Por: Fernando OZ

@F_ortegazabala

Hay momentos que son para opinar, otros simplemente para reflexionar. Opinar es un derecho como ir a votar, es un acto que genera compromiso. Reflexionar es dudar, considerar, pensar; y es una necesidad del ser humano. Dicho así, la reflexión más que un evento del intelecto es la apertura del espíritu. La opinión es concluyente, un juicio, lo que impone que la información fidedigna sea vital; la reflexión es abierta y puede conducir a rutas sin fronteras, es un proceso mental en el que se analiza y evalúa de manera crítica una idea o experiencia.

El escenario electoral nos debería invitar a reflexionar en profundidad sobre qué rumbo queremos que tome el lugar donde vivimos, donde nos encontramos nosotros y nuestros vecinos, nuestra trinchera. La reflexión puede ser individual o colectiva. La opinión, por otro lado, es un juicio meramente personal, como el acto de votar.

Ambos conceptos están intrínsicamente ligados, ya que la reflexión puede generar opiniones, y las opiniones, a su vez, pueden ser el resultado de un proceso reflexivo. Es por eso que ahora es momento de estar muy atentos, de observar y entrar en modo reflexivo, especialmente el elector independiente (justamente al lector que apunta esta diatriba semanal).

Durante unos escasos 90 días, vamos a ver a los candidatos por todos lados; unas elecciones cortas, por lo general, suelen ser de 120 días. Nos van a ofrecer espejitos de todos los colores y en un mundo donde la información y desinformación nos bombardea continuamente y los cambios son constantes, la reflexión es una herramienta clave para adaptarse y superar desafíos. Ayuda a identificar errores, a aprender de ellos y a mejorar nuestras acciones futuras. A votar mejor.

En el Cantón, el próximo 8 de junio vamos a votar diputados y concejales. Ya saben, mitad de la Cámara, elecciones de medio término, secundarias, pero psicológicamente contundentes. Cada vez que el pueblo vota, su pronunciamiento no se interpreta sólo como la renovación de un conjunto más o menos importante de cargos electivos, sino también como un verdadero plebiscito: como la aprobación o la desaprobación del gobierno, del rumbo por donde vamos.

¿Alcanzan tres meses para conocer a una persona que es candidata? ¿Es relevante su trayectoria, conocer su mérito, o es más importante la idea que representa, el proyecto? Hay quienes creen que lo que más peso tiene, en términos electorales, es el partido político o la persona de poder a la que se represente. Sucede que hay liderazgos que son más fuertes que sus propias estructuras partidarias. ¿En el Cantón Verde qué es lo que importa más, el candidato o el logo? Husmeen un poco en la palabra logos:  de origen griego, pensamiento, discurso, razón.  La argumentación mediante la palabra.

Hasta no hace mucho tiempo atrás, ningún consultor político, que se digne de ser serio, hubiese aceptado llevar adelante una contienda electoral con un candidato que tenga menos del 60% de conocimiento del electorado. Después se analizaba el resto de los detalles como la imagen negativa, la coyuntura, entre otros. Pero ahora, los nuevos gurúes de la microsegmentación sostienen que esa falencia se resuelve haciendo videítos en las redes, con apoyo de parafernalia tecnológica, incluyendo un menudo ejército de trolls y bots.

Hasta el momento, ninguno de los postulantes a ocupar una banca en la Cámara de Diputados tiene menos del 80% de desconocimiento público. Y lamento informar que los nombres y apellidos, de toda la oferta electoral, que se blanquearán en los próximos días tampoco tienen más que eso.

Hace un mes, uno de los principales actores políticos que tendrá la contienda me definió de manera simplona cómo serán estas elecciones: “Los candidatos no importan, lo que importa es la marca. Elegís Coca-Cola o Pepsi. La sustancia, la idea, está en la marca”. Es decir, el logo. Que nadie se la crea, es el logo.

Cuando las listas de candidatos estén completas, al paso que vamos, caeremos en la realidad de que la única representatividad social de cada uno de ellos será la de una marca partidaria. Las elecciones provinciales serán cortas y sin debates interesantes; posiblemente mediocres.

El riesgo de obviar a la persona y seguir, disciplinadamente, al logo es dejar abierta la posibilidad de sentar en una banca a un nuevo Kiczka, que entró escondido detrás de una marca. Es momento de reflexionar.

---

---

---

---

---

Desregulación de la yerba mate: ¿Competencia o riesgo para el sector?

