Opinión
Los tiempos de la política y las implicancias del caso Kiczka

Por: Fernando OZ
@F_ortegazabala
Comprender los tiempos de la política es fundamental para que el zoon politikon que llevamos dentro pueda sobrevivir. El manejo del timing político es conocer su articulación, su sincronización, su gestión. Quien no entienda que el verano de un hemisferio político es el invierno de otro; quien se muestra incapaz de tener en cuenta las diversas franjas horarias que configuran el planeta de la política; quien, en definitiva, sólo actúa a partir de su propio calendario, de su agenda, de su reloj, está condenado al fracaso.
La primera tanda de operaciones y especulaciones del inicio del año electoral se terminó el jueves 20 a medianoche, con la llegada del otoño y la presentación de los frentes y partidos que jugarán en el tablero electoral de las elecciones provinciales del 8 de junio. La próxima fecha de interés a la que hay que prestar atención es el 31 de marzo, día del inicio del juicio oral y público al ex diputado provincial de Activar Germán Kiczka y su hermano Sebastián por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
La instancia judicial, por la que pasarán 67 testigos, se extenderá hasta el 16 del mes entrante: cuatro días después del cierre de plazos para la presentación de lemas y a dos del registro de sublemas. La última jornada para que se anoten las candidaturas de los sublemas es el 19 de abril. En lo formal, los plazos establecidos por el Tribunal Electoral no tienen nada que ver con las fechas que impuso el Tribunal Penal I para juzgar a los Kiczka. Pero, si se tiene en cuenta que uno de los procesados fue jefe del bloque del partido que fundó el diputado Pedro Ramón Puerta, además de amigos y compañeros de banca, podemos decir que el momento culmine del caso, que conmocionó a todo el país y en especial a la sociedad misionera, se cruza justo sobre la delicada línea de los tiempos de la política. Tal vez, casualidades del destino.
El 24 de abril es el inicio formal de la campaña electoral y el plazo de inscripción para los candidatos a diputados es el 29, en medio de esas dos fechas buena parte de la atención de los medios y de los consumidores del show político estará puesta en el casamiento de Pedro con la ex diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, que se realizará el 26 en las Cataratas, donde se espera un desfile de personalidades del ámbito político que incluiría a los ex mandatarios Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, el ex senador Eduardo Menem y hasta el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Los detalles de la millonaria y glamurosa fiesta son tan desopilantes que merecen una columna aparte, nada fuera del alcance del segundo heredero del empresario yerbatero y eximio político Federico Ramón Puerta.
El primer coletazo electoral del caso Kiczka quedó expuesto el jueves pasado en el Tribunal Electoral con la ausencia de Activar en la composición de los tres frentes que se presentaron para competir en las legislativas provinciales. Tampoco se encuentra en el listado de los diez partidos políticos inscriptos en soledad para ir a las urnas. En las dos últimas elecciones el partido de Pedro tuvo un rol preponderante en el armado de las listas: en 2021 el primer puesto de diputados del frente opositor Juntos por el Cambio fue para el radical Pepe Pianesi, el segundo para la dirigente del Pro Mikaela González Coria y el tercero fue para Activar en la figura de Germán Kiczka, y en 2023 la lista de candidatos a legisladores provinciales fue encabezada por Pedro, el legítimo heredero político de los dorados ‘90.
Si habrá o no un segundo coletazo es un interrogante clave. Los juicios orales y públicos de trascendencia suelen ser una caja de pandora, más cuando hay políticos involucrados. Según el estatal Canal Doce, faro de la comunicación oficial del Gobierno, los más de 900 archivos de MASI “encontrados en las computadoras de Germán Kiczka, serán presentados como prueba durante el juicio”, además de lo que declaren los 67 testigos, “entre ellos residentes de la ciudad de Apóstoles, peritos e investigadores digitales, quienes aportarán sus testimonios y análisis en un caso que los expertos han calificado como voluminoso por su complejidad y la cantidad de evidencia digital involucrada”. Nadie sabe con certeza qué puede salir de todo eso ni hasta dónde llegan las relaciones promiscuas de los procesados con actores del poder político.
