Un policía de 26 años fue pasado a disponibilidad y detenido esta mañana acusado de utilizar la tarjeta bancaria de un preso de la comisaría Tercera y efectuar gastos por casi 700.000 pesos.

De acuerdo a lo informado por la propia institución policial, el implicado, de rango oficial ayudante, fue detenido hoy tras un allanamiento realizado en casa, donde agentes de Cibercrimen además secuestraron el teléfono celular que habría sido utilizado para llevar adelante el ardid.

Las fuentes consultadas señalaron que todo comenzó el mes pasado, cuando un cuando agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue detenido por un hecho de violencia de género y quedó alojado en una celda de la comisaría Tercera, ubicada sobre avenida Uruguay de Posadas.

Tras dos días de arresto, el uniformado fue beneficiado con la excarcelación y cuando recuperó la libertad advirtió que durante ese lapso se habían realizado compras con su tarjeta de crédito.

De acuerdo a los movimientos detectados, el hombre denunció que con su tarjeta se hicieron pagos por un total de $697.000, la mayoría en cargas de combustible en diferentes estaciones de servicio de la ciudad.

Tras la presentación realizada, en el caso intervino el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Fernando Verón, mientras que en paralelo la Dirección Asuntos Internos de la fuerza provincial inició otra investigación.

Así fue que mediante todo lo recolectado durante estas semanas hoy el juez Verón ordenó la detención del sospechoso y en simultáneo la Policía dispuso el pase a disponibilidad del implicado.

Este hecho se dio en el marco de una serie de escándalos que se sucedieron puertas adentro de la seccional Tercera, la cual desde el 11 de octubre está intervenida y desde esa medida ya son tres los uniformados detenidos en averiguación de diversos delitos cometidos vistiendo uniforme.

Uno de ellos quedó bajo la lupa tras la fuga de un preso por robo calificado, hecho por el cual acusaron a un policía de directamente “venderle” la llave del candado de la celda donde pasaba sus días y noches.

Descubren que policía de la Tercera le vendió la llave de su celda a un preso

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Una anciana de 76 años denunció que el martes al mediodía fue interceptada por dos jóvenes a la salida del banco Macro, en pleno microcentro de Posadas, y le robaron un bolso con más de 2,5 millones de pesos.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la damnificada radicó la denuncia este mediodía ante la comisaría Primera, pero el hecho ocurrió el último martes, momentos después de salir del banco.

En su presentación, la mujer relató que había estado en la sucursal del banco Macro ubicada sobre la calle Buenos Aires, entre Belgrano y Alvear, donde gestionó un préstamo y salió de allí con un total de 2.600.000 millones de pesos en un bolso.

De allí, caminó por calle Buenos Aires hasta que al llegar a su intersección Santa Fe fue abordada por dos delincuentes que la intimidaron con un arma blanca y la despojaron del bolso con el dinero recientemente retirado.

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El Ministerio de Gobierno de la provincia intervino este jueves el Jockey Club Posadas, en virtud de lo solicitado por la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones (DGPJ), donde impugna la asamblea de socios de la entidad hípica del 30 de agosto pasado y corre todo lo actuado a la cartera de Marcelo Pérez.

Hoy, el ministro firmó la resolución que designa interventor al director de Asuntos Municipales de Misiones, Joaquín Cabral, quien llevará adelante el proceso para la realización de una nueva asamblea de elección de autoridades y la normalización institucional de la entidad.

La intervención se dio como consecuencia del pedido de impugnación de la asamblea de agosto, que eligió al empresario Gustavo Mussi como nuevo presidente, que hizo a comienzos de septiembre un grupo de socios, denunciando un sinnúmero de irregularidades.

El 3 de octubre, la directora de Personas Jurídicas, Camila Miralles, firmó la Disposición 219, que repasa lo actuado por los denunciantes y recoge la opinión de la Inspectoría Jurídica de la DGPJ, para, finalmente, pedir al Ministerio de Gobierno que resuelva la intervención del club.

Según ese documento, el área jurídica de la DGPJ, comprobó lo denunciado por los socios y concluyó que “por la gravedad de las irregularidades” de la asamblea del 30 de agosto “corresponde hacer lugar a la denuncia”.

Sin embargo, tal disposición fue anulada, tras el recurso de revocatoria interpuesto por el sector de Mussi, que consideró vulnerado su derecho a la defensa, aunque, finalmente, la DGPJ terminó impugnando la asamblea que lo eligió como presidente del Jockey y pidiendo al Ministerio de Gobierno la intervención del club.

Bandos

La interna societaria del club hípico posadeño quedó expuesta con lo ocurrido en la última edición de la Copa Challenger, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y se denunciaron apuestas ilegales y el funcionamiento de un garito clandestino, lo que le valió al club una suspensión del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) y una multa de $20 millones.

Las sospechas de doping en la muerte súbita de la yegua Argentina Lake, del Stud Doña Juana de Corrientes, que se desplomó en plena carrera, y las imágenes virales del garito y el carnaval de apuestas, disparó el cruce de acusaciones entre los sectores que se disputan la nueva comisión directiva.

En la ocasión, el presidente interino Víctor Martínez, ahora depuesto por la designación del interventor Cabral, cargó contra el sector de socios que impugnó la asamblea que eligió a Mussi y contra la disposición de la DGPJ que hizo lugar al pedido sobre el que se expidió este jueves el ministro Pérez.

“Todo esto tiene su origen en esa asamblea”, disparó Martínez y señaló a La Voz de Misiones: “Es una puja de dos bandos”.

“En esa asamblea no se tuvo en cuenta el principal objetivo que era elegir nuevas autoridades”, argumentó y apuntó contra la disposición de la DGPJ por “dejar sin efecto la convocatoria atendiendo factores menores y cosas que no son ciertas”.

Del otro lado, le contestó Juan Marcelo Benítez Vigo, quien calificó de “verdadera locura” lo ocurrido en el hipódromo posadeño y responsabilizó por todo a Mussi, al que llamó “presidente de facto” del Jockey.

“Tal y como veníamos vaticinando, las nuevas autoridades no tienen idoneidad moral ni de gestión para llevar adelante nada”, disparó Benítez Vigo y remató: “Imagínese algo que claramente se le fue de las manos”.

El intercambio entre ambos bandos se retroalimentó de lo sucedido en la Copa Challenger que, a su vez, desembocó en una denuncia penal del Iplyc contra el club, en la que los socios que impugnaron a Mussi, se incorporaron como querellantes.

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