La desregulación del mercado de la yerba mate ha reavivado el debate sobre la intervención estatal en un sector clave para la economía y la cultura de Argentina. Mientras algunos celebran la liberalización como una oportunidad para aumentar la competencia y mejorar la eficiencia, otros advierten sobre los riesgos de un mercado sin controles en una industria que, históricamente, ha sufrido distorsiones.

1- Regulación: Un control necesario o una traba al crecimiento

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ha sido, desde su creación en 2002, el ente regulador encargado de fijar los precios mínimos que deben pagarse a los productores y establecer directrices para la producción y comercialización del producto. La existencia de este organismo busca evitar la concentración del mercado y garantizar precios justos para los pequeños y medianos productores. Anteriormente, en los años 30, se había creado la CRYM (Comisión Reguladora de la Yerba Mate creada por Ley Nacional en 1935) que en los años ’90 -también como ahora- se desregulo y generó una crisis que terminó en el 2001 con el famoso “tractorazo”.

Quienes defienden la regulación argumentan que la yerba mate no se comporta como un mercado competitivo perfecto. Factores como la concentración en pocas empresas, las asimetrías entre los actores y la dificultad de los productores para negociar precios, justifican la intervención del Estado para equilibrar la balanza y evitar abusos. Son más de 13.500 pequeños productores y unos 150 molineros/industria de los cuales los dos primeros tienen más del 40% del mercado.

Además, si se caracterizan los productores la mayoría tienen menos de 10 ha de plantaciones.

Desregulación: ¿Más competencia o mayor desigualdad?

Los promotores de la desregulación sostienen que la fijación de precios mínimos distorsiona el mercado e impide que las fuerzas de la oferta y la demanda actúen libremente. Según esta visión, eliminar la regulación permitiría mayor competencia, incentivaría la inversión y daría lugar a precios más competitivos para los consumidores.

Sin embargo, los críticos advertimos que la eliminación de los controles puede profundizar la concentración del mercado en pocas empresas, perjudicando a los pequeños productores, que quedarían sin un respaldo estatal para negociar mejores condiciones. Además, existe el temor de que una caída en los precios de la materia prima no se traduzca en beneficios para el consumidor final, sino en mayores márgenes de ganancia para los grandes comercializadores. Como ya se vio en el gráfico de la composición del mercado arriba indicado y lo que se vio en góndola en este que paso (año 2024).

2- Experiencias y posibles consecuencias

Experiencias previas en otros sectores agrícolas han demostrado que la desregulación puede generar efectos no deseados. Por ejemplo, en la industria láctea, la eliminación de precios mínimos llevó a una crisis de pequeños tamberos, quienes no pudieron competir con grandes empresas que compraban la materia prima a precios muy bajos. En el sector tealero podemos advertir lo mismo y como hoy son menos los productores y pocas empresas que concentran la mayor parte de la producción, con una característica que el precio es puesto desde afuera ya que son precios internacionales, no como la yerba que el 90% de la producción es consumo interno.

En el caso de la yerba mate, los riesgos son similares: una caída en el precio pagado al productor deriva en la falta de rentabilidad para los pequeños y medianos actores, favoreciendo la concentración en pocas empresas y afectando la estabilidad de miles de familias que dependen de la producción.

3- Conclusión: ¿Cuál es el camino a seguir?

Desde el PAyS propusimos dos caminos, con la presentación de dos leyes. Una en Enero/24 proponiendo crear el Centro Misionero de Acopio, Comercialización y Promoción de la Yerba Mate y Tasa Yerbatera por la cual el gobierno compra y fija un precio mínimo a través de la intervención directa en el mercado de la hoja verde y canchada, la cual nos dijeron desde el gobierno de Misiones que “no hay plata…” fue así que los legisladores del PAyS volvieron a insistir en Octubre/24 la posibilidad establecer la Mesa Provincial de Regulación Yerbatera y crear el BEY (Boleto Electrónico Yerbatero) que es similar a un IMYM (Instituto Misionero de la Yerba Mate) con un sistema de cobro indirecto similar al que tienen los contadores para el cobro de sus honorarios y un seguimiento de la trazabilidad de toda la yerba que circula en la provincia.

En el año 2024 el 85% de la hoja verde de argentina se produjo en la provincia de Misiones

Como se observa, no solo gran parte de la yerba es de Misiones en el ámbito local, sino que, si miramos globalmente, el 44% de la hoja verde del año 2024 salió de las chacras Misioneras.

