Nacionales
División de poderes: el gobierno le pide a la Corte que frene los amparos contra el tarifazo
El Gobierno nacional busca que la Corte Suprema ponga un freno a los amparos que se multiplican en todo el país en la Justicia contra los aumentos de tarifas de luz y gas. Por eso se presentó ante el máximo tribunal para que frene las medidas que suspendieron las subas, según informó C5N.
El oficialismo realizó una presentación judicial para terminar con la sucesión de amparos contra los aumentos en los servicios. Busca que el máximo tribunal intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.
El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, presentó el martes un recurso a la Corte Suprema para que inhiba el fallo de Chubut que frenó los aumentos, e intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.
Entre los argumentos, se habla de la “gravedad institucional” que generarían los amparos a tarifas de un servicio esencial como el gas.
La decisión se conocen en momentos en que los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, se encuentran reunidos con gobernadores patagónicos, con el propósito de abordar los reclamos y evaluar nuevas alternativas por el impacto de las subas en las tarifas de luz y gas, tanto en el sector industrial como residencial.
La reunión se lleva a cabo en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con la asistencia de los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Mario Das Neves; y de La Pampa, Carlos Verna,
Asisten por Tierra del Fuego el secretario de Energía, Omar Nogar; por Mendoza el ministro de Economía, Enrique Vakuie y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli; y por Santa Cruz el vicegobernador Pablo González.
En el primer encuentro del lunes 23, la propuesta del Gobierno nacional fue fijar un tope del 400% para los aumentos a hogares de la Patagonia y La Pampa, mientras mantuvo la posición de darles a industrias y comercios de todo el país la posibilidad de pagar ahora el 50% de las facturas y el otro 50% en cuotas en los períodos de primavera-verano de este año y del próximo.
Para los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Río Negro el tope del 400% es insuficiente, a lo que suman la disconformidad por los aumentos de más del 2.000% que están recibiendo los comercios e industrias de la zona, incluidos los que se dedican a la actividad turística. El problema de la región es que estuvo exceptuada de las alzas dispuestas en 2014 por la administración anterior y ahora los valores se alinearon con los del resto del país.
Doce obispos de la Patagonia enviaron ayer una carta a los ministros Aranguren y Frigerio, para expresarles su inquietud por el fuerte impacto del aumento de gas y electricidad en la región. “Queremos compartirles nuestra profunda inquietud por los alcances, ciertamente no buscados pero sí causados, por los aumentos desmesurados de los servicios esenciales como son el gas y la electricidad”, indicaron en la misiva.
También sostuvieron: “No nos caben dudas de que son aumentos que en algún momento deberían darse particularmente en los grandes centros urbanos que contaban con servicios subsidiados por el Estado, pero lamentamos que estos aumentos no hayan sido hechos gradualmente, sobre todo teniendo en cuenta que el invierno no es benévolo en la Patagonia y que en las provincias más australes del país se prolonga durante todo el año”.
Se espera que hoy el Gobierno ofrezca una nueva propuesta para las pymes y que extienda el tope del 400% a las provincias y partidos que no tuvieron aumentos en 2014 por decisión judicial, entre los que se encuentran Santa Fe, Mendoza, San Luis, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Hasta el momento hay fallos de la Justicia frenando los aumentos en las tarifas de gas que rigen desde el 1 de abril en Santa Cruz, Chubut, Bariloche, Tierra del Fuego y Mendoza. En esta última provincia, la Justicia suspendió ayer por seis meses los aumentos en los departamentos del sur, San Rafael y General Alvear, y retrotraer las tarifas a los valores vigentes el 1 de abril. Estas jurisdicciones habían quedado afuera del fallo que suspendió por tres meses los aumentos en todo el resto de la provincia y fijó un tope de alza del 80%.
En tanto, en San Luis, tal como lo había solicitado el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el titular del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, presentaron una “acción declaratoria de certeza” en el Juzgado Federal, solicitando que se frenen las subas y se apliquen las tarifas anteriores.
Allende explicó que “las primeras facturas de la empresa provincial que recibirán los usuarios van a tener aproximadamente un incremento que impactará sobre 20 de los 60 días totales del bimestre, por eso no será totalmente facturado el aumento dispuesto por el Enargas, pero haciendo una proyección de un período del año pasado, comparado con el mismo de este año, el aumento superaría el 1.500% y en algunos casos llegaría hasta 2.000 veces más sobre los valores históricos”.