Limitaciones a la prensa que despiertan sospechas innecesarias
La decisión adoptada por el Tribunal Penal I, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, limita la cobertura periodística completa del juicio contra los hermanos Kizcka. Las únicas audiencias abiertas a la prensa serán el 31 de marzo, para la apertura y lectura del requerimiento de elevación a juicio, y la del 16 abril, para la formulación de alegatos y lectura del veredicto. La medida, que fue fundamentada en los artículos 379 y 380 del Código Procesal Penal y las Reglas de Heredia, en principio, afecta derechos constitucionales fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y el acceso a la información pública, esenciales en una sociedad democrática, que debe abogar por la transparencia de sus actos, sobre todo los concernientes a la Justicia y su accionar.
Si bien, las restricciones a la cobertura total del proceso pueden, en ciertos casos, estar justificadas para proteger la intimidad de las víctimas, pero esta decisión no debe superar el principio de proporcionalidad y las limitaciones a la libertad de prensa deben estar adecuadamente fundamentadas, lo que no parece haber ocurrido.
En casos de delitos sensibles como la pedofilia, es común la restricción de datos para proteger a las víctimas, especialmente si son menores de edad, pero, también es cierto que el Poder Judicial tiene facultad coactiva y cuenta con remedios legales suficientes para sancionar severamente al medio o al periodista que los vulnere. La prohibición es un recurso arbitrario y autoritario que deja la puerta abierta a la sospecha.
El Tribunal, con la anuencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se limitó a los artículos 4 y 5 de las Reglas de Heredia, pero ignoró lo establecido en el artículo 6 donde se establece que “prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de pública y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica. En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios”.
Uno de los procesados tiene trayectoria política y exposición pública voluntaria, por lo que el caso adquiere un interés público y político significativo que refuerza la necesidad de garantizar la transparencia del proceso, los cuales deben realizarse en un marco de cobertura razonable, especialmente en asuntos de relevancia social.
Es importante señalar que el acceso de la prensa al juicio no impide la protección de la identidad de las víctimas ni pone en jaque el debido proceso. Por lo tanto, la decisión del Tribunal parece exceder los límites razonables de restricción y corre el riesgo de generar un impacto desproporcionado en los derechos en juego. El acceso a la información pública debe ser garantizado salvo casos excepcionales debidamente motivados, no siendo la prohibición la única y mejor medida.
En consecuencia, la decisión adoptada debería ser revocada y permitir el acceso de la prensa durante todo el proceso del juicio oral y público. Es fundamental que el STJ, verdadero responsable de la medida adoptada por el Tribunal, explique y fundamente las razones detrás de su decisión, los motivos y riesgos reales y concretos que justifiquen limitar la cobertura periodística y demuestre que estas medidas son necesarias y proporcionales al objetivo perseguido. Si no se justifica adecuadamente, podría considerarse que la decisión adoptada es una violación de los derechos constitucionales.
Esta escueta sumatoria de datos y hechos (hay más), no debería ser pasada por alto para el análisis de los complejos tiempos de la política. Pero me temo que en el fragor de la política del Cantón Verde corremos el riesgo de ir perdiendo empatía por el sentido de la oportunidad.
Opinión
Régimen penal juvenil: hacia una reforma necesaria

Por: Yamila Ruiz
@ruizyamilal
El nuevo régimen penal juvenil es una reforma necesaria, justa y responde a una demanda de la sociedad argentina.
El actual régimen penal juvenil se sancionó en 1980 a través de la Ley N° 22.278. Por ello, resulta necesaria una actualización, ya que esta ley ha quedado vetusta y no responde al contexto de nuestra realidad actual, ni siquiera a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional.
Respecto del menor en conflicto con la ley penal, su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso una solicitud para crear, por ley, un nuevo régimen penal juvenil aplicable a las personas menores de edad cuando se las impute por un hecho que se tipifique como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.
Régimen penal juvenil: cómo es en la actualidad
Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de dieciséis (16) años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones.
A la fecha, se están tratando trece (13) proyectos: doce (12) iniciativas de diputados y una (1) iniciativa del Gobierno Nacional. Estos se debaten y analizan en las comisiones conjuntas de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia, y Presupuesto y Hacienda, recibiendo a especialistas en la materia y escuchando a los diferentes disertantes y autores de los proyectos.
