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Diputados sancionó ley que crea industria del cáñamo y cannabis medicinal

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores de cannabis medicinal, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El proyecto obtuvo un amplio respaldo de parte de legisladores de los distintos bloques, y se aprobó con 155 votos a favor, 56 en contra, y 19 abstenciones.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

Como miembro informante, la diputada Mara Brawer, del Frente de Todos (FdT), destacó las propiedades del cannabis medicinal, y las posibilidades económicas que se abren a partir de la industrialización de la planta.

“Hay más de 25 mil productos que están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley, hoy nace una nueva industria en Argentina”, afirmó.

Nuevos empleos

El proyecto crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arriccame), que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva, y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Con esta ley, se amplía y diversifica la matriz productiva nacional. Con esta ley ganamos todas y todos”, expresó, en tal sentido, el ministro de la cartera, Matías Kulfas, en un hilo de tuits publicado inmediatamente después de la sesión que dio media sanción al proyecto.

Kulfas remarcó que con esta ley “nace una nueva industria en la Argentina” porque ahora el país tiene una “industria nacional de cáñamo y cannabis medicinal”, que “permitirá la creación de 10.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo”.

“Agradezco a las y los diputados por convertir en ley uno de los proyectos productivos que impulsamos desde @produccion_arg”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

Kulfas explicó que el Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, que crea la ley, estará integrado por un representante de la Nación, uno por cada provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que “cumplirán sus funciones de manera honoraria”.

En contra, pero a favor

Pese al abrumador apoyo que obtuvo en el recinto, la discusión del proyecto no estuvo exenta de polémica.

Los mayores cuestionamientos provinieron de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), aunque vale decir que en los números finales la oposición votó muy dividida.

Las críticas apuntaron, específicamente, a la superestructura que se crea en el marco de la ley, con los organismos reguladores de la actividad y los procedimientos administrativos y técnicos en toda la cadena de producción.

La posición de algunos legisladores de JxC rozaron el contrasentido de celebrar la inauguración de un nuevo nicho económico, y al mismo tiempo votar en contra, como las diputada Jimena Latorre, de la Unión Cívica Radical (UCR); Graciela Ocaña, del PRO, y la misionera Florencia Klipauka, del partido Activar, entre otros.

“Celebro la creación de una industria porque considero que el trabajo es la herramienta principal para reducir la pobreza. El camino siempre es producir más y generar trabajo de calidad”, escribió Klipauka en un hilo de Twitter donde colgó sus argumentos, en la misma línea que sus colegas.

“Pero este proyecto no tiene como objeto generar trabajo, como nos quieren hacer creer. Ni tampoco tiene nada que ver con la posibilidad de utilizar cannabis medicinal, algo con lo que estoy completamente de acuerdo”, continúo.

La legisladora puertista afirmó que “como suele ocurrir con muchos proyectos del oficialismo”, esta ley de cannabis fallará “ya que apela a generar más burocracia estatal”.

“El texto sancionado por la Cámara de Diputados crea un nuevo organismo con cargos de alta jerarquía”, apuntó en referencia a la Agencia Reguladora que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“¿Alguien puede pensar que en este momento de la Argentina necesitamos seguir agrandando el Estado?”, preguntó.

“Crear una agencia con cinco cargos de alto rango designados por el Poder Ejecutivo Nacional, pasando por encima la autonomía de las provincias, no es el camino. Por esto voté en contra”, argumentó.

Insignificancias

Desde el oficialismo, fue el mismo Kulfas quien salió a rechazar la batería de argumentos de la oposición contra lo que consideran un “aparato burocrático de magnitud”, que acarreará “enorme gasto”.

“Para hacerlo bien, para tener estándares de calidad y, según hemos estudiado de experiencias internacionales, conviene tener una agencia, lo cual va a simplificar la burocracia porque van a estar todas las áreas del Gobierno involucradas en el mismo lugar, con una ventanilla única para trabajar las licencias que se soliciten y controlar que existan las condiciones adecuadas de calidad”, les contestó el ministro.

Kulfas sostuvo que lo que la oposición llama “enorme gasto”, es “insignificante al lado de todo lo que se va a generar de actividad económica y de impuestos que se van a pagar”.


