Nacionales
Alberto busca un acuerdo multisectorial en el frente interno para renegociar la deuda
El Gobierno ya había buscado sumar a la Unión Industrial Argentina (UUIA) y a los empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Lo mismo hizo Cafiero con la CGT y las dos CTA.
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El presidente Alberto Fernández convocó para este viernes a empresarios y sindicalistas con el propósito de firmar un acuerdo multisectorial, de cara a la renegociación de la deuda con los organismos internacionales.
Los analistas consideran que el llamado será una señal de apertura al diálogo y la búsqueda de consensos en un momento delicado para el país y con una renegocación de la deuda por delante, a partir de la firma de lo que define como “un gran acuerdo multisectorial”.
La invitación fue cursada telefónicamente desde el área liderada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, dijeron a distintos medios fuentes del sector empresario.
Fueron convocados los representantes del Grupo de los 6 (G6), conformado por la UIA, las cámaras de Comercio y Construcción; la Bolsa y la Sociedad Rural Argentina; el resto de las entidades del campo, la CGT y las entidades representantes de las pequeñas y medianas empresas, como la CGERA, por ejemplo.
“La idea es que todos firmemos un documento de apoyo a la realidad social y política del país, sobre todo como un documento de acuerdo con una mirada hacia la renegociación de la deuda externa”, dijeron desde la CGT.
El Gobierno aprovechará para sacarse una foto con todos los sectores y plantear la necesidad de apoyo, a pocos días de haberse sancionado la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.
Pero el mensaje, ya planteado por varios funcionarios, es que todos los actores deben hacer un esfuerzo en este momento económico y social del país, con el objetivo también de mostrar consistencia fiscal y poder avanzar en una renegociación de la deuda, no sólo con el Fondo Monetario Internacional, sino también con los acreedores privados.
“La idea es firmar un denominado compromiso argentino de solidaridad entre todos los actores, sobre la base de la Ley de Solidaridad, entendiendo las dificultades por las que atraviesa nuestro país y comprometiéndonos a trabajar juntos, generar consensos y a participar del Consejo Económico y Social, a conformarse”, sostuvo el secretario de la CAC, Mario Grinman.
El directivo agregó que desde la cámara estarán “acompañando porque la Argentina necesita de consensos básicos fundamentales y todos los actores tienen que estar en este momento de transformación para bien”.
Las autoridades ya habían comenzado las gestiones con los referentes empresarios y los sindicalistas para lograr un apoyo explícito a la gestión de Fernández y a la difícil tarea que se viene por delante en materia económica.
De hecho, así lo planteó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en un encuentro con el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los vicepresidentes Luis Betnaza y Guillermo Moretti, la semana pasada.
En esa reunión, de la que también participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Béliz, se hizo especial mención de la preocupación existente en torno al problema de la deuda.
Esta medianoche se inicia el paro general de 36 horas, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que será la tercera huelga de la central obrera contra el plan de ajuste del gobierno libertario de Javier Milei.
No habrá bancos, ni vuelos, ni hospitales, ni escuelas, ni correo y otros servicios esenciales en gran parte del país. La dirigencia obrera nacional anticipa un alto acatamiento, incluso mayor a la protesta anterior, del 24 de enero.
En Misiones, los gremios que integran la CGT Regional, más la filial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), estiman que el paro se sentirá con fuerza en toda la provincia.
Hasta ahora, se sabe de la adhesión del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Posadas, la Asociación Bancaria, ATE; los gremios docentes de CTERA, CONADU y la UDA, por lo que no habrá clases en la Unam y muchas escuelas misioneras, públicas y privadas; sanitarios, camioneros, portuarios, pilotos y ferroviarios. La adhesión de éstos últimos paralizará el tren internacional entre Posadas y Encarnación.
Sin embargo, el transporte público estará garantizado, por la conciliación obligatoria impuesta por la cartera de Trabajo a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que desactivó el paro de los colectiveros.
Ya, la semana pasada, la CGT Misiones había confirmado su adhesión a la huelga, mediante un comunicado, donde convocó a una concentración, mañana al mediodía, en la plaza 9 de julio de Posadas, donde se leerá un documento alusivo a la protesta.
“Estas medidas son las consecuencias directas de la falta de cumplimiento y respuestas acordes a las necesidades económicas de los trabajadores, el desmantelamiento del Estado, el deterioro del salario y la pérdida del poder adquisitivo, tanto de activos como pasivos”, expresó la central obrera misionera.
Según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, durante los primeros catorce meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional.
La cifra se traduce en una reducción del 8,4% del personal estatal y constituye uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino de las últimas décadas, consigna el portal Infobae.
La información brindada desde la cartera añade que esta reducción de personal genera un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, lo cual es celebrado en el gobierno libertario ya que forma parte de su estrategia para “reducir el gasto público” y “avanzar hacia el equilibro de las cuentas fiscales”.
El informe detalla que de ese ahorro 817,5 millones de dólares anuales corresponden a salarios, mientras que lo restante corresponde a costos “indirectos” asociados al funcionamiento administrativo, como ser cuestiones de infraestructura, servicios, insumos y equipamiento.
Las desvinculaciones impulsadas por el gobierno abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad.
Con una reducción del 11,8% de su plantel, la APN concentró el mayor volumen de bajas, mientras que en las diferentes empresas estatales la caída fue del 15%.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adelantó esta mañana que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será por un total de 20.000 millones de dólares.
El anuncio, a forma de anticipo, se dio en el marco de una exposición que el funcionario estaba dando en la XXII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros de América Latina ASSAL IAIS 2025, desarrollada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
“El monto que nosotros acordamos con el staff que vamos a someter a aprobación del Board, ese monto es de USD 20 mil millones”, dijo Caputo.
Y agregó: “Estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central”.
“Cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número va a subir al entorno a los 50 mil millones de dólares al final de la charla”, añadió el ministro, en medio de un clima de incertidumbres y presiones sobre el mercado cambiario.
En su exposición, Caputo también resaltó la “importancia” de este acuerdo para “fortalecer las reservas del Banco Central” y aseguró que la cifra final será presentada formalmente cuando el acuerdo llegue a la fase de aprobación por parte del directorio del FMI.
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