La Voz de la Gente
Posadeña pide la guarda definitiva de una beba que acogió en enero

Patricia Méndez, una terapeuta posadeña, expuso que le entregaron una bebé recién nacida sin estar inscripta en el programa de acogimiento familiar y aceptó cuidarla de manera temporal hasta que la Justicia ubique a la menor en un hogar. Ahora, a casi un año del hecho, la mujer acusa a organismos del Estado de abandono y busca quedarse con la guarda definitiva de la niña.
“Me contacta una mamá de la catequesis, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, y me cuenta sobre el caso de una bebé que estaba internada, que le estaban por dar el alta, en una situación de mucha vulnerabilidad, con una historia clínica complicada, prematura, con bajo peso, desnutrida y que la querían mandar a un buen lugar”, relató Patricia Méndez a La Voz de Misiones sobre cómo conoció la historia de la menor que acoge en su hogar desde enero.
La terapeuta posadeña afirmó que la trabajadora del ministerio le consultó en ese entonces si podría recibir a la bebé en su vivienda en forma temporal hasta que sea ubicada por la Justicia misionera en un hogar, a lo que ella accedió junto a su familia “creyendo que estábamos haciendo un bien”, pero no sin antes ponerla al tanto de que no estaba inscripta en “ningún programa de acogimiento, ni de familia sustituta”.
Consultada por LVM si en algún momento tuvo intenciones de anotarse en el Sistema de Acogimiento Familiar Alternativo, dependiente de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Patricia respondió: “Ella (por la trabajadora) me escribe porque nosotras habíamos conversado sobre el tema y me cuenta que estos programas existían y yo le dije que era un lindo servicio, pero que yo no podía embarcarme en un servicio de esa índole porque justamente tengo otros tres hijos y sobre todo por el proceso de desvinculación”.
Irregularidades
La primera irregularidad que la mujer notó fue el procedimiento que realizaron los organismos competentes para que la bebé recién nacida quede a su cuidado, según denunció antes las cámaras de LVM y por medio de sus redes sociales.
“Yo desconocía absolutamente cómo se manejaban. Tuve una entrevista con una trabajadora social, que me hizo unas preguntas y en ese contexto me dice que iban a ser cuatro o cinco meses. De hecho, también me dice que nunca pueden ser más de seis meses. Aparte era un caso que supuestamente lo tenían medio resuelto y sabían que la nena iba a ir a adopción”, sostuvo Méndez.
Y resaltó: “Después me notifican que la puedo ir a buscar al Neonatal y que me iba a acompañar un defensor. Fui a buscar a la criatura y el defensor nunca apareció, el hospital había recibido un oficio de la Justicia donde me autorizaban a retirar a la menor, pero en ese papel no constaba en calidad de qué a mí me autorizaban a llevármela y no me dieron nada más”.
En esa situación, la mujer no dudó en cuidar a la bebé y confiar en los procesos judiciales hasta que fueron pasando los meses y tenía que organizar viajes de trabajo, por lo cual no podía trasladarse con la menor porque no contaba con ningún documento que acredite la identidad, ni su responsabilidad sobre ella.
“Pasó el tiempo y en mayo yo tenía que hacer viajes por trabajo. Hasta ese momento no hubo ningún movimiento de parte de ningún organismo, nadie me llamó, nadie fue a mi casa a preguntarme cómo estaba la bebé”, precisó Méndez.
Seguidamente, comentó que acudió al Juzgado de Familia Dos de Posadas para solicitar un permiso que le permita trasladarse por la provincia con la menor sin inconvenientes.
“Ellos me ayudan a obtenerlo. Siempre firmado por el juez. Y a partir de esa célula empieza a constar la frase ‘en compañía de familia de acogimiento fulanos de tal’, que es una especie de fraude y es justamente lo que también denuncio porque yo no estoy en ningún programa oficial, de hecho la misma Defensoría pública un comunicado donde sostiene que no tenían nada que ver conmigo ni yo con ellos”, alegó Méndez.
