Nacionales
Por los rebrotes, cuatro provincias vuelven atrás y endurecieron la cuarentena
La aceleración de contagios o la reaparición de casos en distintas provincias forzaron a los gobiernos locales a endurecer la cuarentena en localidades en que las actividades tenían menos restricciones que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La última provincia en anunciarlo fue Jujuy. El Comité Operativo de Emergencias provincial decidió que la capital, Perico, Yala y Palpalá regresaran a fase 1 del aislamiento social debido la aparición de dos casos positivos. Ahora buscan a las personas con las que estos infectados mantuvieron contacto estrecho.
La actividad, entonces, regresará a una restricción casi completa. “Se para toda la actividad de la administración pública, judicial, legislativa, empresarial y todo tipo de permiso habilitado hasta el momento en el área metropolitana”, dijo el gobernador Gerardo Morales.
Por su parte, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez decidió suspender en la ciudad capital las reuniones de hasta 10 personas. “Estamos juntos, cuidándonos. Por la dinámica de la pandemia, se suspenden las reuniones sociales, de hasta 10 personas hasta tanto descienda la cifra de casos activos de coronavirus en la ciudad de Neuquén”, indicó este martes el mandatario provincial en su cuenta oficial de Twitter.
Y agregó: “Esta situación no termina y, mientras dure, debemos respetar los nuevos modos de relacionarnos, mantener la distancia social de 2 metros, utilizar el barbijo y extremar las medidas de prevención para cuidarnos”. La autorización para las reuniones de más de 10 personas había sido habilitada hacía apenas ocho días.
En tanto que en Chubut el ministro de Salud, Fabián Puratich, anunció que la provincia retrocederá a la fase 2 de la cuarentena, pese a que ya había llegado a la cuarta etapa.
Así, se suspenderán por 14 días las actividades recreativas, salidas deportivas y reuniones familiares en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Rada Tilly. A su vez, se cerrarán los puertos y no se habilitarán ferias barriales, aunque los comercios podrán seguir abiertos.
El lunes, una de las provincias más comprometidas por la cantidad de contagios, Chaco, anunció que volverá a una instancia de menor actividad hasta el 21 de junio. En ese sentido, suspendió los permisos para circular y cerró las fronteras.
Hay además tres funcionarias infectadas: Marta Soneira, secretaria de Ordenamiento Territorial y Ambiente; Gloria Zalazar, ministra de Justicia y Seguridad; y Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros.
El AMBA refuerza los controles
En el AMBA, mientras los funcionarios muestran preocupación por el impacto del nivel de contagios en la capacidad del sistema de salud, habrá mayores controles en el transporte público para asegurar que solo sean utilizados por los trabajadores esenciales, ya que la Ciudad detectó un aumento en la cantidad de pasajeros.
En primera instancia, se realizarán controles en 69 estaciones y arriba de los trenes, que concentren el 80% de los pasajeros, de la región Metropolitana, con personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal.
Los oficiales van a monitorear los permisos tanto en el ingreso a las estaciones, como en andenes y dentro de las formaciones.
En el conurbano, los agentes de seguridad vial provincial, junto a la policía provincial van a focalizar los controles en 50 centros de transbordo de colectivos.
En tanto que en la Ciudad se realizarán a través de la Policía y los agentes de tránsito en 17 estaciones de subte, 10 centros de transbordo, y los 3 principales corredores de colectivos.
Esta medianoche se inicia el paro general de 36 horas, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que será la tercera huelga de la central obrera contra el plan de ajuste del gobierno libertario de Javier Milei.
No habrá bancos, ni vuelos, ni hospitales, ni escuelas, ni correo y otros servicios esenciales en gran parte del país. La dirigencia obrera nacional anticipa un alto acatamiento, incluso mayor a la protesta anterior, del 24 de enero.
En Misiones, los gremios que integran la CGT Regional, más la filial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), estiman que el paro se sentirá con fuerza en toda la provincia.
Hasta ahora, se sabe de la adhesión del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Posadas, la Asociación Bancaria, ATE; los gremios docentes de CTERA, CONADU y la UDA, por lo que no habrá clases en la Unam y muchas escuelas misioneras, públicas y privadas; sanitarios, camioneros, portuarios, pilotos y ferroviarios. La adhesión de éstos últimos paralizará el tren internacional entre Posadas y Encarnación.
Sin embargo, el transporte público estará garantizado, por la conciliación obligatoria impuesta por la cartera de Trabajo a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que desactivó el paro de los colectiveros.
Ya, la semana pasada, la CGT Misiones había confirmado su adhesión a la huelga, mediante un comunicado, donde convocó a una concentración, mañana al mediodía, en la plaza 9 de julio de Posadas, donde se leerá un documento alusivo a la protesta.
“Estas medidas son las consecuencias directas de la falta de cumplimiento y respuestas acordes a las necesidades económicas de los trabajadores, el desmantelamiento del Estado, el deterioro del salario y la pérdida del poder adquisitivo, tanto de activos como pasivos”, expresó la central obrera misionera.
Según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, durante los primeros catorce meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional.
La cifra se traduce en una reducción del 8,4% del personal estatal y constituye uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino de las últimas décadas, consigna el portal Infobae.
La información brindada desde la cartera añade que esta reducción de personal genera un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, lo cual es celebrado en el gobierno libertario ya que forma parte de su estrategia para “reducir el gasto público” y “avanzar hacia el equilibro de las cuentas fiscales”.
El informe detalla que de ese ahorro 817,5 millones de dólares anuales corresponden a salarios, mientras que lo restante corresponde a costos “indirectos” asociados al funcionamiento administrativo, como ser cuestiones de infraestructura, servicios, insumos y equipamiento.
Las desvinculaciones impulsadas por el gobierno abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad.
Con una reducción del 11,8% de su plantel, la APN concentró el mayor volumen de bajas, mientras que en las diferentes empresas estatales la caída fue del 15%.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adelantó esta mañana que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será por un total de 20.000 millones de dólares.
El anuncio, a forma de anticipo, se dio en el marco de una exposición que el funcionario estaba dando en la XXII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros de América Latina ASSAL IAIS 2025, desarrollada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
“El monto que nosotros acordamos con el staff que vamos a someter a aprobación del Board, ese monto es de USD 20 mil millones”, dijo Caputo.
Y agregó: “Estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central”.
“Cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número va a subir al entorno a los 50 mil millones de dólares al final de la charla”, añadió el ministro, en medio de un clima de incertidumbres y presiones sobre el mercado cambiario.
En su exposición, Caputo también resaltó la “importancia” de este acuerdo para “fortalecer las reservas del Banco Central” y aseguró que la cifra final será presentada formalmente cuando el acuerdo llegue a la fase de aprobación por parte del directorio del FMI.
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