El abogado Alejandro Jabornicky, titular del estudio jurídico que representa al Instituto Cristiano República Argentina (Icra) en la causa judicial por la muerte de la adolescente Juanita Sirimarco, disparó contra el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), y tachó a su presidente Antonio López Forastier de “montonero” y “ñoqui” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

En un escrito de varias páginas, Jabornicky se despachó contra el Cademis, al que calificó como “engendro de antigua data” y una “institución burócrata arcaica”, que “benefició, particularmente, a los últimos cuatro presidentes y a su reducida, alcohólica y adicta comitiva”, disparó.

Inoperantes

De estos “últimos cuatro presidentes” del Cademis, el representante jurídico del Icra apuntó al actual Forastier, y al hoy abogado de la operadora turística del viaje de la adolescente fallecida a Córdoba, Martín Ayala, que fuera titular del Cademis entre 2012 y 2016.

“Forma parte de una familia socialista y montonera que ha generado un profundo sentir de rechazo por pertenecer a lo que llamamos la vieja política”, dijo Jabornicky sobre Forastier y graficó: “Sólo ha sido un ñoqui más de la Empresa Binacional Yacyretá” (Sic).

“Destaco que entre ellos está Ayala Martín, abogado de la empresa de turismo Viaturex, que es el único responsable del viaje de Juanita”, escribió Jabornicky y acusó a su colega de ser “uno de los impulsores de la Caja y Obra Social de los abogados, particularmente una estafa a sus miembros”.

En otro tramo de su escrito, el abogado del Icra acusó a Ayala de operar con la Asociación Civil Interprofesionales Amateur de Deportes (Aciadep) para “apropiarse de sectores y terrenos que no les corresponden, bajo la noble idea de la práctica del fútbol”.

“De la Jugada Radical de la que formas parte con la LLA (La Libertad Avanza) te la reservo para la próxima”, amenazó.

“Esta dirigencia que se pasa de mano a mano y solo entre ellos, podemos decir que ‘solo son ellos’ los que han crecido a la luz de referencias en cargos públicos, siendo profundamente inoperantes en la actividad privada”, opinó Jabornicky y prometió: “Me reservo para la próxima detalles de los otros dos presidentes del gremio”.

Mala intención

El jefe del bufete que asesora al Icra, descalificó el comunicado de este miércoles donde el Cademis informa que Jabornicky tiene la matrícula cancelada desde 2017 y no puede ejercer en la tierra colorada.

“El comunicado está mal redactado y denota mala intención”, aseguró el letrado posadeño y explicó: “La respuesta es muy sencilla, Jabornicky se encuentra habilitado para el ejercicio profesional en el territorio provincial y Nación Argentina ante el servicio de Justicia Federal y sus competencias”.

Jabornicky opinó, asimismo, que este dato es “algo que, maliciosamente o por estupidez, obviaron mencionar los dirigentes de este gremio mal llamado Colegio”.

“Además, la sanción de la matricula profesional por parte un gremio provincial, implica violar, flagrantemente, un derecho constitucional y convencional de trabajar en la profesión elegida”, argumentó y aseguró que la sanción de 2017, cuando el Cademis le retiró la matrícula, es “inconstitucional” y “no importa la ratificación por parte del Superior Tribunal de Justicia”.

“La raíz del problema radica en que el reglamento por el cual me juzgaron no detenta el carácter de ley, y, por lo tanto, lo resuelto por ese engendro de antigua data es groseramente inconstitucional”, sintetizó.

Asimismo, Jabornicky recordó al Cademis que la resolución de 2021 del STJ que menciona en su comunicado “se encuentra con Recurso Extraordinario Federal”, interpuesto ante la Corte Suprema Justicia de la Nación, y que “no está firme ni consentida”.

El letrado rechazó también las advertencias del Cademis a los periodistas sobre las “consecuencias legales” de presentarlo como “abogado”, cuando no tiene la matrícula del Colegio profesional local.

“En ningún caso puede este gremio advertirles a los medios de comunicación pública cómo manejarse, porque ante todos soy y seré un profesional del Derecho (Abogado)”, afirmó Jabornicky, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.

También, cuestionó la legitimidad de la comisión directiva del Cademis y apuntó: “Aproximadamente, se encuentran obligados a pagar un canon al gremio alrededor de cinco mil abogados, pero los que asisten y votan en las asambleas que renuevan sus presidencias son no más de 100 abogados”.

“Les molesta la gente que trabaja. Son un grupo de burócratas obsecuentes y ridículos”, lanzó.

