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Hay 1.400.000 de nuevos pobres en Argentina, según un informe de la UCA

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Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió hoy al gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de “protección social” ante las medidas adoptadas en 8 meses de gestión, al tiempo que le atribuye la creación de ‘nuevos pobres’ y le pide “una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

Con el título “Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social”, el informe fue presentado esta tarde en el campus Puerto Madero de la UCA por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.

Con la coordinación de Salvia, el equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió hoy como un “diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada” por la administración de Mauricio Macri y los “urgentes desafíos” que se plantean.

Salvia explicó que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que “más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia”, en un contexto en el que -resaltó- “los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad” para los sectores más desprotegidos.

El trabajo mantiene un equilibrio entre “los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica” de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la “pobreza extrema” (que afecta a 4 millones de personas) y los “costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses”.

Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que “no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores”.

En una detallada síntesis, Salvia resaltó como objetivos “imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza” que los sectores sociales más postergados accedan a la “seguridad social y a programas de transferencias de ingresos”.

Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 “mejoró el empleo decente” para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.

En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca “soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar” considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la “tan inevitable como dolorosa transición” pero que -por lo general- se adoptaron “de manera tardía”.

Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.

En ese marco, advierte que “el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social”, sino también los “millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”, quienes -según señala el informe- no recibieron una “especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad”.

El informe indica que a este segmento de la población “no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales” y considera a esta “masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares” como los “‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno”.

Asimismo se reconoce que el gobierno necesita “tiempo” para que la economía comience a crecer, pero advierte que “muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una “importante reducción” entre 2010 y 2011, pero que “esta situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015”.

“La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural indica que tanto la Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015”, se remarca.

En cuanto a los ingresos monetarios, indica que “se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015”.


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El gobierno nacional eliminó el Procrear e implementó hipotecas divisibles

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Recientemente, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la disolución del Fondo Fiduciario Público “Procrear”, en respuesta ante la “falta de transparencia” y “demoras en las entregas”, al mismo tiempo en que informó sobre la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. 

El Procrear fue creado en el año 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos hipotecarios. Sin embargo, hoy el gobierno encabezado por Javier Milei firmó el decreto que elimina el programa, al considerar que el fondo “ha representado una carga significativa para las finanzas públicas, y sus operaciones no cumplieron con los objetivos de transparencia y eficiencia esperados”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue una de las autoridades que decidió pronunciarse al respecto, recordando que: “El Procrear fue uno de los planes de crédito para vivienda más exitoso y virtuoso. Más de medio millón de familias trabajadoras, de clase media, accedió a la casa propia o a mejoras. Hoy quedan abandonadas miles de viviendas en construcción. Gobiernan solo para los que más tienen”.

Entre los problemas detectados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se destacan demoras en la entrega de viviendas, generando costos adicionales en mantenimiento y vigilancia. Por otra parte, problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, lo que se tradujo en reclamos constantes de los beneficiarios.

Finalmente, al listado se sumó la falta de transparencia y eficiencia, que contrasta con la necesidad de mejorar la administración pública en tiempos de recortes presupuestarios.

Detalles de la medida

El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. 

En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.

El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Procrear y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.

Por otra parte, sugiere que los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.

Continuidad de los créditos hipotecarios

El ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.

La disolución del Procrear marca un cambio en la política de vivienda en Argentina, buscando “redirigir los recursos hacia áreas donde el Estado pueda ser más efectivo” y donde la administración pública sea más eficiente, alineada con la Ley 27.742, que establece bases para la reforma del Estado.

Por su parte, el sector bancario e inmobiliario podría ver un aumento en la demanda de créditos hipotecarios a medida que el acceso a viviendas vuelva a depender mayormente de las instituciones financieras, según sostienen.

Procrear II: inscriben para 17 terrenos con servicios en Itaembé Guazú

 


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La inflación fue de 2,7% en octubre y llegó a 107% en diez meses

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La inflación de julio fue del 4%: la más baja desde enero del 2022

En la tarde de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el porcentaje de inflación alcanzó un 2,7% en octubre, convirtiéndose en la tasa más baja registrada en tres años. El balance anual llegó a 107%, mientras que el interanual acumula 193%.

Tras conocerse el dato de 3,5% de inflación de septiembre y ahora un 2,7% en octubre, acumulando un alza de 107% en lo que va del año, desde el gobierno nacional confían en que la cifra “caerá aún más”.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que: “La inflación núcleo fue la menor desde septiembre de 2020, en tanto la general fue la más baja desde noviembre de 2021”. Asimismo, esta última fue un tercio de la inflación registrada en octubre de 2023 (8,3%), y la más baja para un mes de octubre desde 2017.

De esta manera, el análisis muestra que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional fue de 193%, siendo el sexto mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra el mismo período del año anterior.

En ese sentido, desde la cartera Económica agregaron: “Para analizar la dinámica del proceso de desinflación y extraer tendencias más allá de la volatilidad de corto plazo, resulta útil analizar el comportamiento de las medias móviles de las variaciones del IPC. Tal cual viene ocurriendo desde marzo, este análisis es consistente con una profundización en el proceso de desinflación. La media móvil de 3 meses fue de 3,4% mensual, el menor registro desde enero de 2022, en tanto la de 6 meses fue de 3,9% mensual, el ritmo más bajo desde febrero de 2022”.

Rubros de mayor impacto

La división de mayor aumento en octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 5,4% y está relacionado a las subas en alquiler y gastos conexos. Lo siguió Prendas de vestir y calzado, con 4,4% de incremento promedio.

Desde el Indec detallaron que la división que tuvo mayor incidencia fue Restaurantes y hoteles (4,3%) en las regiones GBA y Noroeste, mientras que en Noreste, Cuyo y Patagonia, fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,4%)

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en octubre de 2024 fueron Transporte (1,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%).

La inflación en septiembre fue de 3,5% y acumuló un 101,6% en el año


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Villa Gesell: se derrumbó un edificio de diez pisos y buscan personas atrapadas

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Un hotel de diez pisos se derrumbó esta madrugada en la ciudad balnearia de Villa Gesell y buscan a al menos siete personas que estarían atrapadas entre los escombros, según confirmaron bomberos que intervienen en el hecho. La Municipalidad confirmó que en el lugar había una obra clandestina que ya había sido paralizada en agosto de este año.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de hoy, en un inmueble situado sobre calles Buenos Aires y 1, donde funcionaba el Hotel Dubrovnik y por el momento se desconocen las causas del derrumbe.

Se calcula que el 80% de la edificación fue afectada y el jefe de bomberos local, Hugo Piriz, confirmó que se buscan entre 7 y 9 personas entre los escombros. Los desaparecidos, que ya estarían identificados, serían en su mayoría trabajadores que estaban instalando un ascensor y pernoctaban en la obra. 

“El edificio tenía los planos aprobados y tenía permiso de obra para la parte delantera del edificio. Lo que se cayó fue el fondo y alrededor de diez pisos. Había cinco o seis personas habitando el lugar”, confirmó, a vez, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barreras, en diálogo con TN.

Los rescatistas informaron que lograron hacer contacto con una persona que se encuentra a unos 5 metros de profundidad, mientras que continúan realizando recorridas con canes entrenados para detectar la ubicación de los demás desaparecidos.

Villa Gesell es uno de los destinos predilectos de la costa atlántica argentina e incluso varios contingentes misioneros de turismo social viajan en temporada alta hacia esa localidad balnearia. 


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