Los principales acusados por el homicidio del preventista cárnico Nicolás Junior D’Amico (35), ultimado a fierrazos en un abasto de Oberá y luego incinerado dentro de su auto en cercanías a Leandro N. Alem, fueron condenados a 24 y 20 años prisión, mientras que los restantes mientras que otros cuatro imputados recibieron penas de entre 4 y 1 años de cárcel.

La sentencia fue dictada esta tarde por el Tribunal Penal Uno de Oberá y las mayores penas alcanzan a Diego Ramón Benegas (40) y Jonathan Emanuel “Yoni” Gutiérrez (31), quienes recibieron 24 y 20 años de prisión, respectivamente, tras ser declarados autores del delito de homicidio simple. Habían llegado a debate acusados de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y en concurso premeditado de agentes”, que contemplaba prisión perpetua. 

Por su parte, Gustavo Germán Benegas (36) y Diego Orlando Gutiérrez (33) -hermanos de los primeros- recibieron penas de 5 años de cárcel y a Gustavo Ramón García (33) se le impuso una condena de 4 años de prisión. Todos fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito.

Contra estos cinco imputados el tribunal dispuso la revocación del beneficio de excarcelación que gozaban y fueron detenidos dentro dentro del recinto judicial para luego ser trasladados a la Unidad Penal II de Oberá, donde deberán purgar las penas establecidas.

Sobre los restantes dos acusados que llegaron a juicio, Guillermo Andrés Burkiewicz recibió 1 años de prisión en suspenso por haber entregado un arma de fuego a Benegas, considerado “ilegítimo usuario” por no tener permiso de portación, en tanto que el ex policía Sebastián Rockenbach fue absuelto por el beneficio de la duda, según consignó El Territorio.

El fallo, dictado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba, no se ajustó a lo solicitado por el fiscal Elías Bys y por la querella encabezada por el letrado Claudio Katiz, quienes habían pedido penas de prisión perpetua.

La pesquisa trazada, con intervención determinante del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), estableció que el 21 de octubre de 2015 D’Amico fue ultimado a fierrazos dentro del abasto La Rueda de Oberá y posteriormente su cuerpo fue trasladado en su Volkswagen Bora hasta El Chatón, donde fue rociado con combustible e incinerado.

La principal sospecha es que Diego Benegas y Jonathan Gutiérrez fueron quienes propinaron la golpiza mortal, con el objetivo de evadir una deuda de 350.000 pesos que la víctima pretendía cobrar como empleado de un frigorífico bonaerense.

El resto de los implicados quedaron bajo la lupa por colaborar tanto en el traslado del cadáver como en limpiar el escenario del crimen, aunque las pericias de la Saic de igual manera permitieron reconstruir lo sucedido.

FOTO: El Territorio

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Finalmente, en la tarde-noche de ayer, al límite del vencimiento de los plazos establecidos, se firmó la resolución que dispone una nueva prórroga del congelamiento de bienes sobre los integrantes del denominado Clan Barakat, sindicado grupo de comerciantes libaneses acusados de efectuar maniobras de lavado de dinero en casinos de Puerto Iguazú para luego financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y se dio sobre el filo del vencimiento del último plazo establecido. De esta manera, la medida cautelar continuará en vigencia, al menos, por un año más.

El acercamiento de la fecha límite había sido alertado con preocupación por la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante en el expediente, cuyos representantes legales interpusieron un recurso de queja por retardo de justicia como llamado de atención y para pedir avances en la causa, tal como publicó La Voz de Misiones. 

Es que, de vencerse los plazos, las medidas cautelares perderían vigencia y permitiría que la decena de extranjeros puestos bajo la lupa pudieran volver a hacer uso de sus bienes inhibidos, como así también quedaban habilitados a operar en el sistema financiero argentino.

El expediente contra el Clan Barakat reviste importancia nacional dado que se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y también concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos. 

La investigación comenzó en 2015. Allí la UIF dispuso el congelamiento administrativo y la medida de inhibición finalmente se judicializó en 2018. Desde ese momento la disposición se prorroga año a año.

Por el momento hay más de decena de sospechosos, aunque ninguno alcanzó a ser indagado.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

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Roberto López (52), uno de los dos heridos por la explosión de un barril registrado en una ferretería de San Vicente el miércoles de la semana pasada, falleció ayer en el hospital Madariaga de la capital provincial.

Según consignaron fuentes consultadas, el deceso de López se produjo ayer por la tarde. El hombre presentaba quemaduras de tipo A y B que afectaron cerca del 40% de su cuerpo.

Desde su internación, López permaneció en la unidad de terapia intensiva, en “mal estado general” y con “compromiso respiratorio”, de acuerdo a los informes médicos difundidos.

El hecho que le terminó provocando la muerte se registró el miércoles de la semana pasada, en horas de la mañana, cuando fue alcanzado por la explosión un barril de barniz que pretendía abrir utilizando una pistola de calor.

Junto él resultó herida su pareja, Blanca Prence (52), que sufrió lesiones de idénticas características y continúa internada.

El trágico hecho ocurrió en una ferretería de San Vicente.

Heridos en explosión de barril en San Vicente están en terapia intensiva

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