En efecto, en la actualidad, la República Argentina y la República de Cuba se encuentran en soledad en su posición, toda vez que son los únicos países de la región que han establecido los dieciséis (16) años como la edad mínima de responsabilidad penal. Contrariamente, en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas, otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes. Por ejemplo, la República de Chile, la República de Colombia y la República del Perú han fijado tal edad en catorce (14) años; la República de Guatemala, la República de Nicaragua y la República Oriental del Uruguay, en trece (13); la República Federativa del Brasil y los Estados Unidos Mexicanos, en doce (12); y Granada y la República de Trinidad y Tobago, en siete (7).
Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen además derechos especiales que derivan de su condición. Ello supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la justicia penal juvenil, lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos.
El caso Kim
Estamos trabajando arduamente para que no haya más casos como el de Kim Gómez en la República Argentina, en alusión al crimen de la niña de 7 años a quien se la arrastró contra el asfalto durante 15 cuadras por los delincuentes que sustrajeron el vehículo a su mamá, ambos menores de edad. En el coche estaba la menor en el asiento del acompañante y con el cinturón de seguridad puesto.
Los investigadores tienen testigos que vieron cómo intentaron arrojarla por la ventanilla del auto. En ese contexto, la niña quedó enganchada y se la arrastró a toda velocidad por el auto conducido por los dos delincuentes de 17 y 14 años. El vehículo impactó contra un poste de luz y los ladrones menores escaparon: el cuerpo de Kim quedó debajo del Fiat Palio rojo de su mamá.
(*) Abogada y Escribana. Diputada Nacional por Misiones – Bloque Frente Renovador de la Concordia
Opinión
Sobre la crisis de la abogacía y la yerba mate en Misiones

Por: Héctor Julio Franco
En la provincia de Misiones, dos sectores fundamentales enfrentan una crisis estructural que pone en jaque su viabilidad económica: los pequeños productores yerbateros y los abogados. Aunque en apariencia pertenecen a mundos diferentes, comparten una problemática común: un mercado saturado y la urgente necesidad de reconversión. Sin embargo, mientras los productores de yerba han dependido tradicionalmente de la intervención del Estado para fijar un precio mínimo de la hoja verde, actualmente el INYM ha desregulado el precio, llevando al sector a una crisis aún mayor. Por otro lado, los abogados deben sobrevivir en un mercado donde, aunque existen honorarios mínimos regulados, la sobreoferta hace que nadie los respete y muchos ni siquiera lleguen a ganar el 50% de la canasta básica, a pesar de haber realizado una gran inversión en tiempo y educación universitaria.
Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Por qué el Estado debe garantizar un precio para los yerbateros y no garantiza y regula eficazmente la situación de los abogados?
Dos sectores en crisis
- Los 12.000 pequeños productores yerbateros
La producción yerbatera en Misiones es dominada por miles de pequeños productores que enfrentan un escenario desafiante:
Sobreproducción: el mercado está saturado de materia prima, lo que reduce los precios que reciben los productores.
Desregulación del INYM: la eliminación del precio mínimo de la hoja verde ha dejado a los pequeños productores en una posición de debilidad frente a los grandes molinos.
Falta de reconversión: muchos productores siguen con métodos tradicionales y no diversifican su producción, limitando su rentabilidad.
Ante este panorama, los yerbateros han dependido históricamente de la intervención estatal, pero ahora se ven obligados a buscar alternativas para sostenerse sin ese respaldo.
- Los 5.000 abogados matriculados (y muchos más sin matricularse)
El mundo de la abogacía en Misiones no es muy distinto:
Saturación del mercado: hay más abogados que demanda de servicios legales, lo que provoca una caída en los honorarios. Según el presidente del colegio de abogados de Misiones, juran entre 300 y 400 nuevos abogados anualmente. Existen más de 3500 abogados activos que luchan por sobrevivir. Cinco centros de Estudios universitarios locales, más la posibilidad de estudio online son también el fundamento de tamaña saturación de la que pocos hablan.
Regulación ineficaz: si bien existen honorarios mínimos establecidos, nadie los respeta debido a la sobreoferta, lo que hace que muchos abogados cobren por debajo de los valores recomendados.
Precarización: muchos abogados no logran ganar ni siquiera el equivalente a una canasta básica y deben buscar otras ocupaciones. Un abogado junior si es que consigue trabajo, gana en promedio menos de $ 500.000 mensuales.