Por último, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, instó al Enargas a realizar audiencia pública en un plazo de 20 días para acordar un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires, y en caso de que no se cumpla ese requisito, ordenará retrotraer los valores a los vigentes hasta el 31 de marzo.
Según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, durante los primeros catorce meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional.
La cifra se traduce en una reducción del 8,4% del personal estatal y constituye uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino de las últimas décadas, consigna el portal Infobae.
La información brindada desde la cartera añade que esta reducción de personal genera un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, lo cual es celebrado en el gobierno libertario ya que forma parte de su estrategia para “reducir el gasto público” y “avanzar hacia el equilibro de las cuentas fiscales”.
El informe detalla que de ese ahorro 817,5 millones de dólares anuales corresponden a salarios, mientras que lo restante corresponde a costos “indirectos” asociados al funcionamiento administrativo, como ser cuestiones de infraestructura, servicios, insumos y equipamiento.
Las desvinculaciones impulsadas por el gobierno abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad.
Con una reducción del 11,8% de su plantel, la APN concentró el mayor volumen de bajas, mientras que en las diferentes empresas estatales la caída fue del 15%.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adelantó esta mañana que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será por un total de 20.000 millones de dólares.
El anuncio, a forma de anticipo, se dio en el marco de una exposición que el funcionario estaba dando en la XXII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros de América Latina ASSAL IAIS 2025, desarrollada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
“El monto que nosotros acordamos con el staff que vamos a someter a aprobación del Board, ese monto es de USD 20 mil millones”, dijo Caputo.
Y agregó: “Estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central”.
“Cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número va a subir al entorno a los 50 mil millones de dólares al final de la charla”, añadió el ministro, en medio de un clima de incertidumbres y presiones sobre el mercado cambiario.
En su exposición, Caputo también resaltó la “importancia” de este acuerdo para “fortalecer las reservas del Banco Central” y aseguró que la cifra final será presentada formalmente cuando el acuerdo llegue a la fase de aprobación por parte del directorio del FMI.
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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía modernizaron la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. A partir de ahora, la licencia de conducir será digital y los peajes sin barreras, entre los principales cambios.
Las medidas se oficializaron este martes a través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial con el objetivo de “agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores”, tanto particulares como profesionales; simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir; implementar la licencia nacional digital; eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.
Un factor común es que al modificar una Ley Nacional, tanto las provincias como los municipios deberán decidir si adherirse o no a la normativa para que tenga validez en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo resaltan que con estas medidas están “generando el marco apropiado para que quienes quieran, puedan hacerlo”.
Principales cambios
A partir de ahora, la licencia nacional de conducir será digital y válida en todo el país. Para su renovación los conductores presentarán un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclararon que: “Estos cambios extienden la vigencia de la licencia profesional“.
Para los casos en que la persona posea antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico práctico.
A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.
Tanto los cursos teórico-prácticos como los exámenes de aptitud psicofísica, necesarios al momento de la obtención de la licencia, podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y/o privados, con estándares y exigencias previamente definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los certificados podrán presentarse de manera online, agilizando y modernizando los procesos.
Por otra parte, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Las licencias nacionales de conducir de las clases C, D y/o E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Cambios en la VTV
Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos 0km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los 0km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.
Peajes
Otro cambio que moderniza el sistema es la implementación en todas las rutas nacionales del país de los peajes sin barreras, que no obstaculicen el tránsito vehicular. Para ello la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer un cronograma de implementación que prevea que, para junio de 2027, todas las rutas nacionales deberán contar exclusivamente con sistemas de cobro free Flow.
Finalmente, la normativa incluye el concepto de “vehículo autónomo”, estableciendo los requisitos obligatorios con diferentes niveles de automatización.
Trailers y casas rodantes
A partir de ahora, trailers y casas rodantes categoría O1 (acoplados, remolques y trailers para el traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo y bastará con tramitar un solo Certificado de Seguridad Vehicular (CSV).
Antes, había que realizar este trámite por cada vehículo para asociarlo al trailer. Esto impactará en menores costos, ahorro de tiempo para los usuarios y menor burocracia.
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