En esa línea, añadió: “Otra cosa que yo denuncio como irregularidad del sistema es que esta criatura estuvo indocumentada hasta fines de octubre y que yo obtengo el DNI y la partida de nacimiento, justamente por insistir con gente que conocía y me ayudó. No es que ellos se acercaron y me dijeron ‘vamos a hacerle el documento'”.
La lucha por la guarda
Trascurrido seis meses, la terapeuta comenzó a preocuparse por las cuestiones legales y el vínculo que habían creado junto a su familia con la pequeña, que ya comenzaba a decir sus primeras palabras.
“Pasaron cinco, seis meses, y me empiezo a preocupar porque pienso, tengo tres hijos chiquititos, ya era una situación delicada donde se estaban encariñando con la hermanita, una bebé de seis meses que empieza por su mismo neurodesarrollo a interactuar, que empieza a reconocer rostros, a vincularse afectivamente, además, todo el tiempo tomó la teta”, contó Méndez.
Con un vínculo fortalecido y ante la ausencia estatal, siempre de acuerdo a la denuncia de la entrevistada, la familia se planteó la posibilidad de inscribirse en el sistema para conseguir la guarda definitiva de la bebé, para lo cual acuden a una abogada.
“En mi cumpleaños, planteo en la mesa familia ‘si nosotros no estamos en ningún sistema y el sistema sigue durmiendo y no pasa nada para noviembre, que ella cumplía un año, yo me voy a asesorar, investigar cuál será la forma de pedir la guarda’, y empezó a tener peso en la familia la posibilidad de adoptarla“, recordó la mujer en diálogo con LVM.
Al momento que la familia interpuso una letrada para gestionar la inscripción “para cuidar a una beba que el sistema abandonó”, acusó Patricia, recibieron la visita de la psicóloga del Poder Judicial en su hogar.
“El 8 de noviembre recibo la visita, por primera vez en todo ese tiempo, de la psicóloga que viene a constatar cómo vivía la criatura y en ese momento nos dice extraoficialmente que ya había una familia preseleccionada para llevársela y que el juez pretendía que desde la primera audiencia hasta la feria podamos hacer la vinculación”, relató Méndez a este medio.
La profesional judicial, de acuerdo a lo expuesto por la denunciante, le explicó que el magistrado que llevaba adelante el proceso “pretendía” se realizara una co-crianza con la familia aspirante a la adopción que reside en el interior de la provincia.
“Cómo efectivizar una co-crianza que de hecho sea de paso no se está cumpliendo porque ella ya se está vinculando con sus pretensos adoptantes y no se cumple, la sacan, la llevan a una sala aparte, nosotros escuchamos como llora, como toce”, denunció la posadeña.
Ante esta situación, Patricia Méndez y su familia acudió a los medios y a las redes sociales para pedir a la Justicia que priorice los derechos de los niños y que le otorguen la guarda o les permitan hacer los trámites pertinentes para adoptar a la bebé que ya “es una hija más”, cerró.
La Voz de la Gente
Vecina de Concepción de la Sierra reclama que Río Uruguay no habilitó el BEEG

Una vecina del paraje La Corita manifestó su preocupación sobre el costo semanal que implica enviar a su hijo a la secundaria ubicada en Concepción de la Sierra, debido a que la empresa de colectivos Río Uruguay “todavía no habilitó” el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito (BEEG).
En diálogo con La Voz de Misiones, Carmen Campagnac contó que su hijo de 16 años cursa el nivel secundario en la Escuela Provincial de Educación Técnica (Epet) 23, localizada a unos 20 kilómetros del paraje donde viven.
A casi un mes del inicio de las clases, la madre expuso que la compañía no cuenta con el beneficio para los estudiantes, que el gobernador Hugo Passalacqua anunció en febrero que comenzaría con el ciclo lectivo 2025 para la primaria y secundaria en toda la provincia.
