Nacionales
Tucumán quiere retroceder un siglo: Legisladores “providas” intentan que mujeres violadas no puedan abortar

TUCUMÁN. Un proyecto presentado con la firma de más de la mitad de los legisladores tucumanos pretende declarar ilegales las causas de interrupción del embarazo que el Código Penal habilita desde 1921. La norma contradice al Código Penal y al fallo de la Corte Suprema que fijó la actual jurisprudencia sobre el tema.
Un grupo de 29 legisladores de Tucumán -más de la mitad de la Legislatura local-, presentó un proyecto de ley para que el aborto en casos de violación esté prohibido. La iniciativa desató controversia por tratarse de una práctica habilitada por el Código Penal, prevista en el anteproyecto de reforma e incluso avalada por la Jurisprudencia de la Corte Suprema.
La polémica iniciativa fue impulsada por el diputado Marcelo Caponio (PJ), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales del Parlamento provincial, quien aseguró que “respetamos todas las normas y lo establecido en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún artículo. Estamos avanzando para que no quede en una cuestión declamativa, sino que el Estado esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas”.
En sus fundamentos, el retrógrado proyecto se presenta como “pionero”, tal como tituló en su portada el conservador diario local La Gaceta: “El proyecto se inspira en la legislación provida más avanzada: la ley 6/2009 de la Generalitat de Valencia (España), pionera en cuanto a medidas positivas de protección integral, tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer”, explicó Caponio. Esa norma fue derogada en Valencia en 2017.
El artículo 4° del proyecto roza el medievalismo y es taxativo: “Queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”. De hecho, el texto del proyecto establece “la prohibición de discriminar al niño por nacer en ‘niños deseados’ o ‘no deseados’”, considerando que inducir a una mujer a abortar, en cualquier caso, es “violencia”.
Según publica Infobae el proyecto había sido presentado en la anterior composición de la Legislatura, pero perdió estado parlamentario por falta de tratamiento. Sin embargo esta vez la adhesión fue inusual. Es la legislación que tiene más voluntades a favor en lo que va del año y cuenta con el apoyo de oficialistas y opositores, entre los que se destacan las peronistas Graciela Medina, presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer, y Sara Alejandra Assán, de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad.
El inédito retroceso jurídico que se puso en marcha en Tucumán ya empezó a cosechar rechazos desde todos los ámbitos. “Repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta de proyecto de yey presentado con la firma de 29 legisladores con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1921 por el ordenamiento penal”, comienza un comunicado de la fundación tucumana Mujeres x Mujeres y Católicas por el Derecho a Decidir, suscrito por Aministía Internacional, el CELS, ELA y otras organizaciones.
Nacionales
El gobierno de Milei despidió a 42.034 empleados públicos en catorce meses

Según datos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, durante los primeros catorce meses de gestión del presidente Javier Milei, un total de 42.034 empleados dejaron sus puestos en el sector público nacional.
La cifra se traduce en una reducción del 8,4% del personal estatal y constituye uno de los ajustes más profundos en la estructura administrativa del Estado argentino de las últimas décadas, consigna el portal Infobae.
La información brindada desde la cartera añade que esta reducción de personal genera un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, lo cual es celebrado en el gobierno libertario ya que forma parte de su estrategia para “reducir el gasto público” y “avanzar hacia el equilibro de las cuentas fiscales”.
El informe detalla que de ese ahorro 817,5 millones de dólares anuales corresponden a salarios, mientras que lo restante corresponde a costos “indirectos” asociados al funcionamiento administrativo, como ser cuestiones de infraestructura, servicios, insumos y equipamiento.
Las desvinculaciones impulsadas por el gobierno abarcan tres grandes áreas del Estado: la Administración Pública Nacional (APN), las empresas estatales y el personal militar y de seguridad.
Con una reducción del 11,8% de su plantel, la APN concentró el mayor volumen de bajas, mientras que en las diferentes empresas estatales la caída fue del 15%.
Nacionales
Caputo anticipó que el nuevo acuerdo con el FMI será por USD 20.000 millones

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adelantó esta mañana que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será por un total de 20.000 millones de dólares.
El anuncio, a forma de anticipo, se dio en el marco de una exposición que el funcionario estaba dando en la XXII Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros de América Latina ASSAL IAIS 2025, desarrollada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
“El monto que nosotros acordamos con el staff que vamos a someter a aprobación del Board, ese monto es de USD 20 mil millones”, dijo Caputo.
Y agregó: “Estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central”.
“Cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número va a subir al entorno a los 50 mil millones de dólares al final de la charla”, añadió el ministro, en medio de un clima de incertidumbres y presiones sobre el mercado cambiario.
En su exposición, Caputo también resaltó la “importancia” de este acuerdo para “fortalecer las reservas del Banco Central” y aseguró que la cifra final será presentada formalmente cuando el acuerdo llegue a la fase de aprobación por parte del directorio del FMI.
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Nacionales
Por decreto, modifican ley de tránsito: licencia, VTV y peajes

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía modernizaron la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. A partir de ahora, la licencia de conducir será digital y los peajes sin barreras, entre los principales cambios.
Las medidas se oficializaron este martes a través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial con el objetivo de “agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores”, tanto particulares como profesionales; simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir; implementar la licencia nacional digital; eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.
Un factor común es que al modificar una Ley Nacional, tanto las provincias como los municipios deberán decidir si adherirse o no a la normativa para que tenga validez en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, desde el Ejecutivo resaltan que con estas medidas están “generando el marco apropiado para que quienes quieran, puedan hacerlo”.
Principales cambios
A partir de ahora, la licencia nacional de conducir será digital y válida en todo el país. Para su renovación los conductores presentarán un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclararon que: “Estos cambios extienden la vigencia de la licencia profesional“.
Para los casos en que la persona posea antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico práctico.
A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.
Tanto los cursos teórico-prácticos como los exámenes de aptitud psicofísica, necesarios al momento de la obtención de la licencia, podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y/o privados, con estándares y exigencias previamente definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los certificados podrán presentarse de manera online, agilizando y modernizando los procesos.
Por otra parte, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Las licencias nacionales de conducir de las clases C, D y/o E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Cambios en la VTV
Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos 0km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los 0km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.
Peajes
Otro cambio que moderniza el sistema es la implementación en todas las rutas nacionales del país de los peajes sin barreras, que no obstaculicen el tránsito vehicular. Para ello la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer un cronograma de implementación que prevea que, para junio de 2027, todas las rutas nacionales deberán contar exclusivamente con sistemas de cobro free Flow.
Finalmente, la normativa incluye el concepto de “vehículo autónomo”, estableciendo los requisitos obligatorios con diferentes niveles de automatización.
Trailers y casas rodantes
A partir de ahora, trailers y casas rodantes categoría O1 (acoplados, remolques y trailers para el traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo y bastará con tramitar un solo Certificado de Seguridad Vehicular (CSV).
Antes, había que realizar este trámite por cada vehículo para asociarlo al trailer. Esto impactará en menores costos, ahorro de tiempo para los usuarios y menor burocracia.
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