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La Justicia le dio domiciliaria a dos represores de la dictadura

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Se trata de Carlos Capdevila y Lucio Nast, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Los jueces argumentaron su decisión en el estado de salud de los represores.

 

BUENOS AIRES. Carlos Capdevila, médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y el ex policía rosarino Lucio César Nast, alias Ronco, ambos condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En el caso de Capdevila, fue el juez Daniel Obligado, el mismo del Tribunal Oral Federal que hace unas semanas le otorgó la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, quien decidió enviarlo a su casa en medio de la pandemia de coronavirus.

La decisión de Obligado se fundamentó en que el condenado por crímenes de lesa humanidad es un preso de los considerados de riesgo debido a la pandemia de coronavirus que asola el mundo. El juez Obligado le concedió el arresto domiciliario a uno de los parteros de la maternidad clandestina de la Esma al considerar que estaba expuesto frente al contagio del coronavirus, por tratarse de una persona de casi 70 años y que tiene varios problemas de salud en su historial médico.

Capdevila fue condenado por varios hechos de apropiación indebida de menores, también por aplicación de tormentos y otros delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma.

En enero de 1993, la Armada inició un expediente con su caso. Se intentaba “determinar la relación de los actos de servicio” y algo que llaman “neurosis de guerra”.

Capdevila declaró: “Fui asignado por orden del señor director de dicha Escuela, a una Unidad de Tarea cuya misión era desarrollar operaciones contra la subversión. El marco en que se desarrolló mi actividad y el tipo de tareas que debí cumplir hicieron que permanentemente me encontrase en la disyuntiva de cumplir con mi juramento hipocrático como profesional médico y mi carácter de militar; opté por cumplir con las exigencias que el servicio militar me imponía y en medio de una gran presión psíquica; fueron muchas las noches de insomnio tanto en mi destino como en los pocos momentos que pasaba en mi hogar; mi psiquis vivía en conflicto permanente”.

Según el informe médico que llegó a manos del juez Obligado, el represor Capdevila tiene hipertensión arterial, cáncer de próstata y problemas motrices entre otras cuestiones de salud. Además, el juez evalúo que Capdevila no está debidamente aislado en la Unidad 31 de Ezeiza, donde cumple condena, e incluso comparte lugares comunes con otros detenidos.

Ante el pedido del represor Capdevila, el fiscal Leonardo Filippini se opuso a concederle el arresto domiciliario pero finalmente el juez se lo otorgó bajo otros argumentos.

El fiscal había considerado que en el lugar de detención dónde se encontraba Capdevila estaba bien atendido. Pero el juez Obligado tuvo en cuenta que Capdevila es uno de los 1.280 presos que informó el Servicio Penitenciario Federal integra el grupo de presos de mayor riesgo de contraer coronavirus, en este caso tanto por su elevada edad y por sus problemas de salud preexistente.

Capdevila cuenta con al menos tres condenas por violación a los derechos humanos, todos ellos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Esma. De esta forma, Capdevila recibió en 2011 una condena a 20 años de prisión sumados a otra de 15 años también por delitos de lesa humanidad y otra última de 10 años de prisión que ya había agotado.

En tanto, hace unos días, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el arresto domiciliario al represor Lucio Nast (66), quien fue condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Los magistrados de esa sala del máximo tribunal penal del país consideraron que por su edad y por su estado salud, Nast es un detenido de “alto riesgo” ante el avance de la pandemia del coronavirus.

En un fallo dividido, los jueces Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques votaron por concederle el beneficio al represor. En tanto, Alejandro Slokar votó en disidencia y alertó sobre el riesgo de que bajo el pretexto de la pandemia se encubran actos de impunidad.

Para otorgarle el beneficio, los jueces Yacobucci y Mahiques consideraron que Nast tiene 66 años y que “presenta diversos y complejos problemas de salud (gastritis, hernia hiatal e inguinal, diverticulosis, dolor crónico abdominal, colelitiasis, trauma acústico, y secuela de herida de arma de fuego en tórax y pelvis)”.

“Corresponde atender, asimismo, a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (Covid-19) y las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia y en ese marco, a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo, entre las que, sin hesitación, se encuentra Nast debido a su avanzada edad y su múltiples patologías preexistentes, entre las que cabe señalar las de naturaleza respiratoria”, sostuvieron los dos magistrados.

Por su parte, el juez Slokar sostuvo en cambio que el recurso debía ser rechazado y que en su lugar de detención “se mantiene el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias” y “se han distribuido los insumos de higiene y limpieza correspondientes para prevenir eventuales contagios”, por lo que no corresponde otorgarle el arresto domiciliario.

Nast fue condenado a 22 años de prisión -en un fallo confirmado por Casación- por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 43 víctimas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario; el más grande de la provincia de Santa Fe.

 


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El gobierno nacional eliminó el Procrear e implementó hipotecas divisibles

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Recientemente, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la disolución del Fondo Fiduciario Público “Procrear”, en respuesta ante la “falta de transparencia” y “demoras en las entregas”, al mismo tiempo en que informó sobre la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. 