Necesidad de reconversión: el avance de la inteligencia artificial y la automatización amenaza con eliminar gran parte de las tareas rutinarias del derecho, dejando sin empleo a miles de abogados que no se adapten a las nuevas tendencias.
¿Por qué el Estado debe protege a los yerbateros y no a los abogados?
Esta pregunta, que obviamente tiene un tinte sarcástico pone en sobre salto que un sector en crisis no es más importante que otro para acaparar las políticas del Estado.
La gran contradicción es que el Estado ha intervenido históricamente para proteger la rentabilidad de los yerbateros, pero deja a los abogados librados a su suerte. Si el argumento del sector yerbatero es que necesitan que artificiosamente se fije un precio por encima de lo que establece el libre mercado, es porque no es eficiente y por eso necesitan regulación, podría decirse lo mismo de la abogacía. Un abogado desde que comienza a percibir honorarios tiene toda la carga tributaria nacional y provincial, gastos fijos ineludibles como lo tendría un productor; pero si hiciéramos una reflexión objetiva deberíamos concluir que existen muchos otros sectores económicos que son invisibilizados y que tienen el mismo derecho a ser tenidos en cuenta.
Preguntas clave:
¿Por qué los yerbateros pueden exigir un precio mínimo mientras que los abogados deben competir libremente?
¿Por qué el Estado debería garantizar la rentabilidad de un sector y no del otro?
¿No debería fomentarse la reconversión en ambos casos en lugar de sostener artificialmente a uno de ellos?
Si se argumenta que la yerba mate es un sector estratégico para Misiones, también podría decirse que una justicia eficiente y accesible también lo es.
La solución: reconversión y adaptación
La verdadera salida para ambos sectores no es una regulación arbitraria, sino un proceso de modernización y diversificación.
Para los yerbateros:
- Incorporar tecnología para mejorar la productividad. (tokenización de su producto)
- Agregar valor con productos derivados en lugar de depender sólo de la venta de hoja verde y/o combinar la producción con otros usos y cultivos.
- Explorar nuevos mercados y canales de comercialización. (mercado de futuros)
- Aprender nuevas habilidades y modelos de negocio para independizarse de los grandes molinos.
Para los abogados:
- Especializarse en nichos donde la IA no pueda reemplazarlos (derecho penal, ambiental, corporativo, tecnología).
- Integrar herramientas digitales en su práctica para ser más eficientes y competitivos.
- Adaptarse a un modelo de negocio más innovador, como asesoría online y suscripciones legales.
- Aprender nuevas habilidades fuera del derecho tradicional, explorando alternativas dentro del ámbito legal y otras profesiones complementarias.
- Dejar de promover la carrera atento que lo único que hace es generar sub desocupados.
Tanto los abogados como los yerbateros enfrentan una crisis de sobreoferta que pone en riesgo su futuro. Sin embargo, mientras que los yerbateros han dependido del Estado para sostener su actividad, la abogacía ha quedado atrapada en un mercado donde la sobreoferta destruye los honorarios mínimos. Esto pone en debate hasta dónde debe llegar la intervención estatal y si la solución no pasa más bien por fomentar la reconversión productiva y de servicios en ambos sectores.
La clave no está en pedirle al Estado que sostenga mercados saturados, sino en que cada sector se adapte a las nuevas realidades. En una economía moderna, sobrevivirán aquellos que innoven y sepan evolucionar. Lo que antaño era una actividad eficiente hoy en o en el futuro puede no serlo si se sigue haciendo de la misma manera y en las mismas condiciones.
En todo caso, la responsabilidad del Estado está en sincerar el diagnóstico y dejar de buscar la solución rápida que solo es un parche, sino explorar de una vez por todas soluciones de fondo y que sirvan para los próximos 50 años. ¿Están el Estado, los yerbateros y los abogados listos para ese desafío?
*Abogado. Jefe de la Agencia Territorial de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.
Opinión
Un león en el Cantón Verde no modifica el ecosistema


“No vamos a ceder nuestros principios, vamos solos”, dijo Carlos Adrián Nuñez mientras miraba la Rosadita desde el ventanal de su estudio, en el piso 19 de una torre cercana a la plaza 9 de Julio. Sucedió el lunes pasado frente a un grupo de leales. El abogado tributarista, que comanda en Misiones La Libertad Avanza (LLA) en nombre Karina Milei, comentaba el resultado de su gira, de la semana anterior, por los pasillos de Balcarce 50, el ministerio de Economía, el Congreso y otras reparticiones públicas clave en tiempos de campaña. La directiva que trajo es clara: armar las listas de diputados provinciales y concejales propios, sin radicales con peluca, macristas arrepentidos o cuentapropistas vinculados al oficialismo del Cantón Verde.