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El gobierno de Milei despidió a 42.034 empleados públicos en catorce meses

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Según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, durante los primeros catorce meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional.

La cifra se traduce en una reducción del 8,4% del personal estatal y constituye uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino de las últimas décadas, consigna el portal Infobae.

La información brindada desde la cartera añade que esta reducción de personal genera un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, lo cual es celebrado en el gobierno libertario ya que forma parte de su estrategia para “reducir el gasto público” y “avanzar hacia el equilibro de las cuentas fiscales”.

El informe detalla que de ese ahorro 817,5 millones de dólares anuales corresponden a salarios, mientras que lo restante corresponde a costos “indirectos” asociados al funcionamiento administrativo, como ser cuestiones de infraestructura, servicios, insumos y equipamiento.

Las desvinculaciones impulsadas por el gobierno abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad.

Con una reducción del 11,8% de su plantel, la APN concentró el mayor volumen de bajas, mientras que en las diferentes empresas estatales la caída fue del 15%.


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Caputo anticipó que el nuevo acuerdo con el FMI será por USD 20.000 millones

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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adelantó esta mañana que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será por un total de 20.000 millones de dólares.

El anuncio, a forma de anticipo, se dio en el marco de una exposición que el funcionario estaba dando en la XXII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros de América Latina ASSAL IAIS 2025, desarrollada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

“El monto que nosotros acordamos con el staff que vamos a someter a aprobación del Board, ese monto es de USD 20 mil millones”, dijo Caputo.

Y agregó: “Estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central”.

“Cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número va a subir al entorno a los 50 mil millones de dólares al final de la charla”, añadió el ministro, en medio de un clima de incertidumbres y presiones sobre el mercado cambiario.

En su exposición, Caputo también resaltó la “importancia” de este acuerdo para “fortalecer las reservas del Banco Central” y aseguró que la cifra final será presentada formalmente cuando el acuerdo llegue a la fase de aprobación por parte del directorio del FMI.

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Por decreto, modifican ley de tránsito: licencia, VTV y peajes

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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía modernizaron la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. A partir de ahora, la licencia de conducir será digital y los peajes sin barreras, entre los principales cambios.

Las medidas se oficializaron este martes a través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial con el objetivo de “agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores”, tanto particulares como profesionales; simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir; implementar la licencia nacional digital; eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.

Un factor común es que al modificar una Ley Nacional, tanto las provincias como los municipios deberán decidir si adherirse o no a la normativa para que tenga validez en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo resaltan que con estas medidas están “generando el marco apropiado para que quienes quieran, puedan hacerlo”.

Principales cambios

A partir de ahora, la licencia nacional de conducir será digital y válida en todo el país. Para su renovación los conductores presentarán un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclararon que: “Estos cambios extienden la vigencia de la licencia profesional“.

Para los casos en que la persona posea antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico práctico.

A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.

Tanto los cursos teórico-prácticos como los exámenes de aptitud psicofísica, necesarios al momento de la obtención de la licencia, podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y/o privados, con estándares y exigencias previamente definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los certificados podrán presentarse de manera online, agilizando y modernizando los procesos.

Por otra parte, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Las licencias nacionales de conducir de las clases C, D y/o E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cambios en la VTV

Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos 0km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los 0km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.

Peajes 

Otro cambio que moderniza el sistema es la implementación en todas las rutas nacionales del país de los peajes sin barreras, que no obstaculicen el tránsito vehicular. Para ello la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer un cronograma de implementación que prevea que, para junio de 2027, todas las rutas nacionales deberán contar exclusivamente con sistemas de cobro free Flow.

Finalmente, la normativa incluye el concepto de “vehículo autónomo”, estableciendo los requisitos obligatorios con diferentes niveles de automatización.

Trailers y casas rodantes

A partir de ahora, trailers y casas rodantes categoría O1 (acoplados, remolques y trailers para el traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo y bastará con tramitar un solo Certificado de Seguridad Vehicular (CSV).

Antes, había que realizar este trámite por cada vehículo para asociarlo al trailer. Esto impactará en menores costos, ahorro de tiempo para los usuarios y menor burocracia.


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