En este contexto y ante esta situación de crisis terminal para los pequeños y medianos productores de yerba mate de la provincia de Misiones, los misioneros tenemos que crear una herramienta provincial porque siempre los porteños nos impusieron el precio a nuestra producción; sea el gobierno del color político que quieran, entre los porteños en acuerdo de los correntinos nos impusieron el precio de nuestro sacrificio.

Los porteños desde un gobierno unitario nos exigían yerba barata “porque toman los pobres”, siempre fue así y la yerba no la podemos regalar, porque no es lo mismo producir un kg de yerba que producir una Coca-Cola, (1 kg de yerba elaborada rinde más de 40 litros de infusión); además, es un proceso artesanal, una planta que para entrar en producción demora más de 5 años de crecimiento. La yerba de calidad necesita ser cosechada artesanalmente, estacionada con su debido tiempo y es por esto que exigimos se lleven adelante propuestas como las que desde nuestro espacio gestionamos.

Creemos que el mercado yerbatero es un mercado imperfecto, la historia y los últimos datos así lo demuestran y es por ello que necesitamos urgente una herramienta para dignificar la tarea del tarefero, del cuadrillero y, por sobre todo, del esfuerzo de miles de familias productoras de la yerba mate en Misiones.

Exigimos desde el PAyS la creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate, compromiso asumido por el presidente de la legislatura en su momento (Dic/23) Carlos Rovira, que dijo que si se cerraba el INYM o se desregulaba el mercado yerbatero se crearía el IMYM. Lamentablemente hoy hay un acuerdo de cúpulas entre renovadores y libertarios, o los libertarios le condicionan al gobierno provincial la intervención del mercado yerbatero, le condicionan tener una regulación misionerista.

Ni un paso atrás…

---

---

---

---

---

Por: Fernando OZ

@F_ortegazabala

Comprender los tiempos de la política es fundamental para que el zoon politikon que llevamos dentro pueda sobrevivir. El manejo del timing político es conocer su articulación, su sincronización, su gestión. Quien no entienda que el verano de un hemisferio político es el invierno de otro; quien se muestra incapaz de tener en cuenta las diversas franjas horarias que configuran el planeta de la política; quien, en definitiva, sólo actúa a partir de su propio calendario, de su agenda, de su reloj, está condenado al fracaso.

La primera tanda de operaciones y especulaciones del inicio del año electoral se terminó el jueves 20 a medianoche, con la llegada del otoño y la presentación de los frentes y partidos que jugarán en el tablero electoral de las elecciones provinciales del 8 de junio. La próxima fecha de interés a la que hay que prestar atención es el 31 de marzo, día del inicio del juicio oral y público al ex diputado provincial de Activar Germán Kiczka y su hermano Sebastián por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).

La instancia judicial, por la que pasarán 67 testigos, se extenderá hasta el 16 del mes entrante: cuatro días después del cierre de plazos para la presentación de lemas y a dos del registro de sublemas. La última jornada para que se anoten las candidaturas de los sublemas es el 19 de abril.  En lo formal, los plazos establecidos por el Tribunal Electoral no tienen nada que ver con las fechas que impuso el Tribunal Penal I para juzgar a los Kiczka. Pero, si se tiene en cuenta que uno de los procesados fue jefe del bloque del partido que fundó el diputado Pedro Ramón Puerta, además de amigos y compañeros de banca, podemos decir que el momento culmine del caso, que conmocionó a todo el país y en especial a la sociedad misionera, se cruza justo sobre la delicada línea de los tiempos de la política. Tal vez, casualidades del destino.

El 24 de abril es el inicio formal de la campaña electoral y el plazo de inscripción para los candidatos a diputados es el 29, en medio de esas dos fechas buena parte de la atención de los medios y de los consumidores del show político estará puesta en el casamiento de Pedro con la ex diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, que se realizará el 26 en las Cataratas, donde se espera un desfile de personalidades del ámbito político que incluiría a los ex mandatarios Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, el ex senador Eduardo Menem y hasta el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Los detalles de la millonaria y glamurosa fiesta son tan desopilantes que merecen una columna aparte, nada fuera del alcance del segundo heredero del empresario yerbatero y eximio político Federico Ramón Puerta.