Enrolado con devoción al secretismo que rodea a los hermanos Milei, Nuñez hace reuniones con empresarios y jóvenes profesionales para el armado de las listas. Ese es el perfil más solicitado, aunque hay dos requisitos fundamentales: tener el menor pasado político posible y ser orgánicos, verticalistas. Si es alguien con “buena reputación” y conocido, mejor, de lo contrario, no importa. Lo que vale es la marca.
El descalabro económico que está ocasionando la desregularización del sector yerbatero en la provincia, alentada por los más importantes del negocio y la familia Puerta, todavía no afectó la aprobación de la gestión de Javier Milei, que en algunos municipios llega a una positiva del 62%, según un reciente sondeo realizado por la reconocida encuestadora de opinión pública Zuban Córdoba y Asociados. Una instantánea que no tiene desperdicio.
Con ese porcentaje, la pelea por llevar el estandarte del león escaló a instancias bochornosas. “Que hagan lo que quieran, pero el daño no es hacia mi persona, es hacia Karina, porque yo hago lo que ella dice”, se lo escuchó decir al representante de LLA durante una discusión. En el fondo, Nuñez es muy parecido a Lule Menem, los dos juegan al golf y conocen el paño y los códigos de la política por experiencia propia. El abogado no parece nervioso, entiende que las operaciones en tiempo de cierre de listas salen como puñaladas traperas.
Al león, que decidió caminar en soledad, fueron a verlo diferentes dirigentes políticos de primera línea de la provincia. El diputado nacional Martín Arjol fue uno de los pocos que no lo hizo, tampoco envió a ninguno de sus radicales con peluca. Sí golpearon la puerta los “peronistas anti K”, una patrulla desocupada del PRO y hasta una comitiva radical que llevó una invitación para conformar una alianza opositora al Frente Renovador de la Concordia o a cualquiera de sus versiones. No acordó con nadie. “Créeme que esto es realmente diferente, todo es para ganar. Estamos armando una opción de poder real, por eso tenés que tener fe”, ese mensaje deja el representante de LLA cada vez que se despide de alguien.
La alianza opositora que se articula desde la UCR y el PRO parece un remake de Juntos por el Cambio. El senador nacional Martín Goerling Lara fue el primero en sembrar la idea de un frente anti-renovación; dejar de lado el debate nacional para concentrarse en el provincial. Con algunos matices diferentes, comparte el mismo plan que los radicales Gustavo González, que quiere ser diputado nacional, y de Pepe Pianesi que está dispuesto a ser parte de cualquier armado que lo haga pelear en las arenas. En la Cámara de Representantes la UCR pone en juego tres bancas, entre ellas la del propio Pianesi, dos el PRO y una que es de Activar, el partido del empresario yerbatero Pedro Puerta, que acaba de incrementar su patrimonio tras una millonaria inyección económica que realizó su padre, Federico Ramón Puerta, en Yerbatera Misiones SRL, una de las firmas de la familia.
En ese arco opositor, integrado por el núcleo duro de la UCR y el PRO, sigue el goteo de desertores. En plena cuaresma, antes de que el gallo cante tres veces y a 48 horas de abandonar el radicalismo, el dirigente Pablo Velázquez, tres veces concejal de Posadas y funcionario del ENACOM durante el gobierno de Mauricio Macri, participó en un encuentro que se organizó en la Casa del militante de la Renovación Neo. Parecía sentirse cómodo, estrenó una camisa mangas largas, color mostaza, cuello Mao. Esta semana se preparan para dar el salto otros radicales, posiblemente sean los mismos que hoy piden una interna; habrá que ver.
