obra en dicha dependencia”, lo que significa que los planos de obras aprobados y/o registrados no han sido presentados. Por ello, según han precisado desde dicha área municipal, se trata de “obras clandestinas”.

Por su parte, también confirmaron a partir de la Dirección de Comercio e Industria de la Municipalidad de Garupá que el lugar tampoco cuenta con la habilitación respectiva para la explotación comercial.

De acuerdo con lo informado, la Ordenanza vigente que regula este tipo de actividades en el municipio de Garupá es la Nº 265/2013. “Nada de lo que allí se contempla se cumple en el caso de este emprendimiento ilegal. Por ejemplo, citamos a continuación el artículo 10 ‘Alcance sonoro’, del capítulo 2 ‘Ámbito edilicio’ de la norma, que es muy claro cuando advierte que los locales habilitados no deberán dejar trascender en ningún caso al exterior la música o sonidos relativos a la misma”, expresaron los vecinos del Barrio Nuevo.

“Queremos aclarar que nuestra primera medida fue dialogar e intentar alcanzar un acuerdo amistoso y razonable con Engel y Rejala, pero lamentablemente no fue posible un entendimiento. La situación se torna aún más lamentable debido a que el Sr. Engel es agente de las fuerzas públicas de seguridad de la provincia y ha mostrado una actitud prepotente ante los planteos que le formulamos, de resguardar el orden y la concordia”, manifestaron las familias damnificadas en la nota formal que también enviaron a La Voz de Misiones para exponer el caso.

Y agregaron: “Para nosotros la tranquilidad, el respeto y la paz son valores fundamentales. Hacen a nuestra identidad como barrio: todos buscamos armonía con el entorno natural, en una pacífica y respetuosa convivencia vecinal. La llegada de este emprendimiento ilegal amenaza esas condiciones de vida, consensuadas por la mayoría de las y los vecinos del barrio”.

Por todo ello, solicitaron al intendente Ripoll que autorice inspecciones inmediatas de rigor, para constatar la existencia de las obras clandestinas y la explotación comercial del predio y emitir las sanciones correspondientes.

Además de la nota, los vecinos radicaron este lunes una denuncia policial en la comisaría de Garupá, que será elevada al Juzgado de Paz local. En la misma se consigna, además del problema de los ruidos molestos, que ante los más recientes reclamos, los propietarios del quincho clandestino amenazaron que “si los vecinos siguen molestando empezarán a organizar fiestas nocturnas”.

Nota vecinos


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Vecinos de Tacuaritas II reclaman por alcantarilla sin tapa: “Es un peligro”

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Las Tacuaritas II

El hueco de una alcantarilla sin ningún tipo de protección ni señalización es, desde hace días, una de las principales preocupaciones entre los vecinos del barrio Las Tacuaritas II de Garupá, quienes temen que en cualquier momento alguna persona sufra un accidente.

La cavidad que carece de tapa o reja protectora, se encuentra sobre la vereda de la colectora del Acceso Sur, a la altura de la playa de Fátima, y tampoco cuenta con ninguna señalización, ante lo cual cualquier vecino desprevenido podría caer al hueco de más de un metro de profundidad.

Los vecinos además reclamaron que en la zona tampoco hay iluminación suficiente por las noches y que no se realizan tareas de mantenimiento, por lo que las malezas crecen a tal punto que complican detectar el hueco.

“Es realmente un milagro que hasta ahora no haya caído nadie dentro de ese hueco. Cualquier nene o persona mayor podría lastimarse feo. Acá nadie viene a revisar, ni a mantener nada. Parece zona abandonada por el municipio. Encima para esquivar el pozo hay que bajarse a la calle, donde los autos pasan rápido”, se quejó ante La Voz de Misiones una mujer que reside en el barrio.


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