Jabornicky cerró su descargo con un mensaje a sus “actuales 3.773 clientes”, los “13 abogados y dos procuradores” de su estudio jurídico, donde volvió a arremeter contra sus colegas del Cademis.

“Les transmito que todo lo expresado por este gremio no me llega a conmover”, afirmó y aseguró: “Siempre los combatí y lo seguiremos haciendo por una sociedad mejor más libre, más justa y más verdadera”.

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El caso de la adolescente Juanita Sirimarco, fallecida el sábado en el Hospital de Pediatría, después de llegar en delicado estado de salud del viaje de egresados que hizo a Córdoba junto a sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), desembocó en una controversia entre el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) y el estudio jurídico posadeño que representa a la escuela cristiana en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.

Este miércoles, el colegio profesional que preside el letrado Antonio López Forastier sorprendió con un comunicado oficial en sus redes sociales, informando que el abogado Alejandro Jabornicky, cuyo bufete representa al Icra, “carece de matrícula profesional habilitante para ejercer la abogacía” en la provincia.

El comunicado, recuerda, asimismo, que el Cademis le canceló la matrícula profesional a Jabornicky el 8 de marzo de 2017, y que la resolución fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, cuatro años después, el 8 de abril de 2021, efectivizada por la Resolución 1421 del 27 de julio de 2023 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto siguiente.

En otro tramo del texto, el Cademis alude al tratamiento que la prensa le dispensa a Jabornicky, presentándolo con su título profesional de grado, y adelanta que el gremio profesional se encuentra analizando las “consecuencias legales” de estas menciones periodísticas.

“Asimismo, se informa que en razón de las notas periodísticas publicadas recientemente en las que los medios le asistirían el carácter de abogado representante, este colegio se encuentra abocado al análisis del caso para determinar las consecuencias legales derivadas de dichos actos ante la existencia de una posible transgresión al Código Penal”, observa el Cademis.

En el párrafo siguiente, el colegio profesional exhorta “a los medios de comunicación evitar la mención del ejercicio profesional de abogado en relación al citado ciudadano, ya que no se encuentra habilitado para ejercer la abogacía ni la procuración en todo el territorio provincial y por lo tanto no corresponde asignarle tal carácter profesional” y advierte que “ello podría derivar en serias consecuencias jurídicas” para la prensa.

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Luego de siete llamados a indagatoria frustrados y un mes después de presentar su renuncia como fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría (69) compareció hoy ante el Juzgado Federal de Posadas y se abstuvo de declarar en la causa que lo investiga por una multiplicidad de delitos e irregularidades denunciados desde 2021.

Según pudo establecer La Voz de Misiones, la audiencia se concretó esta mañana a través de soportes telemáticos y en esa instancia González Glaría tenía la oportunidad de brindar su versión de los hechos, aunque optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.

De la indagatoria participaron su abogado defensor, el fiscal Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y el juez federal José Luis Casals, quien instruye el expediente por subrogancia legal.

Turano, que impulsa la investigación desde el comienzo y hasta llegó a formular un pedido de desafuero con González Glaría, venía requiriendo este paso judicial clave desde fines de 2021, aunque el funcionario investigado logró suspender o reprogramar cada uno de los siete llamados a indagatoria.

La última citación fue el pasado 29 de julio, tras lo cual la Justicia dio lugar al pedido de desafuero presentado, aunque todo quedó sin efecto a fines de agosto, cuando el funcionario que desde 1993 ocupaba el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) finalmente decidió presentar la renuncia.

La investigación contra quien cumplía la función de ser el jefe de todos los fiscales federales de la provincia comenzó a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.

Los hechos que endilgan podrían configurarse como exacciones ilegales, peculado y cohecho, entre otros. El ex fiscal está acusado de solicitar dos tercios del sueldo a una funcionaria judicial desde 2008 hasta 2012; de hacer uso particular de una camioneta entregada como depositario judicial y destinada para uso oficial de la Fiscalía General; del uso de licencias sin justificar; de tomar represalias administrativas contra sus denunciantes; y de emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

La primera vez que fue citado a prestar declaración indagatoria fue en noviembre de 2021 y a partir de ahí su sucedieron otros seis llamados, pero evitó todos a partir de certificados médicos o recursos judiciales defensivos que retrasaron el avance del expediente. En el medio hubo juntas médicas, apelaciones y hasta pedidos de recusamiento contra el juez Casals.

En ese contexto, hoy finalmente se concretó el paso que faltaba y ahora solo resta que los instructores de la causa analicen todo el compendio probatorio que fue recolectado durante estos años para dictar el procesamiento del ex funcionario.

De licencia médica y sin declarar, fiscal investigado viajó 18 días a Europa

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