Cargando...
Hay una vieja y gastada astucia que los artífices del poder practican con maestría cuando las papas queman: si no puedes refutar una verdad evidente con argumentos sólidos, simula que la estudias con infinita gravedad mientras dejas correr el reloj de arena. Conozco esa coreografía la he visto varias veces y es la que están utilizando ahora en la Cámara de Representantes para evitar, una vez más, la eliminación de la Ley de Lemas.
Mis lectores habituales, aquellos con quienes comparto estas reflexiones dominicales desde hace años, saben perfectamente cuál es mi posición: lo he escrito, lo he dicho y lo he reiterado en mil ocasiones. La llamada Ley de Lemas no resiste el menor análisis republicano. Hay sobrados motivos éticos, técnicos y políticos para erradicar ese engendro electoral de un solo plumazo de una buena vez y para siempre.
Sin embargo, a medida que nos acercamos al final de octubre, el oficialismo parlamentario ensaya su táctica predilecta. Amparados en el débil y gastado argumento de que “tratar una modificación integral a las apuradas es sumamente irresponsable”, lo que realmente pretenden las espadas legislativas es dejar correr mansamente los días hasta el 31 de octubre sin llevar el debate al recinto. En buen romance criollo: cajonear el expediente en comisión, apagar las luces del recinto y esperar a que el letargo del verano adormezca la memoria colectiva.
La coartada del tiempo escaso se cae a pedazos con un poco de rigor institucional. Faltan apenas dos sesiones ordinarias para que venza el período reglamentario. Dos jueves: el 22 y el 29 de octubre. Tiempo más que suficiente para que las señoras y señores legisladores se sienten en sus bancas, lean lo que dicen los especialistas y comprendan por qué este adefesio electoral desapareció hace décadas de casi todo el mapa nacional e internacional, quedando como una anomalía jurásica reservada únicamente para nuestro territorio y para la Formosa feudal de Gildo Insfrán.
Y si de verdad les preocupara la falta de tiempo para alumbrar una reforma seria, la solución está al alcance de la mano. Desde el arco opositor, encabezado con notable empuje y claridad por la diputada Rosi Kurtz, se presentó una iniciativa formal para prorrogar el ciclo ordinario durante todo el mes de noviembre, amparándose en el artículo 96 de la Constitución provincial y en el artículo 29 del Reglamento interno. Les vendría francamente bien trabajar un poco más a los diputados; desquitar el sueldo debatiendo de cara a la sociedad en lugar de apurar el receso.
Pero la trampa es matemática: esa prórroga exige la mayoría absoluta del cuerpo, es decir, 21 voluntades. Si el bloque mayoritario del Movimiento por lo que Viene, que comanda 19 bancas, decide retacear el acompañamiento, la persiana legislativa bajará indefectiblemente el 29 de octubre, sepultando cualquier intento de saneamiento institucional.
El reflejo de este sainete se proyecta con crudeza en Berna. En nuestra querida y castigada Posadas, el Concejo Deliberante se convirtió en el teatro de operaciones de una comedia calcada. El interbloque opositor empujó una ordenanza amparada en la autonomía municipal para prohibir de raíz los lemas en el ejido comunal. ¿La respuesta del oficialismo municipal de Leonardo “Lalo” Stelatto? La amenaza abierta del veto y la advertencia de que prohibir el sistema sin definir si se vota con papel o soporte electrónico abriría un vacío. El argumento de la parálisis por diseño: amenazan con trabar la ordenanza y llevarla al barro del Superior Tribunal de Justicia antes que resignar la formidable maquinaria de arrastre que garantiza el control de la intendencia.
Si los representantes del pueblo tuvieran la honestidad intelectual que exige el ahora, deberían observar qué pasa más allá de los límites de la politiquería del Cantón. Qué quieren que les diga, uno siente la tentación de sugerirles que dejen por un momento la rosca mezquina y lean qué dicen los especialistas. Tanto los organismos dedicados a la transparencia y la calidad institucional —como CIPPEC, Poder Ciudadano o Transparencia Electoral— como la literatura politológica internacional coinciden en un diagnóstico demoledor: la Ley de Lemas es catalogada sin matices como un diseño regresivo y distorsivo que corrompe la democracia representativa.
Les sugiero a nuestros diputados, con genuino ánimo pedagógico, que se den una vuelta por las redes y sigan las cuentas de especialistas de primer nivel como @DeliaFerreira y @MarkPJonesTX. Si se toman el trabajo de ojear un poco las investigaciones de Delia Ferreira Rubio y Mark P. Jones, descubrirían que, muy lejos de robustecer a las fuerzas partidarias o canalizar la participación popular como pregona el oficialismo, el doble voto simultáneo opera como un disolvente orgánico que promueve el faccionalismo salvaje, despedaza el espíritu de los partidos y degrada la rendición de cuentas pública —no sé si captan la dulce indirecta—. Hola, qué tal.
En este sistema perverso, el compañero de lema es un enemigo más encarnizado que el adversario de la vereda de enfrente. No me lo contó nadie, lo vengo viendo desde fines de los 90. Cada sublema arma su quintita, reparte su botín y compite en la contienda territorial, sabiendo que al final de la jornada el sufragio del ciudadano desprevenido terminará siendo engullido por una bolsa colectiva para consagrar a quien jamás votó.
El mecanismo es una estafa al sentido común. El elector entra al cuarto oscuro saturado de boletas —una marea de papel que confunde, encarece la logística y facilita las peores picardías de la fiscalización punteril— creyendo que elige a un vecino, y su papeleta termina catapultando a un candidato antagónico dentro de la misma escudería. No es representación; es una interna encubierta solventada con recursos públicos y resuelta a espaldas del elector.
Varias provincias adoptaron este sistema entre las décadas de 1980 y 1990 y luego la abandonaron. Santa Cruz, San Luis, Santa Fe, San Juan y el resto de los distritos comprendieron el daño institucional y sepultaron el mecanismo. Solo nosotros y el feudo de Gildo seguimos aferrados a ese anacronismo que tuvo sus orígenes en Uruguay, cuando en 1910 lo sacaron de una galera para resolver las disputas internas entre las facciones de los partidos tradicionales (el Partido Colorado y el Partido Nacional o Blanco) sin provocar divisiones partidarias.
Las cartas están sobre la mesa y los plazos se extinguen. El oficialismo cree que con enfriar el expediente en Asuntos Constitucionales o proponer componendas cosméticas —como recortar a cuatro los sublemas para achicar el desastre sin perder el control territorial— tiene la partida ganada. Se equivocan. Si el reloj de arena cae el 29 de octubre sin debate ni prórroga, quedará a la vista de todos quiénes les temen a las urnas transparentes y quiénes prefieren gobernar parapetados tras el laberinto de las trampas.