Policiales
Jefe de fiscales federales acusado de múltiples delitos espera junta médica

Después de diez meses de investigación, el futuro inmediato del expediente que se instruye contra el fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, acusado de una multiplicidad de delitos, hoy depende de una junta médica.
La medida, solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, fue autorizada en diciembre del año pasado por el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, y establecida para su realización el 9 de marzo próximo.
El procedimiento busca profundizar en el cuadro depresivo que González Glaría aduce padecer en sus certificados médicos y determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la audiencia de declaración indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva en su contra desde abril de 2021.
El pedido de la junta médica es la última carta jugada por Turano -que incluso pidió contar con un perito de parte en el procedimiento- para conseguir que el fiscal denunciado comparezca a declarar por las denuncias que lo tienen bajo la lupa.
González Glaría, el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, tuvo dos llamados a indagatoria (en octubre y en noviembre de 2021) y ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban “trastorno depresivo” y recomendaban 30 días de reposo.
Fue tras esa última postergación de noviembre que Turano solicitó que el implicado entonces sea evaluado por una junta de profesionales en la salud y el juez Casals dio lugar, pero ahora se suma una nueva presentación que debe ser analizada por las autoridades antes de llevar adelante el procedimiento médico, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Es que el viernes pasado, apenas culminada la feria judicial, el defensor particular del fiscal investigado, el letrado Hugo Zapana, presentó un nuevo escrito solicitando la suspensión de todas las medidas procesales hacia su cliente, argumentando “razones humanitarias” y adjuntando estudios clínicos que sostienen que la depresión de González Glaría se debe a un tratamiento oncológico intensivo que afronta desde noviembre del 2021.
Las mismas fuentes detallaron que el pedido sostiene que el imputado debe realizar “reposo absoluto domiciliario”, teniendo “vedado cumplir funciones laborales o administrativas”.
También se indica que el tratamiento oncológico se extenderá hasta mayo y que luego González Glaría debe ser intervenido quirúrgicamente.
En base a lo expuesto, Zapana solicitó que el proceso quede suspendido hasta tanto su cliente tenga el alta definitiva.
Las fuentes de LVM señalaron que ese pedido todavía no tuvo respuesta de parte del juzgado interviniente, aunque sí se supo que se giró la historia clínica al Cuerpo Médico de la Cámara de Apelaciones Federal para que dichos profesionales se expidan respecto a si González Glaría está en condiciones o no de afrontar la junta médica.
Allí podría definirse el futuro inmediato del expediente que se instruye contra, ni más ni menos, que el jefe de todos los fiscales federales de la provincia. De ello depende una nueva citación a indagatoria y las consecuentes medidas que puedan devenir.
Es que sin ese trámite clave no se puede avanzar, a pesar del material ya recolectado en la investigación, entre testimoniales y prueba documental.
Las denuncias
La investigación contra González Glaría, de 67 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.
Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.
Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.
La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.
Bogado ya declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.
Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.
A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.
El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.
En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.
Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.
También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando desde octubre del año pasado.
Videos
Justo en medio del entramado de presentaciones y solicitudes planteadas por las partes involucradas, el fiscal investigado fue visto y filmado timoneando un yate y disfrutando del río Paraná en la Isla del Medio.
Dos videos de ese momento llegaron a la redacción de LVM y este medio pudo confirmar la veracidad de las imágenes que ahora podrían significar el inicio de una nueva investigación y otro problema para González Glaría.
Las imágenes habrían sido tomadas el 15 de enero y los testigos del momento indicaron que el fiscal fue visto timoneando el yate, aunque no está comprobado que la nave sea de su propiedad. “Al menos, en sus declaraciones juradas no está registrada”, ampliaron las fuentes.
Judiciales
Germán Kiczka se declaró inocente y su hermano Sebastián le pidió “perdón”