El primer coletazo electoral del caso Kiczka quedó expuesto el jueves pasado en el Tribunal Electoral con la ausencia de Activar en la composición de los tres frentes que se presentaron para competir en las legislativas provinciales. Tampoco se encuentra en el listado de los diez partidos políticos inscriptos en soledad para ir a las urnas. En las dos últimas elecciones el partido de Pedro tuvo un rol preponderante en el armado de las listas: en 2021 el primer puesto de diputados del frente opositor Juntos por el Cambio fue para el radical Pepe Pianesi, el segundo para la dirigente del Pro Mikaela González Coria y el tercero fue para Activar en la figura de Germán Kiczka, y en 2023 la lista de candidatos a legisladores provinciales fue encabezada por Pedro, el legítimo heredero político de los dorados ‘90.

Si habrá o no un segundo coletazo es un interrogante clave. Los juicios orales y públicos de trascendencia suelen ser una caja de pandora, más cuando hay políticos involucrados.  Según el estatal Canal Doce, faro de la comunicación oficial del Gobierno, los más de 900 archivos de MASI “encontrados en las computadoras de Germán Kiczka, serán presentados como prueba durante el juicio”, además de lo que declaren los 67 testigos, “entre ellos residentes de la ciudad de Apóstoles, peritos e investigadores digitales, quienes aportarán sus testimonios y análisis en un caso que los expertos han calificado como voluminoso por su complejidad y la cantidad de evidencia digital involucrada”. Nadie sabe con certeza qué puede salir de todo eso ni hasta dónde llegan las relaciones promiscuas de los procesados con actores del poder político.

Limitaciones a la prensa que despiertan sospechas innecesarias

La decisión adoptada por el Tribunal Penal I, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, limita la cobertura periodística completa del juicio contra los hermanos Kizcka. Las únicas audiencias abiertas a la prensa serán el 31 de marzo, para la apertura y lectura del requerimiento de elevación a juicio, y la del 16 abril, para la formulación de alegatos y lectura del veredicto. La medida, que fue fundamentada en los artículos 379 y 380 del Código Procesal Penal y las Reglas de Heredia, en principio, afecta derechos constitucionales fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y el acceso a la información pública, esenciales en una sociedad democrática, que debe abogar por la transparencia de sus actos, sobre todo los concernientes a la Justicia y su accionar.

Si bien, las restricciones a la cobertura total del proceso pueden, en ciertos casos, estar justificadas para proteger la intimidad de las víctimas, pero esta decisión no debe superar el principio de proporcionalidad y las limitaciones a la libertad de prensa deben estar adecuadamente fundamentadas, lo que no parece haber ocurrido.

En casos de delitos sensibles como la pedofilia, es común la restricción de datos para proteger a las víctimas, especialmente si son menores de edad, pero, también es cierto que el Poder Judicial tiene facultad coactiva y cuenta con remedios legales suficientes para sancionar severamente al medio o al periodista que los vulnere. La prohibición es un recurso arbitrario y autoritario que deja la puerta abierta a la sospecha.

El Tribunal, con la anuencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se limitó a los artículos 4 y 5 de las Reglas de Heredia, pero ignoró lo establecido en el artículo 6 donde se establece que “prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de pública y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica. En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios”.

Uno de los procesados tiene trayectoria política y exposición pública voluntaria, por lo que el caso adquiere un interés público y político significativo que refuerza la necesidad de garantizar la transparencia del proceso, los cuales deben realizarse en un marco de cobertura razonable, especialmente en asuntos de relevancia social.

Es importante señalar que el acceso de la prensa al juicio no impide la protección de la identidad de las víctimas ni pone en jaque el debido proceso. Por lo tanto, la decisión del Tribunal parece exceder los límites razonables de restricción y corre el riesgo de generar un impacto desproporcionado en los derechos en juego. El acceso a la información pública debe ser garantizado salvo casos excepcionales debidamente motivados, no siendo la prohibición la única y mejor medida.

En consecuencia, la decisión adoptada debería ser revocada y permitir el acceso de la prensa durante todo el proceso del juicio oral y público. Es fundamental que el STJ, verdadero responsable de la medida adoptada por el Tribunal, explique y fundamente las razones detrás de su decisión, los motivos y riesgos reales y concretos que justifiquen limitar la cobertura periodística y demuestre que estas medidas son necesarias y proporcionales al objetivo perseguido. Si no se justifica adecuadamente, podría considerarse que la decisión adoptada es una violación de los derechos constitucionales.

Esta escueta sumatoria de datos y hechos (hay más), no debería ser pasada por alto para el análisis de los complejos tiempos de la política. Pero me temo que en el fragor de la política del Cantón Verde corremos el riesgo de ir perdiendo empatía por el sentido de la oportunidad.

---

---

---

---

---