“Presentamos la planilla completa, el recorrido que hace para ir a la escuela, firmado por la institución y la policía, además de la fotocopia del alumno y los padres”, dijo Carmen Campagnac a LVM.
En esa línea, la vecina reveló que: “Teóricamente, el 5 de marzo arrancaba el BEEG. Este año nos dijeron en la oficina de la empresa que todavía no tenían novedades del boleto estudiantil, mientras tanto nos cobran como pasaje único”.
De acuerdo a lo que explicó la vecina a este medio, el adolescente que cursa el 4 año abona $1.900 para hacer el recorrido desde La Corita hasta Concepción de la Sierra, lo que representa un costo por día de $3.800, mientras que por semana sumaría $19.000 en total.
“Nos acercamos a la oficina de Río Uruguay de Apóstoles y no nos dieron una respuesta. Fuimos a la oficina de Posadas y nos dijeron que raro porque ya tendría que estar funcionando“, relató la mujer.
Y continuó: “En eso nos dicen que volvamos a Apóstoles a decirle que ya debería funcionar el BEEG y ahí nos dijeron que hasta que no tengan una orden de arriba no van a habilitar“.
Carmen afirmó que esta situación no solamente complica a su familia, sino que también a conocidos y vecinos de la zona: “Imagínate, una persona que viaja de La Corita a Apóstoles está pagando $5.000 por día, $10.000 en total“.
Por último, la vecina apuntó: “Afectan económicamente a muchas familias que mandan sus hijos a estudiar primario, secundario y terciario en las distintas localidades del recorrido de San Javier, Apóstoles y viceversa. Están jugando con los chicos, no puede ser que no tengan el pasaje a esta altura del año”.
La Voz de la Gente
Garupá: denuncian a policía por quincho clandestino para fiestas privadas

Una docena de familias del “Barrio Nuevo” de Garupá, residentes de las manzanas Nº 365, 366, 367 y 139 del sector semirural que fuera conocido como “El Eucaliptal” y más recientemente también con el nombre “Altos de Garupá”, denunciaron a un efectivo policial y su pareja por un emprendimiento clandestino de alquiler de quincho y pileta para fiestas privadas.
A través de una nota dirigida al intendente Luis Ripoll y fechada el 30 de enero, los vecinos manifestaron su preocupación y malestar por la problemática que los aqueja desde hace un tiempo.
Según detallan en el documento, firmado por un total de 22 vecinas y vecinos, el conflicto surgió semanas atrás, a partir de la puesta en funcionamiento de un espacio de alquiler temporal de quincho y pileta, administrado por Gustavo Ariel Engel, a quien identificaron como sargento ayudante de la Policía de Misiones, y su pareja, Yenifer Paola Rejala.
En su escrito, los denunciantes aclaran que la pareja no reside en el lugar y el arrendamiento del lugar ha generado durante todo enero reiterados episodios de ruidos molestos en el vecindario e invasión a la intimidad por parte de visitantes desconocidos, hacia una familia con hijos pequeños que reside en el lote lindante.
Estos ruidos molestos, que se producen con música a alto volumen ininterrumpida y bullicio durante jornadas enteras, así como también la invasión de la privacidad, representan para los vecinos una amenaza a la seguridad de las familias por la permanente presencia de personas desconocidas ajenas al barrio.
En el mismo documento sostienen que los propietarios del lugar “niegan la explotación comercial del espacio”, aunque los vecinos afirman haber “constatado”, en comunicaciones directas con los visitantes, que el quincho era alquilado para eventos y uso recreativo. Además, en internet encontraron el anuncio que promociona el lugar bajo el nombre de “Quincho El Paso” y lo adjuntaron como prueba en la nota dirigida al intendente Ripoll.