El Procrear fue creado en el año 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos hipotecarios. Sin embargo, hoy el gobierno encabezado por Javier Milei firmó el decreto que elimina el programa, al considerar que el fondo “ha representado una carga significativa para las finanzas públicas, y sus operaciones no cumplieron con los objetivos de transparencia y eficiencia esperados”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue una de las autoridades que decidió pronunciarse al respecto, recordando que: “El Procrear fue uno de los planes de crédito para vivienda más exitoso y virtuoso. Más de medio millón de familias trabajadoras, de clase media, accedió a la casa propia o a mejoras. Hoy quedan abandonadas miles de viviendas en construcción. Gobiernan solo para los que más tienen”.

Entre los problemas detectados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se destacan demoras en la entrega de viviendas, generando costos adicionales en mantenimiento y vigilancia. Por otra parte, problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, lo que se tradujo en reclamos constantes de los beneficiarios.

Finalmente, al listado se sumó la falta de transparencia y eficiencia, que contrasta con la necesidad de mejorar la administración pública en tiempos de recortes presupuestarios.

Detalles de la medida

El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. 

En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.

El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Procrear y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.

Por otra parte, sugiere que los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.

Continuidad de los créditos hipotecarios

El ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.

La disolución del Procrear marca un cambio en la política de vivienda en Argentina, buscando “redirigir los recursos hacia áreas donde el Estado pueda ser más efectivo” y donde la administración pública sea más eficiente, alineada con la Ley 27.742, que establece bases para la reforma del Estado.

Por su parte, el sector bancario e inmobiliario podría ver un aumento en la demanda de créditos hipotecarios a medida que el acceso a viviendas vuelva a depender mayormente de las instituciones financieras, según sostienen.

Procrear II: inscriben para 17 terrenos con servicios en Itaembé Guazú

 


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La inflación fue de 2,7% en octubre y llegó a 107% en diez meses

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La inflación de julio fue del 4%: la más baja desde enero del 2022

En la tarde de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el porcentaje de inflación alcanzó un 2,7% en octubre, convirtiéndose en la tasa más baja registrada en tres años. El balance anual llegó a 107%, mientras que el interanual acumula 193%.

Tras conocerse el dato de 3,5% de inflación de septiembre y ahora un 2,7% en octubre, acumulando un alza de 107% en lo que va del año, desde el gobierno nacional confían en que la cifra “caerá aún más”.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que: “La inflación núcleo fue la menor desde septiembre de 2020, en tanto la general fue la más baja desde noviembre de 2021”. Asimismo, esta última fue un tercio de la inflación registrada en octubre de 2023 (8,3%), y la más baja para un mes de octubre desde 2017.

De esta manera, el análisis muestra que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional fue de 193%, siendo el sexto mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra el mismo período del año anterior.

En ese sentido, desde la cartera Económica agregaron: “Para analizar la dinámica del proceso de desinflación y extraer tendencias más allá de la volatilidad de corto plazo, resulta útil analizar el comportamiento de las medias móviles de las variaciones del IPC. Tal cual viene ocurriendo desde marzo, este análisis es consistente con una profundización en el proceso de desinflación. La media móvil de 3 meses fue de 3,4% mensual, el menor registro desde enero de 2022, en tanto la de 6 meses fue de 3,9% mensual, el ritmo más bajo desde febrero de 2022”.

Rubros de mayor impacto

La división de mayor aumento en octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 5,4% y está relacionado a las subas en alquiler y gastos conexos. Lo siguió Prendas de vestir y calzado, con 4,4% de incremento promedio.

Desde el Indec detallaron que la división que tuvo mayor incidencia fue Restaurantes y hoteles (4,3%) en las regiones GBA y Noroeste, mientras que en Noreste, Cuyo y Patagonia, fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,4%)

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en octubre de 2024 fueron Transporte (1,2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,2%).

La inflación en septiembre fue de 3,5% y acumuló un 101,6% en el año


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Villa Gesell: se derrumbó un edificio de diez pisos y buscan personas atrapadas

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villa gesell

Un hotel de diez pisos se derrumbó esta madrugada en la ciudad balnearia de Villa Gesell y buscan a al menos siete personas que estarían atrapadas entre los escombros, según confirmaron bomberos que intervienen en el hecho. La Municipalidad confirmó que en el lugar había una obra clandestina que ya había sido paralizada en agosto de este año.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de hoy, en un inmueble situado sobre calles Buenos Aires y 1, donde funcionaba el Hotel Dubrovnik y por el momento se desconocen las causas del derrumbe.

Se calcula que el 80% de la edificación fue afectada y el jefe de bomberos local, Hugo Piriz, confirmó que se buscan entre 7 y 9 personas entre los escombros. Los desaparecidos, que ya estarían identificados, serían en su mayoría trabajadores que estaban instalando un ascensor y pernoctaban en la obra. 

“El edificio tenía los planos aprobados y tenía permiso de obra para la parte delantera del edificio. Lo que se cayó fue el fondo y alrededor de diez pisos. Había cinco o seis personas habitando el lugar”, confirmó, a vez, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barreras, en diálogo con TN.

Los rescatistas informaron que lograron hacer contacto con una persona que se encuentra a unos 5 metros de profundidad, mientras que continúan realizando recorridas con canes entrenados para detectar la ubicación de los demás desaparecidos.

Villa Gesell es uno de los destinos predilectos de la costa atlántica argentina e incluso varios contingentes misioneros de turismo social viajan en temporada alta hacia esa localidad balnearia. 


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