El ex diputado provincial Germán Kiczka (44) se consideró inocente e insistió en la teoría de una persecución política en su contra al momento de declarar esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, que lo juzga desde ayer por delitos de tenencia, facilitación y distribución de archivos Masi, mientras que Sebastián (47) solo tomó la palabra para pedirle perdón su hermano.
La segunda audiencia del debate oral contra ambos imputados se desarrolló esta mañana a puertas cerradas, tal como lo estableció el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al tratarse de una causa que investiga delitos contra la integridad sexual de menores de edad.
La jornada comenzó con la resolución de planteos preliminares que habían quedado pendiente tras la exposición de las partes ayer y que consistió en aceptar la citación del legislador Pedro Puerta como testigo e incorporar por lectura el testimonio de la joven que denunció por abuso a Sebastián Kiczka, evitando que vuelva a ser sometida a una Cámara Gesell.
Sus palabras
Este martes, además, los imputados tuvieron la posibilidad de brindar declaración indagatoria. Según confiaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Germán Kiczka aceptó pasar al frente del tribunal y aunque no respondió preguntas, se declaró inocente, se desligó de los archivos Masi e insistió en ser blanco de una persecución diagramada para perjudicarlo como figura política.
Sebastián, por su parte, no declaró, pero aprovechó la oportunidad para tomar la palabra, admitir su responsabilidad y pedirle perdón a su hermano. Las fuentes de este medio indicaron que el imputado se disculpó con Germán “por haberlo comprometido” en esta causa.

La defensa busca declarar inimputable a Sebastián Kiczka.
Continúa el jueves
El debate continuará el jueves, también a puertas cerradas, con la declaración de unos nueve testigos. Hoy comparecieron ante el tribunal el padre de ambos imputados y estaba previsto la incorporación por lectura de otros dos testimonios que habían sido acordado por las partes en la jornada de ayer.
El juicio se desarrolla en el SUM del Palacio de Justicia ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).
En la fiscalía interviene Martín Rau, junto a Vladimir Glinka como fiscal adjunto. Como abogados defensores participan Gonzalo De Paula (por Germán) y Eduardo Paredes (por Sebastián).
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Policiales
Ex candidata a concejal de Posadas, en medio de una causa por lavado en Chaco

La influencer y ex candidata a concejal de Posadas, Vanesa Díaz, fue blanco esta mañana de un allanamiento en su domicilio ubicado en un edificio del barrio Villa Sarita de Posadas, en el marco de mega causa por lavado de activos que alcanza a su pareja, el chaqueño Lucas Alexis Torales Cordeiro, detenido esta mañana en su provincia.
La investigación está en manos del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, que recientemente solicitó la ejecución de una serie de operativos apuntados a un grupo de dirigentes sociales chaqueños sospechados de orquestar una maniobra de lavado de activos con fondos provenientes del Estado.
En total son cuatro causas por el mismo delito que se investigan en paralelo y en uno de esos expedientes aparece Torales Cordeiro, quien figura como presidente de la fundación Árbol de la Vida e integrante de la comisión directiva de otras dos asociaciones similares en su provincia.
La investigación en su contra comenzó a partir de su propia exposición en redes sociales junto a su pareja, la posadeña Vanesa Díaz, quien en 2023 fue candidata a concejal de Posadas por el sublema “Todos Juntos” liderado por Pablo Velázquez y ahora ostenta un alto perfil como influencer, con más de 20.000 seguidores en Instagram, red donde incluso sorteaba entradas para partidos de Boca Juniors a partir de tokens y promocionaba alquileres en Brasil.
“Queremos estar con los vecinos, solucionarles los problemas”, prometía Díaz en aquel entonces, en entrevistas dadas durante la campaña y en recorridas en las que se fotografiaba con Velázquez y también con Pedro Puerta.

Vanesa Díaz fue candidata a concejal de Posadas en 2023.
Autos, casas y viajes
Lo que sucedió es que, de repente, la pareja comenzó a exponer un exuberante estilo de vida. A través de fotografías y videos en sus cuentas personales daban cuenta de la adquisición de inmuebles y de vehículos, viajes al exterior y otras actividades que no condecían con el perfil impositivo de Torales, quien figuraba como monotributista categoría B hasta 2024 y empleado en relación de dependencia después, con un sueldo promedio.
A partir de esta línea, los investigadores comenzaran a desandar en sus actividades, descubriendo un aceitado esquema en el que desviaban fondos que recibían de parte del gobierno chaqueño en las diferentes fundaciones y con ello adquirían bienes de todo tipo.
En la causa también se investigan maniobras con cripto monedas y operaciones en “cuevitas” financieras.
Según lo determinado, Torales utilizaba a varios familiares directos, entre ellos su padre y un hermano, como “testaferros” para la obtención de vehículos como un Ford Focus, un Honda Civic, un Ford Fiesta y una Ford Territory. También se detectaron grandes acreditaciones de dinero en sus cuentas bancarias personales, además de la constitución de plazos fijos por un cifras de varios ceros.