Clandestino
La labor de los vecinos ante la problemática fue tal que también se interiorizaron respecto a la situación legal del lugar e indicaron que mediante información obtenida desde la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Garupá constataron que hasta la fecha “no se observan expedientes de obra en dicha dependencia”, lo que significa que los planos de obras aprobados y/o registrados no han sido presentados. Por ello, según han precisado desde dicha área municipal, se trata de “obras clandestinas”.
Por su parte, también confirmaron a partir de la Dirección de Comercio e Industria de la Municipalidad de Garupá que el lugar tampoco cuenta con la habilitación respectiva para la explotación comercial.
De acuerdo con lo informado, la Ordenanza vigente que regula este tipo de actividades en el municipio de Garupá es la Nº 265/2013. “Nada de lo que allí se contempla se cumple en el caso de este emprendimiento ilegal. Por ejemplo, citamos a continuación el artículo 10 ‘Alcance sonoro’, del capítulo 2 ‘Ámbito edilicio’ de la norma, que es muy claro cuando advierte que los locales habilitados no deberán dejar trascender en ningún caso al exterior la música o sonidos relativos a la misma”, expresaron los vecinos del Barrio Nuevo.
“Queremos aclarar que nuestra primera medida fue dialogar e intentar alcanzar un acuerdo amistoso y razonable con Engel y Rejala, pero lamentablemente no fue posible un entendimiento. La situación se torna aún más lamentable debido a que el Sr. Engel es agente de las fuerzas públicas de seguridad de la provincia y ha mostrado una actitud prepotente ante los planteos que le formulamos, de resguardar el orden y la concordia”, manifestaron las familias damnificadas en la nota formal que también enviaron a La Voz de Misiones para exponer el caso.
Y agregaron: “Para nosotros la tranquilidad, el respeto y la paz son valores fundamentales. Hacen a nuestra identidad como barrio: todos buscamos armonía con el entorno natural, en una pacífica y respetuosa convivencia vecinal. La llegada de este emprendimiento ilegal amenaza esas condiciones de vida, consensuadas por la mayoría de las y los vecinos del barrio”.
Por todo ello, solicitaron al intendente Ripoll que autorice inspecciones inmediatas de rigor, para constatar la existencia de las obras clandestinas y la explotación comercial del predio y emitir las sanciones correspondientes.
Además de la nota, los vecinos radicaron este lunes una denuncia policial en la comisaría de Garupá, que será elevada al Juzgado de Paz local. En la misma se consigna, además del problema de los ruidos molestos, que ante los más recientes reclamos, los propietarios del quincho clandestino amenazaron que “si los vecinos siguen molestando empezarán a organizar fiestas nocturnas”.
La Voz de la Gente
Vecinos de Tacuaritas II reclaman por alcantarilla sin tapa: “Es un peligro”

El hueco de una alcantarilla sin ningún tipo de protección ni señalización es, desde hace días, una de las principales preocupaciones entre los vecinos del barrio Las Tacuaritas II de Garupá, quienes temen que en cualquier momento alguna persona sufra un accidente.
La cavidad que carece de tapa o reja protectora, se encuentra sobre la vereda de la colectora del Acceso Sur, a la altura de la playa de Fátima, y tampoco cuenta con ninguna señalización, ante lo cual cualquier vecino desprevenido podría caer al hueco de más de un metro de profundidad.
Los vecinos además reclamaron que en la zona tampoco hay iluminación suficiente por las noches y que no se realizan tareas de mantenimiento, por lo que las malezas crecen a tal punto que complican detectar el hueco.
“Es realmente un milagro que hasta ahora no haya caído nadie dentro de ese hueco. Cualquier nene o persona mayor podría lastimarse feo. Acá nadie viene a revisar, ni a mantener nada. Parece zona abandonada por el municipio. Encima para esquivar el pozo hay que bajarse a la calle, donde los autos pasan rápido”, se quejó ante La Voz de Misiones una mujer que reside en el barrio.
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