La Cámara Federal de Apelaciones de Misiones hizo lugar a un recurso de queja por retardo de justicia articulado por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el Juzgado Federal de Eldorado en el marco de la causa que investiga por lavados de activos al denominado Clan Barakat, un grupo de comerciantes libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de financiar a la organización terrorista Hezbollah, y encomendó agilizar el avance del expediente que lleva nueve años en etapa de instrucción.

La UIF participa en el expediente como querellante particular y entre los lineamientos planteados en el recurso de queja advirtió sobre el pronto vencimiento (4 de julio) del congelamiento de bienes y otras medidas cautelares que pesan sobre los extranjeros puestos bajo la lupa, al tiempo que solicitó informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en dicho documento los recurrentes hicieron mención a “la longevidad en el tiempo con la que se acarrean las presentes actuaciones, correspondiendo ya, tanto por la materia investigada como por aplicación del razonable principio de celeridad, sean tomadas determinaciones en cuanto a las imputaciones y procesamientos, de corresponder los mismos, siendo necesario a tales efectos sean agregadas las constancias que hubieren sido remitidas por las naciones exhortadas”.

Realizado el planteo, los camaristas solicitaron informes al juzgado que dirige el magistrado Miguel Ángel Guerrero y antes las respuestas recibidas realizaron ciertos “señalamientos” en cuanto al avance del expediente que tomó exposición pública a mediados de agosto de 2018, cuando se ordenó una serie de operativos que fueron desplegados en casinos y hoteles de Puerto Iguazú, locales que presuntamente eran utilizados como parte de un mecanismo articulado para el envío de fondos hacia Medio Oriente por parte de los extranjeros apuntados.

“Lo peticionado por la querella en ese tópico resulta por demás oportuno”, fue la primera consideración de los magistrados del tribunal de alzada respecto a las medidas cautelares e inhibición de bienes prontos a vencer.

En un punto siguiente, en tanto, entienden que una de las razones de la problemática traída a análisis encuentra su origen en el “notorio recargo de tareas en el Juzgado Federal de Eldorado”, lo cual “se erige como un argumento válido a los fines de pretender justificar demoras en la que se puede incurrir en el devenir del proceso”.

Esta cuestión, incluso, ya había sido planteada abiertamente por el propio juez Guerrero durante una exposición en el Encuentro Nacional de Justicia Federal, evento realizado en 2022 en Rosario.

“En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”, problematizó el magistrado en aquel entonces.

Y continuó: “Ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.

“Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó vez ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.

Con ambos planteos sobre la balanza, la Cámara Federal entendió que de igual manera el reclamo de la UIF es valedero y con el objetivo de “garantizar el acceso a la justicia” hizo lugar al recurso, encomendando al juzgado que instruye la causa a “dar curso a lo solicitado” con “la premura el caso amerita”.

Assad Ahmad Barakat, uno de los señalados líderes del clan fue detenido en Foz de Iguazú en 2018.

Clan Barakat

La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias. 

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

La Triple Frontera era el epicentro de acciones del grupo sindicado por financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.

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Los dos jóvenes detenidos en el marco de la investigación por la desaparición y presunto asesinato de Jorge Omar Rivero (29) fueron citados a prestar declaración indagatoria ante la Justicia mañana.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones confirmaron que este mediodía se formalizó la entrega de los restos que serían de la víctima a su familia para su correspondiente último adiós y para mañana se avanzará en la toma de declaración indagatoria a ambos sospechosos.

Los dos detenidos por el caso son Esteban “Kiriri” A. (19) y Santiago S. (23), quienes permanecen privados de su libertad desde el viernes pasado cuando se confirmó el hallazgo de restos óseos en un pozo de agua abandonado en una vivienda del barrio Unión.

El hallazgo de dichos restos confirmaría la única hipótesis que se tiene del caso hasta el momento, la cual apunta que Rivero mantuvo una pelea con Kiriri y luego fue arrojado a la cavidad ubicada en el inmueble que por ese entonces utilizaba el otro detenido, aunque luego del hecho abandonó la propiedad.

De esta manera, Kiriri aparecería como el principal sospechoso de un hecho de homicidio, mientras que al otro muchacho le podría caber una imputación como partícipe o encubridor. Tanto los aprehendidos como la víctima presentaban cuadros de adicción a las drogas y vivían en contextos de marginalidad.

Los restos que con alta probabilidad corresponderían a Rivero fueron hallados en un pozo abandonado, a unos 12 metros de profundidad.

Denuncia, búsqueda y hallazgo

El hecho se encuentra bajo pesquisa desde el 20 de junio, cuando una hermana de Rivero acudió a la comisaría Segunda de Iguazú para denunciar que su familiar estaba desaparecido desde el 15 de noviembre pasado.

En la misma presentación, la mujer dio cuenta de “testigo” el cual se acercó a ella para contarle que su hermano había sido golpeado y arrojado a un pozo.

En base a esos elementos, efectivos de la Unidad Regional V, con autorización del Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del magistrado Martín Brites, activaron una serie de medidas tendientes a comprobar la tesis planteada.

Fue así que entre el jueves y viernes agentes de la División Rescates Complejos se abocaron a vaciar el sindicado pozo y tras escarbar unos 12 metros finalmente dieron con restos esqueléticos sueltos y otros tantos envueltos en una media sombra.

El material encontrado fue enviado a la Morgue Judicial donde además se constató que entre los restos óseos había un DNI a nombre de Rivero, elemento con el cual los investigadores se animan a confirmar su identidad, aunque de igual manera avanzarán en los correspondientes cotejos genéticos para obtener la certificación científica necesaria para este tipo de casos.

Debido al deterioro sufrido, los médicos forenses no pudieron obtener conclusiones determinantes en cuanto a la causal de muerte. Sí pudieron detectar una fractura de cráneo, aunque no se pudo establecer si fue producto de una agresión en vida o tras ser arrojado a la cavidad.

En la morgue también se obtuvo otro dato clave y es que junto al cadáver envuelto en media sombra había una piedra de grandes dimensiones, la cual habría sido utilizada para impedir que el cuerpo flotara.

Bajo este panorama, los dos detenidos serán trasladados mañana ante el juez Brites y tendrán la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como los ampara su derecho y sin que ese silencio signifique presunción de culpabilidad alguna.

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Un motociclista de 64 años falleció esta mañana al colisionar contra un automóvil sobre la ruta nacional 14 en la localidad de Leandro N. Alem.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro se registró minutos antes de las 7 de hoy, a la altura del kilómetro 846 de la mencionada arteria nacional, en inmediaciones al ingreso al barrio Virgen del Rosario.

Las fuentes añadieron el hecho ocurrió cuando una Corven 150 circulaba sobre la ruta 14 y al intentar ingresar al barrio colisionó contra un Renault Simbol.

Producto de las graves lesiones sufridas, el motociclista, identificado como Carlos Miguel Reincheski (64)  falleció en el acto, mientras que el conductor del rodado resultó con lesiones de menor consideración.

En el lugar del hecho trabajó el personal de la Comisaría Segunda, junto a agentes especializados de la División Científica, quienes se encargaron de realizar las pericias de rigor para reconstruir la mecánica del siniestro.

Las autoridades del Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem dispuso que el cuerpo del fallecido sea entregado a sus familiares para su correspondiente último adiós.

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