En el peronismo local también hay un sector que promueve un armado contra la Renovación. La camporista Cristina Brítez tiene el bastón de mariscal y extraña la Cámara baja del Congreso. Pero quien también busca esa banca es el consejero Federal Nacional de Convergencia Justicialista, Lalo Costa de Arguibel. Más allá de la disputa de cartel y de cargos, ambos persiguen la idea de un frente que sea principalmente opositor a los libertarios, es decir en contra de Milei. Arrastrar al electorado provincial a un escenario de polarización, de grieta, como ver TN y C5N al mismo tiempo. Ahora, con la intervención del PJ Misiones con la firma de la jueza federal María Romilda Servini, los interventores designados por Cristina Fernández de Kirchner acomodarán agenda para una reunión partidaria de cara a las elecciones provinciales.
El kirchnerismo cree que en las elecciones provinciales del 8 de junio van a poder recuperar en la Cámara de Representantes dos bancas, las que se llevaron los diputados Santiago Mansilla y Martín Sancho, a los que se les vence el mandato. Hasta el momento, los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez no atendieron las llamadas que se hicieron para frenar un extraño éxodo de afiliados del PJ al Frente Renovador, tal vez, mucho más grande del que se produjo en 2003. Por este asunto hay un dirigente del PJ-renovador con ataque de pánico y otros con mucha preocupación por una canilla que podría cerrarse si las relaciones entre las dos fuerzas políticas se cortan. Tal vez exageran.
Habrá que ver qué ocurre el próximo jueves 20, fecha límite para la presentación de frentes y alianzas. Hasta el momento todo hace pensar que el oficialismo vuelve a quedar en medio de fuego cruzado. No le fue nada mal si se mira atrás. En 2005 fue el primer éxito electoral de medio término para el Frente Renovador de la Concordia, obtuvo el 41,9% de los votos; el Frente Justicialista para la Victoria el 19,5%, la UCR el 10,5%, después un variopinto menú cuya sumatoria apenas rozó el 15%. Desde aquel momento, las bancas de la renovación se mantuvieron muy por arriba de lo que se necesita para tener una cámara estable y afín a las necesidades del Poder Ejecutivo. Las legislativas que siguieron también fueron buenas: En 2009 la renovación metió doce diputados provinciales, nueve en 2013, diez en 2017 y once en 2121.
La mejor performance de la oposición fue en 2017, durante el gobierno de Macri, cuando Juntos por el Cambio se quedó con siete bancas. Y para el kirchnerismo en 2021, cuando obtuvieron tres bancas en compañía con el Partido Agrario y Social.
Ahora volvamos a la encuesta que mencioné en el tercer párrafo. Algunos números interesantes de la medición para la provincia: La imagen negativa de Javier Milei alcanza el 37%, la de Cristina Kirchner llega al 57% y la de Mauricio Macri 59%. La gestión del gobernador Hugo Passalacqua tiene una aprobación del 58%.
Sebastián Macías, jefe de Vialidad provincial y primer candidato a diputado provincial por la Renovación, tiene imagen positiva que apenas roza el 10% y un nivel de desconocimiento que toca el 85% de los encuestados. Y pongamos que Pianesi logre encabezar la lista del frente opositor, hombre con casi ocho años como diputado provincial; Pepe goza de una imagen positiva de 8% y un desconocimiento del 90%. Y qué decir del león Núñez, un ilustre desconocido con buena fortuna, sus posibilidades sin el estandarte de Milei serían nulas.
Ahora, supongamos que Arjol se sacude a Nuñez y Milei le da la oportunidad de buscar la reelección como diputado nacional. El jefe de los radicales con peluca tiene una imagen positiva del 30% y una mala del 27%, el resto puro desconocimiento. Como todos saben, Oscar Herrera Ahuad es el candidato que llevará la Renovación a la Cámara baja del Congreso: imagen positiva 71%, la negativa 14%.
Al cierre de esta temporada, con los datos de las últimas cinco elecciones legislativas y el relevamiento de las imágenes de los principales dirigentes de la provincia al 7 de marzo, componiendo la dispersión de la oposición, e incluyendo los pelotones minoritarios como los de Cacho Bárbaro y Martín Sereno, todo hace suponer que la Renovación sostendrá el bastión más allá de las marcas que se impongan en el volátil y complicado mercado electoral. Pero hay un dato más del minucioso trabajo de Zuban Córdoba y Asociados que sería bueno tenerlo en cuenta para proyectar una mirada a largo plazo, al 2027, digamos: ¿En qué dirección cree que va la provincia de Misiones? El 47% dijo que marcha de manera correcta, el 46% contestó que lo hace con rumbo incorrecto.
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