Recientemente, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la disolución del Fondo Fiduciario Público “Procrear”, en respuesta ante la “falta de transparencia” y “demoras en las entregas”, al mismo tiempo en que informó sobre la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. 

El Procrear fue creado en el año 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos hipotecarios. Sin embargo, hoy el gobierno encabezado por Javier Milei firmó el decreto que elimina el programa, al considerar que el fondo “ha representado una carga significativa para las finanzas públicas, y sus operaciones no cumplieron con los objetivos de transparencia y eficiencia esperados”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue una de las autoridades que decidió pronunciarse al respecto, recordando que: “El Procrear fue uno de los planes de crédito para vivienda más exitoso y virtuoso. Más de medio millón de familias trabajadoras, de clase media, accedió a la casa propia o a mejoras. Hoy quedan abandonadas miles de viviendas en construcción. Gobiernan solo para los que más tienen”.

Es increíble. El gobierno de Milei festeja cada vez que le quita derechos al pueblo. El PROCREAR fue uno de los planes de crédito para vivienda más exitoso y virtuoso. Más de medio millón de familias trabajadoras, de clase media, accedió a la casa propia o a mejoras. Se… pic.twitter.com/x6QSCBnRHD

— Axel Kicillof (@Kicillofok) November 12, 2024

Entre los problemas detectados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se destacan demoras en la entrega de viviendas, generando costos adicionales en mantenimiento y vigilancia. Por otra parte, problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, lo que se tradujo en reclamos constantes de los beneficiarios.

Finalmente, al listado se sumó la falta de transparencia y eficiencia, que contrasta con la necesidad de mejorar la administración pública en tiempos de recortes presupuestarios.

Detalles de la medida

El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. 

En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.

El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Procrear y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.

Por otra parte, sugiere que los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.

Continuidad de los créditos hipotecarios

El ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.

La disolución del Procrear marca un cambio en la política de vivienda en Argentina, buscando “redirigir los recursos hacia áreas donde el Estado pueda ser más efectivo” y donde la administración pública sea más eficiente, alineada con la Ley 27.742, que establece bases para la reforma del Estado.

Por su parte, el sector bancario e inmobiliario podría ver un aumento en la demanda de créditos hipotecarios a medida que el acceso a viviendas vuelva a depender mayormente de las instituciones financieras, según sostienen.

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Un hotel de diez pisos se derrumbó esta madrugada en la ciudad balnearia de Villa Gesell y buscan a al menos siete personas que estarían atrapadas entre los escombros, según confirmaron bomberos que intervienen en el hecho. La Municipalidad confirmó que en el lugar había una obra clandestina que ya había sido paralizada en agosto de este año.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de hoy, en un inmueble situado sobre calles Buenos Aires y 1, donde funcionaba el Hotel Dubrovnik y por el momento se desconocen las causas del derrumbe.

Se calcula que el 80% de la edificación fue afectada y el jefe de bomberos local, Hugo Piriz, confirmó que se buscan entre 7 y 9 personas entre los escombros. Los desaparecidos, que ya estarían identificados, serían en su mayoría trabajadores que estaban instalando un ascensor y pernoctaban en la obra. 

“El edificio tenía los planos aprobados y tenía permiso de obra para la parte delantera del edificio. Lo que se cayó fue el fondo y alrededor de diez pisos. Había cinco o seis personas habitando el lugar”, confirmó, a vez, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barreras, en diálogo con TN.

Los rescatistas informaron que lograron hacer contacto con una persona que se encuentra a unos 5 metros de profundidad, mientras que continúan realizando recorridas con canes entrenados para detectar la ubicación de los demás desaparecidos.

Villa Gesell es uno de los destinos predilectos de la costa atlántica argentina e incluso varios contingentes misioneros de turismo social viajan en temporada alta hacia esa localidad balnearia. 

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Este fin de semana, la Asamblea Interfacultades resolvió convocar a una tercera Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de noviembre, medida que será debatida por universidades de todo el país en los próximos días “frente a una situación presupuestaria que no mejora”.

La próxima fecha fue propuesta en asamblea por estudiantes y agrupaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Sin embargo, la medida tendrá que ser debatida, y por ende aprobada, por universidades de todo el país.

Mientras la propuesta quedó sujeta al análisis, las facultades públicas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires tienen previsto realizar un corte de calles en el Obelisco para el 1° de noviembre con movilización a Plaza de Mayo y a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) para pedir que se convoque a un paro nacional el 12 de noviembre, para cuando podría efectuarse la tercera Marcha Federal Universitaria.

La organización ultimará detalles el próximo 5 de noviembre a las 17 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde participarán centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país.

La situación en Misiones

En Misiones, las facultades de Arte y Diseño, Humanidades y Ciencias Sociales, Exactas y Ciencias Forestales -que integran la Universidad Nacional de Misiones- cumplieron dos semanas de tomas activas en sus sedes, dictando clases públicas en plazas y calles, realizando asambleas, debates y ollas populares como medidas de visibilización y rechazo del veto a la ley de Financiamiento Universitario.  

Para hoy, en tanto, la asamblea de la toma activa de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) convocó a un cacerolazo en contra del ajuste a la universidad pública para las 17:30 en la plaza 9 de Julio de Posadas. 

“Seguimos la lucha para frenar la destrucción de la universidad pública que pretende el gobierno nacional. Exigimos salarios que lleguen a la Canasta Básica Total, un sistema de becas de calidad, comedores para todos los estudiantes y albergues de calidad”, solicitaron a través de un comunicado. 

Avanzan las auditorías a universidades

El Poder Ejecutivo continúa con el plan de auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), iniciativa que la UBA rechazó porque sostiene que el Presidente de la Nación quiere “intervenir en las universidades públicas” con el fin de “controlar lo que se enseña y aprende”.

La entidad hará una convocatoria nacional e internacional para que todos los profesionales independientes “realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno”, con el objetivo de “lograr transparencia y acceso público”, al mismo tiempo que pretende “defender” el “principio de la libertad de cátedra”.

Estudiantes de San Pedro repudiaron “criminalización de la lucha estudiantil”

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