El allanamiento en Posadas fue realizado por agentes del GOE, con orden de la Justicia Federal de Chaco.
Allanamiento
Con esta base de elementos, el fiscal Sabadini solicitó una serie de allanamientos simultáneos que la jueza federal Zunilda Niremperger autorizó y que se ejecutaron esta mañana a primera hora.
En total fueron más de 20 inmuebles allanados, entre domicilios, chacras, galpones y quinchos en diferentes de barrios de Chaco, pero entre todos esos objetivos marcados hubo uno en Posadas.
Fue un departamento ubicado en un edificio de Villa Sarita, en cercanías al estadio de Guaraní Antonio Franco, que figura como domicilio de Torales y de su pareja Vanesa Díaz.
Con la orden judicial firmada, agentes tácticos de la Policía de Misiones ingresaron esta mañana al inmueble de la influencer con el objetivo de incautar toda clase de elemento que pueda tener vinculación con la causa.
Torales, en tanto, fue detenido en Chaco, al igual que otros tres dirigentes sociales involucrados en maniobras similares.
Judiciales
Aceptan la citación de Pedro Puerta como testigo en el juicio del caso Kiczka

El Tribunal Penal Uno de Posadas dio lugar a la requisitoria formulada por la fiscalía y avaló la citación del diputado Pedro Puerta como testigo en el juicio oral que se lleva adelante desde ayer contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, imputados por delitos de tenencia, falicitación y distribución de archivos Masi.
El legislador de Activar y ex socio político de Germán Kiczka era uno de los 67 testigos admitidos previamente, pero a pocos días de comenzar el debate oral las defensas de los imputados se opusieron a la inclusión de Puerta y de otras dos personas ofrecidas como testigos por la fiscalía.
La misma controversia se expuso en la jornada de ayer al momento del planteo de cuestiones preliminares. Desde la fiscalía, representada por Martín Rau y Vladimir Glinka, reiteraron el pedido de que Pedro Puerta sea testigo en el debate oral, mientras que los defensores Gonzalo De Paula (por Germán) y Eduardo Paredes (por Sebastián) insistieron en oponerse.

La resolución fue tomada hoy por el tribunal integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya.
De tal forma, la decisión final quedó en manos del tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y César Yaya (subrogante), quienes difirieron la resolución del tema para esta mañana, en el inicio de la segunda audiencia, que a partir de ahora se desarrolla a puertas cerradas por tratarse de una causa que afecta la integridad sexual de las víctimas.
Según pudo saber La Voz de Misiones, al inicio de esta jornada los magistrados comunicaron su resolución ante las partes y dieron lugar a la inclusión de Pedro Puerta como testigo en la causa.
De esta manera, el diputado e hijo del ex gobernador Ramón Puerta será notificado de su citación como testigo en las próximas horas y en fecha de definir tendrá que declarar en la causa que investiga a su ex compañero de bancada.
En este punto, vale aclarar que, por su carácter de legislador provincial, Puerta tiene la potestad de declarar por escrito. Para ello, las partes deberán enviarle un formulario con las preguntas que consideren oportunas.
“Tenemos alguna serie de mensajes intercambiados con algunos de los imputados y queremos que nos explique sobre eso. Él está como testigo”, adelantó el fiscal Rau en un diálogo mantenido con la prensa ayer al mediodía, una vez culminada la primera jornada.

Sebastián Kiczka y en la otra punta su hermano Germán, en el inicio del juicio ayer.
Leonardo Kiczka, el primer testigo
La audiencia de hoy, en tanto, marcará el inicio de la etapa de incorporación de pruebas. Las testimoniales de dos testigos citados previamente serán incorporadas por lectura tras un acuerdo alcanzado ayer por las partes, mientras que se aguarda la declaración presencial de al menos dos personas hoy.
Entre ellos se destaca la presencia de Leonardo Kiczka, padre de ambos imputados y dueño de la vivienda donde se realizó el primer allanamiento de la causa.
En esa vivienda del barrio Illía se incautaron los soportes informáticos que confirmaron la presencia de archivos Masi, corroborando así la alerta que llegó desde Estados Unidos a una fiscalía especializada en ciberdelitos de Caba y que disparó la operación global Guardines Digitales de la Niñez.
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